Estancados, los procesos contra Juan Carrillo Soberanis, Laura Fernández Piña, Laura Beristain Navarrete y Víctor Mas Tah por millonarios quebrantos a las arcas de los municipios que gobernaron; Colegio de Abogados llama a poner fin al Fuero Legislativo

SALVADOR CANTO

La protección establecida dentro del Fuero Legislativo por ser diputados federales, mantiene frenado el avance de las denuncias que existen en contra de Juan Carrillo Soberanis y Laura Fernández Piña, exalcaldes de Isla Mujeres y Puerto Morelos respectivamente, por los cuestionados desempeños en sus funciones y el mal manejo de los recursos públicos durante sus periodos como presidentes municipales.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) que encabeza Manuel Palacios Herrera, las demandas interpuestas en los casos de Isla Mujeres y Puerto Morelos están bien sustentadas jurídicamente ante la Fiscalía Anticorrupción por las observaciones que la auditoría les realizó, por gastos de más de 200 millones de pesos que se llevaron a cabo durante el Ejercicio Fiscal del 2020, aunque se dejó en claro que la ley no establece un tiempo determinado para que se lleven a cabo los procedimientos judiciales y sobre todo porque se trata de personajes que hoy están escudados bajo el Fuero Legislativo.

Además —se añadió—, hay demandas penales que están en su mismo cauce jurídico, algunas incluso interpuestas por las actuales alcaldesas de ambos municipios, Atenea Gómez Ricalde en el caso de Isla Mujeres y Blanca Merari Tziu de Puerto Morelos, quienes acusan que les dejaron las arcas municipales saqueadas. 

El diputado Julián Ricalde Magaña, miembro de la XVII Legislatura del Estado, aseveró que hay cuentas públicas de administraciones pasadas de municipios como Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum que no pasaron los filtros de aprobación y que los gobiernos actuales están actuando por la vía legal.

Al referirse a casos como el de Juan Carrillo Soberanis, quien cuenta con la protección del Fuero Legislativo, el también exalcalde isleño mencionó que “ya lo he dicho, no habrá fuero que alcance a protegerlo y la ley se tiene que aplicar porque sí hubo daño a las armas municipales”.

En ese contexto, miembros del Colegio de Abogados de Cancún consideran que ya se debería de poner un alto al Fuero Legislativo pero de forma real y no como lo propuso el presidente de la República, ya que sólo modificaron el catálogo de delitos por el que un servidor público puede ser investigado y no se determina realmente que sea llamado a juicio, aun en funciones.

Es de señalar que la figura jurídica a la que se refiere dicho Fuero Legislativo es relacionada a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario —diputados y senadores— durante el ejercicio de sus funciones a un proceso penal por la posible comisión de algún delito cometido antes o durante su cargo, salvo en el caso de flagrancia.  

Justicia para Puerto Morelos: Blanca Merari

La actual presidenta municipal del onceavo municipio de Quintana Roo es clara: “Laura Fernández no me robó a mí, le robó al pueblo de Puerto Morelos y vamos a esperar que se haga justicia en tiempo y forma, confío en que las autoridades actúen y se haga justicia”.

A casi dos años de iniciada su administración, la alcaldesa no quita el dedo del renglón y mantiene la esperanza que una vez que concluya el Fuero Legislativo de Laura Fernández como diputada federal, las demandas penales que existen en su contra procedan porque, asegura, “todo está sustentado, le hizo un daño patrimonial al pueblo”.

Sostiene que dichas querellas que han interpuesto como municipio en contra de la expresidenta municipal y hoy diputada federal no son un asunto personal, sino es algo que está a la vista de todos, además de que el propio Presidente de la República abordó el tema en una de sus conferencias mañaneras y pidió a las autoridades competentes que actúen conforme a la ley.

Una de las tantas irregularidades que cometió Laura Fernández como alcaldesa de Puerto Morelos fue el descuento de las cuotas obrero patronales a los trabajadores del ayuntamiento durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia, pero nunca las depositó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que Blanca Merari interpuso una demanda desde el 4 de mayo de 2022 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos de defraudación a los regímenes de seguridad social, pues ese dinero fue desviado a otros fines.

“Apenas en febrero de este 2023 se logró signar un convenio con el IMSS para saldar un adeudo que dejaron de alrededor de 90 millones de pesos”, planteó la autoridad del onceavo municipio.

Insistió en que las demandas penales que existen ante la FGR están en proceso y “como autoridad de Puerto Morelos no hemos dejado de darle seguimiento, pero ahí están todavía activas y lo único que pedimos es que se haga justicia”.

Laura Fernandez Piña fue presidenta municipal de Puerto Morelos en dos ocasiones  seguidas gracias a la reelección, y ahora es diputada federal en su etapa final, ya que el 2024 se acaba su periodo.

Es de recordarse que la primera denuncia contra Laura Fernández fue presentada el 15 de marzo del 2022 por las actuales autoridades municipales, por el presunto delito de peculado por 4.2 millones de pesos; la segunda, del 5 de mayo, por supuesto fraude con las cuotas del IMSS de los trabajadores del Ayuntamiento y la tercera, del 10 de mayo, por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones, fraude procesal y peculado.

También es acusada de desviar recursos para la construcción del nuevo Palacio Municipal, el asignar contratos a una empresa de alumbrado público cuyo socio principal es su actual esposo, entre otras fechorías.

Isla Mujeres quiere que se aplique la ley: Atenea Gómez Ricalde

La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, dejó en claro que no existe nada personal en contra del exalcalde, Juan Carrillo Soberanis, sino simple y sencillamente lo que la gente pide es que haya justicia, es decir, que se aplique la ley porque “fue evidente el daño patrimonial que nos dejó la pasada administración”.

En entrevista con El Despertador de Quintana Roo, destacó que la Dirección Jurídica del Ayuntamiento ha interpuesto hasta el momento 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de la administración que encabezó Juan Carrillo Soberanis y contra algunos de sus colaboradores por el ejercicio indebido de la función pública y un daño patrimonial que asciende a más de 220 millones de pesos.

“Las denuncias están ahí, se les está dando el seguimiento jurídico y entendemos que por cuestiones del Fuero Legislativo no hay avances, pero esperamos que pronto esto pueda tener algún efecto porque, insisto, no es personal, sino porque el daño está ahí y la gente isleña lo que quiere es que se cumpla la ley, que haya justicia”, explicó.

Se pudo conocer que entre las denuncias en contra de Carrillo Soberanis existen unas por el desvío de millonarios recursos del erario, peculado, obras no ejecutadas, sobreprecios de productos y servicios, millonario pago de capacitaciones no realizadas y la desaparición de recursos retenidos a los trabajadores por concepto de ISSSTE y Fonacot.

Hoy escudado bajo el Fuero Legislativo, Juan Carrillo funge como diputado federal alineado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fiel aliado de Morena y desde las altas esferas se busca que persista la impunidad a favor del exalcalde isleño, a grado de que la dirigencia estatal del partido guinda en Quintana Roo lo hace ver como buen aliado del gobierno federal, porque ha apoyado todas las iniciativas del presidente.

Sin embargo, es bien sabido que desde que asumió el cargo de diputado federal y dejó la presidencia de Isla Mujeres, Carrillo Soberanis no se ha aparecido en dicho municipio, pues la gente lo considera una persona non grata.

Entre algunos de los rubros en donde más desfalco hubo en detrimento de las arcas municipales se encuentra el hecho de que funcionarios de la pasada administración pagaron asesorías, y capacitaciones con costos inflados.

Algunas de las demandas por el tema de las consultorías en Isla Mujeres:

Servicio de Consultoría y Asesoría para la correcta implementación del control interno en las diversas áreas del H. Ayuntamiento por 2 millones 340 mil pesos.

• Procedimiento de Adjudicación Invitación Restringida

• Empresa: Comercializadora Camcruz S.A. DE C.V.

• Denunciado: Martín del Ángel Trejo Martínez – Tesorero Municipal

Servicio de Consultoría y Asesoría Administrativa de acuerdo con a las especificaciones del Municipio. 4 millones 188 mil pesos

• Servicio Solicitado por la Dirección de Recursos Humanos – Karla Cruz

• Procedimiento de Adjudicación Invitación

Servicio Solicitado por la Dirección de Recursos Humanos – Karla Cruz

• Procedimiento de Adjudicación Invitación Restringida

• Empresa: Comercializadora Camcruz S.A. DE C.V.

Servicio de Consultoría y Asesoría Jurídica. 4 millones 116 mil pesos

• Procedimiento de Adjudicación Invitación Restringida

• Empresa: Sortumex S.A. DE C.V.

• Denunciado: Martín del Ángel Trejo Martínez en calidad de tesorero y Juan Carrillo como presidente municipal.

Servicio de Asesoría en clarificación de roles y responsabilidades del personal de la administración pública. 2 millones 460 mil pesos

• Procedimiento de Adjudicación Invitación Restringida

• Empresa: Macroyuc S.A. DE C.V.

• Denunciado: Martín del Ángel Trejo Martínez – Tesorero Municipal

Servicio de Asesoría y Capacitación en la Ley de Responsabilidades Administrativas. 5 millones 100 mil pesos

• Procedimiento de Adjudicación Invitación Restringida

• Empresa: Consumar S.A. DE C.V.

• Denunciado: Martín del Ángel Trejo Martínez – Tesorero Municipal

Servicio de Consultoría y Asesoría en estudio de evaluación del desempeño de diversas áreas de este H. Ayuntamiento. 4 millones 212 mil pesos

• Procedimiento de Adjudicación Invitación Restringida

• Empresa: Mayamark S.A. DE C.V.

• Denunciado: Martín del Ángel Trejo Martínez – Tesorero Municipal

Solidaridad, con procesos aún pendientes

En el municipio de Solidaridad la actual alcaldesa, Lili Campos Miranda, ha sostenido que el paso de Laura Beristain Navarrete por el gobierno de Playa del Carmen fue catastrófico, al detectarse numerosas irregularidades que han derivado en una serie de demandas que ya han interpuesto en su contra y lo que fue su administración en general.

Insiste en que el quebranto a las arcas municipales fue por un monto de 575 millones de pesos tan sólo del periodo 2020-2021, que no ha sido aclarado por Beristain Navarrete, quien actualmente funge como regidora.

De igual manera, a casi dos años de su gestión sigue sin resolverse el tema de los 44 pagos directos a través de la Oficialía Mayor para nómina, por un monto de 37 millones de pesos que carecieron de registro en la contabilidad del ayuntamiento; además de 96 contratos por adjudicación directa que debieron haber sido otorgados mediante licitación, ya que el monto total de los mismos asciende a los 85 millones de pesos.

Asimismo, se detectaron también pagos por hasta 264 millones de pesos por los cuales no existe evidencia de los entregables que justifiquen dichas erogaciones municipales, así como 50 millones de pesos pagados a empresas que el Servicio de Administración Tributaria identificó como “fantasmas”, y modificaciones extraordinarias a por lo menos 11 contratos para la remodelación de la Quinta Avenida que excedieron en costo original de la obra en 128 millones de pesos.

Entre las denuncias formales que están vigentes en contra de Laura Berinstain Navarrete figura una por los delitos de peculado, actos de corrupción, uso ilícito de funciones y asociación delictuosa por un posible daño patrimonial de un millón 260 mil pesos derivado de la contratación de un servicio de análisis de estrategia de movilidad del que no se encontró documentación de respaldo y factura.

Otra de las denuncias es también por delito de peculado, actos de corrupción, uso ilícito defunciones y asociación delictuosa por un posible daño patrimonial de dos millones 838 mil 520 pesos, como consecuencia de gastos de ambientación del 31 de diciembre del 2020, sin que exista evidencia de los servicios prestados.

También está uno por un posible daño patrimonial de un millón 809 mil 600 pesos, por la estructura legal y organizacional del municipio, sin documentación que la soporte y otra por dos millones 227 mil 696 pesos, que supuestamente se invirtieron en la adquisición de pinturas sin que se haya demostrado su registro ni testimonios gráficos de su aplicación. 

Tulum, entrampado entre el luto y demandas en proceso

Tras el fallecimiento de Marciano Dzul Caamal en pleno desarrollo de la presente administración en el municipio de Tulum, el seguimiento de las demandas en contra del exalcalde Víctor Mas Tah por el desfalco de las arcas municipales, el endeudamiento y la desaparición de 115.5 millones de pesos de recursos federales, son un completo misterio porque el presidente municipal en funciones, Diego Castañón Trejo no se ha pronunciado al respecto.

Y es que en febrero de este 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió la aclaración del destino de más de 115.5 millones de pesos de recursos federales erogados durante los últimos nueve meses de la administración que encabezó Víctor Mas Tah, pues hasta el momento no existe documentación que compruebe su uso adecuado.

De acuerdo a un documento de la misma ASF, dichos recursos fueron erogados de enero a septiembre de 2021, es decir, durante la última parte del gobierno del hoy regidor del municipio de Tulum, pues es importante recordar que la ciudadanía no votó por él en su búsqueda de la reelección y fue derrotado en las urnas por Marciano Dzul, quien falleció a causa de una enfermedad el pasado mes de marzo.

El informe oficial destaca que las irregularidades financieras detectadas alcanzan la totalidad de los recursos el Ramo 28 entregados al ayuntamiento en ese lapso, que fueron por la cantidad de 115 millones 553 mil 944 pesos, de los que no se sabe su uso ni destino, al no haber comprobación alguna.

Ante esta circunstancia, la ASF promovió una queja de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que resulten responsables, además de una recomendación y un pliego de observaciones sobre este dinero con faltante de comprobación y en la lista resalta precisamente el mismo ex alcalde.

Pero a todo esto se le suman situaciones como el endeudamiento de las arcas municipales, pues dejó una deuda a proveedores por alrededor de 22 millones 396 mil 929.14 pesos, de acuerdo a un informe de la propia Dirección de Egresos y Finanzas del Ayuntamiento de Tulum en base al oficio TM/DEyF/CPF/0030/2020.