A nueve meses de la consulta popular, diputados aseguran que ahora sí harán cumplir el mandato ciudadano para correr a la empresa, entre suspicacias por si una vez más el tema fue revivido sólo para ser utilizado como bandera electoral

SALVADOR CANTO

Diputados de la XVII Legislatura de Quintana Roo volvieron a colocar en la palestra y la agenda política de la entidad la revocación de la polémica concesión de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida como Aguakan, que opera el suministro de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, un tema que fue rehuido por la clase política durante meses como si se tratase de una “papa caliente” que les quemaba las manos, pero que ahora parece resurgir, como de costumbre, como una efectiva bandera en tiempos electorales.

Así, ahora los legisladores aseguran que buscarán hacer cumplir el mandato ciudadano de la consulta popular con resultados vinculantes celebrada el pasado 5 de junio del 2022, que determinó el retiro de la concesión en los tres primeros municipios arriba enumerados, con la excepción de Solidaridad donde, aunque la mayoría de votos fue a favor de la rescisión, no alcanzó el mínimo de participación en las urnas requerido por la ley.

Mientras tanto, hasta la fecha continúan los señalamientos contra la empresa por los abusos y el pésimo servicio que brinda, aunado a que hay zonas en donde el suministro es intermitente o solamente les llega un rato al día y muchas veces lo que inyectan al medidor es aire, lo que provoca que el cobro de las tarifas sea de los más elevados del país a pesar de que no es un líquido apto para el consumo humano, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pese a esta situación, el usuario se encuentra en total indefensión ante la empresa porque de no pagar sus recibos le limita o suspende el suministro, en clara violación a sus derechos humanos, como advierte Esquivel Cruz González, representante de la agrupación “Agua para Todos” en Cancún, quien considera que los cortes del servicio que realiza Aguakan son ilegales, pues violan el artículo 4º de la Constitución, donde se indica que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Sin embargo, por más que los usuarios terminen por resignarse a ser sometidos a los abusos de la empresa, los cortes llegan a ser inevitables debido a lo oneroso de muchos recibos, que pueden llegar a sumas impagables, y en algunos casos hasta existen amenazas, también ilegales, de embargo de propiedades si no se liquidan los adeudos.

En ese contexto y más allá de un tema político, hoy los legisladores, quienes incluso ya conformaron una Comisión Transitoria Especial para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a Aguakan, tienen en sus manos la posibilidad de hacer historia, pues es un caso largamente pospuesto, que el gobierno de Carlos Joaquín, hoy embajador de México en Canadá, no quiso resolver y hasta en algún momento de su gestión hubo oposición para el desarrollo de la consulta popular, además de que miembros de su gabinete como Gerardo Mora Vallejo, quien fungió como titular de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), se convirtió en una especie de “tapadera” de las irregularidades de la concesionaria.

Hoy, por el contrario, la actual mandataria Mara Lezama Espinosa ya advirtió que nadie está por encima ni al margen de la Ley, al destacar que el Poder Ejecutivo está trabajando en el tema del retiro de la mencionada concesión.

Tardío “lavado de cara” ante presiones

Las bases para el otorgamiento de la ampliación anticipada de la concesión que se le otorgó en el 2014 establecen en algunas de sus cláusulas que Aguakan deberá satisfacer la demanda de agua potable y drenaje al 100% en los municipios donde opera, en plazos máximos de entre cinco y seis años (cumplidos en 2019 y 2020). Además, dicho acuerdo obliga a la compañía a destinar al menos 11.40% de sus ingresos en inversiones de infraestructura.

Es hasta ahora, tras la tormenta desatada por la consulta popular, que de forma apresurada pretenden cumplir con lo que no han hecho durante los últimos años, o al menos aparentar que lo hacen, a sabiendas del enorme hartazgo ciudadano.

A través de sus diversas plataformas sociales y mediante el pago de campañas de publicidad en medios afines, Aguakan busca demostrar que sí están invirtiendo en múltiples obras y proyectos y presume que para este 2023 ha destinado la aplicación de 857 millones de pesos para atender las necesidades de infraestructura hidráulica generadas por el acelerado crecimiento de la población y de las zonas habitacionales.

Incluso remarca que se trata de la inversión más alta efectuada en los últimos años, pues afirma que están en planes alrededor de 74 proyectos, 44 de ellos correspondientes a Benito Juárez, 20 a Solidaridad, tres a Puerto Morelos y cinco a Isla Mujeres.

El Despertador de Quintana Roo buscó a directivos de Aguakan para obtener una entrevista y, con ello, información sobre diversos cuestionamientos que existen en torno al  tema de las concesiones, pero el departamento de comunicación social de la empresa pidió que se le enviasen las preguntas en formato Word y aseguró que las responderían mediante un correo electrónico, aunque hasta el momento del cierre de esta edición no había contestación alguna.

En Cancún, el agua más cara de todo México

De los Centros Integralmente Planeados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), es en Cancún donde se paga más caro el consumo de agua, pues se generan facturas por abasto doméstico hasta cinco veces más altas que en otros destinos como Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero.

Con base en el último reporte desglosado de Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Benito Juárez, el cobro facturado a viviendas por un consumo de hasta 10 mil litros de agua potable (10 metros cúbicos) representa para el usuario un recibo mensual de 230 pesos con 30 centavos.

El detalle del desglose en los recibos es: por abasto 156.26 pesos, alcantarillado 54.69 pesos y saneamiento 7.81 pesos, cargando a estos dos últimos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) equivalente a 10.21 pesos; al recibo se le añade un cargo por ‘administración de cuenta’ equivalente a un peso con 33 centavos.

Sin embargo, hay casos de usuarios que adeudan recibos impagables, de hasta por arriba de 50 mil o 60 mil pesos, por lo que muchos han optado por la apertura de pozos de manera clandestina, ocasionando un daño más al ya de por sí afectado manto acuífero, pero es la única manera que tienen de obtener agua, debido a que la concesionaria ya les suspendió el servicio del suministro.

Es importante precisar que por disposición del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es la instancia que determina las tarifas que los ciudadanos pagan por los servicios y en la zona norte del estado, donde el organismo operador es la empresa Aguakan, esta recibe cada mes la información tarifaria que deben pagar los usuarios.

Comisión Transitoria Especial, vehículo para negociar: abogado

De acuerdo con el maestro en derecho y presidente del Consejo Independiente para la Protección de los Derechos Humanos en Quintana Roo, Roberto Martínez Aragón, la creación de la Comisión Transitoria Especial no será más que un ente negociador con Aguakan, pues a estas alturas será casi imposible que le puedan retirar la concesión.

“Lo veo muy difícil y lo digo con todo respeto, esa comisión será para el ‘chayote’, vienen campañas electorales y eso van a hacer, la verdad es lamentable que los diputados no asuman su verdadera responsabilidad”, opinó el abogado.

Sostuvo que si realmente los diputados quieren hacer bien las cosas, lo que debería proceder es reducir los altos costos de agua potable y alcantarillado en el estado, es decir, modificar, adicionar o reformar el Artículo 68 al 82 de la ley de agua potable o de la Ley de Cuotas y Tarifas.   

Al respecto, el diputado Humberto Aldana Navarro, quien fue nombrado presidente de la Comisión Transitoria Especial conformada recientemente para “revisar con lupa” el tema, negó que ello tenga que ver con tiempos electorales y aseguró que buscarán que no se politice algo que es una petición ciudadana, que es la revocación de las concesiones conforme a la ley.

Argumentó que el asunto es complejo, por la serie de candados y trabas jurídicas que existen en una concesión y que lo primero que se tiene que hacer es buscar los mecanismos legales que permitan revertir dicha anuencia sin que represente un problema para el erario, aunque eso “podría llevar mucho tiempo”.

“Estamos comprometidos a revisar todo, será un proceso arduo de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de los involucrados para llegar hasta las últimas consecuencias y de ser necesario, se llamará a rendir cuentas a los exalcaldes y exdiputados que aprobaron la extensión de la concesión en 2014”, aseguro.

Por su parte, el diputado Julián Ricalde Magaña aseveró que existen todas las pruebas y recursos legales para echar abajo el contrato que se amplió anticipadamente hasta el año 2053.

Añadió que al revisar los documentos de la concesión de Aguakan se advirtió que la empresa se comprometió a entregar una contraprestación al estado por 320 millones de pesos anuales, además de construir infraestructura por 750 millones de pesos al año; sin embargo, ha incumplido en ambos casos.

«Aguakan adeuda al Estado alrededor de siete mil millones de pesos, más accesorios, sin pasar por alto la pésima calidad de su servicio, los altos cobros y multas so pena de suspenderte el servicio y esto lo aplica en los cuatro municipios de la zona norte que hoy están bajo su tutela, por eso existen todos los elementos para echar fuera a esta empresa, particularmente en los municipios donde resultó vinculante la consulta popular y sin que el gobierno del estado tenga que pagar alguna indemnización por rescindirle el contrato”, sostuvo.

Cabe recordar que antes de aprobarse la prórroga y ampliación de la concesión en el año 2014, representantes de CAPA y de Aguakan acordaron que la empresa pagaría al Gobierno de Quintana Roo una cantidad extraordinaria de más de mil 55 millones de pesos como contraprestación única, cuyo paradero nunca fue aclarado, luego de que fue transferido a la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) pero una vez allí se le perdió el rastro.

Instancias federales se lavan las manos

El tema de Aguakan ha sido llevado a las conferencias matutinas del Presidente de la República, donde el propio titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, ha expuesto que Aguakan es el “rey de las denuncias” interpuestas ante esa instancia por los quintanarroenses, por cobros indebidos, ya que “le da por facturar aire”.

Sin embargo, todo quedó en el mero discurso, pues aunque anunció que le darían un seguimiento minucioso al tema de la legalidad de los contratos de suministro de agua potable y la naturaleza misma de la empresa, desde el otorgamiento de la ampliación anticipada de la concesión en el 2014, el funcionario federal sabe bien que ese asunto no es de su competencia. 

Lo mismo pasa con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Germán Arturo Martínez Santoyo, instancia que sí debería actuar por tratarse de un tema de su injerencia, pues el agua es extraída por Aguakan mediante pozos captadores del subsuelo y la rebombea a sus plantas para su posterior distribución y suministro a las familias.

Sin embargo, la Comisión se “lava las manos” y ha referido que ese asunto deben resolverlo el Estado y los municipios involucrados en el otorgamiento de la concesión.

Agua de Cancún no es apta para consumo humano: Conagua

A nivel local, la Dirección Quintana Roo de la Comisión Nacional del Agua considera que el líquido que se suministra Aguakan a la población como agua potable solo está desinfectado mediante la aplicación de cloro en cualquiera de sus presentaciones, gas, líquido o pastillas, por lo que su consumo en esas condiciones podría ser de alto riesgo.

Sin embargo, de acuerdo al departamento de difusión local de la Conagua respecto a los últimos estudios hechos sobre la calidad del agua, por el momento carece de un programa directo para el monitoreo de la calidad del agua que se suministra a la población como agua potable.

No obstante, aclararon que hay acciones federales denominadas acciones de desinfección dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), antes Apartado Agua Limpia, en donde el Gobierno Federal canaliza recursos al Gobierno del Estado (Secretaría de Salud) para la determinación de análisis bacteriológicos en diferentes puntos de las redes de distribución de las principales ciudades del Estado, acción que sin embargo no se realiza en Quintana Roo desde el 2019.

Por su parte, organizaciones ambientalistas como DMAS han advertido la elevada contaminación detectada en diversos puntos del acuífero en Cancún y que, a pesar de los procesos de purificación que Aguakan afirma llevar a cabo, termina llegando a los hogares, pues constan registros de estudios de laboratorio que destacan la presencia de altas concentraciones de nitratos contaminantes y hasta coliformes fecales en el agua que la concesionaria distribuye en los domicilios, lo que la hace no apta para consumo humano directo, es decir, beber o cocinar.

Lili Campos, nueva amiga de Aguakan

De acuerdo al propio contrato de la concesión, el municipio de Solidaridad que encabeza Roxana Lili Campos Miranda es el que más recursos recibe anualmente como una contraprestación de la empresa Aguakan, por alrededor de 120 millones de pesos.

Cabe recordar que durante mucho tiempo y en funciones de diputada, la hoy alcaldesa se proclamó férrea opositora a Aguakan y en tribuna la consideró una empresa usurera y abusiva con los usuarios en los municipios donde opera, incluido el de Solidaridad.

Por ejemplo, en su campaña para la alcaldía dijo que buscaría “tirar” la concesión de Aguakan y ya una vez en el cargo, el gobierno municipal presentó un juicio de nulidad contra el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que declaró no vinculante la consulta popular en ese municipio, solicitando que se realizase nuevamente, el cual fue rechazado por el Tribunal Electoral local.

Sin embargo, contrario a lo expresado previamente, hoy la alcaldesa parece haberse “alineado” al dinero que aparentemente entrega dicha empresa al Ayuntamiento, pues en la actualidad son frecuentes las giras y actividades que realiza al alimón con directivos de Aguakan, bajo el argumento de que la está “haciendo cumplir” con obras en el municipio.

No es el único caso: son diversos los otrora furibundos promotores políticos contra Aguakan que hoy guardan silencio sobre el tema, tal es el caso de Marybel Villegas Canché, quien primero siendo diputada local avaló la ampliación anticipada de la concesión a favor de Aguakan en el 2014 y luego como senadora volteó la bandera y fue la principal impulsora de la consulta popular sobre el mantenimiento de las concesiones que se llevó a cabo el pasado 5 de junio del 2022.

Además de Villegas Canché, quien durante su militancia en el PRI formó parte de la XIV Legislatura que aprobó la ampliación anticipada hasta el 2053 de la concesión de Aguakan, también votaron a favor sus entonces compañeros de partido José Luis Toledo Medina, Pedro José Flota Alcocer, Maritza Aracelly Medina Díaz, Berenice Penélope Polanco Córdova, Juan Luis Carrillo Soberanis, Filiberto Martínez Méndez, José Ángel Chacón Arcos, Marcia Alicia Fernández Piña, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Juan Manuel Herrera, Susana Hurtado Vallejo, Cora Amalia Castilla Madrid, Arlet Molgora Glover, Martín de la Cruz Gómez y Mario Machuca Sánchez; Luis Fernando Roldán Carrillo, de Movimiento Ciudadano y Emilio Jiménez Ancona, de Nueva Alianza.

En tanto que los que votaron en contra fueron los panistas Perla Cecilia Tun Pech, Sergio Bolio Rosado y Trinidad García, el petista Hernán Villatoro Barrios y el hoy secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, entonces militante perredista.

Mientras que Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer, ambos del Partido Verde Ecologista de México, no asistieron a la sesión.

Hace apenas unos días, uno de los exdiputados que validaron la ampliación de la concesión, Jesús Pool Moo, hoy regidor y coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Cancún, tras opinar que Morena y aliados politizan la permanencia o no de Aguakan en Quintana Roo, fustigó al Ayuntamiento de Benito Juárez que, dijo, debe demandar a la concesionaria junto a CAPA pero en estos momentos electorales “sólo se están pasando la bolita” y aseveró que no existe sustento jurídico, al menos de los gobiernos de la 4T, para quitarle la concesión a Aguakan.

Subrayó que no existen demandas por parte de CAPA pese a las pruebas que demuestran el incumplimiento de las cláusulas de concesión. “No ha actuado conforme a derecho; no hay ninguna demanda contra Aguakan con todas las pruebas que hay porque no se dan metros cúbicos completos o que el agua potable no está suficientemente clorada”.

CAPA y municipios, cómplices de Aguakan

El 10 de noviembre del 2014, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, a través de un documento signado por sus apoderados José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Merkley, dirigido al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, así como al Consejo Directivo de la CAPA, solicitó prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión de los servicios públicos de agua potable hasta el 31 de diciembre del 2053 y extender la concesión al municipio de Solidaridad.

Dos días después, el 12 de noviembre se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la CAPA, en donde, en el quinto punto del orden del día se abordó la solicitud de Aguakan y la entonces directora de dicha dependencia, Paula Guadalupe González Cetina, planteó que de aprobarse dicha ampliación anticipada la empresa se comprometía a aplicar una mayor inversión y mejorar la calidad de sus servicios, pero en ningún momento hizo un desglose de lo que se haría.

El 5 de diciembre del 2014, el Poder Ejecutivo representado por el entonces secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, la CAPA y directivos de Aguakan celebraron un contrato en donde las partes acordaron la obligación de pago de una contraprestación que haría efectiva a más tardar el 18 de diciembre de forma extraordinaria y por única ocasión, por la cantidad de un mil 055 millones 999 mil 972 pesos.

De acuerdo al documento de la concesión actual que tiene Aguakan, consultada por El Despertador de Quintana Roo en la página de transparencia en este link: http://transparencia.qroo.gob.mx/documentos/2016/12/25ace2327266fccc4ddadf583ac32c4e.pdf, dicha empresa condiciona en todo momento al Gobierno del Estado y a los municipios para aceptar modificaciones en las reglas de operación a cambio de pagos anuales con motivo de contraprestación periódica.

Fue así que el 6 y 8 de diciembre de ese año, los Ayuntamientos de Isla Mujeres y Benito Juárez encabezados por Paul Carrillo y Agapito Magaña respectivamente, avalaron a puerta cerrada prorrogar anticipadamente hasta el año 2053 la concesión y el mismo 8 de diciembre el municipio de Solidaridad a cargo de Mauricio Góngora Escalante aprobó otorgarle la concesión hasta el 2044, con lo que ya todo estaba en manos del Congreso del Estado, para que los integrantes de la XIV Legislatura (2013-2016) hicieran lo propio el día 15 de diciembre y así consumar el gran negocio.

Cabe destacar que en ese decreto se establece que para los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres Aguakan otorgará anualmente una cantidad que resulte mayor entre el 10% de los ingresos totales derivados de las prestaciones del servicio concesionado o en su caso, 78 millones de pesos 843 mil 509 pesos y para Solidaridad 120 millones de pesos al año.

• Como evidencia de que la cobertura de agua potable no está al 100% en Cancún, en muchas colonias, principalmente irregulares, las familias han optado por la apertura de pozos para la extracción del vital líquido y en otros casos por comprarla a las pipas que distribuyen el agua, que les vende la misma empresa Aguakan.
• Sobre este mismo tema, se mantienen en el aire promesas de campaña de algunos diputados actuales como Hugo Alday, quien se comprometió a dotar de agua potable a más de un centenar de colonias irregulares.
• Aunque los partidos políticos y muchos de sus allegados que en esencia deberían ser oposición del gobierno en turno hoy muestran un silencio cómplice, de un momento a otro seguramente abordarán el tema de Aguakan, ante la inminencia del proceso electoral del 2024 que, de acuerdo con el calendario electoral, arranca en noviembre próximo.
• Aguakan tiene un número de quejas y/o denuncias, que es el 073, marcando desde cualquier dispositivo móvil, pero muchas veces ni siquiera contestan para atender las dudas e inconformidades de los usuarios.
• Se desconoce oficialmente cuántas plantas de bombeo y de tratamiento tienen en cada municipio donde operan con la concesión y tampoco existe transparencia para saber si cumple con los acuerdos de inversión establecidos.
• Ante el pésimo servicio que presta y las altas tarifas que cobra Aguakan, muchos hoteles están optando por instalar sus propias plantas potabilizadoras por filtración y ósmosis inversa, plantas de tratamiento de aguas residuales e incluso pozos de absorción.
• La parte conurbada entre Benito Juárez e Isla Mujeres, denominada “la megalópolis”, es una de las que más padece de la falta del servicio de agua potable y en donde más contaminación existe al manto acuífero.
• Otra de las cosas que la gente le reclama a Aguakan es que frecuentemente destruyen calles recientemente pavimentadas para la instalación de drenaje sanitario, cuando debieron hacerlo primero y no después de que las obras en la vialidad fueron concluidas.

Diputados que avalaron concesión

Alcaldes que avalaron concesión