Entre enredos, evasivas, contradicciones y opacidad, ninguna autoridad se atreve a dar cumplimiento a la voluntad popular que determinó el retiro de las concesiones otorgadas a la empresa en tres municipios de Quintana Roo

SALVADOR CANTO

Más allá de la indemnización que pudiera representar el retiro de la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) Aguakan en los municipios en donde presta el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el verdadero motivo por el cual es poco probable que pueda proceder, es que durante muchos años los recursos entregados por dicha compañía como contraprestación, y que se mantienen en la opacidad bajo un candado establecido por el Congreso del Estado, sirvieron como una especie de “caja chica” para los gobiernos en turno, carentes de voluntad política para cumplir con la voluntad de los ciudadanos; por el contrario, seguirán condenados a recibir un agua de mala calidad, sometidos a cobros excesivos y a un pésimo servicio.

El maestro en derecho y presidente del Consejo Independiente para la Protección de los Derechos Humanos en Quintana Roo, Roberto Martínez Aragón, expuso que si realmente las autoridades quisieran resolver el tema de Aguakan sin tanto embrollo, un paso importante sería modificar la ley para que se pueda reducir el costo del cobro del servicio del vital líquido, pues recordó que es el mismo Congreso del Estado el que regula las cuotas y tarifas del servicio de agua para toda la entidad.

Y es que a pesar de que la consulta popular que se desarrolló el pasado 5 de junio del 2022, el mismo día de las votaciones para la elección gubernamental y renovación del Congreso estatal, resultó vinculante en tres de los cuatro municipios en donde Aguakan opera para que se le pueda cancelar la concesión vigente, hasta el momento no ha procedido debido a una serie de circunstancias que rebasan incluso hasta el cumplimiento de la ley.

En pocas palabras, dicha consulta popular podría considerarse una completa farsa, que únicamente sirvió como bandera electorera, pues a pesar de que el pueblo decidió la salida de la empresa, ésta continúa en operación e incluso durante los últimos meses ha llevado a cabo labores de remodelación y saneamiento en diversas plantas de tratamiento de aguas residuales, así como ampliaciones en algunas áreas habitadas en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

Cabe recordar que la primera concesión le aseguró el manejo del servicio de agua potable y alcantarillado por un plazo de 30 años en Benito Juárez (incluido en aquel entonces Puerto Morelos) e Isla Mujeres, luego de que se publicó el título respectivo en el Periódico Oficial del Estado el 20 de octubre de 1993.

Pero en 2014, durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), se autorizó el vencimiento anticipado y se le prorrogó la autorización hasta el 31 de diciembre de 2053, incluyéndose ahora también a Solidaridad.

Secretaria de gobierno enreda más el tema

Recientemente la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, hizo unas declaraciones poco claras respecto al tema de la revocación de la concesión de Aguakan, pues aseguró que los ayuntamientos de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos, debieron iniciar procedimientos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para revertir los permisos que tiene dicha empresa y no mediante la Consulta Popular, motivo por el cual no se ha iniciado el proceso de baja debido a que no se consideraron los efectos legales y administrativos que tendrá para el Gobierno de Quintana Roo.

Sostuvo que el problema es que la consulta popular se impulsó como una bandera política, sin cuidar el tema jurídico y en ese contexto, remarcó que hay muchos puntos que no se cubrieron, como la inexistencia de un reglamento sobre la consulta, el tema de la indemnización, la autoridad que debe hacer valer el resultado, el límite para ello, entre otros.

Y agregó: “hay un problema de ejecución del resultado, porque además no se cuenta con una resolución jurisdiccional. Se les pasó a todos, al Ieqroo, al Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas (Sefiplan), a los legisladores”.

Insistió en que los ayuntamientos son los que tendrían que iniciar los trámites de recisión de la concesión, con base en los resultados de la consulta, lo que no significa que lo logren.

Incluso, señaló que tres ayuntamientos buscan revertir los efectos vinculatorios de la consulta ciudadana que anula el contrato del servicio, pero sin embargo, horas después la propia presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, desmintió a Cristina Torres y aseguró que su administración no ha presentado algún recurso legal para permitir la continuidad de la concesión de Aguakan.

La propia alcaldesa isleña reiteró a través de un mensaje a El Despertador de Quintana Roo que es falso que ellos hayan promovido un recurso legal para que Aguakan siga, e incluso destacó que le darán seguimiento puntual a la voluntad popular.

Cabe destacar que Gómez Ricalde es la única alcaldesa que ha aclarado el tema, pues ni Ana Patricia Peralta, de Benito Juárez, ni Blanca Merari Tziu Muñoz de Puerto Morelos  —ambas emanadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acostumbrado a los acuerdos bajo la mesa y a operar para sus propios intereses— han emitido alguna declaración al respecto, lo que deja en tela de juicio la posibilidad de que sí estén a favor de la continuidad de Aguakan en sus municipios.

Por el contrario, en Solidaridad, pese a que los resultados de la consulta no fueron vinculatorios por no alcanzarse el mínimo de votación requerida, la alcaldesa Lili Campos Miranda promovió un recurso para lograr que se revoque allí la anuencia a dicha compañía, pues la mayoría de los votantes se manifestó a favor del retiro de la concesión.

Aguakan ya “amarró” su permanencia

Miembros del Ayuntamiento de Isla Mujeres revelaron a El Despertador de Quintana Roo que antes de las fiestas decembrinas, directivos de la empresa DHC Aguakan acudieron al palacio municipal de la ínsula para sostener una reunión con autoridades locales y que hicieron lo mismo en Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad.

Lo anterior, para informarles sobre las inversiones que han hecho en los últimos años y lo que tienen proyectado hacer durante los siguientes en beneficio de los cuatro municipios.

“Nos dijeron que han colocado poco más de tres mil 500 kilómetros de tuberías, han colocado tres plantas de ósmosis inversa, además de que han habilitado más de 200 pozos de captación”, dijo la fuente consultada.

Sin embargo, planteó que esa presentación fue como una advertencia porque durante la reunión manifestaron que sería lamentable que el tema de la consulta popular procediera, pues al tratarse en gran parte de una inversión de ellos como empresa, estarían en condiciones de cerrar por completo su infraestructura, lo cual evidentemente causaría afectación a los cuatro municipios y en todo caso, la CAPA o alguna otra empresa tendría que invertir en hacer todo lo conducente para poder prestar el servicio.

Es, ante dicha circunstancia, que las autoridades municipales y estatales, incluidos el propio Congreso, han optado por darle largas al tema de proceder a la cancelación de la concesión, pues de hacerlo estarían condenando a prácticamente toda la zona norte del estado a quedarse sin suministro de agua potable.

Por ese motivo es que el tema está en la “congeladora”, pues prácticamente Aguakan, que no solo invierte en su infraestructura, sino también año con año en las campañas electorales, tiene asegurada su permanencia hasta el 2053, luego de que en noviembre de 2014, la XIV Legislatura, de la cual formaba parte la hoy senadora Marybel Villegas Canché, quien años después sería la promotora del retiro de las concesiones, aprobó prorrogar los contratos a Aguakan hasta 2053.

Es de recordar que Aguakan obtuvo la concesión para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado el 1 de enero de 1994, durante la administración de Mario Villanueva Madrid.

El Congreso busca evadir su obligación

Cabe señalar que luego de que el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) confirmó que los resultados de la Consulta Popular eran vinculantes, es decir, se logró el mínimo de votos para que se proceda a darle cumplimiento a la exigencia ciudadana como lo estipula la Ley de Participación en sus diversos artículos, desde la pasada XVI Legislatura hasta la actual, varios diputados han buscado darle largas al tema bajo el argumento de que existen en trámite diversas acciones legales por parte de la empresa Aguakan.

Por ejemplo, Renán Sánchez Tajonar, líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Quintana Roo, en reiteradas ocasiones ha evadido su responsabilidad de dar cumplimiento a la decisión mayoritaria de los habitantes de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, de retirar la concesión a Aguakan.

Incluso ha declarado que son los propios municipios los que deben impulsar el proceso de revocación, pese a que la ley dice otra cosa, en el contexto de que es el mismo Congreso del Estado el que tiene la facultad de retirarle la concesión a una empresa que ha incumplido con sus obligaciones de manera reiterada, pero sobre todo porque así lo determinó el resultado vinculante de la pasada consulta popular.

Otros diputados, como Humberto Aldana, desde un principio —incluso antes de asumir el cargo— han reconocido que retirar la concesión a Aguakan no sería fácil, pues el Estado no tiene los recursos suficientes para el pago de la indemnización que conllevaría, ni tampoco se tiene la capacidad operativa para que la CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado) asuma esa tarea, como la que realiza en los demás municipios en donde no opera Aguakan.

Entre tanto, y como una forma de salir al paso luego del enredo provocado por las declaraciones de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, el también diputado local Ricardo Velazco Rodríguez comentó a El Despertador de Quintana Roo que la Jugocopo determinó la propuesta de crear una comisión especial para hacer una valorización en torno al estado que guarda la concesión, aunque dejó en claro que no hay una fecha determinada para su conformación.

Se pudo conocer que hoy ningún diputado conoce de fondo el contrato y las condiciones de su ampliación hasta el 2053, pues al parecer las anteriores legislaturas establecieron una especie de blindaje hacia dicho documento, en donde se debe especificar la cantidad de recursos que la empresa debe entregar a los municipios y a la propia CAPA como una forma de contraprestación.

Lo único que han podido conocer algunos legisladores es que en esa concesión Aguakan tiene garantizada durante la vigencia de la misma una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12%, siendo la TIR la rentabilidad de una inversión durante la vida de un negocio.

CAPA, sin plan ni recursos para asumir función de Aguakan

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) que actualmente dirige Armando Alberto Covarrubias Cortés, quien durante la administración municipal de Mara Lezama fungió como director de Fiscalización en Benito Juárez, se encuentra aún sin una estrategia para asumir la prestación de los servicios en caso de que se haga valer la ley y se le retire la concesión a Aguakan en Puerto Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad.

De acuerdo con fuentes confiables que laboraron muy de cerca con Gerardo Mora Vallejo, titular de CAPA durante la administración de Carlos Joaquín, prácticamente es imposible que la dependencia de gobierno pueda entrar al quite para brindar el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios en donde Aguakan tiene la concesión.

“La CAPA está técnicamente quebrada, no puede ni siquiera con los servicios en los demás municipios y un ejemplo cercano es Lázaro Cárdenas, particularmente en Holbox en donde todos los días hay problemas con el suministro del líquido, así como con el tema de las aguas residuales”, explicó la fuente consultada.

Recientemente, el titular de la CAPA dio a conocer que se requiere de al menos 32 mil millones de pesos para abatir el rezago en alcantarillado en los municipios donde prestan el servicio.

El titular de la dependencia dijo que ya tienen lista la programación de proyectos para este 2023, por lo que esperan los recursos aprobados por la Federación, pero dejó en claro que suplir el trabajo de Aguakan en los cuatro municipios en donde opera es imposible en estos momentos.

Cabe decir que aunado a todo ello, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado es la dependencia más opaca en lo que respecta a los contratos adjudicados de manera directa durante el 2021, de acuerdo a datos revelados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Existen vías, pero falta voluntad política

Para el maestro en derecho y presidente del Consejo Independiente para la Protección de los Derechos Humanos en Quintana Roo, Roberto Martínez Aragón, el Congreso del Estado debe de ponerse a trabajar y asumir su responsabilidad con el tema de la concesión de Aguakan.

“La verdad que se les está haciendo bolas el engrudo a los diputados porque ellos tienen la solución en sus manos, que es modificar la ley relacionada con el tema de las tarifas de agua potable y con ello ayudarían al pueblo”, explicó.

Sostuvo que urge modificar, adicionar o reformar la ley existente en materia de tarifas para el cobro de agua, pues mes con mes es el mismo Congreso el que establece el costo del agua y no Aguakan.

“Hay que ser realistas, el precio que cobra Aguakan está avalado por el Congreso y entonces, ellos mismos si tuvieran un poquito de voluntad política, la modificarían para que el costo sea menos para los ciudadanos y no habría que estar esperanzados a que le retiren o no la concesión”, explicó.

Insistió en que el tema de Aguakan es más bien un asunto de desinterés político, es decir, “no hay voluntad para que se pueda solucionar”.

Lamentó que en cada proceso electoral —y el pasado no fue la excepción— el tema de Aguakan haya sido utilizado como bandera electorera, sobre todo por políticos que llegan a los cargos para buscar palancas, saltar a otro puesto y atender sólo sus intereses personales y no velar por los del pueblo.

“Tenemos muchos ejemplos de eso y en esta lista están también los representantes de Morena que tristemente llegan a esos cargos mediante algo que ellos mismos critican y pasan de noche, porque no hacen ningún proyecto a favor de la ciudadanía y te puedo dar algunos nombres como el de Alberto Batún que hoy ya es diputado federal y no está haciendo nada, solo tomándose fotos”, acotó.

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• En México, 52% de los ciudadanos no tienen drenaje ni agua constante. La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), posee un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2014, en donde se acordó el pago de una contraprestación por única ocasión de mil 055 millones de pesos por parte de Aguakan.

• Marybel Villegas Canché formó parte de la XIV Legislatura que avaló la ampliación de la concesión de Aguakan, después se arrepintió y como Senadora de la República emprendió una campaña en contra, logrando la recolección de más de 50 mil firmas que permitieron validar la realización de la consulta popular del pasado 5 de junio del 2022, a cargo del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), que tuvo un costo de 10 millones de pesos.