Roberto Guzmán

Mientras las leyes tienen las funciones de instruir y de restringir, la mayoría de ellas ayudan a mantenernos dentro de los límites de un comportamiento moral, por lo que ante cualquier momento que un flamante y recién votado diputado del próximo Congreso a instalarse desee legislar, los límites de su comportamiento, como de su haber, no tendrían en algún momento por qué considerarlos bajo su propia moralidad como de sus propios principios mal fundamentados, cuando las leyes se decretan para el beneficio de todos nosotros.

Esperemos que aquellos veintiún inexpertises diputados que comenzarán a legislar en un par de meses no lo hagan partiendo del principio de su moralidad como de sus propios prejuicios, ya que al hacerlo no solo estarían violentando el principio por persona o pro personae de todo ciudadano quintanarroense, sino también el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, al ser la regla ética la conducta justiciable al no establecer el derecho procesal como un deber a la moralidad, y al precisarse que el alcance del principio de la misma no puede provenir de las leyes de la naturaleza ni del ser humano, ni mucho menos del mandato de un dios.

El misterio entonces de la libertad que todos debiéramos experimentar y reconocer en los demás de que surgiera de la necesidad de establecer ideas que predijeran la conducta de los otros, aún continúa cumpliendo la moral enraizada del cristianismo, y que hoy los derechos humanos la han reemplazado.

En México la trascendencia de la salud reproductiva sigue generando gran cantidad de textos legales en el Derecho internacional, encaminados al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, que se establecieron a partir de la plataforma para la acción de Beijing de 1995, los cuales deben comprender ciertos derechos humanos ya reconocidos en leyes nacionales, como en documentos internacionales sobre derechos humanos y otros documentos de consenso relacionados, para dar base al reconocimiento del derecho básico de todas las parejas con la libertad de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, como de poder contar con información y medios para hacerlo, con el fin de alcanzar el mejor estándar para su salud sexual y salud reproductiva, sin sufrimiento, discriminación, coacciones ni violencia, a pesar que en el estado muchas personas aún son perseguidas por ejercer este derecho, y a muchas más se les impide totalmente ejercerlo, e incluso se les encarcela.

Considero que la moral no debe seguir intentando dictar en Quintana Roo a quién podemos besar, a quién podemos amar, cómo debemos vestirnos, cuándo podemos tener hijos y cuántos podemos tener, incluso interrumpir un embarazo, ya que el cuidado de la salud sexual y reproductiva, la información y los servicios de planificación familiar se deben reconocer no solo como intervenciones clave que mejoren la salud de las mujeres, hombres y los y las niños y niñas, sino también como un derecho humano.

¿Usted qué opina?