Se actuará “en contra de quien sea, siempre y cuando cometa un delito”; “nadie por encima de la ley”, coinciden Óscar Montes de Oca y la secretaria de gobierno Cristina Torres al referirse a Jorge Brizuela, investigado por agencias de EEUU, de acuerdo con documentos filtrados por Guacamaya Leaks

SALVADOR CANTO

CANCÚN.- «No es mi amigo, pero aunque lo fuera, con todo el rigor porque yo no tengo compromisos con nadie; podemos actuar en contra de quien sea, siempre y cuando cometa un delito», expresó el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, al referirse al caso de Jorge Luis Brizuela Guevara, alias el Venezolano, quien presumía que entre su grupo de amistades estaba el primer abogado del estado, con quien incluso tiene fotografías.
En nuestra edición semanal de El Despertador de Quintana Roo de este lunes 20 de marzo, dimos cuenta en amplio reportaje de todos y cada uno de los señalamientos extraídos de los
expedientes hackeados a la Sedena, en donde se habla de vínculos con grupos del narcotráfico, lavado de dinero y acciones terroristas desde Quintana Roo por parte de Brizuela Guevara, quien además cometió abusos y excesos con total impunidad durante el sexenio pasado.
Durante la conferencia de prensa semanal de los integrantes del Gabinete de Seguridad, El Despertador de Quintana Roo cuestionó a varios funcionarios, entre ellos la propia Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez y al propio titular de la FGE sobre alguna investigación en contra de dicho personaje, así como su presunta relación de amistad.
En ese contexto, la encargada de la política interna del gobierno del estado se refirió a una de las irregularidades perpetradas por el Venezolano, relacionadas con la asignación de recursos públicos para la instalación de carpas Covidl, ampliamente documentada y exhibida en medios de comunicación e incluso denunciada ante el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.
«En el caso de cualquier persona relacionada a hechos o contratos de la administración anterior, ya la Secretaría de la Contraloría ha hecho las recepciones de las observaciones hechas por las secretarías y los titulares actuales”, explicó.
Dijo que el proceso “es muy sencillo, se le llama a cualquier persona relacionada con alguna observación y dependiendo de la naturaleza de estas observaciones se abre un período de solventación y después de esto, en caso de que no se subsanen las observaciones emitidas, ahora sí las investigaciones formales ya de un procedimiento administrativo, penal o de la naturaleza de que se trate”.
Detalló que actualmente «se está en esta etapa de citatorios, en que la Secretaría de la Contraloría emita los citatorios correspondientes y por lo tanto yo les pediría estar atentos de esto con relación a los servidores públicos y si derivado de la acción de un servidor público deviene alguna responsabilidad de algún contratista o de alguna persona, se inicia otro procedimiento. Estemos atentos a estas etapas como tales, en donde la instrucción es precisamente atender todas las observaciones por mínimas que sean, porque esas pueden llevar en algún caso a algún otro procedimiento de otra naturaleza más allá que la administrativa».
También, la funcionaria sostuvo que “aquí el tema es que cualquier persona o situación que tenga algún indicio de un posible delito, hay que investigarlo (…) Nosotros en el estado, la gobernadora ha sido muy clara: nadie ni nada por encima ni al margen de la ley».
Por su parte, el titular de la FGE comentó que «así como ya lo explicó la secretaria de Gobierno, se trata de procedimientos administrativos que son revisados y solventados y si en su momento se genera alguna responsabilidad, se hará lo conducente y en este caso la que conoce de estos procedimientos es la Fiscalía Anticorrupción que como sabemos es un organismo autónomo de la Fiscalía General».
¿Pero es su amigo?, se le cuestionó a Montes de Oca Rosales, quien lo negó categóricamente.
Por su parte, en la misma conferencia de prensa se le pidió su opinión al coordinador del Gabinete de Seguridad, José de la Peña Ruiz de Chávez, quien dijo: «Estamos atentos de todos y cada uno de los temas que se van denunciando a través de los medios de comunicación y hasta donde tenemos información, no hay ninguna denuncia a nivel local, a nivel Fiscalía General del Estado y ni ningún tipo de reporte sobre ello».
Y añadió: «En este caso como saben, se ha venido manejando la información que además ha sido mediática, seguramente ya las autoridades federales deben de estar al tanto de la situación; aquí la instrucción de la gobernadora es muy clara, el que incurra en un tema que se pueda llegar a considerar como ilícito va a ser sancionado y es algo que se está cuidando mucho, es un gobierno que está haciendo las cosas diferentes y lo vamos a implementar con el ejemplo de todos los funcionarios».

Cabe recordar que consta el presunto involucramiento de una inmobiliaria propiedad de una de las parejas de Jorge Brizuela Guevara en el caso de despojo de un rancho en Tulum, denunciado y ampliamente documentado por la asociación civil “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” que encabeza la periodista y abogada Fabiola Cortés Miranda, plasmado en la carpeta de investigación 1113/2019, aunque la FGE ha decidido el no ejercicio de acción penal contra los señalados.