El gobierno estatal entrante enfrentará la apremiante necesidad de dar solución a las problemáticas jurídicas, sociales y ambientales generadas por la proliferación de colonias irregulares, donde habita casi el 30% de la población de Cancún

SALVADOR CANTO

Frenar y atender el fenómeno de urbanización incontrolada y la creación de más asentamientos irregulares en la ciudad de Cancún representa uno de los mayores retos de las próximas administraciones, tanto la estatal como la del Ayuntamiento Benito Juárez, para, con ello, darle continuidad al acuerdo vigente que fue firmado en enero del presente año con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a fin de avanzar en la regularización de los asentamientos actuales que se encuentran en esa condición y otorgar certeza jurídica a miles de familias.

De entrada, el próximo Gobierno del Estado tiene en sus manos implantar acciones más concretas para sancionar a quien siga promoviendo la invasión de más espacios de tierra y hacer válida la ley establecida dentro del Código Penal de Quintana Roo que considera al despojo como un delito grave, pero que hasta la fecha no ha llevado a prisión a ninguno de los responsables de esta situación.

Si bien la problemática de los asentamientos humanos irregulares en el municipio Benito Juárez es una situación que existe prácticamente desde el nacimiento de Cancún, ya que estos proliferaron de manera acelerada dentro y fuera del límite urbano, con el tiempo su propagación cada vez crece más bajo el engaño de funcionarios públicos, líderes de colonias y partidos políticos que en campaña ofrecen promover la regularización de predios, sin tomar en cuenta que primero debe darse la tenencia de la tierra.

En la actualidad se estima que existen alrededor de 140 colonias irregulares en el municipio de Benito Juárez, de las cuales apenas 15 o 20 ya tienen un gran avance dentro del proceso de regularización y en lo que respecta a las restantes aún no se ha acordado nada con los auténticos propietarios de los predios, que en algunos casos mantienen demandas penales en contra de quienes orquestaron las invasiones, pero sin que existan visos de justicia hasta el momento.

Detrás de muchas de las invasiones actuales acecha el fenómeno del clientelismo electoral, que si bien no es nuevo en México, en Quintana Roo ha ido a la alza porque no hay sanciones para quienes promueven estas conductas ilícitas que, además, generan más problemas sociales como el hacinamiento, aumentan la pobreza y la exigencia de servicios sociales, a la vez que provocan una grave contaminación debido a la falta de drenajes y la propagación de enfermedades, por el constante uso de agua sin clorar que es extraída mediante la apertura de pozos.

Delito grave desde el 2008, pero es ‘letra muerta’

En noviembre del 2008, miembros de la XI Legislatura del Congreso local aprobaron por unanimidad que las invasiones de terrenos sean tipificadas como delito grave, lo que implicaría para los autores intelectuales penas de hasta nueve años de prisión, sin derecho a libertad bajo caución.

Con esta modificación legislativa se buscaba ponerle freno a la ola de invasiones que ha afectado destinos turísticos como la Riviera Maya, Cancún, Isla Mujeres e incluso la  capital del estado.

Esa iniciativa fue propuesta por el entonces gobernador Félix González Canto, quien en su momento refirió que entre los autores intelectuales de las invasiones había representantes de empresas inmobiliarias procedentes de otras entidades y del extranjero.

Y aunque en un principio se pensó sólo en los despojos en zonas de alta plusvalía, el decreto fue general y eso abarcó también el fenómeno social que ha padecido Cancún durante muchos años, en donde si bien existe una amplia necesidad de vivienda de gente procedente de otros estados del país que es atraída por el crecimiento económico de Quintana Roo, detrás de todo esto había intereses de partidos políticos y de gente que encontró en la invasión un modus vivendi.

Los diputados consideraron que la necesidad de vivienda no justifica que mediante acciones furtivas, engaños o violencia se vulnere el derecho de propiedad de otra persona y consideraron más grave aun el actuar de quienes, aprovechándose de la necesidad de la gente, promueven, dirigiendo o incitando invasiones para su beneficio económico o político.

Con el paso de los años y a pesar de la existencia de esta ley, son contados los casos en los cuales se ha procedido al desalojo de personas que habían invadido propiedades privadas, y en menos aun se han reportado personas detenidas y sujetas a un proceso penal.

Hay que mencionar que la pobreza es un problema muy complejo que involucra muchas aristas, no solamente la económica con la que suele relacionarse.

Los asentamientos irregulares se asocian con elementos de escasez y pobreza; sin embargo, estos no siempre tienen una relación directa porque cuando se habla de asentamientos irregulares, existe la suposición de que estas zonas son de bajo nivel económico y que son poblaciones con condiciones de rezago muy alto por sus características de habitabilidad, su acceso a recursos básicos como agua, luz y su escaso ingreso.

Sin embargo, en Cancún esta presunción no siempre es válida ya que hay muchas personas que sí tienen dinero y propiedades, pero invaden para tener otro terreno que a la postre venden o rentan, pues ahí construyen grandes casas de material e incluso cuartería para hacinar a más familias de manera irresponsable.

En un recorrido hecho por El Despertador de Quintana Roo por diversos asentamientos invadidos se pudo observar la existencia algunas casas bien cimentadas y construidas, lo que hace evidente que quienes las hicieron levantar sí cuentan con recursos económicos, aunque la gran mayoría de las viviendas son endebles.

Cada vez más colonias irregulares

Los datos aportados por los censos que realizan diversas autoridades y organismos, siempre han tenido información imprecisa en torno al número de asentamientos irregulares iniciados mediante invasiones, que, en su momento, fueron el origen del crecimiento desaforado de la ciudad de Cancún.

Para la doctora en Antropología Social de la Universidad del Caribe Minerva Alavez San Pedro, es urgente que se aterricen políticas concretas para poner un alto al crecimiento desordenado de Cancún, con base en la regularización de la tenencia de la tierra, pues en muchos casos los verdaderos dueños no poseen toda su documentación y no hay manera de reclamar sus predios y por otra parte, quien entra a un lugar sin autorización comete un delito que se debe de sancionar.

Recordó que en su momento el  Plan  Maestro  de  Desarrollo  Integral  (PMDI) de la ciudad de Cancún como polo turístico se  enfocaba  en  tres  áreas que eran la Zona Hotelera, la primera fase de la ciudad donde habitarían los trabajadores de la industria turística y el aeropuerto internacional.

“El PMDI no previó el crecimiento demográfico que tendría la zona urbana, producido por el gran flujo de personas que comenzaron a llegar al  lugar  para  obtener  un  trabajo  en  el  sector  de  la  construcción  o  en  la  incipiente industria hotelera, por lo que casi a la par de la construcción de la primera etapa del proyecto Cancún se presentaron muchos problemas sociales por la falta de infraestructura en la ciudad”, explicó dentro de un estudio hecho por la Universidad del Caribe.

Remarca además que la estructura de las áreas que conforman el polo turístico Cancún presenta  grandes  diferencias,  pues mientras  la  Zona  Hotelera  tiene  una  lógica  más  ordenada,  la  ciudad  padece  una  falta  de  planeación,  lo  que  ha  propiciado  el  surgimiento  de  un  nuevo  orden  urbano  en  donde  se  evidencia  una  desigualdad  entre  los  distintos  sectores  de  la  población  a  partir  de  los  espacios  en  que  habitan  y  sus  condiciones  y  dotación  de  servicios públicos

“La creación de asentamientos irregulares y otras prácticas en torno a la apropiación del suelo y construcción de viviendas están al margen de las disposiciones urbanas, por lo que se consideran irregulares, pero son toleradas  por  las  entidades  gubernamentales,  e  incluso  fomentadas  por  éstas como parte de una tradición iniciada en los años 70, momento en que las propias dependencias de gobierno utilizaban el apoyo del Movimiento Urbano Popular para fines políticos y electorales”, acotó.

Es de señalar que la regularización de asentamientos irregulares ha sido un tema de interés para el gobierno federal desde que en 1973 creó el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que en 1974 se convirtió en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) con carácter  de  organismo  descentralizado,  y  en  diciembre  de  2016  cambió  su  denominación  a  Instituto  Nacional  del  Suelo  Sustentable  (INSUS),  cuya intención era incluir a los asentamientos irregulares en la dinámica de  tenencia  normada  de  la  tierra  y  así  promover  el  aprovechamiento  de  terrenos de propiedad nacional para el desarrollo de centros de población urbanos. 

En la actualidad, con base en información de las propias autoridades, existen aproximadamente poco más de 200 asentamientos humanos irregulares, en donde se estima que habitan aproximadamente 250 mil personas, es decir, casi el 30% de la población de Cancún.

Ha faltado voluntad política

Se sabe que al menos tres de cada 10 diez personas que viven en Benito Juárez carecen de alguna de las siguientes necesidades básicas: infraestructura pública (como drenaje, agua, alumbrado público, calles pavimentadas, banquetas etc.), certeza jurídica de los posesionarios en la tenencia de la tierra por falta de recursos para poder escriturar sus hogares, lo que conlleva a la contaminación del medio ambiente.

De allí la necesidad urgente de resolver esta problemática de raíz, para la cual se requiere emprender acciones coordinadas con los gobiernos federal y estatal para establecer soluciones a la deuda histórica que se tiene con los benitojuarenses.

En ese contexto, en enero del presente año, el gobierno municipal signó un convenio con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para la regularización de tierras y certeza jurídica para familias de al menos 15 asentamientos irregulares.

La entonces presidenta municipal Mara Lezama fue quien participó en dicha firma con el representante regional del INSUS en Quintana Roo, Armando de Jesús Rivas Zavala, en presencia del secretario técnico de la comuna, Hugo Alday Nieto.

Hoy el escenario es distinto, con más probabilidades de que se pueda cumplir este objetivo que además abarcaría a más asentamientos no sólo de Benito Juárez, sino de toda la entidad, debido a que Mara Lezama asumirá la gubernatura en los próximos días y Hugo Alday ya funge como diputado local, lo que los pone en un punto de mayor certidumbre, aunado a que tendrán el apoyo 100% del gobierno federal.

Sin embargo, el tema no sólo implica lograr la regularización de los predios, sino que también se requiere impulsar que avancen las demandas que permanecen estancadas en la Fiscalía de Justicia por el delito de despojo, pues los dueños de los terrenos exigen que se les haga justicia, ya que el tema de las invasiones ha representado un gran negocio ilegal para muchas personas.

Incluso, la Fiscalía de Justicia cuenta con unidades especializadas de investigación para el delito de despojo en esta entidad, pero sus logros son prácticamente nulos.

Gobierno de Mara da el ejemplo

En el 2020, un total de 14 mil 800 lotes fueron clausurados por el gobierno municipal de Benito Juárez por ofrecerse a la venta de manera irregular, al no contar con ningún servicio, ni permiso de fraccionamiento.

Hugo Alday Nieto, exsecretario técnico en el ayuntamiento Benito Juárez y hoy diputado local, fue quien planificó estas acciones, demostrando que con voluntad política se puede evitar que el problema vigente siga en avance.

De hecho, eso dio pie a entablar pláticas con directivos del ejido Alfredo V. Bonfil, que es uno de los núcleos agrarios en donde más problemas existen por el tema de despojos, sobre todo de predios de alta plusvalía junto al ejido Isla Mujeres, en el cual hay más incertidumbre porque les han invadido hasta terrenos cercanos a los basureros.

De hecho, hay asentamientos que como una manera de buscar protegerse y sentir el respaldo de las personas que muchas veces han sido quienes promueven las invasiones, llevan el nombre del político de moda, como han sido Magaly Achach, Gregorio Sánchez, Fidel Velázquez, entre otros.

Pero en pleno descaro, apenas en el pasado proceso electoral la entonces candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández Piña, quien ya regresó a su curul en la Cámara de Diputados, prometió resolver el añejo problema de las colonias irregulares de Cancún, aumentado, según dijo, por la incapacidad de los gobiernos municipales que no han podido dar solución a esta problemática.

Sin embargo, eso no fue más que un discurso electorero porque bien sabe, como diputada federal, que lo primero que habría que hacer es dar certeza a los dueños de las tierras y eso desde San Lázaro podría atenderlo mejor, e incluso gestionar mayores recursos para conseguirlo.

Problemática ambiental desatada

Uno de los graves problemas que genera la proliferación de invasiones y por ende de las colonias irregulares es la contaminación al medio ambiente, pues al no contar con drenaje sanitario, son incontables las casas en esos asentamientos que carecen de fosas sépticas y conectan la tubería para descarga de aguas negras directamente a los mantos acuíferos, provocando que miles de toneladas de heces fecales tarde o temprano lleguen a los ríos subterráneos, pues al ser un sistema interconectado no sólo se contamina ese espacio, sino todo el sistema hídrico de la zona y, finalmente, el ecosistema marino, que es el destino de este flujo de aguas en el subsuelo.

Para el doctor Manuel Paredes Zugui este tema de los asentamientos irregulares debe verse como un problema de salud pública, por el entorno en el que viven las miles de familias, pues igual de grave es el hecho de que al lado de estos puntos que usan como drenaje sanitario abren pozos de donde extraen agua que usan para bañarse, lavar ropa y trastes y hasta para cocinar, lo que los pone en un elevado riesgo de enfermedades.

Por eso, las problemáticas ocasionadas por los asentamientos irregulares emanados de las invasiones son vastas y requieren de un análisis más detallado, porque ya se habla de la existencia de una crisis ambiental en la Península de Yucatán debido a la vulnerabilidad del territorio a causa de los mantos acuíferos y ecosistemas contaminados.

La mayor problemática en Quintana Roo se centra en Benito Juárez y la zona conurbada con Isla Mujeres y la periferia de Bonfil, en donde está la mayor parte de las colonias irregulares.

Desaparición de Infovir acrecentó el caos

En el 2013, en cumplimiento al Decreto con numero 306 emitido por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se acordó que el Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir), ente que venía en operación desde varios sexenios atrás (también se llamó Inviqroo) que tenía la función de asignar lotes urbanos a familias que realmente lo necesitaban, concluyó sus actividades y a partir del 30 de septiembre de ese año, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se hizo cargo de su operación.

Sin embargo, con este hecho cientos de familias que estaban en las listas de espera para la asignación de un lote regularizado en donde se les garantizaban los servicios básicos, perdieron la oportunidad y muchas de ellas tuvieron que recurrir a las invasiones, en donde otro de los fenómenos que ha ido en aumento ha sido la inseguridad.

De hecho, en algunas invasiones como La Jungla, colonias como Tres Reyes, El Milagro, entre otros, son constantes los hechos de sangre, ataques a balazos y ejecuciones, porque se han prestado a ser escenarios de operación para el tráfico de drogas, donde las autoridades policiacas no llegan.