Prometida para principios de este mes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la declaratoria del Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto abrirá para el gobierno federal entrante un nuevo frente en las tensiones diplomáticas con Estados Unidos

REDACCIÓN

CANCÚN.- La creación del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, se mantiene en compás de espera, en medio de un conflicto internacional entre el gobierno mexicano y la empresa estadounidense Vulcan Materials Company. El proyecto, que pretende declarar área natural protegida una vasta extensión de terreno en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, incluye los terrenos donde se encuentran el puerto de Punta Venado y las canteras de piedra caliza de Sac-Tun, anteriormente conocida como Calica, cuya clausura en mayo de 2022 ha generado una serie de tensiones diplomáticas y disputas legales.

El presidente López Obrador prometió, el 16 de julio pasado, que la declaratoria se concretaría a principios de este mes de septiembre, antes del final de su mandato; dos días después, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció el inicio del proceso de consulta pública para concretarla. 

“Yo no me voy a ir sin resolver el problema y la mejor forma es que se declare como Zona Natural Protegida. Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión”, enfatizó el mandatario, en aquel miomento.

La propuesta abarca 53,227 hectáreas e incluye áreas cruciales para la conservación de ecosistemas de selvas y humedales costeros que albergan más de 1,660 especies de flora y fauna, algunas de las cuales están en peligro de extinción, explicó la dependencia en la justificación del estudio, que estuvo disponible para su consulta pública hasta fines de agosto.

El propio gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha criticado la propuesta, calificándola de «expropiación» y advirtiendo que podría afectar negativamente la relación bilateral entre ambos países, calificándola como un “mal augurio” para las inversiones extranjeras en el país. 

Además, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, liderado por Tim Kaine, ha advertido reiteradamente que tomarán medidas para proteger los intereses de Vulcan. En una carta dirigida en mayo de este año a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, los legisladores expresaron que consideran estas acciones como una «expropiación ilegal» y señalaron que el Gobierno de Estados Unidos emprenderá todas las acciones necesarias para evitar que México se beneficie de lo que llaman un robo de propiedad privada.

Por su parte, la trasnacional mantiene un arbitraje internacional contra México, que data del año 2018, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen, lo que impidió desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en éstos. Posteriormente, añadió a sus reclamos ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una compensación de 1,500 millones de dólares, argumentando que el cierre de la mina, en el 2022, y la propuesta de declarar el área como protegida afectan su inversión de manera injusta. A pesar de las ofertas del gobierno mexicano para comprar los terrenos y detener las operaciones de la mina, Vulcan ha rechazado estas propuestas, manteniendo la disputa en un terreno legal y diplomático complejo.

El gobierno mexicano, por su parte, defiende la clausura de la mina como una medida necesaria para proteger el medio ambiente y revertir los daños causados por la extracción de piedra caliza. López Obrador ha afirmado que el propósito de la declaratoria es preservar el ecosistema de la región y niega que constituya una expropiación.

Este pulso entre México y Vulcan Materials tiene implicaciones más allá de la conservación ambiental. La relación entre ambos países se ha visto afectada, con el riesgo de que las tensiones comerciales y diplomáticas aumenten si no se llega a una solución satisfactoria para ambas partes. La espera continúa, mientras se acerca el final del mandato de López Obrador.