En la recta final de una Legislatura de escasos resultados, a pesar de ser de las más caras del país, la renovación de su estructura con la llegada de 11 diputados suplentes debe ser una oportunidad para recomponer el rumbo

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

Además de haberse convertido literalmente en un Congreso de puertas cerradas, en donde el acceso tanto a ciudadanos como a la prensa a los espacios públicos del recinto se encuentra restringido, la XVII Legislatura de Quintana Roo, que concluye sus funciones en menos de seis meses, se ha caracterizado no solo por ser de las más caras del país, sino por su poca eficiencia legislativa.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Legislativo de Quintana Roo que encabeza Eduardo Galaviz Ibarra, los actuales diputados locales han dejado mucho qué desear en sus funciones y entre el cúmulo de pendientes de relevancia que no han sido atendidos eficientemente, se encuentra el tema de la concesión de Aguakan, luego de que dicha empresa obtuvo recientemente una suspensión definitiva por parte del Juzgado Octavo de Distrito, tras el decreto 195 aprobado en diciembre pasado por el Congreso del Estado, en donde se aparentó cancelar la concesión leonina que posee en cuatro municipios, vigente hasta el 2053.

En medio de este panorama, se dio la salida mediante licencia de 11 legisladores titulares, ya sea para buscar la reelección u otro cargo y si bien no todos los suplentes han asumido sus puestos, quien sí lo hizo, y en ella recayó la gran responsabilidad de cambiar esta imagen del Congreso, es la diputada Jissel Castro Marcial, quien además fue nombrada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), que presidió primero Renán Sánchez Tajonar y recientemente Luis Humberto Aldana Navarro, ambos actualmente en campaña electoral.

Poder Ejecutivo pone el ejemplo

En lo que va de la administración estatal, el gobierno que preside Mara Lezama Espinosa, en ejercicio de las funciones orgánicas que corresponden al Ejecutivo, ha presentado más iniciativas que cualquier diputado, un total de 18 iniciativas, algunas con proyecto de decreto y otras de ley, las cuales tras ser sometidas al análisis de todas las fracciones parlamentarias han sido aprobadas, pues se trata de propuestas benéficas para la población, entre ellas reformas a leyes orgánicas de la Fiscalía General del Estado, otras relacionadas con el presupuesto del Estado y de los municipios, programas sociales, fortalecimiento del deporte y el desarrollo forestal, el combate a los delitos fiscales y a la trata de personas, entre otros.

Congreso de puertas cerradas

Contrario a lo que establece el artículo 9 de la Constitución, donde se garantiza el derecho al libre acceso al espacio público, la sede del Congreso de Quintana Roo se ha convertido en una fortaleza donde no se permite el acceso ni a los ciudadanos ni a la prensa, salvo si no existe una cita expresa con algún diputado.

De hecho, ni siquiera permiten entrar para ver el emblemático mural “Forma, Color e Historia” del artista Elio Carmichael a los turistas que pudieran estar interesados en recorrer el denominado Barrio Mágico y Punta Estrella.

En dos ocasiones distintas, el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo pudo comprobar que en lo que va de la actual XVII Legislatura ha fungido literalmente como un Congreso de puertas cerradas, sin acceso libre a la ciudadanía, con lo que no solo se violentan los derechos humanos de la gente, sino también la libre expresión de los medios de comunicación.

“No hay acceso, tienen que tener una cita con algún diputado, esa es la orden que tenemos”, expuso una de las personas que resguarda las instalaciones del recinto legislativo.

Incluso no permiten ni siquiera ingresar al área de oficialía de partes a entregar documentos ni periódicos y se indica al solicitante que debe pasar a entregarlos a la oficina del Poder Legislativo que está enfrente del Congreso, en la calle Miguel Hidalgo número 13, esquina con calle 22 de Enero.

Congreso caro y poco eficiente

A pesar de que la XVII Legislatura está integrada por la mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo que, en su conjunto pregonan el principio de austeridad, la realidad ha sido muy distinta porque es uno de los Congresos que más gasta en el país, según el estudio mostrado a El Despertador de Quintana Roo por el Observatorio Legislativo.

“Las cifras ahí están, es evidente la poca eficacia legislativa y, además, es de las más caras de la República Mexicana, con un gasto registrado en un estudio de 16 meses de alrededor de 615.7 millones de pesos”, señaló Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de dicho organismo.

Añadió que, de ese total, 469.6 millones corresponden al 2024 y 146.7 al periodo de septiembre a diciembre de 2023, lo cual representa un gasto mensual de 38.4 millones de pesos.

Lamentó que, a pesar del oneroso gasto, su productividad no corresponde al presupuesto ejercido, ya que únicamente ocho diputados han presentado iniciativas de manera particular y decretos, lo que representa apenas un 39 por ciento de los 25 integrantes.

El organismo también denuncia que el congreso estatal ha retrocedido en materia de transparencia, al ocupar los últimos lugares en los indicadores nacionales del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Es de destacar que, si bien la tasa de efectividad de un legislador se mide no por el número de iniciativas presentadas, sino por las aprobadas y su eficiencia real, es evidente la existencia de errores y omisiones en la integración de varias de ellas porque no consideran que para su instrumentación se requieren reglamentos y asignaciones presupuestarias.

Entre otros pendientes urgentes, han postergado legislar sobre austeridad, anticorrupción y transporte ferroviario, que debería ser un tema en análisis ya por la puesta en marcha del Tren Maya.

Es de aclarar que el reporte del Observatorio Legislativo consultado abarca el primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio de la actual Legislatura, durante el cual se efectuaron 34 sesiones y se presentaron 119 iniciativas contra 142 del período anterior.

De esas iniciativas, 30 fueron con motivo de la aprobación de las leyes Fiscales del Estado y de los 11 Ayuntamientos, es decir, las obligadas cada año.

Además, de este mismo total, 39 fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, ciudadanía y Ayuntamientos, es decir un 33%, mientras que las presentadas por las y los diputados alcanzó un 67%.

Asimismo, en el periodo que implicó esta evaluación se emitieron 88 Decretos, 33 de ellos por motivos Fiscales, 10 Reformas al Código Penal y 45 Reformas de Leyes.

Iniciativas polémicas y fallidas

Si bien no es privativo de la actual legislatura, sino se trata de una falla constante de varios años al momento de presentar las propuestas legislativas, muchos diputados han dado muestra de incapacidad para la estructuración de propuestas de cambio y/o modificación de artículos a leyes existentes, pues terminan siendo iniciativas fallidas, anticonstitucionales o contrarias a los intereses legítimos de los representados, a los derechos humanos y al desarrollo del estado.

Ejemplo de ello es la llamada Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, popularmente conocida como “ley plásticos” o “ley popote” propuesta por el Partido Verde que entró en vigor en el 2019, la cual contemplaba una prohibición para la comercialización de plásticos de un solo uso como popotes, recipientes para comida, cubiertos de plástico, entre otros, pero terminó convertida en letra muerta, pues nunca se contempló el andamiaje administrativo para instrumentarla, es decir, un presupuesto para supervisión de su cumplimiento, unidades para acopio y reciclado, así como un reglamento para su uso y destino final, y tras una cascada de amparos de empresarios, la Suprema Corte la revocó.

Otro caso de iniciativa fallida es la Ley de Bienestar Animal que, si bien está vigente, no es generalizada para la protección de todas las especies y los cambios hechos recientemente afectan los usos y costumbres de comunidades como las de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto entre otras de la zona maya, donde año con año se realizan ferias tradicionales y eso ha desatado controversia y movilizaciones de galleros, palqueros y cabalgantes, que además ven afectadas sus fuentes de empleo porque se prohíben muchas de sus actividades.

Propuestas positivas, con participación ciudadana

Por otro lado, así como hay iniciativas fallidas, hay otras positivas que han sido aprobadas. Por ejemplo, la semana pasada la actual legislatura aprobó una modificación al Código Penal del Estado para catalogar la rapiña como modalidad de robo, que será sancionada con hasta 18 años de cárcel y multas de hasta 150 días de salario mínimo, equivalente a 37 mil 339 pesos si el robo se realiza aprovechando la consternación de una desgracia, situaciones de emergencia, falta de vigilancia y hasta accidentes carreteros.

Es de mencionar que, al estimar un enfoque cuantitativo de las iniciativas, han sido realmente pocas las propuestas de nuevas leyes, porque los diputados se han enfocado principalmente a la modificación de artículos de leyes ya existentes.

Por eso, de nada sirve presentar modificaciones de leyes si no se tiene la capacidad de gestionar la aprobación de los reglamentos claros, que sea un tema general y cuente con la debida asignación de recursos para su implementación. 

Siempre será necesario, también, que su estructuración que implique la participación ciudadana, pero sobre todo de especialistas integrados en colegios y barras de abogados para fortalecer los esquemas legales.

Proponen sanciones a diputados faltistas 

En la propia página web del Congreso de Quintana Roo –cuyo apartado relacionado con Comunicación Social, que incluye boletines de prensa de las actividades realizadas en la presente legislatura se encuentra fuera de servicio, por cierto– consta que entre las y los diputados más faltistas encabezan la lista Luz María Beristain Navarrete, de Morena, con un total de 28 inasistencias, seguido por Julián Ricalde Magaña, de Fuerza Por México, con 21 faltas.

A la lista se le suman algunos legisladores con licencia como Angy Estefanía Mercado de Morena con 18, María José Osorio Rosas y Renán Sánchez Tajonar, ambos del Partido Verde con 17 y 16 ausencias cada uno.

Ante esta circunstancia, en días pasados la diputada Cristina Alcérreca Manzanero presentó una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución de Quintana Roo, así como de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con la asistencia de las y los diputados a las sesiones de trabajo del Congreso del Estado.

Según lo establecido en esta propuesta, se pretende modificar los artículos 60 y 64 de la Constitución Política del estado. En el artículo 60 se especifican las obligaciones de las personas legisladoras, entre las que se incluye asistir regularmente a las sesiones y visitar los distritos que representan.

Así, la ausencia injustificada conllevaría la pérdida del derecho al pago de dietas correspondientes al período de receso, que asciende a 30 mil pesos mensuales.

Mientras que el artículo 64 establece que la ausencia sin justificación a más de tres sesiones consecutivas implica la renuncia a participar en el período respectivo, debiendo llamar a su persona suplente para reemplazarla.

Por otra parte, en lo que respecta a los diputados con menos iniciativas, tanto Julián Ricalde Magaña del partido Fuerza Por México como Alfonsa Leticia Padilla Medina de MAS, en toda su gestión como diputados únicamente han presentado 11 iniciativas cada uno ante el Pleno del Congreso, pero no todas han sido aprobadas.

Licencias en cascada 

En México uno de los puestos públicos más criticados por la sociedad es precisamente el de diputado, a quienes popularmente se les señala de no atender a las necesidades del pueblo, sino a sus intereses personales o partidistas, y con sus acciones no abonan a modificar esa visión, pues actualmente muchos han dejado el cargo en busca de ser reelectos en su curul, o en pos de otro escaño de más envergadura, a nivel federal.

El caso de Quintana Roo no es la excepción, pues 12 de los 25 diputados que iniciaron funciones dentro de la XVII Legislatura pidieron licencia para separarse de sus cargos e incorporarse a las campañas en busca de reelegirse o de otros espacios populares en el actual proceso electoral.

En este recuento se incluye a Diana Laura Nava Verdejo, del MAS, quien extendió la licencia que ha mantenido la mayor parte de la XVII Legislatura, por lo que su cargo ha sido cubierto casi permanentemente por Alfonsa Padilla Medina.

Sin embargo, no todos han dejado sus cargos hasta el momento porque los permisos de algunos de ellos inician hasta el 14 de abril, es decir, un día antes del arranque de las campañas locales en virtud de que sus aspiraciones son buscar la reelección en el Congreso o asumir un cargo dentro de los Ayuntamientos del Estado.

En ese contexto, el pasado 28 de febrero el Congreso aprobó las solicitudes de licencia temporal de nueve diputados de Morena, una de Movimiento Ciudadano (que recién renunció al partido para convertirse en legisladora independiente), dos del Partido Verde y una del MAS. 

Por parte de Morena quienes solicitaron las licencias y ya no están en el congreso son Estefanía Mercado, Mildred Ávila Vera, Elda Xix Euán, Omar Antonio Rodríguez Martínez y Humberto Aldana, mientras que sus permisos temporales comienzan a partir del 14 de abril para Andrea del Rosario González Loría, Silvia Dzul Sánchez, María Fernanda Cruz Sánchez y José María Chacón Chablé.

Por el Partido Verde lo hicieron Renán Sánchez Tajonar y Alicia Tapia, el primero ya no está porque coordina los trabajos de su partido en el proceso electoral federal y la segunda sale a partir del 14 de abril, fecha en la que también saldría Maritza Basurto de Movimiento Ciudadano, aunque ella ya renunció a dicho partido y se declaró independiente, y por MAS la diputada Diana Laura Nava Verdejo, quien ha pasado de licencia la mayor parte de su gestión dentro de la XVII Legislatura.

Ante las salidas ya confirmadas, se tuvo que llamar a los suplentes y en este caso los que llegaron y ya tomaron protesta fueron Jissel Castro Marcial, suplente de Mildred Ávila Vera; Laura Elena Corrales Navarrete, suplente de Estefanía Mercado; Guillermina Verdejo Rosas, suplente de Elda Xix Euán; Rolando Alexis Hernández Martínez, suplente de Omar Martínez; y Luis Ángel Gómez Balam, suplente de Renán Sánchez Tajonar.

Cabe señalar que a más de 15 días de dejar el cargo, en el caso de Humberto Aldana, su suplente no ha sido llamado a ocupar la curul, pues por tratarse de un espacio plurinominal corresponde al Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinar a quién corresponde el escaño, y aunque hace unos días el organismo informó que ya había notificado al Congreso que el espacio es para Fermín Pérez Hernández y que la XVII Legislatura debe convocarlo para asumir la diputación, hasta el cierre de esta edición no lo había hecho, argumentando que seguían esperando la respuesta del órgano electoral. 

Pérez Hernández confirmó en días pasados que desde el 7 de marzo inició los trámites ante el Ieqroo y el propio Poder Legislativo para hacer valer su derecho de ser diputado sustituto; sin embargo, “hasta ahorita no llega el llamado, yo estoy en espera”.

Jissel Castro, nueva presidenta de la Jugocopo

Hasta el pasado 28 de febrero, Jissel Castro Marcial fungía como diputada suplente de Mildred Ávila Vera, quien solicitó licencia para buscar una diputación federal, por lo que le correspondió asumir la curul vacante durante los próximos seis meses.

Sin embargo, nadie se esperaba que la bancada del partido Morena la elegiría no solo como la nueva presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), sino también coordinadora de la fracción parlamentaria de los diputados guindas.

Se pudo investigar que Castro Marcial es de las militantes de Morena más fieles a la Cuarta Transformación y durante los últimos años ha trabajado de lleno en el Comité Estatal del partido, donde fungió como Secretaria de Finanzas.

De este modo, tras asumir la diputación conforme a la ley, y además la dirigencia de la Jugopo, la diputada tiene una doble responsabilidad durante lo que le resta de funciones a la XVII Legislatura; una de ellas es la de cambiar la mala percepción que existe de los diputados y el pobre trabajo legislativo hecho hasta el momento.

Es de destacarse que, con la solicitud de licencia de los diputados titulares y la llegada de los suplentes, la XVII Legislatura del Estado modificó la integración de las comisiones ordinarias, entre ellas la de Puntos Constitucionales, que estará presidida también por Jissel Castro Marcial y la comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos será encabezada por la diputada Guillermina Verdejo Rosas.

Las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de Deporte, de Movilidad, de Desarrollo Indígena, de Cultura, de Trabajo y Previsión Social, de Planeación y Desarrollo Económico, de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, mantendrán sus presidencias sin cambios.

El Pleno Legislativo aprobó también la modificación de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio, la cual quedó en manos del diputado Issac Janix Alanís y la integran también las diputadas Cristina Alcérreca Manzanero como vicepresidenta, Silvia Dzul Sánchez como secretaria y María Fernanda Cruz Sánchez como suplente general.

Resolver el caso Aguakan, prioritario 

La creación de una comisión transitoria especial de seguimiento al caso Aguakan en algún momento llegó a significar una esperanza para que se hiciera cumplir el mandato de la pasada consulta popular en contra de dicha concesionaria.

Sin embargo, el avance ha sido muy pobre e incluso muchos de los diputados que la integraban han solicitado licencia y por eso en días pasados, con los suplentes que llegaron, el Congreso tuvo que hacer una reestructuración de dicha comisión, que ahora es presidida por Jissel Castro Marcial y tiene como secretario a Rolando Alexis Hernández Martínez y de vocales a Yohanet Teodula Torres Muñoz, Alfonsa Padilla Medina y Andrea del Rosario González Loría.

Al paso de los meses, es evidente que no ha habido contundencia en este tema y prueba de ello es que la falta de un debido análisis en la abrogación del decreto que extiende la concesión a Aguakan ha propiciado una complicación jurídica entre el gobierno estatal y la empresa que a todas luces tiene fines electorales.

Aguakan, la concesionaria de agua potable en la zona norte de Quintana Roo, logró la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado en diciembre pasado por el Congreso de Quintana Roo que había cancelado la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado que opera la empresa desde 1990.

Es decir, con esta medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo de Distrito, la concesionaria puede seguir prestando sus servicios en Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen), Puerto Morelos e Isla Mujeres, hasta que el juicio se resuelva de fondo.

Y aunque el gobierno de Quintana Roo interpuso una impugnación contra la medida provisional, argumentando que el contrato ampliado en 2014 estuvo viciado de origen, la autoridad judicial mantiene su veredicto hasta el momento.

Entre tanto, entre los temas pendientes de análisis se mantiene el relacionado con la regulación de las tarifas de agua potable, que sigue sin ser atendida.

RECUADROS

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Hasta el momento sigue sin discutirse una ley de austeridad, la revisión de la política anticorrupción, la política de apoyo a los grupos productivos del campo y pequeños productores del estado; incluso se ha dejado a un lado la revisión de la ley de transporte ferroviario del estado que ahora con la operación del tren Maya debería de ser considerada una prioridad en la agenda legislativa

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Julián Ricalde Magaña, del partido Fuerza Por México y Alfonsa Leticia Padilla Medina del partido local Más Apoyo Social (MÁS), han sido los más improductivos de la XVII Legislatura, en tanto que Luz María Beristain Naverrete de Morena, la que más ha faltado a las sesiones, tanto de comisiones como del pleno, con un total de 28 inasistencias.

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PÁRRAFO FINAL

La reciente reestructuración de comisiones y la entrada de nuevos legisladores deben ser oportunidades para rectificar el rumbo y recuperar la confianza de la ciudadanía. Es fundamental que se priorice el interés público sobre los intereses partidistas o personales, especialmente en casos como el de Aguakan, donde la falta de resolución adecuada solo ha contribuido a una mayor incertidumbre. Solo mediante un compromiso real con la rendición de cuentas, la eficiencia legislativa y el respeto a los principios democráticos se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el bienestar de la población quintanarroense.