La suspensión de actividades fue para evitar que instancias federales clausuraran el lugar por insalubre y el consecuente escándalo, revelan matarifes; dudoso que exista un proyecto de remodelación, como afirma el Ayuntamiento

SALVADOR CANTO

Ante las constantes denuncias ciudadanas y una clara evidencia de lo insalubre y el grave riesgo a la salud pública que ha implicado su operación durante muchos años por falta de mantenimiento, además de violación a leyes ambientales, sanitarias e incluso la de Bienestar Animal por la forma tan cruel en la que se sacrificaban a los animales, el gobierno municipal verde ecologista de Benito Juárez determinó desde hace dos semanas suspender actividades en el rastro municipal de Cancún.

Lo grave de ello es que lo hizo sin contar con un proyecto concreto y ni mucho menos un presupuesto establecido para al menos este año, que permita iniciar trabajos de remozamiento de manera urgente.

De hecho, estos trabajos le correspondería hacerlos, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V. (Opabiem) que desde 1993 tiene el control no sólo del rastro, sino de la funeraria y los panteones municipales.

No obstante, desde hace muchos años dicha empresa descentralizada del gobierno municipal atraviesa por serios problemas económicos por malos manejos administrativos.

Con esta abrupta interrupción de operaciones, se dejaron de sacrificar semanalmente al menos 100 reses, 250 cerdos y 100 borregos, cuyo producto era entregado a diversas carnicerías de la ciudad, pero ahora, al no haber esta opción, se desconoce el origen de la carne que las familias están consumiendo.

Incluso, esto podría generar un aumento en la matanza clandestina de estos animales en las periferias de la ciudad sin que exista supervisión sanitaria al respecto, pues traer el producto del rastro más cercano, que sería el municipio de Tizimín, Yucatán, implicaría mayores gastos para los comerciantes y por ende, mayor encarecimiento a los precios de la carne del que ya de por sí se registra debido a la inflación.

Se ha documentado que además del ingreso de carne procedente de rastros certificados de Yucatán que surten a negocios de las cadenas regionales que hay en Quintana Roo, también hay casos de productos irregulares tanto de cerdo como de res que entran de manera clandestina en neveras o bolsas de plástico a bordo de taxis y vehículos particulares todos los días, que son entregados en algunas carnicerías de las regiones, así como en taquerías, en donde los adquieren mucho más barato y por ello es que existe mucha oferta de tacos y tortas con carne de dudosa procedencia.

Durante su primer periodo como presidenta municipal de Benito Juárez, la hoy gobernadora Mara Lezama Espinosa, reconoció que Opabiem ya no es redituable para el ayuntamiento, sobre todo en el caso del rastro municipal que requería desde entonces de una fuerte inversión para mejorar el servicio.

A pesar de ello, hay registros de que anualmente el rastro tenía un ingreso de entre cuatro y cinco millones de pesos, a excepción de los años 2021 y 2022, por el tema la pandemia.

Evitaron clausura y escándalo por insalubridad

De acuerdo a testimonios obtenidos por El Despertador de Quintana Roo de voz de algunos matarifes que laboraban en el sacrificio de los animales en el rastro de Cancún, la suspensión de actividades fue para evitar que instancias federales clausuraran el lugar por insalubre.

“La verdad es que con esta suspensión de actividades el municipio evitó el escándalo, porque un día nos cayeron Sagarpa (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), por una denuncia interpuesta por la comandancia de la Guarnición Militar de Cancún”, confesó uno de los hoy extrabajadores, pues todos ya fueron despedidos.

Mencionó que esta inspección fue posterior a otras visitas que hicieron los soldados, que fueron atendidos por el administrador del rastro, Sebastián Ledesma, a quien le reclamaron la grave filtración de aguas negras que llegaba hasta las instalaciones militares.

“Un día llegaron a reclamar porque ya tenían mucho tiempo con la filtración de aguas negras desde el predio del rastro y el administrador dijo que lo iban a solucionar, pero realmente nunca se hizo nada y hace dos semanas llegó gente de Semarnat y Cofepris que le dieron un ultimátum al administrador del rastro, pero al no haber recursos se optó por cerrarlo y evitar que se viniera una clausura por lo insalubre del lugar”, reveló otro de los exempleados.

Trabajadores quedan al garete

En medio de todo este panorama de incertidumbre por el tema del rastro, que fue cerrado y sin aparente intención de que en realidad se vaya a emprender alguna remodelación o mantenimiento, la Opabiem determinó despedir a los cerca de 40 trabajadores y mediante un acuerdo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, les entregaron cheques con una cantidad inferior a lo que legalmente les correspondía por los años de servicios, pues les advirtieron que de no aceptarlo y decidían recurrir a instancias legales les llevaría mucho tiempo, con la posibilidad de terminar pagando más en abogados.

“Nos dijeron que tomáramos lo que nos estaban dando y aunque  la verdad es mucho menos de lo que me correspondía, lo aceptamos porque ni siquiera la quincena nos habían pagado, además nos dijeron en caso de que se vuelva a abrir nos volverían a contratar, lo cual lo dudamos porque lo que se requiere es derrumbar todo el rastro y hacer uno nuevo pero en otro lado”, platicó otro de los ex trabajadores.

Denuncia pública sustentada, nos dieron la razón

En marzo del año pasado, El Despertador de Quintana Roo dedicó un amplio reportaje respecto al tema del rastro, disponible en este link, en donde se planteó el serio problema de salud pública de las instalaciones, fundadas en 1980 y que con el paso del tiempo fueron rodeadas por la mancha urbana y con ello las autoridades le dejaron de dar el mantenimiento periódico requerido.

De hecho, durante muchos años no hubo garantías de que la carne que salía de dicho rastro estuviera libre de contaminación y que fuera apta para consumo humano a falta de una debida verificación sanitaria con relación a su procedencia y si el manejo sanitario fue el adecuado.

Según lo establecido en el Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Rastro en el Municipio de Benito Juárez instaurado en el 2013, las instalaciones debiesen contar con área para carnes no aptas para consumo, sistema de tratamiento de aguas negras, horno crematorio, área de congelación, área de depósito de estiércol y su disposición adecuada y sistema de drenaje, pero nada de eso tenía, al menos en un funcionamiento adecuado.

Proyecto de rastro TIF ha sido ignorado

Gregorio Sánchez Martínez, quien fue presidente municipal en el periodo 2008-2010 y posteriormente en el 2016-2018 fungió como regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, dijo que en diciembre del 2017 se presentó un proyecto para remodelar completamente el rastro actual y no sólo convertirlo en uno certificado tipo TIF que pueda ser capaz de surtir producto a los hoteleros y restaurantes de la ciudad, sino además que su funcionamiento sea acorde a lo que representa Cancún como destino turístico.

“El proyecto lo hicimos completo y se le entregó al presidente municipal y se le entregó a todo el Cabildo y hoy está durmiendo el sueño de los justos porque no les interesó, esa es la verdad, porque era un proyecto de solución, inclusive no le iba a costar al municipio porque la idea era concesionarlo e inclusive se sacó el acuerdo por el Cabildo, era un proyecto completísimo pero ya al final no se hizo nada ”, explicó en su momento a El Despertador de Quintana Roo.

Este acuerdo está plasmado dentro de la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, en donde se autorizó el dictamen estudio técnico justificativo del proyecto de rastro municipal Tipo Inspección Federal (TIF).

Para dicho proyecto de Rastro Municipal Tipo Inspección Federal (TIF) para el Municipio de Benito Juárez se requería en aquel entonces de un monto de inversión estimado en 41 millones 628 mil 157 pesos y la idea es que fuera concesionado para que al municipio no le costara un solo peso.

La presentación de este proyecto que era para ampliación y regularización del rastro fue hecha por el arquitecto Salvador López Cabrera y a pesar de que ingresó a Desarrollo Urbano para su aprobación, fue desechado y archivado como muchos otros proyectos.