Durante décadas, numerosas instituciones y organismos del Estado mexicano han fungido como meros paliativos, sin llegar a ser concluyentes en las soluciones a las problemáticas de la ciudadanía, en un juego permanente de “hacer como que hacen”, para aparentar que en realidad no son omisos

SALVADOR CANTO

El Estado mexicano cuenta con una amplia lista de instituciones que no son nada concluyentes en sus acciones en beneficio de la ciudadanía, pues por lo regular reina la corrupción y muchas veces están supeditadas a recomendaciones, clausuras, sanciones económicas a manera de paliativos, pero sin llegar a fondo en las resoluciones reales de las problemáticas que la gente denuncia, además de que muchas veces pierden el sentido social de su función y terminan como entes netamente recaudatorios.

Es decir, “don dinero” es la solución a muchas de las denuncias ciudadanas y las instancias optan por la mediación, multa o clausura simbólica o temporal y no llegan a fondo a la situación que en algunos casos revisten gran gravedad o llegan a poner en peligro la salud pública de la gente, como es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que permite la apertura de expendios de agua potable sin garantizar que el producto que expenden sea realmente confiable para la ciudadanía.

Lo mismo pasa con instancias que, en lugar de actuar y sancionar severamente a quien comete un daño ambiental, al grado de llevar al o a los responsables ante tribunales, optan por ser mediadores, calcular el grado de afectación y aplicar una multa económica, sin llegar a una conclusión clara del problema.  

“Lamentablemente hoy en día las instituciones dejan mucho que desear y ejemplo de ello son las dependencias relacionadas con el cuidado al medioambiente que, en el caso de Quintana Roo, han permitido que se violenten las leyes ambientales una y otra vez, pues a pesar de que en algunas ocasiones hay inspecciones, sanciones y clausuras en proyectos por la falta de los permisos correspondientes, al poco tiempo las obras continúan con el pago de  multas sin que haya solución al problema real”, explicó el abogado y activista Gerardo Solís Barreto.

De hecho, Quintana Roo no sólo se encuentra entre las entidades con mayor número de delitos ambientales, sino que además, es de los estados en donde más impunidad existe porque las dependencias de la materia actúan de forma timorata ante quienes pepetran las violaciones.

Otra de las dependencias que actúan de igual manera, sin llegar a aportar la resolución de los problemas, es la Comisión de Derechos Humanos, omisión que ha provocado, en el caso de Quintana Roo, que sea la entidad de la Península de Yucatán donde más violaciones se cometieron durante el año 2022, de acuerdo a un informe de la organización “México, ¿cómo vamos?”.

No obstante que se proporcionan “manuales” para la presentación de quejas y/o denuncias, muchas veces los procesos burocráticos hacen que la gente se desespere y opte de última hora por no proceder, pues se pierde la confianza y la ciudadanía considera que insistir es una pérdida de tiempo, como suele ocurrir ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras.

“Más vale pedir perdón que pedir permiso”

Quintana Roo ocupa uno de los primeros lugares entre las entidades del país donde más delitos ambientales se cometen, pero además, es un estado en donde la impunidad reina en todas o casi todas las denuncias que ciudadanos y grupos ambientalistas interponen.

Y aunque en algunos casos proceden, la mayoría de las veces las autoridades no son concluyentes en sus acciones, es decir, sólo inspeccionan, clausuran y multan, para que al poco tiempo permitan que el mismo proyecto continúe sin que la sanción implique la prohibición total de los trabajos por el daño ocasionado o se encarcele al responsable de esas irregularidades, como una medida estricta conforme a la ley.

Es decir, autoridades ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el ámbito federal y en lo local la Procuraduría de Protección Ambiental (PPA) yla  Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se han convertido en instancias que no llegan hasta las últimas consecuencias para frenar proyectos que son a todas lunes ecocidas de origen y que carecen de los permisos correspondientes.

De acuerdo con miembros de diversos grupos de ambientalistas como Salvemos Tajamar, el lema de “más vale pedir perdón que pedir permiso” ha sido el razonamiento constante de los desarrolladores, pues saben que si tramitan los permisos, por la naturaleza de sus proyectos se los van a rechazar.

“Lamentablemente las autoridades ambientales no actúan conforme a la ley, hacen caso omiso a las denuncias que se presentan porque sencillamente no les importa, saben que ahí hay negocio porque con la denuncia van, inspeccionan, confirman que sí hay delito ambiental, levantan un acta, aplican una multa y ahí quedó todo, el empresario puede seguir dañando el medio ambiente con su proyecto”, acusó Roberto Andrade, uno de los activistas del grupo Salvemos Tajamar.

Cabe decir que uno de los delitos ambientales más comunes y el más identificable es la tala de manglares, especies de alta relevancia ambiental protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059-Semarnat-2010.

De hecho, cada año, Quintana Roo pierde por lo menos cinco hectáreas de manglares, según el conteo de DataMares.

Ciudadanos en constante riesgo a la salud pública

Otra de las instancias que deja mucho que desear en sus acciones es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dependiente de la Secretaria de Salud, en cuyas manos está la regulación sanitaria en diversos casos como el consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nutrientes vegetales, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos.

Además, de acuerdo a la nueva ley de salud contra el tabaquismo, es la responsable de verificar que no se fume en aéreas públicas como parques, estadios, restaurantes, bares y playas públicas, pero en realidad no hace nada al respecto.

Otras acciones que tienen a su cargo, es verificar que los negocios donde se expenden alimentos cumplan con las normas sanitarias, lo mismo en supermercados, particularmente en el área de carnes, salchichonería y lácteos, para que estos tengan buena calidad, que cumplan con la vigencia establecida en las fechas de caducidad y su despacho sea el adecuado.

Sin embargo, también se ha convertido en una dependencia poco transparente que actúa a conveniencia y deja de atender las denuncias de la gente en temas sanitarios, pues únicamente realiza inspecciones, levanta actas, multa y en pocos casos llegan a suspender o clausurar el lugar, pero eso condiciona al propietario del inmueble únicamente a pagar una multa y tras ello puede seguir operando como si nada hubiese pasado.

Es decir, no realiza investigaciones a fondo y se queda corta en sus actuaciones, por lo que es una dependencia inocua que además termina convertida en un ente netamente recaudatorio.

De recomendaciones no pasa Derechos Humanos

Pese a ser un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, que no depende de ninguna otra autoridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha convertido en los últimos años en otra de las instancias poco creíbles para los ciudadanos, pues de recomendaciones y exhortos no pasan, es decir, tampoco son contundentes ni concluyentes en sus acciones.

Si bien cualquier persona puede presentar una queja ante dicha instancia por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales o inconformidades por el actuar de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, hay casos en donde para emitir una recomendación se tardan hasta más de un año en la resolución y muchas veces ya es demasiado tarde.

Existen claros ejemplos de ello y uno de ellos es lo ocurrido la noche del lunes 9 de noviembre del 2020, cuando un grupo de manifestantes que protestaba por la violencia feminicida fue violentamente reprimida por policías, incluso con disparos de armas de fuego en plena Plaza de la Reforma, donde varios ciudadanos resultados lesionados por golpes y heridas de bala.

Entre las víctimas se encuentra la periodista Cecilia Solís, quien si bien recurrió —y confió— en tiempo y forma ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el organismo sólo medió y emitió un exhorto a la policía, sin que el hecho tuviese mayor repercusión, debido a que los agresores siguen libres.

Otro caso similar de la forma de actuar de los organismos defensores de Derechos Humanos es el homicidio de Octavio Ocaña en el Estado de México, hace casi dos años, en donde hay involucrados policías y apenas la semana pasada la CNDH emitió la recomendación 71/2023 a la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco, por el uso excesivo de la fuerza por policías municipales durante la persecución a un vehículo donde resultó muerto el actor.

En redes sociales la principal crítica de la gente es precisamente el tiempo que se tardó dicha dependencia en emitir una recomendación por un hecho que a todas luces se cometió, en lo que respecta a ese caso.

Cabe decir que tanto en Quintana Roo como en el resto del país, según datos del INEGI, casi dos tercios del total de violaciones denunciadas se refirieren a actos u omisiones que atentan contra el Derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, Derecho a la integridad y seguridad personales y Derecho a la protección de la salud.

Otros derechos principalmente afectados por las violaciones son derechos de las personas privadas de su libertad, derecho a un medio ambiente sano, vivienda adecuada, al agua y a la alimentación, así como los derechos civiles.

Mediación siempre favorece al acusado

A pesar de que una de sus principales funciones es velar por la buena calidad de cada uno de los productos que se consumen, que se respeten los precios y que la calidad de los servicios sea el adecuado, desde hace muchos años la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) ha perdido ese sentido social y se ha convertido en una instancia más que no es concluyente en sus actuaciones.

Si bien en todo momento lo que la dependencia busca es la mediación entre el consumidor y el prestador del servicio para darle una solución al problema, ésta solamente es a medias, pues no se llega al fondo de las consecuencias en casos donde se denuncia la venta de productos caducados y en donde se pone en riesgo la salud pública.

Rafael Ortega Ramírez, representante de la asociación civil La Fuerza del Consumidor, lamentó que la Profeco más que ayudar a resolver los problemas al atender las quejas y  denuncias ciudadanas, complica aún más la situación con mediaciones que siempre son favorables para los empresarios y comercios, a pesar de la existencia de pruebas de los abusos.

“Nosotros hemos interpuesto quejas en contra de Aguakan, Comisión Federal de Electricidad (CFE), plazas comerciales por cobros de los estacionamientos e incluso por alza de precios de productos de la canasta básica, entre otras más, pero mayormente la mediación favorece a las empresas”, explicó.

A pesar de que la propia Profeco a nivel nacional ha considerado a Quintana Roo entre las ciudades en donde el alza de precios de la gasolina es de los más altos del país, dichas acciones solo quedan en las recomendaciones porque las estaciones de servicios mantienen la práctica común de dar litros incompletos sin que existan acciones específicas para frenar esos abusos.

Si bien en algunos casos clausuran, en la mayoría de ellos la Profeco no es concluyente en la resolución de las quejas, porque las empresas optan por pagar las multas y a los dos o tres días vuelven a operar sin problema alguno.

De igual manera, la dependencia dio a conocer que hasta el pasado 27 de mayo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantenía como la dependencia más denunciada por los usuarios en Quintana Roo, con un total de 57 quejas recibidas, derivadas principalmente de las deficiencias en el suministro de energía en varios municipios del estado en lo que va del año.

Sanciones económicas, sin mayores consecuencias

Dentro de todo este panorama donde muchas de las dependencias de los tres niveles de gobierno no proceden de fondo para solucionar de raíz las denuncias ciudadanas, se suman las acciones de instancias municipales como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que, si bien de los exhortos pasa a las clausuras de obras que carecen de los permisos de construcción dentro de la ciudad, aquí también aplica la máxima de “más vale pedir perdón que pedir permiso”, pues con el pago de la multa correspondiente, las autoridades permiten que las obras transgesoras continúen, independientemente de que pudieran existir daños ambientales o riesgos de seguridad en los casos de ampliaciones o remodelaciones de viviendas.

Es decir, no se hace una investigación correcta ni tampoco se le niega la anuencia al empresario o ciudadano que inició la obra sin permisos o que incumple los requerimientos, pues la limitancia de sus funciones sólo queda en permitir que los trabajos sigan, siempre y cuando paguen la sanción económica que se les impone.

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Urgen mayores acciones y usar el poder de las redes

Es preciso que las instancias responsables redoblen su labor y su efectividad, ante las incontables denuncias ciudadanas por problemáticas que no se resuelven, como las gasolineras que despachan litros incompletos, o situaciones que pueden provocar daños severos a la salud, como la carne (res, cerdo y pollo) que se expende en muchos supermercados con reetiquetaciones criminales, a pesar de no ser apta ya para el consumo humano, así como abarrotes, productos lácteos, pan y galletas que permanecen a la venta a pesar de haber caducado o incluso encontrarse en estado de descomposición, sin que la gente se dé cuenta hasta que llega el momento de consumirlos, con el riesgo que eso implica para la salud pública.

Es importante también que la ciudadanía adquiera la costumbre, como regla, de revisar las fechas de caducidad de los productos que adquiere y, sobre todo, no callar, seguir denunciando; buscar alternativas como el uso de las redes sociales para exhibir a los negocios que estén incumpliendo, para que nadie les compre y a las instituciones que no son concluyentes en sus procesos.