Sitiados por la inseguridad, establecimientos de diversos giros en Cancún han optado por medidas desesperadas de autoprotección, desde enrejados, videocámaras y vigilancia privada hasta literales trincheras blindadas, e incluso la brujería y la santería

SALVADOR CANTO

Atrincherados, enrejados y en algunos casos con personal armado es como operan decenas de negocios en la ciudad de Cancún, en donde la inseguridad se ha convertido en el pan de todos los días, en tanto que la ciudadanía espera resultados de la estrategia de seguridad estatal presentada en noviembre pasado.

Y es que la “tijuanización” o “acapulquización” que durante muchos años era el peor de los miedos para Quintana Roo, hoy se ha convertido en una realidad con el aumento de la violencia, inseguridad y los cobros de derecho de piso principalmente en los municipios turísticos, las pocas acciones en materia de prevención y sobre todo la casi nula efectividad de la Fiscalía General del Estado.

Pese a este oscuro panorama, es flagrante la inacción de las autoridades ante lo que todo mundo conoce: en qué lugares se vende la droga, quién y dónde comercializa lo robado en asaltos a comercios y casas habitación, dónde están los criminales y qué elementos de las policías preventivas y ministerial están involucrados en ilícitos, todos parecen saberlo, excepto las autoridades.

Cabe decir que la “acapulquización” es una expresión que hace referencia a la forma en que un destino turístico de talla internacional es dañado por la inseguridad galopante, los ataques a balazos, las ejecuciones cotidianas, que son ya pan de todos los días en Cancún y la Riviera Maya, pero la visión oficial que se pretende permear es que como —casi— no pasa en las zonas turísticas sino más bien en las regiones, “no es tan grave el asunto”.

Analistas políticos como Agustín Barrios se cuestionan: ¿Acapulco o Cancún? Y su respuesta es simple: hoy da lo mismo, porque se trata de una violencia que ha ido en incremento durante los últimos años en Cancún y la Riviera Maya, que son las joyas del turismo mexicano.

La actividad turística en Quintana Roo, que capta un tercio de los visitantes extranjeros del país, representa el 1.4% del producto interno bruto (PIB) y es la tercera fuente de divisas.

Hoy, el incremento imparable de la inseguridad en la zona norte de Quintana Roo, ha generado que cada vez más establecimientos literalmente se atrincheren, como ya ocurre en Cancún, en donde en su afán por subsistir muchos buscan la manera de autoprotegerse y dependiendo del giro comercial varían las formas en que lo hacen, porque han asumido que se trata de una situación ya incontrolable por las autoridades.

Los bares por ejemplo, muchos de los cuales han sido víctimas de la inseguridad y otros más que pagan extorsiones obligados por los grupos delictivos, se han tenido que fortificar para poder seguir operando y de esta manera tratar de garantizar la seguridad de sus clientes.

Con ese afán, han instalado puertas metálicas de grueso calibre que sólo son abiertas desde adentro una vez que se aseguran de que quienes desean entrar son clientes, previa inspección de rutina en el exterior por parte de personal de seguridad o mediante cámaras de videovigilancia.

El Despertador de Quintana Roo pudo corroborar que esta medida desesperada es aplicada por varios establecimientos que han recurrido a ella ante la inseguridad imperante que se vive en Cancún, como el bar Bahamas que se localiza en la región 95, sobre la avenida Andrés Quintana Roo, en donde incluso hay una leyenda que destaca que la puerta está conectada con la Dirección de Seguridad Pública y que el tiempo de apertura está retardado automáticamente.

Otros negocios que han hecho lo mismo, entre otros, son El Ejecutivo localizado en la supermanzana 64 y La Oficina que se encuentra en la región 92 sobre la avenida Talleres.

Pero además de los bares, por ser víctimas de manera permanente de la inseguridad, múltiples expendios de cervezas y tiendas de abarrotes operan también prácticamente enrejados, es decir, despachan a sus clientes sin permitir que estos ingresen a los establecimientos.

Cámaras, puertas de grueso metal y hasta brujería

Son diversas las medidas, calificadas como desesperadas, que muchos empresarios de Cancún han tenido que emplear en sus negocios debido al alto índice de inseguridad que prevalece en la ciudad.

Jorge “D”, trabajador de seguridad del bar Bahamas, admitió que a raíz de lo ocurrido en antros como Las Micheladas del Tío Toño y Deja Vu, que en mayo del año pasado fueron víctimas de atentados armados con saldo de varias personas lesionadas y algunos fallecidos, se vieron en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad.

“Se dispuso de una puerta de metal de grueso calibre que se abre únicamente por dentro cuando el bar está en funciones, y el acceso de las personas es una vez que se asegura que son clientes a través de las cámaras o mediante los compañeros de seguridad que permanecen afuera”, platicó.

Otro negocio que ha hecho lo mismo es el bar El Ejecutivo, que instala en la entrada, cada vez que inicia operaciones, una especie de barricada en donde se podría colocar una persona armada para repeler alguna agresión a balazos que pudiera ocurrir en el lugar.

Lo anterior demuestra el alto grado de temor que existe entre los empresarios y la ciudadanía en general por el incremento de la inseguridad que mantiene a Benito Juárez como uno de los municipios del país con mayor incremento de delitos.

Otras medidas de autodefensa en otros negocios son las cámaras de videovigilancia, permanentemente monitoreadas por el personal, e incluso hay quienes han optado por recurrir a un tipo de “protección” menos terrenal, como la brujería y la santería, como lo hacen en el bar Poseidón, que se localiza en la tercera entrada de la región 94, entre la ruta 5 y Talleres.

En dicho bar han ocurrido varios hechos de violencia y a pesar de que, derivado de ellos, ha sido cerrado por las autoridades, al poco tiempo vuelven a abrir.

“Entrar al bar Poseidón ya es de pensarse, luego de que ahí ha habido balaceras, y ahora como una manera de cuidarse y proteger a sus clientes, en la entrada tienen una tina con agua y flores en donde el personal de seguridad te pide que te laves las manos e implores paz una vez que ingreses”, platicó uno de los parroquianos asiduos al lugar.

Empresas recurren a la seguridad privada y hasta armada

El incremento de los índices delictivos en Quintana Roo ha generado que la seguridad privada sea ya una alternativa de uso cada vez más frecuente.

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, que es la dependencia que autoriza el funcionamiento de las empresas de seguridad privada a nivel local, en Quintana Roo se tiene el registro de 175 compañías legalmente establecidas, que año con año tienen que renovar sus permisos.

En el caso de las empresas que tienen la autorización de portar armas de fuego, estas anuencias son colectivas y es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la instancia que las otorga, lo que les permite operar en cualquier parte del país, aunque en cada entidad requieren también del permiso estatal.

Benito Juárez es el municipio de Quintana Roo con el mayor número de empresas con 130, seguido por Solidaridad y Othón P. Blanco con 18 y 14 respectivamente, ocho de Cozumel, cuatro de Tulum y una en Puerto Morelos.

Además, se tiene empadronados a un total de 5 mil 287 elementos que laboran en estas empresas, siendo Benito Juárez el más alto con 3 mil 247 personas registradas, y en segundo lugar 944 de Solidaridad.

Sin embargo, hay otras empresas que sin tener los permisos estatales, prestan el servicio de manera irregular, pues se trata de un sector que se ha ido a la alza por el tema de la seguridad.

Por ello, es posible inferir que el importante incremento en la contratación de servicios de seguridad privada en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen es derivado de la evidente alza de la criminalidad.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en México alrededor de seis mil empresas prestan servicios de protección y resguardo; sin embargo, solo tres mil cuentan con un permiso federal o estatal para realizar estas labores.

En Quintana Roo, representantes de compañías como Guardian Global Security Group, Dillmann Security Service y Grupo Maya, que tienen presencia a nivel nacional pero que también cuentan con registro estatal, en los últimos años han reportado un aumento del 60 y el 80 por ciento en sus servicios.

Y así, lo que hace más de 20 años era poco habitual en Cancún, hoy en día es todo lo contrario, pues cada vez son más las personas que recurren a este tipo de empresas que brindan desde seguridad física, tecnología, canes entrenados, protección civil y logística hasta alarmas y monitoreo GPS, entre otros servicios, en algunos casos y dependiendo de su permiso, hasta con armas de fuego.

“Cuando te das cuenta que estás a merced de las circunstancias y oportunidades de terceros, no nos queda de otra más que la autoprotección”, explicó un trabajador de la tienda departamental Sam’s Club que es una de las empresas que tiene personal armado a su disposición.

Cabe decir que un servicio de seguridad privada tiene un costo aproximado de entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales, pero si es con personal armado el cobro asciende a entre 14 mil y 15 mil pesos, con cobertura al negocio las 24 horas del día.

Preocupante aumento de la inseguridad

Rafael Ortega Ramírez, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cancún, reconoció que hasta los pequeños negocios han tenido que reforzar su vigilancia debido al preocupante aumento de la inseguridad.

“Tal vez no tienen para pagarle a una empresa de seguridad privada, por lo que recurren a otras acciones como colocar alarmas o cámaras de videovigilancia”, explicó.

Sin embargo, destacó que para los dueños de tiendas de abarrotes o establecimientos en las regiones como los expendios de cervezas, la posibilidad más inmediata conforme a sus recursos económicos es invertir en colocar enrejados y desde adentro despachan a su clientela, sin permitir que ingresen al negocio.

“Literalmente están tras las rejas porque es una medida de autoprotección debido al aumento de la inseguridad que hay en la ciudad”, comentó Ortega Ramírez a El Despertador de Quintana Roo.

Incluso colocar un enrejado a un negocio no es tan accesible a cualquier bolsillo, pues de acuerdo con Leonides Gómez, quien tiene una herrería en el fraccionamiento Paraíso Maya, tan solo ponerle unos barrotes al mostrador exterior de un pequeño comercio cuesta alrededor de ocho mil a 10 mil pesos, pues hoy en día el material que se emplea ha subido sus costos.

En espera de resultados del plan de seguridad

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública continúa sin poner en marcha el plan de trabajo presentado ante diputados locales en noviembre pasado, durante la primera comparecencia de su titular, Rubén Oyarvide Pedrero.

El Despertador de Quintana Roo buscó al Contralmirante para saber en qué etapa se encuentra el plan de seguridad para la entidad, pero su departamento de difusión dijo que por el momento no está dando entrevistas porque está realizando visitas y sosteniendo reuniones con los titulares de las policías de los 11 municipios, precisamente para acordar el programa que se pondrá en marcha.

Tampoco se ha informado de cómo va la transición de la Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SsyPC), como una figura jurídica que implica la alineación al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Pero a esta nula estrategia de seguridad se le suma la ineficacia de la Fiscalía General del Estado a cargo de Óscar Montes de Oca Rosales, instancia que no investiga ni consigna expedientes.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el año 2022 os delitos del fuero común se incrementaron 7.3 por ciento en Quintana Roo en comparación con el 2021, es decir, se pasó de tener 43 mil 575 asuntos a 47 mil 018.

Aunado a ello, en días pasados se reveló un hackeo al servidor de la FGE, en donde se evidenció la contundente falta de investigación en decenas de expedientes denunciados.