Poco podrá hacerse en materia de impartición de justicia, combate a la criminalidad, la búsqueda de desaparecidos y la grave crisis forense que enfrenta el estado mientras siga al frente el mismo funcionario que no ha dado resultados los últimos cuatro años

SALVADOR CANTO

El Fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, podría convertirse en la “piedra en el zapato” para la administración de Mara Lezama Espinosa, pues a pesar del incremento de los hechos delictivos y la poca efectividad en materia de investigación ante las cientos de denuncias que no han sido ni siquiera judicializadas, no ha sido removido del cargo e incluso los diputados de la XVII Legislatura, en lugar de exigirle resultados, convirtieron su más reciente comparecencia prácticamente en un evento social, para su lucimiento.

De acuerdo con Fabiola Cortes Miranda, de la organización civil “Somos tus Ojos”, a Carlos Joaquín González no se le pidió la remoción de dicho funcionario porque era su cuadro principal y se hizo una elección ilegal mediante una reforma a modo, y el resultado fue, dijo, que se criminalizó la dependencia desde su nombramiento en diciembre del 2018.

En ese contexto, consideró que la actual gobernadora tiene el deber de hacerlo a un lado porque no ha dado resultados: la violencia e inseguridad en general sigue en aumento y las pruebas ahí están, en los informes diarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además –agregó–, el fiscal ha promovido violaciones a los derechos humanos, ha coartado el derecho a la investigación y el acceso a justicia.

En ese contexto, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en una de sus conferencias mañaneras de mediados de octubre pasado que los fiscales estatales que no han dado resultados “deben tener un poco de vergüenza” y renunciar, una recomendación a la que ha hecho oídos sordos Oscar Montes de Oca Rosales, de quien diversas organizaciones civiles como el colectivo Verdad, Memoria y Justicia piden su separación por su ineficiencia en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas.

El último reporte de la organización internacional World Justice Project (WJP), que mide diversos factores asociados al funcionamiento de cada entidad federativa como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal, entre otros, retrata con exactitud la situación en la que se encuentra Quintana Roo, respecto a los 31 estados del país.

En el factor de justicia penal se establece que la hoy la Fiscalía General del Estado ni investiga, ni respeta el debido proceso y por lo tanto le da calificación reprobatoria, lo mismo que en el apartado de orden y seguridad, en donde determina que existe una alta incidencia de homicidios y crimen, además de que las personas no se sienten seguras.

Ante ello, y de acuerdo al último Informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo ocupa la tercera posición en el país conforme al número de delitos por cada 100 mil habitantes.

Llegada polémica y compromiso incumplido

En las últimas administraciones estatales, la Fiscalía General del Estado se ha convertido en un ente de control para el gobernante en turno y eso fue lo que hizo Carlos Joaquín González al imponer a Oscar Montes de Oca Rosales sin tener arraigo en Quintana Roo, tras la renuncia de Miguel Ángel Pech Cen, en octubre de 2018.

En poco más de cuatro años no ha dado resultados, pese a que desde su llegada se comprometió a darle atención al principal reclamo ciudadano que era el tema de la impartición de justicia; sin embargo, durante su gestión la violencia ha ido en aumento, además ha habido un alto índice de omisiones en las investigaciones.

Hoy Quintana Roo se encuentra entre las tres peores entidades del país con el mayor retroceso en el índice de Estado de Derecho, de acuerdo al más reciente reporte del World Justice Project (WJP).

Tras la salida de Miguel Ángel Pech Cen, la entonces XV Legislatura del Congreso del Estado emitió la convocatoria para la elección del nuevo Fiscal General y en la última lista que se evaluó había al menos 10 aspirantes, la mayoría con residencia y arraigo en Quintana Roo desde hace muchos años.

Incluso, a decir de las Barras y Colegio de Abogados, la mayoría tenían el perfil idóneo para ocupar el cargo pero ninguno fue elegido por los diputados, pues tenían la orden del entonces gobernador para que elegido fuese Oscar Montes de Oca Rosales, quien llegaba procedente de la Ciudad de México, en donde ya contaba tras de sí con un cúmulo de señalamientos y acusaciones durante su gestión como Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Fiscalía capitalina.

Y en efecto, el 12 de diciembre del mismo 2018 se hizo el nombramiento y al rendir protesta como nuevo Fiscal General de Quintana Roo para los próximos nueve años, aseguró que pondría en operación nuevas tecnologías para lograr los resultados que requiere la ciudadanía y con ello “lograr recuperar la tranquilidad de los habitantes en materia de seguridad e impartición de justicia”, algo que hasta la fecha ha incumplido; por el contrario, en su periodo lleva a cuestas no solo un incremento de los hechos delictivos, sino también ataques terroristas, como ha sido catalogado el incendio perpetrado en un lote de automóviles de lujo en el bulevar Colosio, el 3 de abril del 2019.

Aumento de hechos delictivos

De acuerdo con Ludovico Zamora Hernández, vocero del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, el Fiscal General del Estado debe renunciar por los nulos y pobres resultados en materia de impartición de justicia y en este caso, con relación a la búsqueda de personas desaparecidas.

De hecho, el activista ha difundido en sus redes sociales videos sobre el pésimo trabajo que realizan tanto policías de Seguridad Pública, como Ministeriales y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes incumplen los protocolos establecidos en el sistema penal vigente en torno al levantamiento de las evidencias del delito.

“En las búsquedas que hace la FGE es notoria la ausencia de personal de la Comisión de Búsqueda de Quintana Roo, así como la falta de coordinación y resultados, por lo que sus titulares han demostrado mucha negligencia y poco respeto por las familias de los desaparecidos y consideramos que ambos deben ser destituidos”, explicó.

Sostiene que la forma en la cual los criminales desaparecen y asesinan inclusive a turistas y las cuestionables actuaciones y omisiones, tanto de la FGE como de la Comisión de Búsqueda, generan incertidumbre y desconfianza, “a veces rayan en lo criminal”.

Remarca que el sistema de cadena de custodia criminalística está establecido en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos penales (CNPP) y el artículo 228 señala quiénes son los responsables de ella; asimismo, se afirma que ante la alteración del material sensible significativo hay responsabilidades administrativas y penales

Colectivos piden renuncia del fiscal

El pasado 24 de octubre, diversos colectivos encabezados por la asociación “Somos Tus Ojos” hicieron entrega de una solicitud a la gobernadora del estado, Mara Lezama, con la finalidad de que el fiscal Óscar Montes de Oca sea removido de su cargo.

Los representantes de los diferentes colectivos junto con Fabiola Cortés Miranda, quien encabeza “Somos Tus Ojos”, acusaron a Montes de Oca de diversas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que habrían estado relacionadas con alrededor de 70 carpetas de investigación de colectivos como Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, así como del 9N.

Entre los señalamientos contra el fiscal de Quintana Roo se encuentran también hechos de impunidad en casos como despojos, así como filtraciones de audios a medios de comunicación.

En ese contexto, Fabiola Cortés dijo a El Despertador de Quintana Roo que una prueba más contra el trabajo realizado con Montes de Oca al frente de la Fiscalía General del Estado es el penúltimo lugar que ocupa la entidad en materia de Procuración de Justicia, según data el estudio World Justice Project 2021.

Que tengan vergüenza y renuncien: AMLO

En plena “mañanera”, a mediados del pasado mes de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los fiscales que no están dando resultados deben tener un poco de vergüenza y renunciar.

En aquel entonces, el mandatario cuestionó los periodos «tan largos» que ocupan los fiscales. Incluso, acusó que algunos se asocian con la delincuencia organizada.

“Aquellos fiscales que no han dado resultados, deberían renunciar por dignidad y vergüenza y esto lo tienen que resolver las autoridades locales, pues es un absurdo que se aferren a un cargo en donde saben que no han tenido avance en su verdadera función”, consideró.

En Quintana Roo nueve de cada 10 delitos que ocurren no son denunciados y de los que se denuncian pocos son resueltos, a lo que se le suma el mal trato en la fiscalía.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, dada a conocer apenas el 8 de septiembre, calcula que el año pasado ocurrieron en el estado 431 mil 155 hechos delictivos.

Los números del Inegi refieren que de ese total 53 mil 660 fueron denunciados. Pero el hecho de no ir a denunciar no es lo peor, sino lo que ocurre después.

Y es que en ese mismo periodo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reporta haber abierto 45 mil 879 carpetas; es decir, en 7 mil 781 casos no pasó nada.

“Aplausómetro” de diputados

En una pasarela de aplausos y elogios se convirtió la más reciente comparecencia del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales ante diputados de la XVII Legislatura, aunque hubo algunos cuestionamientos por el aumento de la inseguridad principalmente en la zona norte del estado y por ende, los pocos resultados en materia de investigación y consignación de expedientes.

De hecho, el fiscal presumió una supuesta disminución en el índice delictivo en Quintana Roo e incluso aseguró que han desarticulado varias células criminales que intentaron establecer su base de operaciones en la entidad.

“Hemos logrado buenos resultados y las estadísticas muestran una baja en el número de víctimas de homicidios dolosos por cuarto año consecutivo, la reducción del 90 por ciento en el delito de secuestro, la resolución del 88 por ciento en delitos de feminicidio y del 100 por ciento en tentativas de feminicidio”, acotó.

Uno de los pocos diputados que cuestionó al fiscal fue Hugo Alday Nieto, quien lamentó que la FGE haya subido su presupuesto de manera anual y los resultados sigan siendo endebles, ya que en el año 2019 se tuvo un presupuesto de más de 737 millones; en el 2020 fueron más de 872 millones; y en el 2021, más de 942 millones.

También Guillermo Brahms señaló que la Fiscalía no ha cumplido con las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha emitido un total de 44 oficios de las cuales, 38 no fueron cumplidas y seis están en vías de cumplimiento.

De acuerdo con los datos oficiales, de 45 mil 485 carpetas que se integraron desde el momento en que llegó Montes de Oca como fiscal, sólo se han logrado mil 169 vinculaciones, lo que representa 2.5 por ciento de efectividad.

FGE ni investiga ni respeta el debido proceso

Con base en el más reciente informe del World Justice Project (WJP), hoy Quintana Roo se encuentra entre las tres peores entidades del país con el mayor retroceso en el índice de Estado de Derecho.

La calificación reprobatoria en el índice fue considerado dentro del factor “Justicia Penal”, el cual evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal y entre los subfactores considera si la policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz.

En ese sentido, Quintana Roo obtuvo apenas 0.17 décimas de punto, muy lejos del 1, que es el puntaje máximo.

La calificación de 0.31 en el factor “Justicia Penal”, incluyó en su análisis si el sistema de justicia penal es imparcial, independiente y si está libre de corrupción e influencias indebidas. El sub-factor incluye medidas acerca del uso de sobornos o de influencias indebidas de poderes políticos, económicos o del crimen organizado para operar o para favorecer a alguna de las partes durante el proceso penal. También incluye medidas acerca del uso de sobornos o influencias durante los procesos de reclutamiento y ascenso del personal.

El factor justicia penal también analizó si los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces, es decir, si son capaces de resolver los casos de manera eficiente y sin retrasos injustificados. De igual forma consideró si en el sistema de justicia penal los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente, si éstas reciben atención médica y psicológica, asesoría jurídica, reparación del daño, y protección.

Además de estudiar la efectividad de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Este factor de la misma forma considera el debido proceso legal de las personas acusadas, esto es, si se garantiza efectivamente la presunción de inocencia, el principio de igualdad en el proceso penal y ausencia de discriminación, el trato que reciben las personas privadas de la libertad, el derecho a una defensa adecuada y el derecho a un juicio público ante un juez competente e imparcial.

Crisis forense, sin atención real

Otro de los graves problemas que enfrenta la Fiscalía General del Estado es el tema de la crisis en el tema forense, pues el actual Semefo de Cancún es obsoleto desde hace muchos años y afecta a decenas de vecinos de la supermanzana 44, donde se ubica.

El incremento de todo tipo de homicidios en Benito Juárez ha provocado que la capacidad de las instalaciones forense haya sido rebasada y cada vez entren menos cadáveres en el reducido espacio del Semefo.

Por ello, a principios de año se inició la construcción de lo que será el panteón forense en Cancún, con una inversión para la primera etapa de 40 millones de pesos y que a decir del propio fiscal se ubicará cerca de la denominada Ciudad Militar y que se pondría en operaciones antes de que concluya el presente año.

Se trata de un espacio de alrededor de 600 gavetas para depositar otros tantos cuerpos que se encuentran acumulados dentro del Semefo.

De acuerdo a la organización Quinto Elemento Lab, en al menos 15 entidades del país, entre ellas Quintana Roo, las autoridades han delegado en funerarias privadas el trabajo de los servicios médicos forenses.

Es decir, las autoridades han recurrido a funerarias para realizar necropsias, hasta llegar al punto de permitir al  personal de esas compañías realizar  los levantamientos de cuerpos, las exhumaciones e incluso les encargan el resguardo de cadáveres a la espera de ser identificados o reclamados.

Las otras entidades que acuden a ese método ante el aumento de los homicidios son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con Quinto Elemento Lab, que sustenta la información con fuentes hemerográficas, expertos y la confirmación directa con las propias fiscalías.

El Despertador de Quintana Roo buscó una opinión al respecto por parte del propio fiscal, pero fue imposible su localización; de ser cierta dicha información, reflejaría el hecho de que una o dos funerarias estarían haciendo un gran negocio con los cadáveres de la FGE, que al no tener espacios en el Semefo estaría contratando los servicios de empresas en donde se practican los exámenes forenses y periciales.

Cabe destacar que al romperse la cadena de custodia de un cuerpo y pasar por distintas manos e instalaciones, ocurre otra tragedia: es decir, la fragmentada cadena de responsabilidades en la que participan personal público y privado provoca que un cadáver levantado de una escena del crimen o rescatado de una fosa clandestina, termine sin identidad en una fosa común.