CALICA - SAC-TUN, COLOSAL DESASTRE AMBIENTAL

Más de 30 años de brutal saqueo, complicidad e impunidad en la extracción abusiva de piedra caliza, que involucra poderosos intereses internacionales entre los cuales se incluye al expresidente de EEUU Donald Trump, han ocasionado daños irreversibles que deben frenarse ya

SALVADOR CANTO

Intereses ajenos al bienestar ambiental y económico, tanto de Quintana Roo como de México, han rodeado durante muchos años el caso de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica) hoy llamada Sac-Tun, filial mexicana de la minera Vulcan Materials Company, LLC (Legacy) que desde los Estados Unidos controla y opera para beneficio de grandes empresarios y políticos de dicho país, entre los que destacan el expresidente Donald Trump, quien tiene más de 300 acciones en dicha minera a través de su prestanombres Elaine Chao, misma que además fungió durante su mandato como Secretaria de Transportes e incluso de 2015 al 2016 fue miembro de la junta directiva de Vulcan.

Pero además en México se exhibe una cínica impunidad en la que se imponen los grandes intereses cupulares y la inoperancia de funcionarios federales que han permitido desde la época de Miguel de la Madrid Hurtado los abusos permanentes de dicha empresa depredadora, que opera desde fines de los ochenta con permisos otorgados por el gobierno de Pedro Joaquín Coldwell (1981- 1987) que les siguieron renovando en 1996, 2001, 2011 y hasta 2016 durante la gestión de Roberto Borge Angulo e incluso hasta la administración actual de Carlos Joaquín, que ha sido tolerante con la situación, que se ha mantenido desde 1986 sin que se conozca algún beneficio como contraprestación.

Para la presidencia de la República, Sac-Tun tiene una concesión sin fecha de vencimiento otorgada por el gobierno de Ernesto Zedillo antes del año 2000, además de que gobiernos locales han otorgado venias para que continúe en operación como hasta ahora pero sin los permisos federales de la administración actual, que además enfrenta un juicio que data de algunos años ante el Centro Internacional de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), promovido por Vulcan Materials Company.

En esas circunstancias, desde hace más de 30 años dicha minera ha explotado en Quintana Roo arriba de cuatro mil hectáreas de suelo kárstico que hoy están al punto de colapso.

De hecho, en múltiples ocasiones, esta empresa, que cuenta entre sus socios también al exsenador panista Santiago Creel Miranda, así como Florencio López Casillas (+) Fernando Lozoya (+), Andrés Favela Ruiz, Gilberto Conesa Navarrete, Juan Manuel Borja Sosa, entre otros, ha sido señalada como uno de los grandes depredadores medioambientales de la región, pese a lo cual ha mantenido su actividad de manera impune a lo largo de los años, más allá de administraciones gubernamentales, incluso en tiempos de la Cuarta Transformación que en medio de la demanda internacional busca negociar para no sólo operar, sino controlar la terminal marítima de Punta Venado con claras intenciones relacionadas con el tema del Tren Maya.

Incluso, el gobierno de México ha lanzado la propuesta para comprar, a precio de avalúo de la Secretaría de Hacienda, todas las sascaberas para convertirlas en una especie de albercas turísticas, algo que en opinión del biólogo y miembro del Círculo Espeleológico del Mayab AC, Roberto Rojo, sería un grave error y representaría una catástrofe ambiental.

Sac-Tun tiene concesión hasta 2037 para la operación de la terminal portuaria que sirve para carga, almacenamiento, manejo y distribución de materiales pétreos, en donde ninguna autoridad aduanera supervisa lo que ahí se mueve y que genera incluso suspicacias de contrabando, desde sustancias prohibidas hasta armamento para los cárteles mexicanos.

Las gestoras de fondos de inversión más grandes del mundo, Vanguard Group Inc y Blackrock Inc, son los principales accionistas detrás de Vulcan Materials Company, holding de Calizas Industriales del Carmen (Calica), al poseer entre ambas 18.2% de la empresa, según datos de Nasdaq.

Los intereses de Donald Trump

Entre los socios capitalistas de esta empresa que opera en la Riviera Maya desde 1986 y cuyo material ha sido llevado a Estados Unidos no sólo para construir carreteras y autopistas, sino también para el muro de la ignominia en la frontera con México, está el expresidente de dicho país, Donald Trump.

De acuerdo a un trabajo exclusivo de Xavier Méndez Camacho (QEPD) para El Despertador de Quintana Roo, que se puede consultar en la liga https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/calica-depredacion-a-la-sombra-de-trump/, Trump es propietario de trescientas mil acciones de Vulcan Materials Company en la bolsa de valores estadounidense, aunque no están a su nombre.

En el trabajo periodístico se establece que dichas acciones están a nombre de Elaine Chao, quien durante el mandato de Trump fue Secretaria de Transporte de los Estados Unidos y entre el 2015 y 2016 miembro de la junta directiva de Vulcan, a cuyo puesto renunció para asumir el cargo de funcionaria, aunque las acciones han seguido a su nombre.

Es por ello que el tema cobra singular relevancia porque existen muchos intereses económicos ajenos al cuidado ambiental de México y de Quintana Roo.

Incluso se menciona que parte del material quintanarroense llevado a Estados Unidos fue empleado para hacer algunos kilómetros del muro fronterizo.

Como bien se sabe, los intereses del exmandatario de Estados Unidos en Quintana Roo datan de años atrás, al tener propiedades tanto en Cozumel como en Playa del Carmen; durante la gestión de Joaquín Hendricks Díaz, incluso los hijos de Trump eran invitados especiales a los informes gubernamentales.

La historia del magnate en Cozumel inició en junio de 2006, durante el gobierno de Gustavo Ortega Joaquín (2005-2008), cuando se presentó ante empresarios los proyectos que se gestaban al interior de la entonces Administración Costera Integral Sustentable (ACIS), y que incluían a «Punta Arrecifes Resort».

Al hacerse pública la intención de la construcción del complejo, diversos grupos de ambientalistas se opusieron por considerarlo un proyecto dañino y depredador, como lo calificó en su momento Guadalupe Álvarez Chulim de Azueta, presidenta del grupo ambientalista Cielo, Tierra y Mar (Citymar).

Medios locales documentaron que Ivanka y Donald Trump Junior visitaron en reiteradas ocasiones la isla y fueron atendidos por el entonces alcalde, junto a quien realizaron recorridos aéreos en la zona de intención en los terrenos propiedad de la familia Barbachano, localizados en la parte sur oriental de la isla, pero ante la arremetida de los ambientalistas, todo se frenó.

El tema resonó nuevamente en mayo de 2011, cuando se difundió la noticia de que Cozumel corría el riesgo de convertirse en el Guantánamo mexicano, debido a un ambicioso proyecto en la costa oriente de la isla.

El plan del emporio al que pertenece la famosa Trump Tower en la Quinta Avenida de Nueva York y casinos en Atlantic City era totalmente exclusivo, por lo que se especulaba que una parte de Cozumel sería negada al libre acceso.

El plan maestro incluía una marina y un campo de golf, además de 3 mil habitaciones, una pista de aterrizaje para aviones privados, muelles y villas.

Las manifestaciones en contra se expresaron públicamente con marchas y la amenaza de salir a las calles a protestar por la devastación ambiental que se advertía.

En septiembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaró área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la porción norte y la franja costera oriental, terrestre y marina de la isla de Cozumel.

Con este decreto prácticamente se sepultó el proyecto de Trump por conquistar Cozumel, quien posteriormente llegó a señalar a México como “un país de corrupción” donde, afirma, mantiene “una demanda ganada que no he podido cobrar”.

Cabe señalar también que, de acuerdo con una investigación realizada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Trump y su empresa DTTM Operations LLC obtuvieron en los últimos años el registro de 26 marcas para diferentes giros comerciales, todas ellas tramitadas directamente a nombre del magnate, una de las cuales, aún vigente, se denomina Trump Isla Cozumel.

Gobierno quiere control de Punta Venado para Tren Maya

El tema de Calica y/o Sac-Tun volvió a la escena pública hace unas semanas luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que dicha empresa cuenta con una concesión sin fecha de vencimiento otorgada por el gobierno de Ernesto Zedillo antes del año 2000 y que es por eso que siguen operando en uno de los tres predios en su planta de Playa del Carmen.

El embate presidencial procede del hecho de que la empresa no ha cesado la demanda internacional que presentó en contra del gobierno mexicano por negarles la renovación de la concesión y por lo cual exige una indemnización de más de 500 millones de dólares bajo el argumento de que hubo dolo al impedirle la explotación de los predios “El Corchalito” y “La Adelita”, en Solidaridad.

Antes de que estallara de nuevo el conflicto, Sac-Tun y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de Fonatur, encargado del Tren Maya, estaban en negociaciones para la ampliación de los permisos a cambio de que la federación tuviera la operación de la terminal de Punta Venado a través de la Sedena, pero no hubo ningún acuerdo.

Alberto Aguirre, columnista de El Economista, desmenuzó en uno de sus más recientes artículos, disponible en la liga https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Detras-del-caso-Calica-20220210-0151.html, que cuando Blanca Alicia Mendoza Vera llegó a la titularidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en diciembre del 2018, su antecesor le dejó un listado con 10 asuntos “de urgente resolución” y uno de ellos era precisamente el caso Sac-Tun.

Lo anterior porque Vulcan Materials Company, dueña real de la minera que opera en Playa del Carmen, tenía en proceso una reclamación a arbitraje en contra del gobierno de México al amparo de la Sección B del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entonces vigente, por la clausura de una de las sascaberas de donde no podían extraer material, además de que se les había negado la renovación de la concesión federal.

El caso está vigente dentro del Centro Internacional de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en donde se inició el expediente número UNCT/19/1, un conflicto en cuya resolución han fracasado tres secretarios del Medio Ambiente y un cúmulo de funcionarios, que si bien se originó en el sexenio pasado, no ha podido ser resuelto ni siquiera por los mandos militares que —al igual que los funcionarios de SCT que estuvieron a cargo de Puertos y Marina Mercante— no pudieron tomar control de Punta Venado, el predio de 11.9 hectáreas donde está la terminal marítima y cuya importancia en el proyecto del Tren Maya es esencial en estos momentos para el gobierno de la Cuarta Transformación.

Es decir, la explotación de dichos predios pertenecientes a la parte terrestre de Cozumel se ha convertido en un objetivo de muchos actores que incluye a la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque el puerto internacional que construyeron desde la década de los 80 resulta “conveniente” para la recepción de los materiales que se requieren llevar a esa zona, donde se construye el Tren Maya.

Es de aclarar que la concesión fue legal hasta 2018, en que Profepa clausuró parcialmente la empresa, aduciendo que había incumplido en la remediación que le ordenaba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) concedida en 2000 por la Semarnat, cuando Julia Carabias cerraba su último año como titular.

Se sabe que Vulcan Materials ha explotado la zona desde hace más de 30 años y ante el señalamiento en su contra, Carabias se defendió y reveló que desde 1986, la entonces empresa Calica, subsidiaria de Vulcan, comenzó operaciones con las autorizaciones federales, estatales y municipales y que en 2000 se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que incluyó la explotación por debajo del acuífero, con condiciones para mitigar y remediar el impacto ambiental de sus operaciones. Con la MIA se extendió autorización por 20 años y tenían que informar del avance de remediaciones a la Profepa.

Albercas turísticas, “grave error”

Luego de que el presidente López Obrador reveló que propuso a los directivos de la empresa Sac-Tun convertir la zona en un complejo turístico y que el puerto sea para cruceros con reglas del gobierno federal o incluso comprarle los predios mediante un avalúo de la Secretaría de Hacienda y ver la forma en que hagan unas “albercas” turísticas, el planteamiento ha sido considerado como un grave error por el biólogo y miembro del Círculo Espeleológico del Mayab AC, Roberto Rojo.

“Para la gente que no conoce esta región es muy sencillo decir que como ya está el agua, que se hagan albercas, pero esto va mucho más allá porque en estos lugares está el agua por la que vivimos, plantas, animales y seres humanos, es decir, es nuestra fuente de vida”, explicó en entrevista con El Despertador de Quintana Roo.

Agregó que esas sascaberas “no pueden convertirse en lugares en donde se van a meter lanchas que van a echar aceites, combustibles, no puedes convertir el lugar en donde se meta la gente que al final van a tener que echar algunos ingredientes para que el agua esté clara y limpia, va a requerir más modificaciones”.

Dijo que: “por supuesto que los inversionistas o empresarios van a tener inmediatamente beneficios en estos lugares por todo lo que se plantea, que de cierta manera es una forma simplista de utilización de los ecosistemas, pero en realidad son cuestiones más complejas y muy particulares”.

La explicación es que el agua de lluvia que se colecta en las cuevas tiene un flujo normal que se ha logrado a lo largo de miles de años donde tiene cierto tiempo reteniéndose, es decir, llueve, el agua se infiltra, llega a las cuevas y estas tienen un flujo que van llegando al mar; es decir, el flujo es lento y esa lentitud permite que el agua se quede más tiempo en la región y que la selva pueda vivir.

Sin embargo, cuando se perturban esos flujos como se ha hecho por las explosiones y extracción del material por debajo de la superficie, entramos en graves problemáticas.

Por ello, sostuvo que “lo que pensamos un grupo de personas especialistas como biólogos, espeleólogos e incluso científicos, es que ese lugar debería de ser considerado para una vocación de conservación para la conservación de los sistemas naturales, ya que el turismo es atraído por las bellezas naturales, pero si comenzamos a cambiarlas y a destrozarlas, pronto nos vamos a quedar sin ellas y por supuesto sin turismo y claro que sin economía, porque el hacer cosas que no van acorde con el equilibrio ecológico de la región es sumamente peligroso”.

Advirtió que si esto se convierte en un atractivo turístico, “¿cuál es el mensaje para el resto de la población? Que no pasa nada, que la selva se puede seguir destruyendo, las cuevas, el acuífero y al final cuando ya no quede nada lo podemos hacer turístico y por eso insisto en que el mensaje es erróneo; si se hace ese proyecto aquí, si esto va a terminar y se van a retomar estos terrenos, el mensaje para mí debería de ser más bien con un enfoque de conservación más que de buscar el turismo”.

Al pedirle su opinión en torno a todo lo que rodea el proyecto Calica hoy llamado Sac-Tun, mencionó que hoy no es la única sascabera que hay en la región, “hay muchas, por supuesto, siempre he dicho que en un principio era importante tener ese tipo de extracción para uso local pero generalmente con el tiempo fue cambiando y hasta donde sé, ese material que se extrae aquí se exportaba”.

No obstante que destacó que esta empresa durante muchos años generó empleos y alguna estabilidad económica hasta cierto punto a la región, dejó en claro que el tema minero es un proceso destructivo y en esta zona en donde estamos tenemos un tipo de terreno muy característico, que es un suelo kárstico del que tanto se habla ya.

“Este es uno de los últimos bastiones de selva bien conservada que tenemos en el país y poca gente se da cuenta de ello; en la zona hay numerosos estudios de jaguares y esos animales son como la muestra de que es un ecosistema saludable por todos sus componentes y eso nos da grandes servicios ecosistémicos para la vida en esta región”, mencionó.

Recordó que adentro del área de Calica hay un sitio arqueológico que pocas personas conocen y en donde existen templos mayas con pinturas por lo que es un lugar muy importante en la región, que se encuentra vulnerable por las explosiones que se generan ahí para la extracción del material pétreo.

“En estas zonas tenemos registradas algunas cuevas que ya no existen, el Circulo Espeleológico del Mayab llevó a mapear algunas de ellas y ahora ya desaparecieron de la faz de la tierra literalmente, porque fueron explotadas por esta compañía que con sus detonaciones para extraer piedra caliza han dañado los ríos subterráneos, el corredor biológico del jaguar y otras especies protegidas, además de causar un daño al patrimonio arqueológico de la zona”, concluyó.

Necesario y urgente poner alto: Gema

Para Aracely Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema) el presidente López Obrador tiene razón al decir que Sac-Tun es un proyecto depredador que se ha llevado nuestra tierra poquito a poquito para rellenar carreteras en Estados Unidos.

“Está documentado que se han llevado más de seis millones de toneladas al año de sascab pese a que es un recurso no renovable”, comentó.

Dijo que poco a poco han ido acabando con la selva bien conservada sin que exista ninguna justificación económica, pues eso no le deja gran cosa a México como país y ninguna ganancia como ocurre con todas las minas porque son concesiones.

“Lo que nosotros hicimos fue solicitar al Congreso de la Unión que se intervenga a través de la diputada Anahí González, que se le pida a la Profepa clausure Calica de forma definitiva porque ha habido incumplimientos con todos los resolutivos que hay”, explicó.

Al preguntarle sobre cuál ha sido la contraprestación de la empresa por las concesiones que ha recibido, consideró que en realidad la única ganancia que iba a haber era que le iba a entregar a México, en este caso a través de Quintana Roo, una dársena que hicieron con explosivos con una draga en 1988, que es perpendicular a la costa, pero “terminaron haciendo otra pequeña dársena paralela a la costa que es donde está un muelle que no es nada más para uso de Calica, esto hasta donde sé, hay varias situaciones complejas con SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) respecto a este puerto que lo entregaron mucho más tarde de lo que debieron haber hecho y también incumplieron”.

Insistió que en realidad lo que ha sucedido es que cuando solicitaron el primer permiso no había ninguna ley para defender, por lo que “lo que hicimos fue pedirle al Banco Mundial, que fue quien les estaba prestando el dinero a Calica, que pusiera las condicionantes y se regulara un poquito la construcción de la dársena horrible que hicieron, porque en aquel entonces hubo derrame de sedimentos de la draga ‘Leonardo Da Vinci’ que después fue desbaratada por el huracán ‘Gilberto’, pero antes de eso ya había estado trabajando sin las condicionantes que le había exigido el Banco Mundial que era poner una malla para que sus sedimentos no se distribuyeran pero hubo fugas en las tuberías, se hizo una pluma de poco más de 20 kilómetros y esto dañó arrecifes, afectando la biodiversidad marina”.

Recordó que en 1992 Gema, en ese entonces bajo la presidencia de Pricila Sosa, fue con Leticia Rubello que era la secretaria, a la reunión que hubo en Río de Janeiro, Brasil, y ahí se firmó un acuerdo particular de ICA, que fue la empresa que inició el proyecto, en donde se comprometía a hacer un fideicomiso en donde iban a entregar unos centavos por cada determinada cantidad de sascab y que con ese dinero se tratarían asuntos medioambientales, pero nunca se cumplió.

Insistió en que hoy más que nunca es momento de que se le ponga un alto a una depredación irreparable que no está dejando ninguna ganancia y solamente destruye selvas.

“Hay que recordar que debajo de esas selvas fueron encontradas varias cavernas muy grandes con vestigios arqueológicos, nosotros hicimos la denuncia ante ente el INAH que intervino porque había pinturas rupestres, ofrendas, había altares y aunque al parecer se rescató una parte, quién sabe qué más hay ahí, al haber toda esta información, lo que tuvo que hacer el gobierno antes de haber dado las últimas autorizaciones, es aplicar la legislación que ya está vigente”.

Desde 2015, el Grupo Ecologista del Mayab advirtió que la empresa pugnaba con las autoridades locales y estatales para que se aprobase la modificación del Programa de Ordenamiento Ecologico Local (POEL) de Solidaridad, así como las modificaciones de las Unidades de Gestión Ambiental de los predios La Adelita y El Corchalito para la explotación y extracción de material pétreo por encima y por debajo del manto freático.

En tiempos de la administración municipal de Cristina Torres se hablaba de que la empresa ofrecía millonarias sumas a regidores para cambiar una Unidad de Gestión Ambiental de un predio en estatus de conservación, para realizar explotación minera.

Cabe señalar que en el 2017 la Profepa realizó inspecciones en las cuales señaló que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 impuso una clausura parcial a su banco de materiales.

Todo esto fue lo que provocó que Vulcan Materials Company recurriera a interponer un procedimiento de arbitraje en CIADI en contra del Estado mexicano.

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Historia de abusos

En 1986 inició la explotación de la cantera por la empresa Calizas Industriales del Carmen S. A. de C. V. (Calica), propiedad del Grupo ICA que se asoció con Vulcan Materials Co., en un predio de 1,200 hectáreas, situado a 8 km al suroeste de la ciudad de Playa del Carmen.
Entonces el gobierno federal otorgó a la empresa la concesión a 20 años para construir y operar una terminal marítima privada en Punta Venado, desde donde exporta la producción de la cantera.
En 1996, el Join Venture entre Grupo ICA y Vulcan Materials Co. adquirió dos terrenos más (El Corchalito y La Adelita) para expandir las operaciones de extracción de la cantera. En 2001, Vulcan Materials Co. adquirió la participación del Grupo ICA.
En 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la cantera en El Corchalito y La Adelita por rebasar la superficie de extracción autorizada.
La cantera produjo 14 millones de toneladas para el año 2019 y reservas estimadas de 540 millones de toneladas.
Vulcan Materials Company es el mayor productor de agregados de construcción de EEUU, principalmente de piedra triturada, arena y grava y un productor importante de materiales de construcción basados en agregados que incluyen asfalto y concreto premezclado.
La empresa fue creada en 1909 y tiene su sede en Birmingham, Alabama. Cuenta con 375 instalaciones de agregados activos y más de 120 instalaciones.
Sac-Tun, antes Calica, fue fundada en Quintana Roo en 1986 con el propósito principal de producir agregados de alta calidad, que se emplean en la construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas y prácticamente cualquier edificación de concreto, así como para usos industriales.
En la zona tienen en operación la Terminal Marítima de Punta Venado, que entre otras cosas recibe los transbordadores de carga que abastecen a la isla de Cozumel.
En los terrenos donde han operado existe una zona arqueológica cuyo acceso no es fácil, pues cualquier visita debe solicitarse con anticipación ante el Centro INAH Quintana Roo y este a su vez coordinarlo con los administradores de Sac-Tun.