El paro laboral dentro del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional se debe a la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Federal. Según los mandos políticos, esta reforma es un esfuerzo de actualización funcional y estructural del Poder Judicial, surgido dentro del mismo y consolidado en legitimidad democrática gracias al consenso inédito de los tres Poderes de la Unión. El objetivo es atender realmente los aspectos que necesitaban ser cambiados, no solo desde el punto de vista del cumplimiento de la labor judicial en los distintos ámbitos en los que opera, sino también a través de un proceso honesto de análisis y generación de propuestas en beneficio de todos los mexicanos.

Desde el interior del Poder Judicial de la Federación surgió la iniciativa de una “Reforma del Poder Judicial con el Poder Judicial”, una reforma profunda que planteó la necesidad de realizar modificaciones a la Constitución Federal y a diversas leyes que regulan la estructura y facultades del Poder Judicial.

El objetivo es la concreción de un Poder Judicial Federal más eficiente, más cercano a las personas y más profesional, lo que generará una mejor justicia para el país. Así, se marca un antes y un después en la labor judicial en México, ya que las distintas modificaciones, redefiniciones y adecuaciones que forman parte de la reforma la convierten en la transformación más importante del Poder Judicial de la Federación en los últimos 25 años.

¿Por qué tanto furor por este cambio? Se debe principalmente a las elecciones por voto popular de Ministros, Magistrados y Jueces. En 2025 se realizaría una elección extraordinaria para renovarlos a todos. Quienes actualmente ocupen estos cargos podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. Desde un punto de vista jurídico, esto representa un gran retroceso en los avances que se han logrado a lo largo de estos años.

Para entender mejor este controvertido hecho, es necesario explicar la integración de los tres poderes de la República: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, los cuales existen tanto a nivel federal como local. Esto es importante porque, cuando una autoridad local del estado (como un ministerio público adscrito a la fiscalía del estado, un policía de tránsito, o cualquier servidor público adscrito a alguna dependencia de gobierno) realiza un acto que podría afectar a los ciudadanos, ya sea por no brindar un servicio público, por actos de corrupción, negligencia o arbitrariedad, los ciudadanos tienen la opción de proteger sus derechos a través del Poder Judicial de la Federación. Gracias al recurso conocido como amparo, es posible combatir contra estos actos u omisiones de las autoridades que pueden perjudicarnos. Es el Poder Judicial quien juzga a estas mismas autoridades cuando cometen actos violatorios contra los derechos humanos.

No obstante, esto no significa que todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean perfectos ni que siempre realicen bien su trabajo, ya que, como toda institución humana, también presenta fallas. Sin embargo, la principal tarea del PJF es cuidar la Constitución de nuestra nación y garantizar los derechos humanos de las personas, las cuales, como se mencionó anteriormente, a menudo son agraviadas por las instituciones locales debido a la falta de capacitación o simplemente por negligencia.

Dr. Carlos Alberto Grajales Betancourt.

Presidente de Legem Abogados Colegiados A.C.

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