Quienes festinan la decisión de la “Tremenda Corte” de  considerar inconstitucionales las reformas a la legislación electoral, están adelantando vísperas. La carta decisiva se jugará en las elecciones del 2024, donde el oficialismo  pondrá enfrente del electorado, como enemigo a vencer, la corrupción de gran parte del poder judicial. La propuesta electoral seguramente será la intención de transformarlo, al lograr que el voto ciudadano decida su integración.

¿Pero cuan alejada de la Constitución estará esa propuesta?

Nuestra Carta Magna en su Artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Lo anterior a despecho de quienes quisieran sustituir este amplio concepto, del latín “populus”, y que sirve para designar al conjunto de habitantes de una región o país sin distinción de edades, por el de “ciudadanos”, del latín “civitas”, que significa ciudad, y a quienes se les atribuye un conjunto de derechos y deberes a los que deben sujetarse en su relación con la sociedad. A simple vista se denota que el primer término  implica la relación con un lugar geográfico, en nuestro caso México, mientras que el segundo es una “categoría” que implica normas que regulan la relación entre los seres humanos.

Desde luego que el pensamiento “conservador”, con el tinte clasista que lo caracteriza, con obstinación se resiste a reconocer la igualdad  de todos los que forman parte de la nación. Rechazan la denominación que emplea la Constitución, empleando la de ciudadanos para tratar de restringir el concepto de “soberanía”; claro que su ideal es limitarlo más aún, hasta únicamente considerar a las élites económicas, intelectuales, políticas e incluso raciales y allí es donde emplean el término “sociedad civil”.

De igual manera, y sin pretender presumir de “constitucionalistas”, es conveniente citar el Artículo 41 que establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y el Artículo 49 que nos recuerda que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los dos primeros electos en procesos democráticos y el Judicial mediante formas complicadas que omiten la directa participación popular.

Pero en cuestiones de falta de legitimidad, no podemos dejar de mencionar a los llamados “Organismos Constitucionales Autónomos” que brotaron en nuestro país a partir de la década del 90 del siglo pasado, como puntas de lanza del modelo neoliberal y cuyo objetivo es limitar la acción de los Poderes constitucionales. Entre otros podemos citar el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que han servido de muros de contención para proteger el modelo establecido.

¿Pero porque insistimos en recurrir a nuestra Constitución y a conceptos de sentido común adornados con “latinajos”? La razón estriba en la discusión que se presenta, a partir de la sugerencia del Presidente de la República de democratizar nuestra vida pública. Al grito de “el poder judicial no se toca”, que en sentido estricto significa que sus prebendas deben respetarse al igual que el manejo perverso de la justicia por parte de jueces, magistrados y ministros prevaricadores, se critica la intención de regresar a los tiempos de la república restaurada, en los que dicho poder era electo con el voto ciudadano.

A final de cuentas los artículos constitucionales citados expresan que la soberanía popular se ejerce por medio de los poderes de la unión. ¿Pero hasta qué punto se cumple este principio si uno de los poderes, el Judicial, así como los Organismos Autónomos carecen de la validación del “soberano” que es el pueblo? La resolución del diferendo tendrá que darse, como dijimos al principio, con la renovación del Poder Legislativo, dependiendo de la opinión que tengan los mexicanos de la actuación de quienes ahora se están portando como un Supremo Poder Conservador.