REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN.- La reciente iniciativa presentada en el Congreso del Estado de Quintana Roo por las bancadas de Morena y el Partido Verde, encabezada por la diputada Jissel Castro Marcial –coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)–, fue objeto de críticas por parte de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, debido a su ambigüedad y las posibles implicaciones que podría tener contra la libertad de expresión.

Como se recordará, la iniciativa busca reformar la Constitución del Estado en relación con el derecho a la intimidad personal con una adición a su artículo 13, en la cual se menciona que “todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y a la propia imagen en los términos dispuestos en las leyes aplicables”, y aunque aparentemente destinada a reconocer un derecho humano más, ha encendido las alarmas debido a su potencial interpretación.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra, denunció que la oficina de representación de la XVII Legislatura en Cancún se negó a recibir un documento del organismo relacionado con este tema, lo que calificó como una falta de apertura al diálogo y participación ciudadana por parte de las autoridades legislativas. “Ahora resulta que como ciudadanos no podemos presentar escritos en la oficina de Cancún porque no se los autorizan en Chetumal”, lamentó.

Subrayó que el derecho a la intimidad personal y propia imagen no debe ser utilizado para restringir la libertad de expresión y de prensa y proteger la dignidad de las personas no puede ser motivo para limitar el escrutinio público sobre los servidores públicos y sus acciones.

El presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya instó al Congreso del Estado a reconsiderar la discusión de esta iniciativa, permitiendo la participación de diferentes actores sociales, como barras y colegios de abogados, así como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Es fundamental desarrollar una legislación que proteja la libertad de opinión y el derecho de libre expresión sin menoscabar otros derechos fundamentales, enfatizó.