Pese al endeudamiento y las graves carencias con que la actual administración estatal recibió la Secretaría de Seguridad Pública, se alista la estrategia para atender el reclamo ciudadano de paz y tranquilidad, y enfrentar la ola de criminalidad que asola el estado

SALVADOR CANTO

La comparecencia en días pasados del secretario estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero, ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, donde expuso las severas carencias y problemáticas con que recibió la dependencia de manos de la anterior administración estatal, sentó también las bases de la estrategia con la que el Gobierno de Quintana Roo atenderá el reclamo ciudadano de materializar un verdadero cambio para alcanzar la paz y seguridad que demanda.

El reciente asesinato del empresario restaurantero Francisco Chávez, mejor conocido como “El Cejas”, ocurrido la semana pasada, encendió la indignación ciudadana debido a que la  espiral de violencia e inseguridad que padece Quintana Roo desde hace varios años no solo se ha agudizado, sino que se ha extendido a toda la geografía estatal, donde los robos, ejecuciones, levantones y extorsiones son la constante.

José Julio Villarreal Zapata, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, sostuvo que es urgente recomponer el rumbo en materia de seguridad porque “no podemos vivir entre extorsiones, robos y homicidios todos los días”.

Si bien, azuzadas por la presión social, en menos de 48 horas las autoridades ministeriales lograron la captura del presunto homicida del popular y reconocido restaurantero de mariscos del Mercado 28, todavía existen cientos de casos sin resolver, debido a que persiste en la Fiscalía una clara carencia en materia de investigación y puntual seguimiento a los hechos delictivos, sobre todo en donde las víctimas son menores de edad o mujeres, casos, estos últimos, que en su mayor parte han sido encuadrados jurídicamente dentro del término de feminicidio, delito en el cual Quintana Roo va a la alza a nivel nacional.

Ante la ola de violencia e inseguridad que asolan a los ciudadanos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) hizo recientemente una auditoría a más de 800 expedientes criminales por los delitos de robo y homicidio en todo el país, entre ellos algunos de Quintana Roo, en donde encontraron evidencias para entender la crisis de justicia.

De acuerdo con Alejandra Hernández, investigadora del Imco, en más del 95% de los casos analizados, el Ministerio Público fue incapaz de identificar al responsable del delito y llevarlo a juicio.

«Aunque en México se ha trabajado más de 10 años en consolidar un sistema de justicia penal oral que prometió mejores investigaciones, el trabajo del Ministerio Público sigue siendo lento y poco profesional, los derechos de las víctimas son ignorados y los expedientes terminan en archivo y quedan en la impunidad», indicó.

Cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Quintana Roo en el lugar 14 en la incidencia delictiva total, y en delitos por cada 100 mil habitantes ocupa el tercer lugar a nivel nacional.

Resultados, no protagonismos: Oyarvide

En el marco de su comparecencia ante diputados miembros de la Comisión de Seguridad, el almirante Rubén Oyarvide Pedrero anunció la estrategia de seguridad y de entrada, dijo que se hará la transición de la Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

En ese contexto, dijo que durante el mes que lleva a cargo de la dependencia se ha enfocado a trabajar en la estrategia que se deberá de emplear y afirmó que lo primero será fortalecer la Seguridad en el Estado de Quintana Roo a través de una policía eficiente y ejemplar, con cuatro metas a seguir.

La primera –acotó–, es la dignificación que consiste en capacitación y para ello propuso elevar a rango de Universidad la Academia de la Policía Estatal de Quintana Roo y conformar una rectoría que incluya a las academias municipales, con capacidad de formar especialistas.

La segunda meta es en torno al equipamiento de la policía y para ello, propuso dotar de sistemas tecnológicos, de mando, control y coordinación a las unidades operativas y de inteligencia; además, mantener vigilancia aérea en el estado diurna y nocturna con el fin de inhibir los actos delictivos, hacer sobrevuelos en eventos masivos, marchas, bloqueos, rescate en zonas de difícil acceso, entre otros.

Asimismo, modernizar el armamento, dotar de municiones y equipo táctico especial a la Secretaría, pero además, fortalecer el parque vehicular.

La tercera meta es el fortalecimiento institucional y fue ahí en donde anunció la transición de la Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) con las figuras jurídicas que impliquen su alineación al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Para ello –agregó-, se crearán cinco direcciones de policía enmarcados en el modelo nacional de Seguridad Pública, tales como Policía Estatal de Caminos, Policía Procesal, Policía de Reacción, Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria y Policía de Investigación y Análisis.

De la misma forma, destacó que se entablarán convenios con la Fiscalía General del Estado y sectores civiles como los de la construcción, hoteleros y restauranteros para combatir frontalmente el cobro de piso y extorsión, aunado a que se buscará blindar a la Península de Yucatán mediante acuerdos y convenios con los estados de Campeche y Yucatán y con ello, posicionar a la dependencia como una institución policial altamente confiable.

También explicó que se garantizará la adhesión de los presidentes municipales al Modelo Estatal para la Seguridad Ciudadana, acorde al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mediante acciones del Gobierno del Estado a través de la implementación de metodologías, adecuaciones al marco jurídico y coordinación institucional e interinstitucional

Sostuvo que, con todo esto, “estamos en un momento idóneo para sentar las bases y materializar un verdadero cambio en materia de seguridad pública, garantizar la aplicación correcta de las acciones en materia de seguridad, que buscarán que los quintanarroenses vivan en paz y seguridad”.

Enfatizó que la seguridad “no se da con protagonismos, sino que se da con resultados” y para lograrlo, solicitó el apoyo del Congreso para poder contar con los recursos económicos suficientes proyectados para el año entrante y los venideros, e iniciar con este proyecto lo antes posible, en beneficio de los quintanarroenses y turistas que llegan al estado.

SSP, endeudada y con carencias

En su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública de la XVII Legislatura, Oyarvide Pedrero, quien el 30 de septiembre del 2022 asumió el cargo, dio a conocer que recibió una dependencia endeudada, con severas carencias de recursos humanos y materiales.

Dijo a los diputados que existe una deuda de casi mil millones de pesos, numerosas patrullas inservibles y un enorme déficit de policías.

Informó que la dependencia tiene un adeudo que comenzó en el 2017 con 4.35 millones de pesos, y a la fecha en este 2022 ya es de 970.67 millones de pesos, lo que en números redondos significa que durante el sexenio pasado, tan sólo en esa área, la deuda se multiplicó 250 veces.

El jefe policiaco explicó que la deuda corresponde a arrendamiento de equipo y tecnología para seguridad, servicios de comedores, arrendamientos de inmuebles, arrendamiento de vehículos, mantenimiento de vehículos y servicios de un centro de monitoreo y vigilancia.

Añadió que le entregaron 716 unidades vehiculares, de las cuales 51% están en operación, 43% en mal estado, 5% siniestradas y 1% en proceso de baja; además resaltó que de los 446 vehículos en uso, 257 son arrendados.

En cuanto al número de personal en activo, señaló que es de 2 mil 599 elementos, de los cuales sólo 1 mil 654 son operativos y apenas 1 mil 301 de esos han pasado el examen de control y confianza.

Incluso, destacó que la cantidad no cubre el estándar mínimo nacional, que es de 1.8 policías por cada mil habitantes ni mucho menos el que establece la ONU, que es de 2.8 policías por cada mil habitantes.

Otro de los datos reveladores en esta comparecencia fue que se encontraron en depósitos 6 mil 730 piezas de uniforme, acumuladas desde 2017, que no se habían entregado al personal y que por instrucciones de la gobernadora, Mara Lezama, se comenzaron a distribuir entre los cuerpos de seguridad de algunos municipios del centro y sur de la entidad.

Diputados otorgan apoyo a mando policial

Para el diputado Julián Ricalde Magaña, la comparecencia del contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero fue reveladora de las carencias de recursos humanos y materiales que enfrenta hoy día la Seguridad Pública del Estado, por lo que va a requerir de todo el apoyo pero también del seguimiento y supervisión de las estrategias que se hagan para preservar la tranquilidad en la entidad.

Explicó que de un año para acá, Quintana Roo es un estado que ha ido perdiendo la tranquilidad y la paz y contabilizó que en las tres presidencias municipales que lo antecedieron cuando encabezó el ayuntamiento de Benito Juárez, hubo 11 secretarios de Seguridad Pública tan sólo en Cancún, lo que no ha permitido una continuidad a los programas y proyectos.

También fustigó que todas las cámaras de videovigilancia que, se ha dicho, han comprado los gobiernos, no se comparan con la cantidad que existe realmente en funcionamiento.

“Yo espero que le den todas las facilidades para hacer su trabajo; si no se las dan lo mejor es que renuncie con toda dignidad, porque si la gobernadora confía en él, finalmente es él quien va a llevar la estrategia y será el responsable de recomponer el rumbo de la seguridad del estado”, sentenció Ricalde Magaña.

En esa misma comparecencia, la diputada Susana Hurtado Vallejo, más que felicitar al jefe policial, le dio su más sentido pésame por las condiciones en que encontró a la dependencia.

“Se le ha quedado a deber a los quintanarroenses en seguridad pública, tan sólo en Cancún tenemos el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso que ocupa el primer lugar en el estado con más alto índice de violencia y el tercer lugar a nivel nacional”, lamentó.

Ahí, también cuestionó el alto sueldo de la gente que trajo consigo a Quintana Roo el anterior secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, y pidió conocer cuántos de ellos todavía siguen aquí y lo que perciben económicamente.

Alimentos en Ceresos, gran negocio de Capella

Una de las acciones ordenadas desde la gubernatura para el secretario de Seguridad Pública, fue identificar la fuga y despilfarro de recursos en sueldos especiales o servicios contratados a particulares, que se convirtieron en un gran negocio para los exmandos policiales.

En ese contexto, se pudo conocer que Jesús Alberto Capella Ibarra tenía establecida una red de operatividad adentro de los Centros de Reinserción Social (Cereso) tanto de Cancún como de Chetumal, en donde los inspectores tenían sueldos de hasta 15 y 17 mil pesos, y su única labor era verificar que todo lo que se movía al interior de los penales.

Pero además, el extitular de la Policía Estatal trajo consigo a una empresa para la distribución de alimentos de los internos denominada FM Gastronomía S.A. de C.V., que tiene zona de cobertura en Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro (en donde se ubican sus oficinas), Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo.

De acuerdo con datos oficiales de la dependencia policial, en el 2020 le pagaron a dicha empresa 109 millones de pesos, en el 2021 fueron 108 millones y en lo que va del 2022 les han pagado 39 millones, con un adeudo de 36 millones de pesos.

Capella Ibarra hizo un gran negocio con esa empresa, pues firmó un contrato por ocho años, situación que ya es revisada por los diputados de la XVII Legislatura para ver la manera de disolver dicho acuerdo.

Lo anterior, porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado Quintana Roo (Cdheqroo) dio a conocer que los presos de Cancún y Chetumal reciben alimentos de mala calidad, por lo cual ha emitido recomendaciones al respecto.

En uno de los reportes del ombudsman se plantea que los reos no cuentan con estrategias de salud ni para evitar torturas adentro de las cárceles de Quintana Roo.

De acuerdo al diagnóstico penitenciario elaborado por la Cdheqroo durante la pandemia, en los años 2020 y 2021, los penales de Benito Juárez, que tienen poco más de 1 mil 800 internos pese a que su capacidad es de 947 y Othón P. Blanco, que tiene 1 mil 254 internos que son 40 más que lo habitual, habría la necesidad de mejorar las condiciones de higiene, conservación, preparación, distribución, cantidad, calidad y valor nutricional de los alimentos, por parte de la empresa que contrató la Secretaría de Seguridad Pública.

Es decir, la empresa FM Gastronomía, S.A de C.V, jamás la ha respetado, pues nunca hubo quien le hiciera reclamo alguno, debido a que todo era autorizado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella.

Mano dura contra la extorsión

Para los empresarios y comerciantes de Quintana Roo en general, las cuotas extorsivas diarias se han convertido en algo inevitable, situación que ha provocado incluso el cierre de muchos negocios y otros más han tenido que acceder a las exigencias de los grupos delictivos.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) reconoce que en los últimos años al menos un 60% de los restaurantes afiliados enfrentan la extorsión en su día a día.

Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza, líder estatal del organismo, declaró recientemente que el crimen organizado extorsiona continuamente a la industria de restaurantes, e hizo énfasis en que «asustar a los empresarios y restauranteros es su modus operandi para obtener provecho».

La extorsión es una cruda realidad para todo tipo de negocios en la entidad, particularmente en la zona norte que se ha considerado un centro codiciado para organizaciones criminales que buscan exprimir la gigantesca industria turística.

Además, se sabe también que la delincuencia común se hace pasar por integrantes de organizaciones criminales más grandes, lo que también deja espacio para extorsionistas imitadores. En cualquier caso, el cobro de extorsión o «de piso» se hace bajo la amenaza de violencia y esas amenazas suelen refrendarse con homicidios en todo Quintana Roo.

Por esa razón, diputados de la XVII Legislatura encabezados por Hugo Alday Nieto aprobaron una iniciativa de decreto por el que se adiciona el Capítulo VII denominado extorsión, que contiene el Artículo 124 TER, al título segundo denominado “delitos contra la libertad y seguridad de las personas” y se deroga el Artículo 156 del Capítulo VII, título sexto, todos de la sección primera parte especial del libro segundo del Código Penal para el Estado libre y soberano de Quintana Roo.

En la sesión del pasado jueves se reconoció que el incremento de las extorsiones genera también un alza de otros índices delictivos, como lo son el homicidio derivado del cumplimiento de las amenazas por parte de los sujetos activos del delito, de secuestro, de sus diversas modalidades con el fin de coaccionar a la víctima, el daño a la propiedad privada con el fin de causar mayor temor y por último pero no menos importante, el narcomenudeo, pues en algunos casos se obliga a la víctima que se niega a pagar, a permitir la venta de estupefacientes en su establecimiento mercantil.

Por todo lo anterior se acotó que el tipo penal actual en donde se establece la extorsión no es del todo claro, pues se contempla la intención, es decir «quién, como ánimo de extorsionar», lo que representa un conflicto para el juzgador toda vez que el bien jurídico tutelado en dicho tipo penal es de carácter patrimonial, lo cual en la actualidad y derivado de los modus operandi implementados por los extorsionadores, se prevé parcialmente.

De este modo, se puntualiza que el cambio es para dejar claro que si bien el patrimonio representa un rol muy importante en la vida y en el desarrollo individual, “hoy debemos anteponer la seguridad y la libertad por sobre el patrimonio, toda vez que las víctimas de extorsión ven afectadas su libertad y seguridad primero, derivado del comunicado o el contacto criminal que se genera”.

Con esta modificación que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, se plantea que Quintana Roo se sumará a entidades como Estado de México Veracruz Tlaxcala Puebla Zacatecas Chihuahua Guanajuato Coahuila Durango Nayarit Morelos y Jalisco, que ya contemplan el delito de extorsión en los apartados donde el bien jurídico tutelado es la libertad y seguridad de las personas.

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