La tradición cultural del Día de Muertos o de Fieles Difuntos persiste y crece, así como el número de fallecidos como consecuencia de la inseguridad, del fortalecimiento del crimen organizado y de la fallida política de «abrazos, no balazos»

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

Desde finales de octubre y hasta el 2 de noviembre, México se llena de altares, catrinas y ofrendas, donde los difuntos son bienvenidos y venerados en una de las festividades más importantes del país, el Día de Muertos. Esta tradición tiene su origen hace más de 500 años, en la fusión de las costumbres de la cultura prehispánica con la católica.

Es decir, se trata de una celebración profundamente arraigada en la cultura de México, país que, lamentablemente, en los últimos años ha sido marcado por la violencia provocada por el narcotráfico. La realidad de las ejecuciones y la creciente inseguridad se han convertido en parte de la vida cotidiana, reflejándose también en Quintana Roo, donde, desafortunadamente, todos los días parecen ser un «Día de Muertos», con personas que pierden la vida tanto en la zona sur como en el centro y más en la parte norte de la entidad.

Estos problemas vienen arrastrándose desde administraciones pasadas, pero empeoraron durante el gobierno de Carlos Joaquín González, según cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto ha hecho que, hoy en día, esta celebración esté teñida de un duelo más profundo. 

Por ello, en muchas viviendas de los 11 municipios del estado, las ofrendas, que tradicionalmente incluyen dulces, comida, adornos, fotografías y objetos de los fallecidos, ahora también son un recordatorio de vidas truncadas por la violencia del narcotráfico y otros conflictos. Incluso, en algunos casos, las familias ni siquiera saben dónde están sus parientes, si están vivos o muertos, ya que forman parte de la extensa lista de personas desaparecidas.

Este contexto refleja la dualidad del Día de Muertos en un estado que, mientras celebra la vida y la memoria en un ambiente cultural y de tradición, también enfrenta la cruda realidad de la violencia que arrebata vidas, desgarra familias y se ha convertido en una industria multimillonaria. Esta industria, que gira en torno al dolor por la pérdida de un ser querido, se presta a la complicidad, el abuso y la corrupción.

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo presenta esta semana un análisis de la situación actual, con el objetivo de visibilizar cómo la celebración de la muerte en estas fechas tan significativas se entrelaza con el clamor por justicia y la esperanza de un futuro en paz.

Ignorar estos temas no va a hacer que no existan o desaparezcan, pues la tradición cultural del Día de Muertos o de Fieles Difuntos persiste y crece, así como el número de fallecidos como consecuencia de la inseguridad, del fortalecimiento del crimen organizado y de la fallida política de «abrazos, no balazos».

Desaparecidos, la incertidumbre de “celebrar” si están vivos o muertos

El fenómeno de las personas desaparecidas se ha convertido en una crisis a nivel nacional y en Quintana Roo la situación ha empeorado. Lo que comenzó con pocos casos en las zonas turísticas, principalmente en Cancún, se ha extendido a toda la geografía estatal, incluidas las comunidades mayas, donde antes esto no ocurría.

Según cifras oficiales, en 2020 se registraron 76 casos de personas desaparecidas; en 2021, la cifra subió a 127; en 2022, se triplicó a 497; para 2023, hubo una disminución a 383; y hasta agosto de 2024, se han reportado 472 casos. Es importante destacar que, de cada cuatro delitos, tres no son denunciados, por lo que las cifras reales podrían ser aún mayores.

Para los diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Cancún, como Madres Buscadoras de Quintana Roo y Verdad, Memoria y Justicia, la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido es una agonía constante. “Es terrible no saber nada de nuestros hijos desaparecidos. Poner su foto en un altar es un recordatorio de la grave situación de inseguridad que vivimos. No sabemos si están vivos o muertos, esa es la realidad”, afirmó una de las madres buscadoras consultadas por el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo.

Urgente concretar una oficina de registro de desaparecidos 

María López Urbina, comisionada de Búsqueda de Personas en Quintana Roo, confirmó que en lo que va del presente año, se ha reportado la desaparición de más de 700 personas en la entidad, por lo que es urgente que se establezca una oficina de registro de desaparecidos y familiares buscadores para tener un parámetro de comparación e identificación.

La idea de ello es aligerar las pruebas de ADN y ayudar a descongestionar más el saturado Semefo, además de que abona a una mejor atención a los diversos colectivos de madres buscadoras y familiares.

Apenas el mes pasado, los gobiernos federal y estatal realizaron la primera toma de muestra genéticas a familiares de personas desaparecidas para integrarlas a una base de datos para acelerar la identificación de cuerpos, pero fue un proceso que duró apenas 48 horas, es decir, dos días que fueron insuficientes por tantas personas desaparecidas que existe.

Diputado federal del PAN alza la voz por Quintana Roo

En medio de un panorama de ejecuciones, extorsiones, asaltos y tiroteos en supermercados y playas, que se han convertido en el día a día en Cancún, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Sánchez Rodríguez, ha propuesto declarar al Caribe Mexicano como una “zona de emergencia”.

“¿De qué sirve que venga Omar García Harfuch a hablar de seguridad si en Quintana Roo hay un desmedido número de robos en la zona hotelera y un conflicto de movilidad que nadie quiere resolver? Todo va de la mano del crimen organizado”, señaló el diputado.

El panista se refirió a las recientes persecuciones y balaceras, como la ocurrida en un supermercado de Cancún, donde resultaron heridos dos niños, ante la impunidad con la que operan los delincuentes. “Por eso estamos proponiendo la instalación urgente de un gabinete de seguridad alterno para la zona de Cancún y el refuerzo del presupuesto de la Fiscalía estatal. El objetivo es aplicar una política de cero tolerancia a los criminales y brindar más oportunidades de denuncia oportuna a los habitantes y turistas”, destacó.

Cuerpos sin identificar prolongan la angustia de familiares

La falta de equipos y de un programa efectivo para la identificación de más de 700 cadáveres que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en el área de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) prolonga la angustia de decenas de familias. Estas personas buscan desesperadamente a sus seres queridos, incluso «debajo de las piedras», sin saber si alguno de los cuerpos bajo custodia de las autoridades pudiera pertenecerles.

La crisis forense es un problema a nivel nacional que ha persistido durante varios sexenios. Sin embargo, en el caso de Quintana Roo, se ha agravado desde la administración pasada. La FGE ha puesto más obstáculos que soluciones en el proceso de identificación de los cadáveres. Un ejemplo de esta situación es el Panteón Forense, ubicado en un predio al final del fraccionamiento Cielo Nuevo, en la supermanzana 255. A pesar de llevar dos años en funcionamiento, aún cuenta con decenas de gavetas sin utilizar.

Las pocas gavetas que contienen cuerpos tienen en la tapa un número relacionado con la carpeta de investigación, pero muchas más permanecen vacías. Esto no se debe a la falta de cadáveres, sino a que la FGE no ha implementado mecanismos claros que permitan liberar el área de almacenamiento de cuerpos en el Semefo.

Tráiler frigorífico para cadáveres, una infamia 

Desde tiempos de la pandemia por COVID-19, en la administración de Carlos Joaquín González, la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) renta un tráiler con caja frigorífica para el depósito de cuerpos de los pacientes recién fallecidos, debido a que la cámara de refrigeración del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún sigue sin ser reparada.

Esta acción representa una infamia para las decenas de familias que ya de por sí enfrentan momentos difíciles ante el fallecimiento de un ser querido, sobre todo porque al momento del trámite para la entrega del cuerpo todo el proceso se realiza al aire libre, expuestos prácticamente de manera pública y ante los agentes de diversas empresas funerarias que merodean el nosocomio como buitres, en franco hostigamiento a las familias y sin respetar su dolor por la pérdida de un ser querido, buscando vender sus paquetes mortuorios al mayor costo posible.

Se pudo conocer que la Sesa no asignó, al menos para este ejercicio fiscal del 2024, presupuesto para la reparación de la cámara frigorífica, por lo que si acaso sería hasta el próximo año cuando se solucione este problema y, por lo tanto, la caja del tráiler se seguirá usando como almacén de cadáveres. 

Administración de Carlos Joaquín permitió aumento de violencia

Durante casi cinco años, la administración estatal de Carlos Joaquín González acumuló un total de 208 mil 583 delitos y dos mil 682 homicidios dolosos, además de una crisis en materia de desaparición de personas y conflictos con colectivos de madres buscadoras.

El dúo de seguridad formado por Óscar Montes de Oca Rosales en la Fiscalía General del Estado (FGE) y Jesús Alberto Capella Ibarra en la Secretaría de Seguridad Pública colapsó la seguridad en la entidad, permitiendo que diversos grupos criminales, que ya tenían presencia en las ciudades turísticas, se expandieran hacia la zona maya, donde la violencia ha seguido aumentando.

Durante esa administración, Quintana Roo alcanzó cifras históricas de homicidios, lo que convirtió a Cancún y la Riviera Maya en destinos inseguros. Desde 2019, Montes de Oca y Capella manipularon las cifras de homicidios dolosos enviadas al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, pues aproximadamente la mitad de los homicidios reales se reportaban como suicidios o muertes accidentales.

El portal de noticias Cambio 22 denunció recientemente que, según los informes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la gestión de Montes de Oca se iniciaron seis mil 514 querellas por homicidio, de las cuales dos mil 865 fueron ejecuciones adjudicadas al crimen organizado. En sus cuatro años y medio al frente de la FGE se abrieron 318 mil 698 carpetas de investigación por diversos delitos, incluyendo homicidios de menores, mujeres, empresarios, comerciantes, policías, periodistas y turistas, tanto nacionales como extranjeros.

Por su parte, Alberto Capella Ibarra fue criticado por corrupción, ineficiencias y represión durante su mandato como secretario de Seguridad. Enfrentó acusaciones de violencia policial y presunta responsabilidad en varios conflictos. Irónicamente, Capella Ibarra, quien ahora reside en Tijuana, anunció hace unos días en redes sociales que promueve la formación de un nuevo partido político llamado PapPaz, cuyo objetivo principal es –según él– combatir la violencia en el país.

Día de Muertos: tradición más viva que nunca

El Día de Muertos es una tradición que refleja la idiosincrasia festiva del mexicano, donde se honra a los familiares fallecidos mediante altares u ofrendas en sus tumbas o en los hogares.

Según el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, y el 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, los adultos.

En la visión indígena, el Día de los Muertos representa el tránsito de las ánimas, que regresan para convivir con los vivos y compartir los alimentos ofrecidos en los altares. En la época prehispánica, el culto a la muerte era central en la cultura: los cuerpos se envolvían en petates y los familiares organizaban una fiesta para guiar el alma hacia el Mictlán.

Esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, incluye danzas y cánticos que representan el ciclo de la vida y la muerte, visitas a los cementerios para decorar sepulcros y la creación de “calaveras literarias”, versos satíricos que comentan aspectos de personajes o acontecimientos de interés general.

Panteones saturados y abandonados por mala planeación

Cancún cuenta con tres panteones municipales administrados por la Operadora de Bienes Municipales (Opabiem): Los Álamos, Los Olivos y el Parque Funerario.

El panteón Los Álamos, el más antiguo, se ubica sobre la avenida José López Portillo. Muchas de sus aproximadamente 500 tumbas, que datan de los años 80, están en abandono, y se ha reportado que algunas personas lo utilizan para realizar brujería, dejando objetos como guantes y zapatos.

El camposanto Los Olivos, en la región 99, cerca del Cereso, es el más grande, e incluso cuenta con tres fosas comunes donde se depositan cuerpos no identificados. En imágenes aéreas obtenidas por el dron de El Despertador de Quintana Roo, se asemeja a un fraccionamiento popular, dividido en cuadras con calles, senderos y áreas verdes. Allí solo se permite enterrar a personas cuyos familiares ya tengan un espacio en una tumba y estén al corriente en los pagos municipales, que van de 15 mil a 20 mil pesos por perpetuidad, además de una cuota de dos mil 100 pesos cada seis años. Sin embargo, pueden verse decenas tumbas abiertas, con cajas y restos óseos expuestos, y en otras han crecido árboles y están cubiertas de maleza y basura.

También se encuentra el Parque Funerario, en la región 106, atrás de Tierra Maya y con acceso del lado del arco Vial, que comenzó a operar en el 2020 con una especie de criptas verticales y en donde el primer cuerpo que depositaron ahí fue el del señor René Dorantes González el 1 de abril de ese año, según consta en el libro de registros y a quien sus familiares tienen en el olvido, por la condición en la que se encuentra la gaveta.

Desde que empezó a operar, este espacio funerario ya alberga poco más de mil 800 cuerpos y al día recibe, en promedio de cuatro a cinco cadáveres, por lo que las autoridades ya comenzaron a hacerle ampliaciones, pues se trata de un predio de cuatro hectáreas, del que ya se ha ocupado una y media.

El dolor ajeno por la muerte, negocio de algunos vivos

La pérdida de un ser querido no solo representa un dolor sentimental, sino también un fuerte golpe económico para las familias que atraviesan esta situación, debido a los altos costos que implica un funeral. A esto se suma la corrupción que existe entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y diversos “coyotes” de funerarias, quienes se aprovechan del dolor ajeno para convertir ese momento de tristeza en un lucrativo negocio.

El mercado de servicios funerarios en Quintana Roo ha crecido en los últimos años debido al aumento de fallecimientos por diversas circunstancias. Se estima que hay al menos 48 empresas funerarias, de las cuales el 70% operan en Cancún y el 30% restante en otros municipios. Se ha denunciado que varias de estas empresas funcionan de manera irregular, al carecer de permisos necesarios, como los sanitarios, para el manejo de cuerpos, ya sea para embalsamamiento o cremación.

La FGE ha sido señalada por permitir la operación de mafias funerarias, ya que desde las agencias ministeriales se facilita la labor de intermediarios que presionan a las familias para que adquieran los paquetes funerarios que ellos ofrecen.

En Cancún, los costos de un funeral varían entre 20 mil y 45 mil pesos para un paquete básico, según cifras de algunas funerarias privadas. Por otro lado, en la funeraria municipal, operada por la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem), los paquetes de sepultura y velación con ataúd, sin bóveda, oscilan entre 12 mil y 20 mil pesos, dependiendo del modelo y tamaño del féretro. La velación y cremación con urna cuesta aproximadamente 25 mil pesos, según los precios de 2024.

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Apuntes de El Despertador de Quintana Roo

En el contexto de la vida diaria, donde las ejecuciones ocurren todos los días y a todas horas y por eso se hace referencia de que diario es Día de Muertos, es imperante que el gobierno implemente medidas integrales que aborden las causas profundas de la violencia y fortalezcan la seguridad y la justicia. Por ello, se propone:

Fortalecer la seguridad

1.- Incrementar la presencia policial en zonas de alto riesgo.

2.- Mejorar la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad.

3.- Establecer patrullas conjuntas entre policías estatales y federales.

Combatir la corrupción

1.- Implementar políticas de transparencia y rendición de cuentas.

2.- Establecer un sistema de denuncia y seguimiento de casos de corrupción.

3.- Sancionar severamente a funcionarios corruptos.

Atender causas sociales

1.- Invertir en educación y empleo para jóvenes en zonas vulnerables.

2.- Implementar programas de prevención de adicciones y salud mental.

3.- Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Mejorar la justicia

1.- Fortalecer el sistema de justicia penal.

2.- Incrementar la eficiencia en la investigación y persecución de delitos.

3.- Establecer programas de rehabilitación para reclusos.

Coordinación interinstitucional

1.- Establecer un comité interinstitucional para coordinar esfuerzos.

2.- Fomentar la colaboración entre autoridades estatales y federales.

3.- Compartir información y recursos.

Participación ciudadana

1.- Fomentar la participación ciudadana en la prevención de la violencia.

2.- Establecer programas de educación y conciencia sobre seguridad.

3.- Crear mecanismos de denuncia y seguimiento de casos.