Desde luego que una economía como la mexicana en la que la tercera parte de su Producto Interno Bruto (PIB) es generado en la informalidad, no puede considerarse sana. Y no es que lo más negativo sea el monto de recursos fiscales que dejan de obtenerse, sino el hecho de que quienes trabajan en ese sector carecen de seguridad social y de cualquier forma de protección.

Pero para entender el problema, hay que considerarlo no solamente como una falla, sino también como un mecanismo de auto regulación del sistema, que responde a la incapacidad de generar en la formalidad los empleos necesarios que respondan al crecimiento de la población y a la satisfacción de sus necesidades vitales. Pero no solo es la retraída oferta de empleos la que posiciona a nuestro país entre aquellos con mayor tasa de informalidad entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y también de Latinoamérica; al grave error que significó que el modelo neoliberal apostara por el crecimiento por la vía de la producción para la exportación, desdeñando el mercado interno, se suma la disminución de la capacidad adquisitiva del salario durante los 36 años en que funcionó, si así se le puede llamar, este modelo.

Para sostener esta última hipótesis, podemos citar unas cifras que nos proporcionó el Dr. Raúl Vela Sosa, en una Conferencia Magistral en la que compara los resultados de la operación de dos modelos que operaron en México: la rectoría del Estado (1934-1982) y la rectoría del Mercado (1983.2018). Siendo ésta última la conocida como “neoliberalismo”, por  su retorno a mitos del pasado que ya habían sido superados por la ciencia económica.

El Dr. Vela, destacado economista yucateco, nos proporciona una información que consideramos relevante para entender el problema de la informalidad, más allá de la crítica implícita al también llamado “fundamentalismo de mercado”. Entre otros datos, el hecho de que en la distribución del ingreso generado en la economía, los porcentajes promedio a nivel mundial sean de 51 % para los trabajadores y 49 % para los dueños del capital, siendo en nuestro país la situación desfavorable para quienes venden su fuerza de trabajo, ya que en el reparto del producto social únicamente les corresponde el 35 % o menos. Con información procedente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llega a la conclusión de que dicha cifra representa la mitad de la que recibe la clase trabajadora de los países de la OCDE y que en nuestra América, únicamente en Panamá y en Trinidad y Tobago la situación es más desfavorable.

Para documentar aún más nuestro pesimismo, tenemos otro resultado de los 36 años de neoliberalismo, citado por el mismo investigador: como resultado de la política de contención salarial, con el pretexto de no generar presiones inflacionarias, pero en realidad para atraer a las empresas extranjeras, el salario mínimo pasó de cerca de 400 pesos en 1978, a 100 pesos en 2018, desde luego  a precios que consideran la inflación.

Pero no únicamente en el ámbito de la Academia, podemos encontrar las razones que nos explican la “informal formalidad” que priva en nuestro país. Hace poco tiempo, en la “toma de protesta” del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), sección Yucatán, el Gobernador del Estado Mauricio Vila, de origen empresarial, a la petición del dirigente de los comerciantes de que combatiera la informalidad, respondió con una lucidez que quisieran los yucatecos que tuviera para todos los días: “ante los seis mil a siete mil (pesos) al mes que ofrecen (los empresarios), ellos prefieren ganar esa cantidad en sus casa o en el tianguis”.  Cabe señalar que algunos maliciosos consideran que su contacto con AMLO por asuntos relacionados con el Tren Maya, es lo que le ha permitido abrir su intelecto a la realidad.