La larga historia de abusos de la concesionaria de agua potable es también una historia de años de opacidad,  connivencia y omisiones entre la empresa, el ógano rector estatal y los gobiernos municipales

SALVADOR CANTO

Por lo menos desde las dos administraciones estatales anteriores, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se convirtió en cómplice de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC o Aguakan), pues no ha hecho cumplir la ley como lo establece el propio contrato de concesión que le da facultades de supervisar y evaluar periódicamente a la empresa que presta el servicio de suministro de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

Pero además, los gobiernos de los mismos cuatro municipios, que cuentan con una representación adentro del Consejo Directivo de la CAPA, que es el órgano rector estatal de inspección hacia dicha compañía, han sido omisos y tolerantes porque han permitido los abusos sistemáticos como el aumento de las tarifas y desde luego un pésimo servicio, al no exigir que se convoque a reuniones como mínimo dos veces al año para hacer la evaluación y verificar el desempeño de Aguakan, conforme a lo plasmado en la concesión vigente hasta el 2053.

Como prueba de dicha complicidad, el más reciente informe de la calificadora Fitch Ratings consultado por El Despertador de Quintana Roo, sostiene que al cierre de 2022, los ingresos por concepto de la contraprestación que le entrega Aguakan a la CAPA, totalizaron en 348 millones de pesos, lo que representa 33.2% de los ingresos operativos, recursos que son entregados de manera trimestral a la paraestatal, cuya relación con dicha empresa continúa intacta pues tienen en proceso el desarrollo del plan quinquenal 2021-2025.

En ese contexto, Humberto Aldana Navarro, diputado de la XVII Legislatura y presidente de la comisión transitoria especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a la concesión de Aguakan, explicó que, por ley, la CAPA es el eje rector para supervisar los trabajos que realiza Aguakan y extrañamente no ha hecho nada en los últimos años, a pesar de que existe un pago por la contraprestación de los servicios.

“Lamentablemente nunca se hizo nada, en las últimas administraciones quienes estuvieron al frente de los gobiernos y en particular quienes manejaron la CAPA no hicieron o más bien no quisieron evaluar a la empresa concesionaria y eso es una omisión”, señaló.

Sostuvo que durante mucho tiempo el servicio de agua que suministra Aguakan además de ser de los más caros del país, no es continuo ni el líquido es purificado, es decir, “actualmente no cumple con los estándares adecuados pues no es potable, asequible y oportuna”, afirmó.

Comentó que si bien lo que se busca es hacer cumplir la voluntad del pueblo establecida en la consulta popular de junio del 2022, en donde se determinó retirarle la concesión a dicha compañía por todo el cúmulo de abusos hacia la ciudadanía, también dejó en claro que las cosas se tienen que hacer bien y si eso implica establecer las responsabilidades relativas, se hará  porque, “esto (permitir los abusos de Aguakan) no se hizo solo y ahí es donde se verá quién tiene la responsabilidad para poder pasarlo al órgano jurisdiccional y en su caso, iniciar con los trámites legales correspondientes”.

Complicidad intacta desde hace varios años

De acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión ampliada hasta el 2053, la CAPA tiene la facultad de revisar y evaluar las condiciones en las que Aguakan opera en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, a través de un Consejo Directivo que preside el gobernador en turno, pero que desde el mandato de Carlos Joaquín González dejó de sesionar y hacer su trabajo.

Incluso, eso lo han dicho las alcaldesas de los municipios donde opera Aguakan y que cuentan con una silla en dicho Consejo Directivo con voz y voto, pues afirman que no han sido convocadas a dichas reuniones y por esa razón es que no existe actualmente un informe pormenorizado de las condiciones en que opera Aguakan y tampoco un balance para saber si lo que han invertido es acorde a lo plasmado en el contrato de concesión.

De hecho, el actual director de la CAPA, Alberto Armando Covarrubias, dio a conocer que desde la administración de Roberto Borge y la de Carlos Joaquín no hubo evaluaciones al desempeño de Aguakan.

Sin embargo, en ambos gobiernos bajo la dirección de Paula González y Gerardo Mora Vallejo respectivamente, CAPA fungió prácticamente como una comparsa de Aguakan, pues la empresa los sometió con los pagos trimestrales de la contraprestación establecida, recursos cuyo paradero se desconoce, aunque se sabe que en algunos casos el dinero era transferido a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), como lo marca la ley hacendaria de Quintana Roo.

Se pudo conocer que la última vez que dicho Consejo sesionó fue para presionar a Aguakan en Puerto Morelos el 30 de diciembre del 2017, cuando Gerardo Mora Vallejo era el titular de la CAPA.

Ahí, Aguakan pagó 2 mil 500 millones de pesos al erario estatal, aunque no se supo el rumbo de ese dinero, pero se permitió que la empresa continuara prestando el servicio en dicho municipio.

Y en ese sometimiento del órgano descentralizado del estado ante Aguakan, otra de las disyuntivas ha sido el tema del costo de los servicios, pues a pesar de que con base en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado debe ser autorizado por el Congreso del Estado a petición de la CAPA, la realidad es que ésta sugiere el aumento mensual conforme a lo que le dicta la propia concesionaria conforme a su conveniencia y eso es lo que se refleja en los altos cobros que se le hacen a los pobladores de los cuatro municipios en donde opera, a pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha hecho referencia de que el costo de estos servicios es muy elevado en esas ciudades de Quintana Roo.

CAPA y Aguakan, “comprometidos”

Un reciente informe de la calificadora Fitch Ratings fechado el 15 de marzo del 2023, consultado por El Despertador de Quintana Roo, establece que para el cierre del 2022 la CAPA recibió 348 millones de pesos como contraprestación de parte de la empresa privada por las concesiones que le fueron otorgadas en los cuatro municipios.

En el apartado de análisis, dicho reporte establece que eso representa 33.2% de los ingresos operativos, además de que parte de esos recursos son entregados de manera trimestral a CAPA.

De igual manera se plasma que la CAPA trabaja junto a Aguakan en el desarrollo de un plan quinquenal 2021-2025, a pesar de que desde hace casi 10 meses los ciudadanos de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad votaron para que se le retire la concesión a la empresa.

Dicho reporte puede ser revisado en el link: https://www.fitchratings.com/research/es/international-public-finance/fitch-affirms-capa-at-bbb-mex-outlook-stable-15-03-2023.

Se indica que durante el período de análisis de 2018 a 2022, la generación de ingresos propios de CAPA fue “adecuada y creciente, por lo que con los recursos de la contraprestación, reducen las aportaciones federales y estatales, con una tasa media anual de crecimiento (TMAC) -11.6%”.

Sin embargo, en ninguna parte del análisis se menciona la decisión de los ciudadanos en la consulta popular para quitarle la concesión a Aguakan, sino que, por el contrario, se habla de la buena relación entre la paraestatal y la empresa privada.

Cabe destacar que en otros informes de la misma calificadora se habla de una contratación de créditos hechos por la CAPA con una banca comercial por 560 millones de pesos en noviembre de 2015, donde el Estado fungió como aval y que dicho financiamiento tuvo como fuente de pago primario los recursos provenientes del pago de la concesión por parte de Aguakan.

CAPA fue omisa con Aguakan: Humberto Aldana

De acuerdo con el diputado ypresidente de la Comisión transitoria especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a la concesión de Aguakan, ya se han sostenido reuniones con algunos Ayuntamientos de los municipios en donde opera dicha empresa como el caso de Benito Juárez, en donde “desafortunadamente no nos pudieron aportar mucha información”.

Añadió que se va a establecer una calendarización con una serie de cuestionamientos que previamente se les enviarán a los Ayuntamientos para que en próximas reuniones ya tengan las respuestas y poder avanzar con la integración de los expedientes que se requieren.

A pregunta concreta sobre la corresponsabilidad que podría tener la CAPA en relación al trabajo que hace Aguakan, el legislador explicó que dicha paraestatal es el eje rector que debe de vigilar el funcionamiento de dicha concesionaria.

“Nunca hizo nada, creemos que quienes estuvieron al frente de los gobiernos anteriores y en particular quienes manejaron CAPA no quisieron o no pudieron llegar al fondo pero tampoco hicieron otras tareas”, acotó.

Insistió que el tema del agua en general es complicado y en lo particular de Aguakan, por falta de un organismo que se hiciera responsable de vigilar que se cumpliera con lo establecido en la concesión; y “en estos momentos las aristas que tiene son bastante complejas, pero lo que sí vamos a llegar, es al punto de determinar qué es lo que se tiene que hacer y hacer el procedimiento que se tiene que seguir para cumplir la voluntad popular”.

Destacó que la idea es retirarle la concesión sin causar un menoscabo en las finanzas, “porque esa es la otra parte; necesitamos tener el diagnóstico real, es decir si Aguakan está cumpliendo o no, cómo funciona en los municipios donde opera para entonces nosotros ver la manera de que atenderlo dentro de la actual Legislatura y revertir la concesión sin que esto sea un daño al erario público, porque la realidad es que si no está justificado de acuerdo al convenio, sería grandísimo el pago que se tendría que hacer”.

De hecho, reveló que en una plática con el síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez, se estableció que en caso de que se le tenga que pagar una indemnización a la empresa, implicaría desembolsar más de la cuarta parte del presupuesto de Benito Juárez como penalidad.

Cabe decir que para el Ejercicio Fiscal 2023, el Cabildo aprobó un presupuesto de egresos por 5 mil 632 millones 16 mil 096 pesos, en concordancia con la Ley de Ingresos ya aprobada por el Congreso del Estado.

Por esa razón, dijo Aldana Navarro en entrevista con El Despertador de Quintana Roo, lo mejor será resolver el tema de la revocación de la concesión a Aguakan desde ese punto de vista y hasta lo que tienen recabado de información hasta el momento, por la vía jurídica porque “al final de cuentas el tema de fondo es ese, es jurídico, tiene que ver con un contrato de concesión, no es un tema de acuerdos, sino de convenios firmados los cuales obligan a ambas partes y también exigen en el tema que es tan delicado que es el del agua, se ponga atención definitiva en los ciudadanos porque además hay clausulas”.

También despejó algunas dudas respecto a las instalaciones que usa Aguakan en lo que respecta al tema de los cárcamos de agua potable, tuberías y plantas de tratamientos de aguas residuales, pues dijo que muchas de ellas son propiedad del estado, pero mientras dicha empresa tenga la concesión, son de ella.

“El retirar la concesión no implicará que Aguakan quite y desmantele todo, sino que esto pasa en automático a bienes del estado; lo que ha invertido Aguakan es suyo, hasta en tanto la concesión esté vigente, cuando ésta concluya esto pasa a ser parte de un bien público, es decir, no se va a poder llevar sus tuberías, sus cárcamos ni nada”, explicó.

Cabildo de Remberto no procedió contra Aguakan

El expresidente municipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, recordó que en el año 2016, durante la administración de Remberto Estrada Barba, cuando él fungió como regidor, hubo una comparecencia de funcionarios de la CAPA y Aguakan luego que la comisión de Obras y Servicios Públicos solicitó un diagnóstico del actuar de la concesionaria y a pesar de que se tomó la decisión de que si la empresa no acataba la ley se revocaría la concesión, cosa que no pasó por falta de apoyo del Cabildo.

Dijo que en aquel entonces “reinaban” las quejas por los cortes que estaba haciendo Aguakan en los servicios de agua potable a los usuarios, lo cual es violatorio a un derecho internacional, además de que la ley de tarifas las realizaban un redondeo de ingresos que no se van a ninguna obra de beneficio a la comunidad, sino que mensualmente se embolsa 300 mil pesos de un dinero mal habido que nadie autorizó y lastima el presupuesto familiar al incrementar un 500% la tarifa de forma arbitraria.

“Ahí el representante de la CAPA dijo que no contaba con una evaluación de los 12 periodos semestrales anteriores, de la forma como se manejó la  distribución del líquido, ni el costo tarifario, de mantenimiento, obras, drenaje y servicio, es decir, dijeron estar en total desinformación”, dijo el exalcalde.

Incluso, recordó que desde entonces los ciudadanos han estado cansados de falacias, promesas incumplidas y demagogia, ya que Aguakan tiene que hacer semestralmente un 11.4% de inversión en mejoras del servicio y no lo hace.

Es de mencionar que las instalaciones que tenía en operación como laboratorio de medidores a la altura del kilómetro cero de la zona hotelera, justo a un costado de la gasolinera que está sobre la avenida Bonampak, se encuentra abandonado desde hace varios meses y aunque trascendió que Fonatur les exigió el predio, Aguakan no ha informado el lugar donde realiza las supuestas evaluaciones de los medidores con los que justifica los abusos a sus consumidores.

Nadie quiere cargar con el costo político

Además de los integrantes de la XVII Legislatura, quienes hasta conformaron una comisión transitoria especial y la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez, que ha sido la única que se ha pronunciado en torno al retiro de la concesión de Aguakan, ninguna otra alcaldesa lo ha hecho, porque no quieren cargar con el costo político que implica ir en contra de dicha empresa. 

La ley de los municipios es clara al explicar en su apartado cuarto de su artículo 184, que las concesiones terminan entre otras cosas por revocación. Asimismo, el artículo 187 refiere en sus apartados segundo y tercero que los Ayuntamientos por conducto del o la presidenta municipal podrán revocar las concesiones si se constata que el servicio se presta en forma distinta a los términos de la concesión y no se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión o se preste irregularmente el servicio concesionado.

Apenas el pasado jueves 4 de mayo, el Cabildo de Isla Mujeres aprobó al síndico municipal, José López García, reanudar un juicio de lesividad que se presentó el 2011 contra la prórroga anticipada que se le otorgó a la empresa Aguakan, luego de que se detectó que la síndico municipal durante la pasada administración encabezada por Juan Carrillo Soberanis se desistió del proceso, sin previa autorización de los regidores.
Allí, la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde reiteró que el ayuntamiento se suma a la decisión de más de cinco mil 800 isleños que rechazan continuar con los servicios de Aguakan.

Por el contrario, hasta el momento ni Ana Patricia Peralta (Benito Juárez), ni Blanca Merari Tziu (Puerto Morelos) ni Lili Campos Miranda (Solidaridad) se han pronunciado al respecto, para hacer que se cumpla el mandato ciudadano de la consulta popular de junio del año pasado.

El Congreso del Estado tiene interés, pero no facultad para la revocar la concesión y eso lo saben bien los diputados, quienes por ello conformaron la comisión para buscar los mecanismos para encontrar el camino legal para seguir con el procedimiento correspondiente.

En medio de todo esto, la senadora Marybel Villegas Canché, quien ha sido una de las promotoras para la recisión del contrato de Aguakan —en el que, como es sabido, ella misma como diputada local votó a su favor para ampliarlo hasta el 2053—, recientemente declaró a medios locales que el tema debe de ser resuelto por los gobiernos estatal y municipales, pero sostuvo que los procesos legales para concretar la decisión de la ciudadanía podrían llevar varios años.

Si bien dijo que ya están todos los elementos jurídicos y depende de las autoridades dar el seguimiento para que, como establece en la Ley de Participación Ciudadana, se inicien los procedimientos para que la empresa deje de prestar el servicio, “es cuestión de voluntad política”.

Promueve IM iniciativa para dar poder a consultas populares

La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, anunció que presentará una iniciativa ante la XVII Legislatura que modifique la Ley de los Municipios para que las consultas populares que resulten vinculantes puedan ser una causal de recisión de diferentes concesiones.
La alcaldesa añadió que esto aplicaría para cualquier tipo de concesión: “puede ser de transporte público, agua potable como Aguakan, de cualquier servicio que deba prestar el Ayuntamiento y que subrogue a una concesionaria” indicó.
Ello, pues al día de hoy la consulta popular no es una causal para una recisión de contrato. “Es importante que las consultas populares no queden en una consulta nada más, sino que también puedan servir como mecanismos legales a favor de los municipios y principalmente a favor de los ciudadanos que están inconformes con los servicios públicos”, precisó.

*** RECUADRO ***

Leyes de agua potable y alcantarillado, letra muerta

Con base en lo establecido dentro de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, existen dependencias e instancias responsables tanto de otorgar como de retirar concesiones en caso de incumplimiento de lo establecido.

En ese contexto, el artículo 121 de la mencionada ley plasma en uno de sus puntos que los Ayuntamientos, previo acuerdo con el Consejo Directivo a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, podrán otorgar la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento que se deban prestar a los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales de cualquiera de los municipios.

En tanto que el artículo 122 indica que son los ayuntamientos los que podrán revocar las concesiones y autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, así como realizar las acciones necesarias para su fiscalización, normatividad, asistencia técnica, evaluación y las demás facultades que acuerde el Consejo Directivo de la Comisión (de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado), en la forma y términos que establecen la presente ley y sus reglamentos.

Mientras que el artículo 127 habla de la recisión o declaración de caducidad de cualquier concesión de bienes por violaciones a los términos de la misma o a la Ley, así como por deficiencia o irregularidades notorias en la prestación del servicio; para lo cual deberá oírse previamente al concesionario.