Problemas prioritarios de seguridad, salud, ambientales, sociales y económicos han permanecido estancados y agravándose durante décadas, sin que las secretarías de Gobierno en cada sexenio ni los ayuntamientos correspondientes hayan tomado medidas concluyentes para solucionarlos

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

Desde hace más de dos décadas, en Quintana Roo persiste una amplia agenda de temas pendientes y prioritarios que, de ser atendidos con oportunidad y eficacia, contribuirían a resolver algunos de los problemas graves actuales, como los ambientales, de salud, seguridad e incluso económicos, que permanecen estancados como prueba de la indiferencia política, la omisión y, en muchos casos, la impunidad y la corrupción de gobiernos anteriores.

Es evidente que su falta de resolución ha sido producto de la carencia de verdaderas políticas públicas que atiendan sus causas y consecuencias, lo que además refleja que ha habido y todavía existen funcionarios de gabinete cuya falta de capacidad y elevado ego les ha impedido desempeñar adecuadamente sus funciones, quedando lejos de estar a la altura de una entidad pujante y demandante.

Sin embargo, debe señalarse que el origen de esta inacción es de nivel federal, por la falta de congruencia y comunicación por parte de algunos de los servidores públicos, que parecen no comprender la importancia de abordar de manera concluyente los temas prioritarios del país. En vez de resolver de raíz las diversas problemáticas, como la seguridad, mantienen políticas como la de “abrazos y no balazos”, limitándose a atender solo aquello que no les genera mayores conflictos o aquello que el “pueblo sabio y bueno” aprueba.

Por ejemplo, a nivel nacional se habla de democracia del pueblo y para el pueblo, pero, por otro lado, no se combate de manera definitiva el cobro de derecho de piso a los productores de limón y aguacate en Michoacán, actividad controlada desde hace más de una década por el crimen organizado, algo que es sabido por todos y ha sido largamente denunciado y que, junto con el constante aumento del precio de la gasolina, encarece el transporte y, en consecuencia, la distribución de productos en los mercados nacionales, afectando al consumidor final.

Cabe destacar que México posee una ubicación geográfica privilegiada en el mundo, con salida al mar Caribe, Golfo de México, océano Atlántico y océano Pacífico, así como una riqueza natural incomparable que incluye arrecifes como el Mesoamericano —el segundo más grande del mundo— y Alacranes, además de importantes reservas naturales como Vizcaíno y el Caribe Mexicano. Lamentablemente, estas áreas se han deteriorado debido a acciones sesgadas que han permitido su sobreexplotación, incrementando cada vez más la afectación ambiental.

Además, el país cuenta con zonas petroleras, dos grandes penínsulas —Baja California y Yucatán—, así como numerosas islas que forman parte fundamental de los destinos turísticos de sol y playa, lo que coloca a México en una posición privilegiada a nivel mundial.

De allí, por tanto, la urgencia de atender estos temas prioritarios que han carecido de interés por parte de los gobiernos, los cuales han convertido las políticas públicas en actos de autoritarismo disfrazados de obras gubernamentales, como señala el escritor y consultor Julio Franco Corzo en su libro Diseño de Políticas Públicas.

En este reportaje, el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo presenta un listado claro de temas prioritarios que deberían figurar en la agenda pública estatal, pero que durante décadas no han sido resueltos de manera definitiva, pues su atención ha sido superficial, lo que ha permitido que los problemas continúen creciendo.

Basureros: violación flagrante a norma ambiental 

A pesar de que la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083-Semarnat-2003 establece especificaciones para la protección ambiental en la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, regulando la operación de rellenos sanitarios y prohibiendo los basureros a cielo abierto, esta sigue siendo una problemática significativa en la agenda pública, pues las autoridades han intervenido de manera temporal, implementando soluciones paliativas sin abordar de fondo la protección del manto acuífero, que cada vez sufre mayor contaminación.

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo ha documentado que los once municipios de la entidad incumplen las leyes ambientales, y la actuación de las autoridades en esta materia es prácticamente inexistente.

Los casos más graves se encuentran en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum, Cozumel, Othón P. Blanco, José María Morelos, Bacalar y Puerto Morelos. En este último, a pesar de que no cuenta con un basurero propio, las autoridades municipales habilitaron un depósito a cielo abierto en la Ruta de los Cenotes, aunque la mayor parte de los residuos son enviados al basurero que Cancún comparte con Isla Mujeres en la zona de El Ramal Norte.

El relleno sanitario en esta última ubicación cumple medianamente con las normas, pues a pasar de que es de los pocos que tienen su geomembrana instalada correctamente, está ubicado en una zona de captación de agua y la filtración de lixiviados es inevitable, como también ocurre en otros rellenos sanitarios ya clausurados.

Un ejemplo crítico es el basurero de Kantunilkín, que el gobierno de Nivardo Mena Villanueva tuvo que declarar en emergencia sanitaria debido a las pésimas condiciones en que la administración saliente de Emir Bellos lo dejó.

En todos los casos se evidencia la omisión de dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente (Sema) y la Procuraduría de Protección Ambiental (PPA) a nivel estatal, así como de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) a nivel federal, pues estas instancias son las responsables de exigir a los Ayuntamientos el cumplimiento de las leyes ambientales.

Seguridad y justicia, talón de Aquiles durante años

A pesar de los esfuerzos e inversiones en tecnología, la seguridad pública y la impartición de justicia siguen siendo algunos de los problemas más prolongados en Quintana Roo, pues las acciones implementadas han sido superficiales y no concluyentes para lograr la tan anhelada pacificación.

Prueba de esto es que, durante la administración estatal pasada, se incrementaron los homicidios, robos a negocios y viviendas, extorsiones y múltiples delitos tanto del orden federal como del fuero común en los once municipios, especialmente en la zona norte del estado.

La política federal de “abrazos, no balazos” ha dificultado la pacificación de México, ya que la ley no se aplica de manera enérgica contra los delincuentes. En consecuencia, grupos criminales han encontrado en entidades como Quintana Roo puntos específicos para establecer sus operaciones, como ocurre en Tulum, actualmente considerado el epicentro del crimen organizado en el estado, pues desde allí se coordina gran parte de los delitos que ocurren tanto en la zona sur como en la zona norte, tal como se publicó en un reportaje de marzo, disponible en este enlace: https://acortar.link/siVSrk.

Uno de los focos de esta problemática es la zona costera. En un trabajo presentado por El Despertador de Quintana Roo el 12 de octubre, titulado Costas, flanco débil de seguridad, se expuso que la Zona Federal Marítimo Terrestre de Quintana Roo sufre de anarquía debido a la falta de un plan de seguridad integral que aborde sus diversas problemáticas, en particular la creciente criminalidad, que afecta negativamente la imagen de los destinos turísticos de la entidad, como se detalla en este enlace: https://acortar.link/Is8YnG. Tres días después, el gobierno federal presentó en Cancún la Estrategia Nacional de Seguridad, en un acto encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. (https://acortar.link/4BCviK).

Poder Judicial, con vicios que complican la impartición de justicia

A nivel federal y local, los Poderes Judiciales enfrentan una encrucijada en cuanto a su eficacia: el primero se encuentra en un proceso de cambio con la modificación de la Reforma Judicial, mientras que el segundo sigue enfrentando acusaciones de que “desde arriba” se dictan instrucciones a magistrados y jueces sobre cómo deben actuar.

La ineficiencia en el Poder Judicial es evidente, especialmente en la impartición de justicia, que no es ni pronta ni expedita, y mucho menos gratuita, como lo establece la Constitución. El Despertador de Quintana Roo presentó recientemente un trabajo periodístico al respecto, que se puede consultar aquí: https://acortar.link/oCjyST.

Además, múltiples reportes señalan que desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado se dictan directrices a jueces y magistrados, lo cual dificulta aún más la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.

La reciente reforma al Poder Judicial y la renuncia masiva de ocho ministros de la Corte muestran con contundencia que la democracia en el país está gravemente afectada debido a la falta de una impartición de justicia clara.

Lo más preocupante es que, ni a nivel local ni federal, el órgano rector encargado de regular el desempeño de jueces y magistrados —el Consejo de la Judicatura— parece cumplir con su función de asegurar que los servidores públicos actúen conforme a la ley.

Servicios públicos deficientes que empeoran 

En cada municipio de la entidad se reportan serios problemas en alumbrado público, pavimentación de calles, recolección de basura y otros servicios, que cada administración gestiona de acuerdo con su propia conveniencia e intereses. 

En la mayoría de los Ayuntamientos se ha optado por concesionar los servicios básicos, como la recolección de basura, el agua potable y el alumbrado, lo que ha convertido a los municipios en entes meramente recaudatorios.

En Puerto Morelos, el gobierno de Blanca Merari Tziu ha sido severamente cuestionado, desde la administración anterior que encabezó, en torno a la pavimentación y los programas de bacheo. Los habitantes acusan que se emplean materiales de baja calidad y que las reparaciones se realizan incorrectamente, lo que provoca que tras las primeras lluvias los baches reaparezcan aún más grandes. 

Situaciones similares se presentan en Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, con el añadido de un deficiente servicio de alumbrado público.

Anarquía enquistada en el transporte 

Diversas instituciones encargadas de la regulación del transporte en la entidad, como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en su momento, y actualmente el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), no han logrado poner orden en un sector que ha afectado incluso la imagen turística del estado, particularmente por las agresiones entre taxistas y operadores de plataformas digitales.

En municipios como Cancún la anarquía en el transporte público es evidente, y en algunos aspectos ha empeorado, pues se permite que las combis de Transporte Terrestre Estatal (TTE) sean los vehículos automotores que más accidentes provoquen; no existen paraderos suficientes, las empresas incumplen con los términos de las concesiones, no cuentan con limitadores de velocidad, no respetan las rutas establecidas y se tolera la invasión de cientos de mototaxis en la ciudad, como ocurre en prácticamente todos los municipios.

El desorden en el transporte afecta a toda la entidad, desde la zona sur hasta la zona norte, pero es en Cancún, la ciudad más grande del estado, donde más se acentúa esta problemática. El Despertador de Quintana Roo ha expuesto este problema en varios reportajes, el más reciente titulado Caos vial y riesgo permanente, que puede consultarse aquí: https://acortar.link/1RmKpX. 

Este trabajo señala la urgencia de atender las problemáticas de movilidad y reordenamiento vial en Cancún, cuyo crecimiento constante requiere mejoras cruciales para la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

Asimismo, se expone que a cuatro años de que venza la prórroga de diez años concedida en 2018 por la administración de Remberto Estrada, las empresas con permisos municipales que operan las 36 rutas establecidas —Autocar S.A. de C.V., Turicun S.A. de C.V., Sociedad Cooperativa de Transporte del Ejido Alfredo Vladimir Bonfil S. de R.L. de C.V., y la Sociedad Cooperativa de Transporte Maya Caribe S. de R.L. de C.V.— siguen incumpliendo con la mayoría de los acuerdos a los que se comprometieron a cambio de extender sus concesiones, incluyendo la interconexión Wi-Fi y los gobernadores de velocidad.

Desorden en el AIC daña la imagen turística

Desde 1998 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida por Carlos Ruiz Sacristán en el gobierno de Ernesto Zedillo, otorgó la concesión del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). Desde entonces, ASUR ha estado a cargo de la terminal aérea, aunque la autoridad mantiene una presencia permanente de hasta un 50% de los bienes, según consta en el documento oficial.

A pesar de ser la puerta de entrada para miles de turistas y contar con presencia de autoridades federales, como la Guardia Nacional —que sustituyó a la hoy extinta Policía Federal—, persisten graves problemas de inseguridad y transporte. A 25 años de la concesión, el AIC se ha convertido en un lugar caótico, como se detalla en un reportaje de El Despertador de Quintana Roo publicado el 27 de febrero de 2022, disponible aquí: https://acortar.link/78wGDw. 

El reportaje expone que la terminal enfrenta problemas como el constante trasiego de drogas, tráfico de indocumentados, robo de equipajes, irregularidades en los filtros migratorios y un incremento del transporte irregular y pirata en sus tres terminales operativas. Todo ello refleja el amplio abanico de corrupción e impunidad en el segundo aeropuerto más importante de México, después del de la Ciudad de México.

Además, en 2022, la administración federal fue exhibida por el grupo de activistas “Hacktivistas Guacamaya”, quienes hackearon la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelando correos electrónicos que evidencian la falta de personal castrense en puntos estratégicos de la terminal aérea, como el área de aduanas (https://acortar.link/7DDucO).

Este tema debe considerarse entre la agenda prioritaria, ya que los problemas en el AIC siguen aumentando y las soluciones son pocas, afectando la imagen turística del Caribe Mexicano.

Carencia de rastros pone en riesgo la salud pública

Cuatro de los once municipios de Quintana Roo cuentan con rastros municipales: Cozumel, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, 

aunque en condiciones desfavorables y sin la vigilancia sanitaria adecuada. Otros municipios como Isla Mujeres, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar y Benito Juárez carecen de ellos, a pesar de su importancia turística y el riesgo de salud pública que esto representa para sus habitantes.

En el caso de Cancún, la Operadora de Bienes Municipales (Opabiem) ordenó el cierre del rastro municipal en febrero de 2023 debido a la falta de higiene y al descontrol en el consumo de carne (https://acortar.link/qqVGQx). A casi dos años de esta decisión, no se ha presentado un plan ni proyecto sólido para establecer un nuevo rastro, lo cual ha favorecido el crecimiento de la matanza clandestina de ganado y cerdos. Además, se ha incrementado el traslado de carne sin supervisión sanitaria desde Tizimín, Yucatán.

Es fundamental que las autoridades consideren este tema como una prioridad en la agenda pública para proteger la salud de la población.

Zona Hotelera de Cancún, a punto de reventar

La zona hotelera de Cancún enfrenta graves problemas en la infraestructura de servicios de drenaje, agua y energía eléctrica, derivados en gran parte de las más de 45,000 habitaciones distribuidas en los 187 hoteles que conforman el principal destino turístico de México. Esta sobredensificación preocupa a los hoteleros, quienes han solicitado que no se autorice la construcción de más habitaciones, como las del proyecto «Península Cancún» en el área de Pok Ta Pok.

Recientemente, el Gobierno del Estado asumió la responsabilidad del mantenimiento de la zona hotelera, en sustitución del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), heredando una infraestructura en caos, con plantas de tratamiento de aguas residuales obsoletas.

Es urgente que las autoridades tomen medidas decisivas para atender la zona hotelera, considerada la “gallina de los huevos de oro”, pues su colapso podría acelerarse sin una intervención concluyente. En abril pasado, El Despertador de Quintana Roo compartió el sentir de la ciudadanía en el reportaje Sí a la consolidación: lectores  (https://acortar.link/RV7kxE), que coincidió con un reportaje sobre el 54 aniversario de Cancún. Ambos textos enfatizan que se debe consolidar lo existente y resolver la problemática actual, en lugar de continuar permitiendo un crecimiento desmedido que solo agrave la situación.

Pésimo estado de carreteras por falta de mantenimiento

El mejoramiento de las carreteras debería ser otra prioridad en la agenda política del gobierno, pues por ellas transitan miles de turistas mensualmente entre los destinos de la zona norte, centro y sur. Sin embargo, en más de una década solo se han atendido superficialmente algunos tramos, mientras que otros han sido severamente dañados por la constante circulación de tráileres, remolques y volquetes que trabajan en las obras del Tren Maya, lo cual ha deteriorado aún más las vialidades y ha incrementado los accidentes.

Un ejemplo emblemático es el llamado «socavón de la vergüenza» en el tramo de la carretera federal Chetumal-Cancún, entre los kilómetros 307+500 y 307+600, a la altura de Puerto Morelos. Este socavón, que no se ha atendido en nueve años, ha sido escenario de numerosos accidentes automovilísticos, algunos con consecuencias trágicas.

En la última década, las carreteras tanto en el sur como en el norte de Quintana Roo han sufrido un deterioro notable. Este tema ya está en discusión en el Congreso del Estado, en la XVIII Legislatura, donde la diputada Euterpe Gutiérrez Valasís, presidenta de la Comisión de Turismo, ha señalado que se busca la intervención federal para rehabilitar estas vías federales con medidas de atención inmediata y soluciones definitivas.

En la zona sur, por ejemplo, existen tramos que requieren reparación urgente, como el trayecto de Bacalar a Buenavista, de Buenavista a Limones, y el tramo gravemente deteriorado de Felipe Carrillo Puerto a Tulum, donde los baches representan un peligro extremo, especialmente en los últimos kilómetros.

Cuestionada eficiencia legislativa por años

Según el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, encabezado por Eduardo Galaviz Ibarra, las últimas cuatro legislaturas —la XIV (2013-2016), la XV (2016-2019), la XVI (2019-2022) y la XVII (2022-2024)— han sido las menos productivas y las más costosas del país. De hecho, entre los tres estados que conforman la península de Yucatán, Quintana Roo es el que más gasta en su Poder Legislativo, superando a Campeche y Yucatán, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar del despilfarro de recursos, su eficiencia legislativa —medida por puntualidad, asistencia, número de iniciativas, leyes presentadas y aprobadas, así como acciones en beneficio del pueblo— ha sido cuestionable. Los legisladores parecen haberse dedicado más a proteger los intereses de su partido y del gobernante en turno que a cumplir con su labor.

Por ejemplo, en la pasada legislatura se burlaron del pueblo en relación con el caso de Aguakan. A pesar de haber hecho el compromiso de revocar la concesión, tal como se expresó en la consulta popular, lo único que hicieron fue eludir el tema. La empresa continúa operando y, de acuerdo con la concesión vigente, lo hará hasta el año 2053, mofándose del gobierno y de los ciudadanos de los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez.

De hecho, en días pasados, el diputado local del Partido del Trabajo Hugo Alday denunció que la consulta popular celebrada en junio de 2021 para decidir la salida o permanencia de Aguakan en cuatro municipios ha prescrito, por lo que ya no tiene la menor validez; mientras tanto, la concesionaria busca “limpiarse la cara” a través de órganos de difusión vinculados a funcionarios públicos –en claro conflicto de interés–, donde mantienen planas enteras de publicidad pagada.

Nuevos funcionarios, sin méritos y con fama publica 

Durante los últimos años, a los cargos públicos del gobierno en turno han llegado funcionarios que han sido cuestionados por sus desempeños en otras administraciones, sin que exista una revisión de los méritos aprobados o reprobados en productividad. Es decir, no se sabe ni siquiera cuál es el perfil de los secretarios ni los motivos de los cambios realizados, como en el caso reciente de Paul Carrillo de Cáceres, quien, como alcalde de Cancún, dejó mucho que desear en sus funciones y ahora ocupa el cargo de titular de la Secretaría de Economía (SEDE) en el actual gobierno, lo que podría afectar la administración estatal.

Lo mismo ocurre con Jorge Aguilar Osorio, quien, a pesar de haber dejado su cargo como Subsecretario de Derechos Humanos al principio de la administración, ahora ha sido nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), donde su inexperiencia podría ocasionarle conflictos al Gobierno del Estado.

En esta misma línea se encuentra María Cristina Torres Gómez, quien, sin méritos relevantes, ocupa la Secretaría de Gobierno. Bajo este cargo no ha sido capaz de dirigir una agenda de temas prioritarios para la entidad, ni ha podido resolver problemas como responsable de la política interna del estado, haciendo recaer todos los problemas en la gobernadora. El desempeño de Torres Gómez es tan cuestionable que su puesto pende de un hilo y podría ser movida en cualquier momento, ya que no ha logrado estar a la altura de lo que requiere Quintana Roo. No establece su agenda, no da entrevistas ni se presenta a tratar temas importantes, evidenciando su falta de fortaleza e incluso su desconocimiento del estado, lo que pone en riesgo al gobierno.

También se encuentra en esta lista de funcionarios sin méritos reales Flavio Carlos Rosado, quien, como titular de la Secretaría de Salud, no ha sabido responder a las políticas públicas en materia de salud establecidas por la gobernadora, cargo al que arribó a pesar de su mediocre desempeño anterior como delegado del IMSS.

Resulta llamativo que las últimas incorporaciones al gobierno actual incluyan a María Hadad Castillo, exdirectora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, y a Issac Janix Alanís como subsecretario de Enlace Interinstitucional, a pesar de que este último atacó duramente a Mara Lezama durante las campañas a la presidencia municipal de Benito Juárez en 2021, llegando a afirmar públicamente que la metería a la cárcel.

Mara Lezama, trabajo con compromiso y transparencia

Con un trabajo 24/7 al que se comprometió desde que asumió el cargo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa es la única que ha entendido la gran responsabilidad de atender y resolver los problemas que enfrenta diariamente Quintana Roo. Ha sabido dar la cara en momentos importantes y ha coordinado esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, en cada tormenta o amenaza de huracán ha estado al frente de los operativos, entendiendo que gobernar implica un compromiso permanente y cumplir con los acuerdos establecidos.

Es de destacarse que por primera vez en la historia de Quintana Roo la Auditoría Superior de la Federación informó que esta entidad tiene cero observaciones en el uso de los recursos públicos, lo que significa que cada peso ha sido destinado a donde realmente debe estar, con total transparencia y compromiso con el bienestar, así como con la participación y vigilancia de los quintanarroenses.

“Seguimos avanzando en un gobierno honesto y de cuentas claras. Con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, aseguramos que los recursos del pueblo sean siempre para el pueblo, porque sin corrupción, el dinero alcanza para más”, afirmó la mandataria en un mensaje en sus redes sociales.

Diferencias entre políticas de Estado, de gobierno y políticas públicas

El escritor y consultor Julio Franco Corzo, autor de varios libros, entre ellos Diseño de Políticas Públicas, explica que las políticas de Estado son acciones plasmadas en la Constitución, con preceptos claros que trascienden los periodos de gestión de gobierno. Son implementadas únicamente por el Ejecutivo Federal, tienen un alcance general, y su aplicación es nacional, atendiendo materias de tipo estratégico.

Por otro lado, las políticas de gobierno son acciones cotidianas y permanentes que se instrumentan por ramos y competencias administrativas, llevadas a cabo por las dependencias y entidades públicas. Estas políticas presentan características como un sello distintivo de la administración en turno y, en algunos casos, pueden identificarse como acciones discrecionales que carecen de un respaldo técnico y no forman parte de una estrategia específica de gobierno.

Por lo tanto, no se considera una política pública la acción que no toma en cuenta el interés público y que carece de diagnóstico y análisis de factibilidad. Este tipo de acciones tienden a tener múltiples objetivos y, sobre todo, excluyen a la ciudadanía.

Asimismo, tampoco se clasifica como política pública alguna ocurrencia o capricho de los políticos que, aunque a primera vista pudiera parecer razonable, no resiste el escrutinio al analizar sus supuestos y factibilidad.

Así, las verdaderas políticas públicas deben ser tiros de precisión dirigidos a resolver las principales causas de la problemática que se busca solucionar, haciendo el mejor uso posible de los recursos públicos.

“En mi opinión, una acción de gobierno que no busca el interés público o que no está sustentada en un proceso de diagnóstico y análisis no es una política pública; es simplemente un acto de autoridad en un gobierno”, afirma Franco Corzo en el prólogo de su libro.

Es importante que el gobierno de Quintana Roo atienda una agenda de temas prioritarios por varias razones:

• Desarrollo sostenible: Quintana Roo es un destino turístico clave, y manejar adecuadamente temas como el medio ambiente y la infraestructura es crucial para mantener su atractivo a largo plazo.
• Bienestar social: Atender cuestiones como la salud, educación y seguridad ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a reducir la desigualdad.
• Economía local: Priorizar la diversificación económica y el apoyo a pequeñas y medianas empresas puede ayudar a crear empleos y fortalecer la economía regional, especialmente en un contexto de dependencia del turismo.
• Resiliencia ante crisis: Abordar problemas como el cambio climático y la gestión de desastres prepara a la región para enfrentar eventualidades, protegiendo tanto a la población como a la economía.
• Participación ciudadana: Incluir a la comunidad en la toma de decisiones fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad, lo que puede resultar en una mejor implementación de políticas públicas.