Colusión de autoridades policiacas con empresas mantiene problemática de abusos y cobros excesivos; a pesar de existir reglamentos, con modificaciones recientes que establecen tarifas y otorgan al usuario el derecho de elegir la empresa que le dará servicio, siguen sin aplicarse 

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

El servicio de grúas en Quintana Roo enfrenta desde hace muchos años una problemática de abusos y corrupción, pues a pesar de que existen leyes y reglamentos que regulan su operatividad en todo el estado, la colusión de autoridades de Tránsito con algunas empresas, la falta de transparencia en los tarifarios de servicios y la carencia de concesiones en algunos municipios, deriva en una situación de injusticia y abuso de autoridad para los ciudadanos.

De hecho, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), afirma que Quintana Roo es la cuarta entidad con los costos más caros por el servicio de grúas, solamente rebasado por Puebla, Nuevo León y Baja California.

José Alberto Pech, activista social de Cancún, consideró que es crucial reconocer que el servicio de grúas desempeña un papel fundamental en la movilidad y seguridad vial; sin embargo, su uso debe de regularse para evitar más abusos y prácticas injustas, por actos de corrupción y complicidad en que incurren las propias autoridades de tránsito, quienes cobran a determinadas empresas los privilegios de ser los primeros en ser llamados en caso de algún incidente.

“Los ciudadanos que andamos en vehículos y que nos exponemos a accidentes o que el auto se descomponga en algún lugar, estamos en un evidente estado de vulnerabilidad porque en muchos casos cuando ocurre algún percance, por menor que sea, las autoridades te tratan como un delincuente calificado y ni siquiera te permiten sacar documentos de tu coche”, señaló.

Por ello, sostuvo que es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas concretas para establecer un marco regulatorio claro y transparente que garantice que se aplique la ley y las normativas ya establecidas.

No todos los municipios tienen concesiones

A pesar de que los 11 municipios están contemplados dentro de la Ley de Movilidad, en el apartado de las grúas, no en todos hay concesiones y permisos para su operación, como es el caso de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, que cada vez que requieren de algún servicio, recurren a las empresas de Benito Juárez o Solidaridad.

Por ejemplo, al no haber concesión de grúas en Kantunilkín, implica que cuando se registra un accidente y se llega al caso del aseguramiento del o los vehículos para el deslinde de responsabilidades, el servicio de la grúa solicitado a Cancún resulta sumamente oneroso para los usuarios debido a la distancia que tiene que recorrer la unidad, que son más de 200 kilómetros entre ida y vuelta, lo que representa un cobro de aproximadamente 30 mil pesos, aunque la empresa que acude termina “haciendo el favor” de cobrarle al conductor entre siete mil y 25 mil pesos, dependiendo del costo del vehículo.

Pero lo mismo pasa si un conductor requiere el servicio de arrastre, pues a pesar de que sobre el papel cada ciudadano tiene la facultad de elegir a qué empresa recurrir, no todas pueden brindar servicios foráneos por carecer de una concesión estatal y placas federales, por lo que terminan contratando las “sugeridas” por las autoridades de vialidad, lo que violenta el artículo 89 de la Ley de Movilidad, dentro del Decreto 095.

Incluso se han dado casos en los que, por fallas mecánicas o percances menores como ponchaduras de llantas en tramos como el de Kantunilkín a Chiquilá (que es paso obligado hasta el destino turístico de Holbox), y el conductor tiene que dejar su automóvil para acudir al poblado más cercano a pedir apoyo, al regresar con la ayuda, aunque sea luego de un lapso breve, se encuentran con que la autoridad, ya sea de Seguridad Pública o de Tránsito, también ha hecho acto presencia hasta con una grúa, bajo el argumento de que les “reportaron” un vehículo abandonado en la carretera, a pesar de que para que se configure dicha situación legalmente tendrían que pasar por lo menos 15 días.

Zona sur: aumentan accidentes… y tarifas 

En días pasados conductores de la zona sur –donde han aumentado los percances automovilísticos como consecuencia del tráfico de vehículos pesados por las obras del Tren Maya– denunciaron un desproporcional aumento en el costo de hasta el 200% en un simple servicio de arrastre de Bacalar a Chetumal, que normalmente cuesta entre mil 800 y 2 mil 500 pesos, pero ahora se los cobran entre cuatro mil y seis mil pesos, ya que las empresas justifican los contratiempos que les generan los trabajos del megaproyecto presidencial, tanto para salir como para entrar a la ciudad capital. 

Pero no solo se trata de accidentes por choques, pues además se suscitan otros incidentes como fallas de motor, llantas ponchadas y otros menores, pero en todos los casos son evidentes los abusos bajo la corrupción de las autoridades.

Lo anterior socava la confianza en las instituciones públicas y en el Estado de derecho, al evidenciarse que las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes podrían estar involucradas en prácticas ilegales y abusivas, lo que debilita la legitimidad de las dependencias.

Recientes reformas, aún sin aplicación

Desde el 2020, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) tiene la potestad de regular en toda jurisdicción de la entidad la prestación del servicio de grúas para arrastre, salvamento y/o depósito de vehículos en colaboración con las autoridades de vialidad de los municipios.

Además, en agosto del 2023, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Movilidad para poner reglas más claras para la operación del servicio de grúas, según la cual, la lista de autorización de empresas correrá a cargo de los municipios, pero el usuario decidirá libremente cual se llevará su vehículo, no así en el caso de accidentes, falta administrativa de tránsito, vialidad y/o de alcoholímetro, así como también cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, entre otros.

La entonces diputada local María José Osorio Rosas, quien integraba la Comisión de Movilidad, dijo en su momento que dichas modificaciones a la ley autorizan al Imoveqroo a suspender temporal o definitivamente la prestación de servicios de arrastre, salvamento y/o depósito de vehículos a aquellas concesionarias que no cumplan con sus obligaciones administrativas y fiscales, así como con la calidad en la prestación del servicio cuando modifiquen, alteren o no respeten las tarifas determinadas.

Asimismo –dijo-, la reforma propone obligar a las concesionarias de este servicio a registrarse ante el Estado para ser contempladas dentro de un padrón, siempre y cuando estén autorizadas por la autoridad competente que en este caso a nivel estatal sería el Imoveqroo y la autoridad municipal que viene siendo la dirección de tránsito de los municipios.

Sin embargo, como pasa con muchas otras leyes que se hacen sin mayor instrumentación jurídica e incompleta, como fue en su momento la de plásticos de un solo uso, entre otras, la de Movilidad carece del otorgamiento de recursos para contratación y capacitación de más personal para que se pueda atender lo mejor posible.

Cancún: regulaciones de 2019, sin cumplir

En julio del 2019, el gobierno de Benito Juárez determinó mediante Sesión de Cabildo aprobar la iniciativa del entonces regidor Issac Janix Alanís para regular los arrastres de vehículos utilizando permisionarios de grúas.

En agosto del mismo año se planteó que ya había avances para la regularización final de dichos servicios, por lo que se aprobó la iniciativa que posibilitaría al Ayuntamiento ofrecer el servicio con sus propios vehículos, así como la creación de un tabulador de tarifas para las empresas concesionarias.

Para el mes de septiembre el gobierno determinó reformar cuatro artículos del Reglamento de Tránsito Municipal, entre ellos la anexión del artículo 162 bis, que posibilita a los propietarios de automóviles elegir con libertad la empresa de grúas que deseen contratar en caso de sufrir algún hecho de tránsito.

Otro artículo modificado fue el 163, donde se reglamenta el resguardo de automóviles en los corralones de las empresas y se simplifica el trámite para liberarlos, además de que se obliga a quien presta el servicio de grúas y corralón a tomar previsiones y cuidados para evitar daños a personas y/o al vehículo, pues los hace responsables de robos y daños, los obliga a levantar un inventario sobre los vehículos que tienen, y determina bajo qué condiciones tiene que haber un resguardo, entre otras disposiciones.

En octubre del mismo 2019, el Ayuntamiento de Cancún anunció que el propio gobierno municipal comenzaría a ofrecer el servicio de arrastre a partir de 2020 con un costo de mil 267.35 pesos en total, hecho que hasta la fecha no se ha concretado, porque el municipio sigue sin contar con grúas propias.

Corralones, “deshuesaderos” nocivos para el medio ambiente

El activista José Alberto Pech destacó que es importante también que se regule el tema de los corralones –la mayoría de ellos, propiedad de las empresas concesionarias de grúas, situados en ubicaciones distantes–, pues es sabido que son usados como “deshuesaderos” donde se sustraen piezas de los autos que supuestamente deberían resguardar, aunado a que sus propietarios deben hacer pagos excesivos para liberarlos, pues se cobra por cada día que permanecen en el corralón.

De acuerdo con Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), los corralones de autos necesitan permisos ambientales por varias razones importantes, entre ellos la gestión de residuos, pues al almacenar una gran cantidad de vehículos abandonados o incautados, muchas veces por su mal estado derraman líquidos como aceite, gasolina, refrigerante, entre otras sustancias, así como materiales plásticos, metales y otros componentes que pueden representar un riesgo de contaminación si no se gestionan adecuadamente.

Añade que los fluidos de los vehículos almacenados pueden filtrarse al suelo si no se toman medidas adecuadas, lo que puede contaminar y afectar negativamente a los ecosistemas locales, así como a la calidad del agua subterránea.

Señala que también requieren de atención de residuos peligrosos, porque algunos componentes como las baterías pueden clasificarse en ese sector de riesgo y deben ser gestionados y eliminados de acuerdo con las regulaciones ambientales pertinentes.

Finalmente, la ambientalista sostuvo que la acumulación de vehículos y la presencia de fluidos inflamables aumentan el riesgo de incendios y derrames, lo que puede conducir a consecuencias ambientales graves si no se gestionan de manera adecuada.

Tarifas requieren de actualización y cumplimiento

La última vez que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el tabulador de tarifas del servicio de grúas, fue en el 2020 y hasta la fecha no se ha vuelto a modificar, pues al ser para un servicio concesionado, se requiere la autorización del Congreso y validación del Imoveqroo.

Al revisar el último documento público sobre las tarifas, se pudo conocer que el tabulador indica que el “banderazo” de grúas tipo “A”, para arrastre de motocicleta y automóviles, es de 528 pesos, más 18.82 pesos por cada kilómetro recorrido. Para las grúas tipo “B”, que rescaten camionetas de hasta 4 toneladas, el cobro por banderazo es de 607 pesos y 20.62 por kilómetro.

En tanto que para los vehículos semi pesados de hasta 10 toneladas, el banderazo tiene un costo de 721 pesos y 23.47 pesos por kilómetro. En el caso de que rebase ese peso, el costo es de 885 por banderazo y 32.35 pesos por kilómetro.

Además, se explica que en el caso de que se requieran “maniobras especiales” para rescatar vehículos, sus partes y carga, o de que se vean involucrados en accidentes vehiculares, el costo será de mil 219 pesos para las grúas tipo “A”; mil 336.73 pesos para las tipo “B” y 2 mil 101 para vehículos pesados.

Sin contar que cada hora que dure la maniobra de salvamento, tiene un costo de 602 pesos.

La problemática de colusión, corrupción y abusos en el servicio de grúas en Quintana Roo es una situación de muchos años, que requiere acción inmediata por parte de las autoridades competentes. Es imperativo hacer valer las leyes existentes para regular y controlar el funcionamiento de estas empresas, así como otorgar concesiones y/o permisos en los municipios que carecen de ellas. Esto no solo ayudaría a poner fin a los cobros excesivos y prácticas abusivas, sino que también promovería la competencia y la transparencia en el sector. La falta de acción solo perpetúa la injusticia y el abuso de autoridad, socavando la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. Es hora de que se priorice el interés público sobre los intereses privados y se garantice un servicio justo y equitativo para todos los ciudadanos.

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Sin cifra exacta de concesión y permisos

El dato más actualizado en lo que respecta al número de concesiones y/o permisos para operatividad de grúas en la entidad data del 2017, por parte de la desaparecida Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) hoy convertida en Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), que en aquel año contabilizaba un total de 90.

Los municipios que más grúas tiene son Benito Juárez –con 26 empresas que tienen un total de 83 unidades– y Solidaridad, con 13 empresas y 47 unidades.

Algunas de las empresas más conocidas son Grúas Figueroa, que tiene presencia en Cancún y Playa del Carmen, pero que opera en todo el estado, al igual que Abimerhi; Grúas Quintana Roo, Grúas Bonfil, Grúas Leona Vicario, Grúas Cardona, Peca, Cancún Asistencia, Econo Grúas, Grúas AAA, Aproca, Grúas Económicas La Isla, Grúas Esco, Grove, Infante, Monterosa, Ochoa, Pastrana, Grúas Peninsulares y Equipos RP, Grúas Impacto del Sureste, JC Cancún, Bricson, Cego, Martínez, Grúas Riviera, Salvamentos del Caribe, Quality Grúas Quality Car del Sureste SA de CV, Grúas Maya Luum, entre otras.

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• No hay un padrón actualizado del número de concesiones y/o permisos.
• No todas las empresas cuentan con placas federales que les permitan hacer rescate fuera de su jurisdicción municipal.
• No todos los municipios cuentan con concesiones o permisos para que empresas locales presten el servicio de grúas
• A pesar de que la Ley permite al usuario o cliente decidir qué empresa les da el servicio, las autoridades siempre imponen las que ellos determinen en caso de accidentes.
• No hay transparencia en los tabuladores de servicios de arrastre
• A pesar de que está reglamentado que las empresas de grúas se deben responsabilizar por algún otro daño al vehículo que trasladaron o por la pérdida de alguna pieza o refacción, no se cumple.
• Conforme a la ley, el Imoveqroo es la dependencia administrativa encargada de regular la operación y que se cobre lo justo en cada servicio, y en su caso, también la de sancionar a las empresas que incumplan.