Autoridades de Quintana Roo redoblan esfuerzos ante la creciente ola de criminalidad en los municipios de la zona norte, sin distinción de clases sociales; incertidumbre ciudadana reabre debate sobre regulación de la legítima defensa

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

Una serie de robos y asaltos violentos a viviendas de zonas residenciales y negocios de todo tipo ha ido en aumento en la zona norte de Quintana Roo en los últimos meses. En algunos casos, los delincuentes han llegado al extremo de encañonar a las víctimas con armas de fuego, amarrarlas de pies y manos, e incluso amordazarlas para despojarlas de grandes sumas de dinero y joyas. Esta situación ha puesto en jaque a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que se mantienen en alerta permanente, porque también combaten la vorágine de homicidios que todos los días se reportan, en busca de la tan anhelada reconstrucción de la paz.

Esta ola delictiva pone en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos, independientemente de su clase social, en ciudades turísticas como Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún e Isla Mujeres. Además, vuelve a abrir el debate sobre la regulación de la legítima defensa en Quintana Roo. Aunque esta figura está contemplada en el Artículo 20 del Código Penal Estatal, es un tema que no recibe la atención necesaria; en tanto, la población se mantiene en incertidumbre, ante el aumento de los delitos producto de la descomposición social, atribuible en parte a la política de “abrazos, no balazos” que se mantiene vigente.

Según Javier Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la inseguridad no solo preocupa a los empresarios, sino a todos los ciudadanos. “No hay un solo ciudadano en Quintana Roo que no se sienta desprotegido”, expresó, resaltando que la sensación de inseguridad afecta a todos sin distinción.

Un ejemplo reciente fue el robo a la residencia de la expresidenta municipal de Benito Juárez, Magaly Achach Solís, ubicada en la región 313 de Bonfil. Un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, sometió violentamente a varios miembros de su familia y los amarró para despojarlos de dinero y joyas. Este robo fue meticulosamente planeado, ya que los delincuentes conocían la identidad de los habitantes de la casa.

Aunque en el proceso de dicho asalto se recibió una llamada al 911 que activó el Código Rojo, los delincuentes lograron huir con el botín antes de la llegada de la policía. Cerca del lugar, las autoridades detuvieron a un sujeto de nacionalidad colombiana que habría actuado como “halcón” (vigilante), y que podría ser clave en la investigación de este y otros robos similares, en los que se sospecha la posible participación de expolicías o policías en activo.

Patricia Mora Vallejo, presidenta de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, condenó lo ocurrido en el domicilio de la exalcaldesa de Benito Juárez como algo “totalmente reprobable”: “Lo que me platican que le pasó a la profesora Magaly Achach me genera sentimientos de tristeza, rabia, coraje e impotencia, no podemos decir que no pasa nada; ojalá encuentren y capturen a los verdaderos responsables”, expresó.

Es de señalarse que estos delitos han ocurrido a pesar de los operativos de seguridad y la implementación del plan “Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días”, que cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Cuatro asaltos millonarios en las últimas semanas

En Cancún son varios los casos registrados en las últimas semanas como el ocurrido en la residencia de la exalcaldesa Magaly Achach Solís, una mujer histórica en la política local por haber sido la primera presidenta municipal de Benito Juárez (1999-2002) e impulsora de muchos cuadros políticos que hoy ocupan importantes cargos públicos.

De hecho, tras activarse el Código Rojo, la actual alcaldesa Ana Paty Peralta, el vicefiscal de la zona norte y el exjefe policiaco Francisco Velasco Delgado, conocido como «El Vikingo», acudieron al domicilio de Achach Solís para externarle su respaldo por lo ocurrido.

Este incidente, en el cual no se descarta la posibilidad de un trasfondo político, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), que mantiene bajo custodia a un sospechoso de nacionalidad colombiana detenido el mismo día del asalto.

Otro caso tuvo lugar el 16 de octubre en el Hotel Royal Park, en el kilómetro 12.5 de la zona hotelera, donde varios sujetos a bordo de un vehículo sustraído a un conductor de la plataforma Uber asaltaron a mano armada a un diligenciero de la CTM, a quien despojaron de más de 800 mil pesos destinados al pago de propinas de trabajadores sindicalizados y lograron huir, pese al cierre parcial del bulevar Kukulcán.

Posteriormente, el 22 de octubre, un escolta del grupo Rosa Negra fue despojado de su arma y de 2.5 millones de pesos en un asalto ocurrido detrás de Plaza Las Américas de Cancún. Aunque las fuerzas de seguridad se movilizaron rápidamente, los delincuentes escaparon sin dejar rastro.

El 31 de octubre, alrededor de las 18 horas, se reportó otro asalto violento en un domicilio de la supermanzana 326, en el fraccionamiento Jardines del Sur Uno. Dos hombres armados ingresaron a una casa en esta zona residencial y amenazaron a la propietaria con un arma de fuego. Según los informes, los asaltantes se llevaron un total de 16 millones de pesos: 10 millones correspondientes a la nómina de una constructora, dos millones adicionales y una caja de joyas valuada en cuatro millones de pesos. Los delincuentes escaparon en una camioneta Peugeot blanca con placas SZ-2116-N, la cual fue posteriormente encontrada y asegurada por las autoridades en la avenida 135.

Estos incidentes comparten un patrón común: los asaltos se han cometido en zonas residenciales y, en un caso –el de Plaza Las Américas–, en pleno centro de la ciudad.

Cabe mencionar que, a pesar de que se encuentra en la cárcel desde hace mucho tiempo, en otros años y por estas fechas también han registrado asaltos muy similares a los actuales, varios de los cuales se han atribuido a una de las células delictivas de Alejandro Chacón Mantilla, quien perteneciera a la desaparecida Policía Judicial (hoy Policía Ministerial), con la presunta participación de expolicías municipales e incluso en activo, así como extranjeros de nacionalidades colombiana y venezolana.

Estamos atendiendo la inseguridad de Cancún: Ana Paty Peralta

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo entrevistó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, quien explicó que, aunque los delitos de alto impacto han disminuido, lo que ha mejorado la percepción de seguridad, reconoce que esto no es suficiente. Sin embargo, afirmó que la seguridad sigue siendo una prioridad para su administración, la cual se está abordando de manera puntual y en coordinación con el Gobierno del Estado. 

“Estamos trabajando en la parte que nos corresponde en la prevención de los delitos, no solo como estrategia como tal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino en la atención de las causas que están generando que más jóvenes estén hoy siendo parte de los delitos que tenemos en ciudad”, afirmó.

Detalló que se busca que todos los policías cuenten con videocámaras de solapa, es decir, que ningún elemento salga de la corporación a trabajar sin portar una cámara, para garantizar su debido desempeño y que haya más seguridad para todos.

Añadió que se van a seguir haciendo los operativos entre motociclistas, que es un tema muy relevante para la ciudad para ir poniendo orden, pues destacó que muchos delitos son perpetrados precisamente por personas que se movilizan en motos.

A pregunta concreta en torno al asalto en el domicilio de la exalcaldesa Magaly Achach, Ana Paty Peralta refirió: “Le dimos absolutamente toda la atención, si ustedes conocen la información, sabrán de que se trata; pero bueno, no quiero entrar en detalles ni hablar de un solo caso, lo que sí quiero decir es que estamos fortaleciendo en todos los sentidos la seguridad, es una prioridad para nuestro municipio”, reiteró.

Por su parte, Pablo Gutiérrez Fernández, secretario del Ayuntamiento, reveló que se está trabajando con mayor presencia policiaca en diferentes puntos en donde se han registrado más hechos delictivos.

“Para nosotros es muy importante que se presenten las denuncias porque eso nos permite, como autoridad, actualizar el mapa (geodelictivo) y reforzar las acciones y estrategias donde se están presentando estas situaciones y que nos permitan bajar los índices en esas zonas”, añadió.

Legítima defensa exhibe fallas del sistema de seguridad pública

El alto índice delictivo en el país ha llevado a que, por su seguridad, los ciudadanos recurran a dispositivos de vigilancia y protección, como cámaras de videovigilancia, cerraduras reforzadas, protectores para puertas y ventanas, e incluso consideren la posesión de armas de fuego en sus hogares o la contratación de personal de seguridad privada, entre otras medidas que surgen ante la creciente sensación de inseguridad.

Así lo plantea José Alfredo Gómez Reyes, docente de la Universidad de Quintana Roo, al analizar, desde una perspectiva de derechos humanos, la llamada legítima defensa. Su análisis se encuentra disponible en este enlace: https://saladeprensa.uqroo.mx/noticias/5122-legitima-defensa-en-mexico-muestra-de-un-estado-de-derecho-fallido/.

Este trabajo fue publicado en 2021 en la revista Enfoques Jurídicos, editada por la Universidad Veracruzana, donde el investigador destaca que la legítima defensa se ha convertido en “una forma de violencia auténtica, justa y legítima, en contraposición a la violencia inauténtica, injusta e ilegítima”, analizada desde un punto de vista pragmático y basada en su experiencia profesional.

Gómez Reyes argumenta que, ante el incumplimiento del Estado en la prevención del delito, el ciudadano se ve obligado a ejercer su derecho a defenderse a sí mismo, a su familia y a sus bienes, lo que ha derivado en fenómenos como las autodefensas y los linchamientos, o lo que él llama “una sensación en la población de conseguir una supuesta venganza privada”.

En sus conclusiones, el doctor José Alfredo Gómez señala que la legítima defensa es una evidencia clara del fracaso del sistema de seguridad pública. «Robos a plena luz del día a transeúntes, viviendas y comercios, secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos violentos son prueba de la ineficacia del Estado en este ámbito. Vivimos en un país que no garantiza el bienestar ni la paz social», puntualizó.

Abogados de Quintana Roo afirman que la legítima defensa está contemplada en el Código Penal Estatal, pero es un tema que recibe poca difusión, ya que se sigue promoviendo la política de “abrazos, no balazos”.

Es de destacar que el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo ha publicado dos amplios reportajes en torno al tema de la legítima defensa y su importancia, El primero, de septiembre de 2021, titulado Ciudad sin ley obliga a la legítima defensa, está disponible en este enlace: https://eldespertadorqr.com/ciudad-sin-ley-obliga-a-la-legitima-defensa/. El segundo, publicado en agosto de 2023, se titula Orillados a la autodefensa y puede consultarse aquí: https://eldespertadorqr.com/orillados-a-la-autodefensa/.

Empresarios confían en que la situación mejorará

Para Javier Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, la inseguridad es una preocupación compartida por empresarios y ciudadanos en general. 

“Creo que estamos dando pasos firmes como estado, como empresarios estamos apoyando de cerca y participamos en todas las Mesas de Seguridad Ciudadana, en todos los foros que somos convocados y nos queda claro que las autoridades están trabajando”, comentó.

Recordó que hace 10 o 15 años los empresarios estaban al margen de los sistemas y mesas de seguridad, pero a medida que la situación se tornó más difícil, decidieron involucrarse. «Ahora participamos y estamos viendo los esfuerzos que realizan todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y todos los presidentes municipales. No es fácil; es un tema muy complejo, un monstruo de mil cabezas, pero estamos en un marco adecuado para poder enfrentarlo», añadió.

No obstante, reconoció que no hay un solo ciudadano en Quintana Roo que no se sienta desprotegido, aunque expresó su confianza en que la situación cambiará.

Por su parte, Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Quintana Roo, señaló que hace algunos años uno de los principales problemas para los empresarios era la extorsión. Con la implementación del programa “Centurión”, que permite compartir y documentar los casos, se ha facilitado el seguimiento de cada denuncia, lo que ha impulsado investigaciones activas y ha permitido que los empresarios aporten información relevante para las autoridades.

Cabe destacar que, en los últimos años, son incontables los negocios que han cerrado debido a la extorsión y entre los casos más sonados, porque incluso lo externaron abiertamente en sus redes sociales, están las Pizzas del Perro Negro (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1329985017089032&id=186975291390016&set=a.326160177471526) y el bar “Las de la Luna” (https://eldespertadorqr.com/continuan-los-cierres-de-negocios-ahora-las-de-la-luna/), entre otros.

SESNSP reporta 171 robos violentos mensuales en Quintana Roo

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizadas al 30 de septiembre, en Quintana Roo se registran diariamente 5.7 robos, lo que equivale a un promedio de 171 al mes. Sin embargo, muchos de estos delitos no son denunciados debido a la desconfianza en la impartición de justicia.

Estos robos, en su mayoría, se cometen en tiendas de abarrotes, tortillerías, tiendas de conveniencia y expendios de cervezas, evidenciando que las acciones de seguridad no han dado los resultados esperados, a pesar de los recursos proporcionados por las autoridades.

El aumento de asaltos violentos, no solo por el uso de armas sino también por la forma en que operan los delincuentes, ha generado temor entre los empresarios. Esto se intensifica durante las últimas semanas del año, cuando hay mayor flujo de dinero por los pagos de aguinaldos, bonos e impuestos, por lo que temen que el riesgo de sufrir asaltos sea mayor.

“Hay que ser realistas, claro que nos preocupa un posible aumento de asaltos por estas fechas (fin de año), pero hay que tomar precauciones, no estar exhibiendo lo poco o mucho que uno tenga”, comentó Patricia Mora Vallejo, presidenta de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún.

Mencionó que cada jueves participan en reuniones de la Mesa de Seguridad, donde reciben reportes y analizan estrategias, aunque, por razones de seguridad, no se revelan los detalles. “Nos queda claro que las autoridades están trabajando en conjunto para dar resultados y están comprometidas. Tenemos mucha fe en que esto mejorará; sabemos que han llegado 600 refuerzos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional”, añadió.

En su último reporte “Monitor de Seguridad”, presentado en agosto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por el aumento de robos a comercios, que afecta tanto la economía de los negocios como la convivencia pacífica. Según el informe, los estados con mayor número de reportes de robos fueron Baja California, con 365; Quintana Roo, con 348; y Aguascalientes, con 324.

La delincuencia no distingue sectores sociales

En medio de una creciente ola de asaltos violentos y un evidente aumento en los homicidios, es claro que los grupos delictivos –cuyos integrantes y líderes muchas veces son identificados por las autoridades– están generando un grave impacto social.

En algunas zonas residenciales, que actualmente se han vuelto el blanco de robos, los vecinos están organizándose para implementar medidas de seguridad, aprovechando recursos como cámaras de videovigilancia. Entre las estrategias adoptadas, algunas son consideradas radicales, como prohibir el alquiler de viviendas mediante plataformas de hospedaje como Airbnb, o exigir que nuevos inquilinos se presenten ante el comité vecinal. Incluso han implementado protocolos más estrictos para controlar el acceso de proveedores.

En contraste, en las zonas populares de la ciudad, donde los delitos son cotidianos, los habitantes están en una situación de mayor vulnerabilidad, pues en muchas ocasiones los propios delincuentes residen en esas áreas. A pesar de que las autoridades tienen conocimiento de quiénes son los responsables de muchos de estos delitos –algunos captados incluso por las cámaras del C5–, la corrupción y la impunidad prevalecen, minando los esfuerzos de las autoridades y amplificando la sensación de inseguridad.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los robos a transeúntes y a domicilios representan el 13% de los delitos del fuero común y en años recientes se ha registrado un aumento en los robos a domicilios. 

El delito de robo en domicilio es definido como la apropiación de bienes ajenos al irrumpir en propiedades privadas, como casas, terrenos o departamentos y puede llevarse a cabo de diversas formas, como forzar cerraduras, ingresar mientras los ocupantes están dormidos o mediante amenazas con armas.

Las cifras de robos a domicilio en México siguen siendo alarmantes. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se estima que en el país ocurren más de 100,000 casos al año. La percepción ciudadana sobre este incremento resulta preocupante, ya que estos hechos afectan no solo el patrimonio, sino también el derecho humano a una vivienda adecuada y segura.

DATOS PARA RECORDAR:

• En los últimos años, en Cancún se ha observado una constante evolución en los robos y asaltos violentos a negocios, viviendas e incluso edificios públicos, así como también en las casas de figuras públicas que residen en la ciudad.
• Aunque entre los objetivos recurrentes están las tiendas de conveniencia, como los Oxxo, que sufren robos a diario, ningún tipo de establecimiento está exento, y como muestra se encuentra la escuela de música ubicada en el Parque de la Equidad, que aun sin ser abierta fue asaltada y saqueada por un comando armado.
• En 2008, un comando armado asaltó la casa de Ana Bárbara y su entonces pareja, El Pirru, en Cancún.
• En 2021 fueron robados vales de gasolina por un monto de 60 mil pesos de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria de Chetumal, según consta en la carpeta administrativa FGE/QROO/OPB/12/6860/2021.
• Existe un antecedente peligroso en la operación delictiva en el Caribe Mexicano, como el caso de la banda de “Los Rumanos”, liderada por Florian Tudor, alias “El Tiburón”, dedicada al fraude, la estafa y la clonación de tarjetas, con centros de operación en Cancún y la Riviera Maya.
• Según el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el robo con violencia se castiga con una pena de uno a quince años de prisión, mientras que el robo calificado se castiga con una pena de dos a seis años de prisión y una multa de cien a doscientos días.

Para evitar más robos con violencia en Quintana Roo, la autoridad debe adoptar una estrategia integral que combine la prevención, el fortalecimiento de la seguridad pública y el tratamiento de las causas subyacentes del crimen. Algunas medidas clave que podrían implementarse son:

1.- Fortalecer la presencia policial y mejorar la capacitación: Aumentar el número de patrullajes y la presencia policial en las zonas más afectadas por robos con violencia, especialmente en áreas turísticas y urbanas donde la incidencia es más alta.

2.- Incorporar tecnología avanzada en la seguridad: No solo instalar, sino garantizar que funcionen correctamente las cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos como calles, plazas, parques, centros comerciales y entradas principales a las ciudades, para identificar a los delincuentes y prevenir actos delictivos.

3.- Fomentar una policía de proximidad: Promover el contacto cercano entre la policía y la comunidad, donde los oficiales se conviertan en un recurso confiable para los habitantes, generando confianza y colaboración entre las autoridades y los ciudadanos.

4.- Mejorar la justicia penal y el sistema de justicia: Fortalecer el sistema judicial para que los responsables de delitos de robo con violencia sean procesados rápidamente y reciban penas proporcionales al daño causado. La impunidad debe ser combatida de manera efectiva.

Acelerar los procesos judiciales para evitar que los delincuentes queden en libertad por falta de evidencia o por dilación de los juicios.

Reforzar las penas por robo con violencia y otras infracciones relacionadas, aplicando sanciones más severas para quienes utilicen armas o amenazas para cometer delitos.

5.- Atender las causas estructurales del crimen: 

Invertir en programas de prevención del delito, como oportunidades laborales, educación y apoyo a jóvenes en riesgo, para evitar que se conviertan en potenciales delincuentes.

6. Fortalecer la inteligencia y la persecución del crimen organizado: Atacar las estructuras de bandas criminales que se dedican al robo con violencia y otras actividades ilícitas, desmantelando sus fuentes de financiamiento y logística.

Mejorar las capacidades de inteligencia para identificar y desarticular grupos del crimen organizado que operan en la región, tanto en el ámbito urbano como en zonas rurales.