Su inminente retorno en Cancún despierta la preocupación de que no vuelvan a cometerse los errores de antes, cuando terminó siendo un programa meramente recaudatorio, plagado de corrupción y violatorio de los derechos humanos de los conductores

SALVADOR CANTO

El inminente retorno del alcoholímetro despierta en la ciudadanía de Benito Juárez la preocupación de que no vuelvan a cometerse los errores del pasado, cuando terminó por convertirse en un programa meramente recaudatorio y un negocio de muchos, plagado de actos de corrupción y abusos a los derechos humanos de los conductores, aunque esta vez existe la firme intención, reiterada por la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, de que las cosas se harán bien, con el fin primordial de dar cumplimiento al propósito que le dio origen, que es el de salvar vidas.

Esta nueva versión del programa se encuentra en proceso de aprobación en el Cabildo de Benito Juárez, sometido a una serie de modificaciones operativas y jurídicas poco transparentes para el ciudadano, como han sido los cambios a los reglamentos de Tránsito, Juzgados Cívicos y Bando de Gobierno y Policía.

Sin embargo, persisten decenas de dudas y preguntas que aún deben ser aclaradas por las autoridades, como por ejemplo si hubo o no licitación para la compra de las pipetas y/o aparatos de medición de los grados de alcohol que deben de cumplir con la NOM-214/1-SCFI-2018, el monto real de la sanción por la falta administrativa de conducir bajo los influjos del alcohol, lo que cobrarán las grúas, si, como ocurría antes, la persona que no pase la prueba será esposada y tratada como un delincuente, como si hubiera cometido un delito, en franca violación a sus derechos humanos, entre otros cuestionamientos.

Cabe señalar, basado en las apariencias ante la forma en que se pretende establecerlo, que persistiría un objetivo recaudatorio para las arcas municipales, porque se habla de multas de hasta 150 UMA (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a 15 mil 561 pesos, además de que serán los elementos de Tránsito quienes tengan el control operativo y tampoco se toma en cuenta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, publicada en mayo de 2022 y en donde existen reglas claras de operación de un programa de alcoholímetro.

La realidad es que por tratarse de un tema tan complejo y delicado, ningún funcionario quiere cargar sobre sus espaldas el costo político que conlleva arrancar su aplicación tal y como está, ante la proximidad del proceso electoral.

Es por ello que hasta el momento la puesta en marcha del programa se mantiene en suspenso y hoy todo depende de la aprobación del Cabildo, en donde hasta ha habido “jaloneos” porque algunos regidores consideran que se trata de una imposición desde la Secretaría General del Ayuntamiento que encabeza Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien ha sido el principal promotor del alcoholímetro.

No obstante que la revisión quedó en una breve pausa con motivo de la celebración del 53 aniversario de Cancún, cabe la posibilidad de que en la próxima sesión de Cabildo se aborde el tema y sea aprobado, a pesar de que la prueba piloto de lo que podría ser un retén, realizada el pasado 5 de abril, no dejó nada contenta a la presidenta municipal, porque los protocolos fueron poco claros.

De acuerdo con fuentes del Cabildo consultadas por El Despertador de Quintana Roo, hasta el momento uno de los puntos en donde los regidores no se han terminado de poner de acuerdo es en torno a la escala de los grados de alcohol que corresponderían a cada sanción, ya que a nivel federal se ha establecido una sustancial reducción a conductores de vehículos en general, de 0.40 miligramos (como lo establece el reglamento vigente) a tan sólo 0.25 miligramos sobre litro, lo que equivale prácticamente a tomarse media cerveza.

Sobre ello, la discusión entre los regidores se centra en el hecho de que Cancún es una zona turística y la vida cotidiana de los habitantes no se compara con el centro del país, aunado a que también se debate el tema del cobro del servicio de arrastre de las grúas, que es otro de los grandes negocios que siempre han girado en torno a dicho programa.

Más accidentes del transporte público que por alcohol

De acuerdo al departamento de Comunicación Social de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, al cual El Despertador de Quintana Roo le solicitó información referente a cifras de hechos de tránsito en lo que va del año, en los números enviados se establece que son más los accidentes en donde se han visto involucradas unidades de transporte público que los propiciados por particulares, relacionados por el alcohol.

Es decir, en cifras del primer trimestre del año (enero a marzo) que es lo que se nos pudo proporcionar, en enero se registraron 16, en febrero 7 y en marzo 26 accidentes donde hubo presencia de alcohol en autos particulares, 49 en total.

Mientras que los percances ocasionados por conductores de transporte público fueron 57 en enero, 40 en febrero y 20 en el mes de marzo, una suma de 117.

De acuerdo con dichos números, la mayoría de las unidades involucradas en los accidentes son las combis de TTE (Transporte Terrestre Estatal), La Franja (Toleradas con franjas color naranja), taxis y camiones urbanos, además de mototaxis que también han elevado los percances en donde lo que prevaleció fue la imprudencia y falta de precaución, sin que haya de por medio la ingesta de alcohol.

A pesar de ello, las autoridades no han implementado ningún tipo de operativo específico en contra de los vehículos de transporte público que todos los días provocan accidentes debido a que sus operadores circulan a exceso de velocidad, y que han ocasionado fallecimientos de personas.

Jorge Aguilar, preocupado por no iniciar los operativos

En una reciente entrevista con los medios locales, en el marco de la ceremonia cívica por los 53 años de Cancún, el secretario del Ayuntamiento Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien ha sido uno de los férreos promotores del reinicio de los operativos del alcoholímetro, declaró estar “muy preocupado” porque no han iniciado los operativos, al considerar que ya están dadas las condiciones para ello.

“Está en manos de los regidores y en estos momentos estamos muy preocupados por el tema del alcoholímetro. Mejor no nos echemos las chelas cuando manejemos y listo”, bromeó el entrevistado.

Detalló que los integrantes del Cabildo aún tienen pendiente definir el monto de la multa y además la escala de grados de alcohol, lo que determinará si los conductores serán trasladados al Centro de Retención Municipal, mejor conocido como el “Torito”.

Con respecto a las multas que se impondrán, consideró que “ojalá sea de 10 mil pesos o más, pero la primera opción será el trabajo a favor de la comunidad; además falta determinar hasta qué grados de alcohol puede tener una persona para que pueda responder por sí misma y no tenga que ser llevada al ‘Torito’”, reiteró.

Finalmente, Aguilar Osorio comentó que espera que en la próxima sesión ordinaria de Cabildo ya haya avances sobre este proyecto en torno a los lineamientos jurídicos y se apruebe la puesta en marcha del programa.

Cabe decir que la insistencia en que se reinicien los operativos de alcoholimetría por parte de Jorge Aguilar Osorio tiene su origen desde su paso por la administración municipal de Julián Ricalde Magaña (donde se puso en marcha el primer programa) y de la cual él formó parte (2011-2013).

Hoy, como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, además de que una de sus funciones es atender la política interna del municipio, por reglamentación la dirección de Tránsito le rinde cuentas a través del secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito, José Pablo Mathey Cruz; asimismo, bajo sus órdenes se encuentra la dirección de Juzgados Cívicos que dirige el expresidente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Eduardo Pacho Gallegos y la misma dirección del Centro Municipal de Sanciones Administrativas (‘Torito’) a cargo de Miguel Arturo Ibarra Martínez.

Además, en su oficina se han centrado las negociaciones con los propietarios de las diversas empresas de grúas que participarán en el operativo para establecer un monto único por el arrastre de los vehículos, aunque de este tema nadie quiere hablar debido a que se trata de una lucrativa activad que dejaría millonarias ganancias para todos los involucrados, ya que se cobrarían de cuatro y hasta siete mil pesos sólo por el arrastre, además de los días de estadía en el corralón.

Lineamientos nacionales que no son tomados en cuenta

A nivel nacional existe un protocolo para la implementación de puntos de alcoholimetría elaborado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra) que se puede descargar en este link https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/737219/Protocolo_AEA_2022.pdf, en donde se puede conocer la forma correcta para la implementación de un retén.

Ahí se puntualiza la existencia de una Norma Oficial Mexicana, NOM-214/1-SCFI-2018, que valida los instrumentos de medición de alcohol y métodos de prueba.

También se explica que debe haber lineamientos para la implementación del programa, mismos que deben hacerse públicos, lo que en el caso de Benito Juárez hasta el momento no se ha realizado.

En esos lineamientos se debe explicar lo que implica el programa, sus acciones y componentes, así como significado de cada uno, tanto de forma coloquial como jurídicamente.

Se establece que instancias como la Contraloría y Transparencia están facultadas para inspeccionar el buen desarrollo de este programa en los puntos de revisión, realizando las observaciones que vea pertinentes, las cuales hará del conocimiento al Secretario de Seguridad Pública Municipal, con copia a su Director de Tránsito, así como también al Secretario del Ayuntamiento y Director de Jueces Calificadores

De igual forma, se deja en claro que estos operativos deben hacerse en todo momento bajo la observación y apego a los Derechos Humanos, lo cual será ineludible y de alta responsabilidad para todo personal que intervenga en dicho programa.

Programa requiere transparencia total

En la antesala de la implementación del alcoholímetro bajo nuevos lineamientos, el gobierno municipal de Benito Juárez, a través del Cabildo, ha limitado la información y ha sembrado más dudas en torno a dicho programa, pues hasta el momento carece de un documento que sea público en donde se expongan los lineamientos para su operatividad, como existe en ciudades como Monterrey y Ciudad de México en donde también se hacen.

El Despertador de Quintana Roo acudió a la sala de regidores en busca de información, pero los asistentes de los concejales afirmaron que estaban ocupados atendiendo los pendientes para la celebración del 53 aniversario de Cancún y que además, el tema del alcoholímetro ya estaba en revisión y no había nada nuevo al respecto, más lo que ya se ha difundido.

Sin embargo, una fuente de ahí mismo reveló que existe alguna discrepancia entre varios regidores por la forma en que se quiere instaurar el programa, ya que consideran que hay presión desde la Secretaría General del Ayuntamiento para que se apruebe lo antes posible.

Lo anterior, a pesar de que todavía no existe un protocolo para la implementación de puntos de control de alcoholimetría y tampoco se ha definido el tema de las multas.

Es decir, no hay claridad en torno a lo que podría hacer diferente este programa del anterior, en donde la violación a los derechos humanos y garantías individuales fue la constante porque se trataba a los infractores como delincuentes al ser esposados y exhibidos públicamente, además de que todo el tiempo fue considerado un programa eminentemente recaudatorio y no con vocación social.

El abogado Carlos Grajales Betancourt, presidente de Legem Abogados Colegiados S.C., considera que el hecho de que en el operativo le quiten a una persona sus pertenencias y sea subida a una patrulla con las manos esposadas podría ser considerado una privación ilegal de la libertad e incluso desaparición forzada, pues además reiteró que se trata de una falta administrativa y no un delito.

Sostuvo que el programa de alcoholímetro es una buena intención pero que ha sido mal aplicada, pues recordó que desde su implementación en el año 2012 siempre se ha visto como una forma de negocio, tanto para particulares como para el gobierno.

Dirección de Tránsito, de las más corrompidas

Sin capacitación adicional ni la integración de más personas que de alguna manera permitan que la ciudadanía tenga más confianza en el programa de alcoholimetría, serán los mismos elementos de vialidad que han estado en otros años los que operen los retenes, una vez que se autorice su funcionamiento.

Lo grave de ello es que son policías de Tránsito, una dependencia constantemente señalada por actos de corrupción, de lo cual son frecuentes las evidencias gracias a las redes sociales, donde son exhibidos a través de videos y fotografías en los cuales se les ha visto recibiendo dinero de automovilistas para no ser infraccionados.

En un operativo realizado el pasado 3 de abril, llevaron al corralón más de 40 motocicletas de trabajadores de la industria turística, quienes las dejaban afuera del hospital del IMSS de la avenida López Portillo con Kabah para tomar su transporte de personal y luego, al regresar de sus labores, poder volver a casa.

Eso les costó muchos miles de pesos a los afectados, pues hubo motos que se dañaron en el trayecto al ser trasladadas por entre tres y cuatro grúas, que las llevaron hacinadas en sus plataformas; sin embargo, a cada una le cobraron un servicio de arrastre individual.

“Sabemos que tristemente la Dirección de Tránsito está plagada de gente que pide dinero a sus subalternos y las pruebas ahí están, para que tengan una moto los elementos tienen que pagar, para una patrulla lo mismo, hay dos cuotas diarias y eso es sabido por todos y no se puede tapar el sol con un dedo y en ese contexto, el director de la misma dependencia será el jefe de los del alcoholímetro y éstos tendrán que reportarle”, denunció el abogado Carlos Grajales en reciente entrevista con El Despertador de Quintana Roo.

Y ante el temor de que nuevamente se cometan irregularidades, los ciudadanos ya se prepararan y ha cundido en redes sociales la conformación anticipada de grupos de avisos sobre la implementación de los operativos de alcoholímetro, destinados a tratar de evadirlos, en muchos casos no precisamente por haber consumido alcohol, sino por lo riesgoso que resulta para cualquier conductor caer en manos de los elementos de Tránsito, quienes además suelen recurrir a “trampas” en las inmediaciones de los retenes y perseguir a los ciudadanos que se han percatado de la cercanía de un operativo e intentan alejarse, para llevarlos hasta allí.

Empresarios y AC piden transparencia

Ricardo Hernández, coordinador de la agrupación Regidor 16, reconoció que la información que ha proporcionado el Cabildo de Benito Juárez ha sido limitada y lo único que saben del tema del alcoholímetro es lo que los medios de comunicación han difundido al respecto, “es decir, que se está en espera de la elaboración y aprobación de la reglamentación para poder operar y regresarlo”, comentó.

En ese sentido, hizo un exhorto para que haya más información y que en caso de aprobarse el reinicio de los operativos, éstos sean con el espíritu con el que ha sido pensado no sólo en Cancún, sino en otras ciudades de país, como una medida de prevención de accidentes y de vigilancia del orden cívico y no como un método extorsivo de parte de policías y quizás también de parte de jueces cívicos.

“Nosotros vemos con buenos ojos esta propuesta de creación de un comité ciudadano, aunque todavía no queda bien clara la figura en donde se pueda tener observancia de parte de organismos civiles y de especializados en la materia para ver cómo se aplica y desenvuelve el programa en general”, indicó.

También explicó que se carece de información de las pipetas y/o equipos que se utilizarán y ante ello, pidió al municipio que si se van a hacer adquisiciones, que sean apegadas a las buenas prácticas recomendadas por organismos que llevan años en esto, es decir, que se lancen licitaciones públicas, que se eviten las adjudicaciones directas e incluso las invitaciones por otras personas para evitar discrecionalidad en la elección de las empresas.

“Es decir, pedimos que todo sea transparente y que la empresa que cumpla, sea elegida por el comité de licitaciones del municipio”, acotó.

Finalmente, aprovechó para hacer un exhorto para que no sólo se quede en esta medida el combate al consumo y abuso de sustancias alcohólicas, sino que más bien se busque generar programas integrales en un estado y en una ciudad en donde la prevalencia de alcohol es superior a otros lugares de la república, según lo reportado por el Inegi.

“Ojalá y el Ayuntamiento esté evaluando incluso el tema de los establecimientos irregulares que se abren y actualmente operan en diferentes puntos de la ciudad como en zonas irregulares, en donde no deberían de tener ni siquiera licencia de funcionamiento”, denunció.

Por su parte, Sergio León Cervantes, dirigente de Empresarios Por Quintana Roo, sostuvo que este tipo de programas son muy importantes, al considerarse un asunto de seguridad y prevención.

Sin embargo, dijo que para que haya un mejor funcionamiento es necesario trabajar con la tecnología; es decir, que los elementos tengan los equipos que les permita hacer bien su trabajo y que, desde luego, se vigile su funcionamiento para evitar actos de corrupción.

“Tenemos un modelo como Regidor 16 que funciona desde hace muchos años y ellos deberían de estar ahí, ojalá y ahora tengan la oportunidad de hacerlo o que haya apertura a más organizaciones civiles y a los mismos empresarios para ver que operen bien dicho programa”, comentó.

*** RECUADRO ***

Protocolo para la Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría, desarrollado por el STCONAPRA

Dónde SÍ se deben instalar:

* Puntos detectados como riesgosos

* Altos índices de accidentes

* Altos índices delictivos

* Vías iluminadas

* Vías con alta afluencia vehicular

* Vías de paso (vías primarias, ejes viales)

Dónde NO se deben instalar los puntos:

* Calles o caminos oscuros

* Vías con matorrales espesos

* Vías con orillas altas y curvas cerradas

* Vías con pendientes pronunciadas

* Rutas con varias entradas y salidas de vehículos

* Pasos a desnivel, glorietas

* Salidas de vehículos de emergencia

* Rutas de acceso o de evacuación

* Terminales eléctricas

* Tomas de agua

* No haya recepción de señal para utilización de los equipos de comunicación o para consulta de bases de datos

* No ubicarlos frente a los establecimientos de consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

* Según información del propio Ayuntamiento, el alcoholímetro en Cancún será aplicado en un horario de 8 de la noche a las 00 horas y de 1 a 4 de la madrugada.

* Los parámetros para considerar la ingesta de alcohol partirán desde los .25 a .40 grados.

* El Centro de Retención Municipal de Cancún, conocido como “El Torito” tendrá una “celda exclusiva” para aquellas personas que no pasen las pruebas del programa alcoholímetro.

*****

Dudas que quedan en el aire

* Hasta el momento las autoridades no han informado qué empresa será la proveedora de las pipetas y/o equipos que se utilizarán para las pruebas de alcoholimetría, ni el presupuesto que se ha destinado a ello.

* Se desconoce aún la participación de los jueces cívicos, si estarán presentes en los retenes o únicamente estarán en su oficina esperando la recepción de los detenidos.

* Persisten dudas en torno al tema de las multas y las otras opciones que tendrán las personas en caso de salir positivos en una prueba de alcoholemia.

* Se desconoce cuál será el tabulador para las empresas de grúas que hagan el arrastre de los vehículos a su corralón.

* No se ha informado el procedimiento para la participación ciudadana, es decir, que haya personas civiles como observadores para buscar que el programa opere en cumplimiento de la legalidad.

* Falta definir la instancia a la que podrán acudir los ciudadanos en caso de algún abuso a sus derechos humanos o la comisión de algún acto excesivo por parte del operativo o de los agentes de tránsito.