Inacción cómplice: revocación de concesión en punto muerto; incumple CAPA con entrega de reporte a Comisión Especial del Congreso; Jorge Ballesteros, dueño de la empresa, cortado con la misma tijera que Germán Larrea “el Rey del Cobre”

SALVADOR CANTO

A pesar de que la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., instaurada en el Congreso del Estado, le había dado de plazo hasta el 30 de septiembre a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para emitir un informe pormenorizado en torno al cumplimiento de cláusulas del contrato de Aguakan, su titular, incumplió con el reporte,sumándose a los anteriores titulares de la dependencia que con su inacción se han convertido en cómplices de los abusosde dicha empresa,propiedad de Jorge Ballesteros Zavala.

No obstante que el tema de Aguakan es un asunto que debeser prioridad para las autoridades, luego de que hace más de un año se llevó a cabola consulta ciudadana para determinar la revocación del contrato otorgado a Aguakan para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado que resultó vinculante en los municipios de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez, hasta ahora las instancias involucradas se “echan labolita” porque saben que no es nada fácil enfrentar a empresarios tan poderososy no han podido darle cumplimiento al reclamo de la gente por la inexistente reglamentación respecto a qué autoridad le corresponde cumplir con el mandato ciudadano.

Y es quedesde la propia XVII Legislatura le dan vueltas al asunto y persisten en acusar a las autoridades del pasado que le otorgaron la ampliación de la concesión a dicha empresa hasta el año 2053, señalando además que directivos de CAPA en otros periodosomitieron poner en orden a Aguakan, que lleva años abusando de los ciudadanos no solo con elevadas tarifas y un pésimo servicio, sino con entregarles agua clorada que no es apta para consumo humano y que vende como potable.

Diputados consultados por El Despertador de Quintana Roorefieren que el tema de Aguakan es muy complejo y muy difícilmente se le podrá retirar la concesión, al menos durante la actual legislatura, pues a pesar de que toda la infraestructura que utiliza esa empresa para la prestación del servicio en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, además de Solidaridad que ya fue incluido dentro de la ampliación del contrato vigente hasta el 2053, argumentan que el Estado, a través de CAPA,no tiene la capacidad técnica ni operativa para asumir esa responsabilidad.

Es de aclararse que el agua que comercializa –y no que “produce”– la empresa, un recurso natural propiedad de todos los mexicanos, corre de manera natural por una red de ríos subterráneos en la Península de Yucatán con una dirección general desde el oeste (Mérida) hacia el este (Quintana Roo), donde es captada en pozos, que en el caso de la que llega a Cancún se ubican en los ejidos de Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario, desde donde son llevados hasta la ciudad por una red de tuberías y nos la venden carísima tan solo por conducirla, clorarla y rebombearla hasta las casas a través de lo que Aguakan denomina “su” red, cuando en realidad se trata de una red pública.

Retraso de informe, por problemas técnicos: Humberto Aldana

En reciente entrevista con El Despertador de Quintana Roo, el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y de la Comisión Transitoria Especial, Humberto Aldana Navarro, afirmó que ese reporte sería fundamental para estar en condiciones de dar una postura oficial y que los Ayuntamientos hagan lo propio respecto al tema de Aguakan y confirmó que el plazo previsto para su entrega era el 30 de septiembre.

Sin embargo, en días pasados el mismo diputado reveló que CAPA no ha entregado dicho informe debido a que no lo ha concluido y argumentó “problemas técnicos”.

Pero realmente lo que están haciendo es posponer el reporte, en un claro acto de proteccionismo hacia dicha empresa que a raíz de la Consulta Popular ha multiplicado su presencia mediáticapromoviendosupuestas “mejoras” en las instalaciones, como una manera de justificar gastos y tratar de convencera la opinión pública de que sí está invirtiendo en infraestructura, a pesar de que el servicio y la calidad del agua, que es lo más importa, siguen siendo pésimos.

El retraso en la presentación del informe por parte de CAPA pone una vez más de manifiesto el escaso interés de las autoridades para proceder en contra la concesionaria, a la que evidentemente están protegiendo.

Por esa razón no puede hablarse de avances en los procedimientos legales que deberían de emprenderse o seguirse desde los Ayuntamientos o municipios en donde resultó vinculante la Consulta Pública de 2022 –Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos–, que derivó en la exigencia de rescindirle el contrato a la compañía de Jorge Eduardo Ballesteros, que opera a través de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).

Actualmente los gobiernos municipales donde opera Aguakan han atendido el tema en sesiones de sus respectivos cabildos, como el caso de Benito Juárez, en donde incluso ya se dio a conocer que está en estudio legal la forma correcta para poder proceder contra la concesionaria.

Mil 80 millones de pesos pagó Aguakan para ampliar concesión

Uno de los negocios más redituables en Quintana Roo es sin duda el que posee Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), empresa que en el año 2014 obtuvo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, del Congreso estatal y de los cabildos involucrados, la renovación anticipada de la concesión que inicialmente vencía este 2023 pero se la ampliaron hasta el año 2053, abarcando ya no solo Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, sino también Solidaridad.

Lo anterior, mediante el pago único de mil 80 millones de pesos que ingresaron a las arcas de la CAPApero que de forma inmediata fue absorbido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entonces a cargo de Juan Pablo Guillermo Molina, dependencia que al final desapareció dicho recurso.

Este acuerdo fue establecido mediante el decreto 250 de la decimocuarta Legislatura, en el que se prorrogó y amplió la concesión de los sistemas de agua potable de Cancún –que en aquel entonces abarcaba también Puerto Morelos–, Isla Mujeres y Solidaridad a Aguakan y en donde se autorizó al entonces gobernador Roberto Borge Angulo, a los alcaldes de Benito Juárez, Paul Michell Carrillo de Cáceres, al isleño Agapito Magaña Sánchez y al solidarense José Mauricio Góngora Escalante, suscribir un convenio modificatorio segundo al título de concesión del 20 de octubre de 1993, otorgado en favor de DHC.

Cabe señalar que, a casi 10 años de distancia, se desconoce el destino de ese multimillonario ingreso, que no figuró en las cuentas públicas de 2014 del Poder Ejecutivo y de la CAPA, ni fue considerado en la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015.

Abusos persistentes y afectaciones a la salud pública

Las inconformidades y protestas ciudadanas que se han generado en los últimos meses en contra de la empresa Aguakan por su pésimo servicio, pero sobre todo por la mala calidad del agua que surte, la cual no es apta para consumo humano, se han mantenido y aunque en menor escala, sigue siendo evidente el enojo ciudadano contra la compañía, que pese a todo goza de impunidad absoluta.

Los mismos vicios exhibidos durante años, una y otra vez, persisten: tuberías que solo bombean aire pero que es contabilizadocomo agua por los medidores, presión insuficiente que deja sin líquido a fraccionamientos enteros y a pesar de ello, los recibos siguen llegando con cobros estratosféricos.

A estas denuncias ciudadanas se suma una más, de gran preocupación por tratarse de un tema de salud pública, hecha recientemente por vecinos del fraccionamiento San Antonio en la región 93, quienes se quejan por un gigantesco cementerio de tubos de asbesto, propiedad de Aguakan, que ha ido en crecimiento desde hace 30 años en un área que originalmente estaba destinada para uso común de la unidad habitacional y que hoy está enfermando a sus familias.

Los afectados mostraron a representantes de medios informativos que, en ese terreno, Aguakan almacena cientos de tubos de diferentes tamaños fabricados con ese peligroso material, descontinuado desde hace 25 años por ser altamente dañino para las vías respiratorias y considerado un generador de cáncer, e incluso le atribuyen el fallecimiento de dos vecinos del lugar, a quienes, aseguran, en estudios médicos les fue detectado asbesto en los pulmones.

Ante esta situación, piden a las autoridades que exijan a dicha empresa el retiro de todos esos tubos, pero hasta el cierre de la edición afirman que ninguna instancia ha atendido su denuncia.

Existen formas legales para no pagar altos costos

De acuerdo con abogados del Corporativo de Servicios Integrales, es cosa de todos los días escuchar que a alguien le llegó un recibo para el pago del servicio de agua potable con importes muy elevados, en la mayoría de los casos sin ninguna justificación que amerite el cobro.

Sin embargo, afirman que la mayoría de los afectados desconocen qué hacer en estos casos, y generalmente acuden ante Aguakan para resolver su problemática; no obstante, esta tarda en darles una respuesta y casi siempre se limitan a confirmar el importe a pagar, o les ofrecen firmar convenios de pago, sin analizar si es o no justo el cobro facturado, por lo que al final el consumidor solo pierde su tiempo.

Ante ello, los usuarios cansados por la falta de respuestaterminan acudiendo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde presentan su queja en busca de resolver la situación del cobro excesivo; sin embargo, el proceso es muy tardado, pues puede durar de 10 a 11 mesesy rara vez se logra la conciliación o un resultado favorable, por lo que la misma situación termina en el mismo punto que cuando se inició el proceso, el cobro excesivo sigue vigentey el usuario perdió la oportunidad de interponer medios de defensa ante las instancias correspondientes.

Los abogados indican que lo recomendable es acudir a una instancia administrativa, pues a partir de que se emite el recibo del servicio de aguase cuenta solamente con 15 días para que hacer valer los derechos como usuario, e interponer un Recurso de Revisión de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, ante el mismo Organismo Operador (Aguakan), o en su caso, entablar un Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 100 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, ante la Sala Unitaria en turno del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo.

Si no se hace en ese plazose convierte en un acto consentido, es decir, ya no se va a poder promover algún medio de defensa y, por tanto, se tendrá que pagar el importe que determinó Aguakan, aun cuando su determinación sea improcedente.

“Si alguien quiere asesoría, puede comunicarse al 9988873745 o enviar un mensaje de Whatsapp”, invitaron.

Grupo Mexicano de Desarrollo y Grupo México, igual de impunes

Con nombres similares, pero con propietarios diferentes, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) de Jorge Eduardo Ballesteros, dueño de Aguakan y Grupo México (GM) del magnate Germán Larrea Mota Velasco, mejor conocido como “El Rey del Cobre”, tienen algo en común: la impunidad sobre sus negocios y el abuso sistemático en contra de la gente.

Mientras los tentáculos económicos y políticos del dueño del Grupo México se extienden por todo el territorio nacional con ferrocarriles, carreteras, minas, petróleo, agua, energéticas y hasta cines (Cinemex) que en Quintana Roo cuenta con salas en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Chetumal, un emporio construido a la sombra del poder político y que lo tiene encumbrado como el segundo hombre más rico del país, de acuerdo con la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, elGrupo Mexicano de Desarrollo que tiene el 50.1% de Aguakan –ya que el otro 49.9% de acciones lo tiene GBM Hidráulica–, se encuentran bajouna protección absoluta en la entidad, a pesar de los constantes abusos en el suministro del agua.

Incluso, en ambos casos los empresarios y sus negocios comparten sendas demandas hasta por afectaciones ambientales que no han sido atendidas por las autoridades.

En el caso de Germán Larrea, algunas de sus empresas se han visto involucradas en temas de contaminación generada por sus minas como la de hace nueve años con el derrame tóxico de sulfato de cobre acidulado sobre el río de Sonora, que ha provocado que muchas personas se enfermen.

Mientras que las empresas de Ballesteros, como es el caso de Aguakan, también tienen demandas por derrames de aguas residuales en el desbordamiento de sus plantas de tratamiento sin que haya respuesta de las autoridades.

Aguakan admite que, si le retiran concesión, se van a la quiebra

A través de un documento inscrito por GBM Hidráulica en la Bolsa Mexicana de Valores (MBV) denominado Programa Revolvente de Certificados Bursátiles de Largo Plazo, inscrito por 3 mil millones de pesos, que se puede consultar en el link https://www.bmv.com.mx/docs-pub/prospect/DHIC-prosp10-04122015-092452-1.PDF, Aguakan reconoce que existe una dependencia de la concesión, su vigencia y su terminación anticipada al título de concesión.

En dicho documento se establece que el activo intangible más importante de la compañía y sus subsidiarias es la concesión que tiene actualmente Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad y que sin esta concesión no se podría seguir operando como hasta ahora.

“En la medida en que no se ha revocada o rescindida la concesión, o no nos sea prorrogada, no podremos realizar nuestra principal actividad y por lo tanto podemos vernos en la imposibilidad de cumplir nuestros compromisos financieros de pago”, se indica.

Además, dejan en claro que una de las formas para perder esos beneficios es una expropiación por parte del Gobierno Federal o del gobierno del estado de Quintana Roo por causas ajenas a DHC Aguakan.

“Si llegara a darse el supuesto de expropiación tanto el Gobierno Federal como el gobierno del estado de Quintana Roo pudiera dar por terminada la concesión por causas de utilidad pública o de seguridad nacional, dicho rescate se realizaría otorgando una indemnización a la compañía como concesionaria de la concesión”.

Y añaden: “estamos concentrados en un solo segmento del negocio y zona geográfica y actualmente operamos solo en los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres y Solidaridad, por lo que cualquier afectación a estos dos rubros, podría tener repercusiones significativas en nuestros resultados”.

Aguakan podría ser el Talón de Aquiles de Ballesteros, porque ahora las quejas no solo son por cobros injustos o mal servicio, además se le está acusa de verter aguas negras y contaminar los mantos freáticos.

Se han realizado marchas de protesta en contra de la empresa y clausuras reales y simbólicas de sus instalaciones, y aunque se han sumado a estos actos candidatos a puestos de representación popular, pero una vez que son presidentes municipales o diputados, el tema desaparece de su radar.

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¿Quién es Jorge Eduardo Ballesteros Zavala?

Empresario propietario de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada, es quien a través de Aguakan opera el suministro de agua potable y alcantarillado en los principales destinos turísticos de Quintana Roo desde 1993, en la época de privatización del salinismo.

Dicha concesión, hecha mediante una Asociación en Participación, fue otorgada por el gobierno de Mario Villanueva Madrid, la cual vencía este 2023, pero en 2014 obtuvo unaampliacióndel título de concesión hasta el año 2053.

La familia Ballesteros siempre ha estado en el negocio del turismo de la mano del gobierno en turno: participó en Mexicana de Aviación, la construcción y operación de la Autopista del Sol y otras carreteras más en Veracruz y el Estado de México, tiene desarrollos turísticos en Cancún, Isla Mujeres y Acapulco y también participaron en el desarrollo urbano de Punta Diamante y el aeropuerto de Palenque, entre otras.