Los asentamientos irregulares en los municipios turísticos de la zona norte han rebasado todas las expectativas; por su extensión, muchos son ya prácticamente pequeñas urbes, carentes de todos los servicios públicos y con afectaciones ecológicas a punto del colapso ambiental

SALVADOR CANTO / EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE EL DESPERTADOR DE QUINTANA ROO

La invasión de predios y viviendas es un problema recurrente en Quintana Roo que se ha agudizado considerablemente en los últimos años, principalmente en los municipios de mayor éxito turístico de la zona norte, es decir, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez.

Históricamente, en la corta vida política de la entidad, la invasión de predios para la conformación de asentamientos humanos irregulares ha sido de cierta manera conceptuada por los gobernantes en turno como una redituable estrategia de clientelismo electoral para, con ello, hacerse de una raja política.

Sin embargo, las problemáticas inevitablemente derivadas de su crecimiento, como las sociales y de salud pública, que se avizoraban muy lejanas, hoy es una realidad desbordada de la que ninguna autoridad se quiere responsabilizar, al igual que lo relacionado con las afectaciones ecológicas que ya constituyen daños irreversibles, con cenotes cada vez más contaminados y a punto del colapso ambiental por las constantes descargas directas de aguas residuales, debido a la falta de drenaje sanitario en las decenas de invasiones que proliferan en dichos municipios.

En el caso de Cancún, son alrededor de 60 mil familias las que habitan en asentamientos irregulares, de acuerdo con el actual diputado de la XVII Legislatura de Quintana Roo Hugo Alday Nieto, quien como extitular de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez dio a conocer que entre el 2019 y el 2020 se reportó a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) que tres de cada 10 personas del principal polo turístico de Quintana Roo vivían en esas condiciones, carentes de servicios de energía eléctrica, alumbrado, drenaje y agua potable.

El reconocido doctor Manuel Paredes Zugui, recientemente jubilado de la Secretaría Estatal de Salud, en una entrevista con el equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo consideró que el tema de los asentamientos irregulares debe verse como un problema de salud pública, por el precario entorno en el que viven miles de familias; destacó como un hecho grave, y muy frecuente, que excaven pozos para conectar irregularmente su drenaje y prácticamente a un lado abran otro de donde extraen agua que utilizan para bañarse, lavar ropa y trastes y hasta para cocinar, lo que los expone a un elevado riesgo de contraer enfermedades.

Las problemáticas ocasionadas por los asentamientos irregulares emanados de las invasiones son vastas y requieren de un análisis más detallado, porque ya se habla de la existencia de una crisis ambiental que afecta a todo el estado, debido a la vulnerabilidad del territorio a causa de los mantos acuíferos y ecosistemas contaminados.

Terreno por votos, la consigna desde los 90

A principios de los años 90, particularmente durante la administración de Mario Villanueva Madrid en el gobierno del Estado, el tema de las “invasiones por voto” cobró mucha notoriedad particularmente en Benito Juárez, donde se conformaron diversas agrupaciones civiles para ese fin, como la Unión de Colonos Independientes (UCI), el Frente Único de Colonos (FUC) y la Asociación Cívica del Norte de Quintana Roo (Acinqroo).

Esas organizaciones fueron, en distintas etapas, las principales promoventes de las invasiones en Cancún a cambio de garantizar, en tiempos electorales, el apoyo y los votos de los beneficiarios a favor de quienes se les indicara; es decir, la necesidad de la gente por obtener un terreno para vivienda a como diera lugar fue aprovechada para beneficio político, un fenómeno que se mantuvo y acrecentó a través de los años, pasando de un tema de oportunismo electoral a una seria problemática de índole social que hoy requiere atención urgente, más allá de la regularización de los terrenos, pues implica solucionar las carencias de servicios básicos, dotación de agua potable, drenaje, servicios médicos, entre otras.

Intentos por castigar la invasión como delito grave

Uno de los mayores ejemplos de invasiones de terrenos es Cancún, que así comenzó su crecimiento desproporcional en los años 80 y 90, derivado de la alta inmigración que se registró a partir de los primeros años de su fundación y que, a 54 años de distancia, continúa extendiéndose, con una severa amenaza a su desarrollo sostenible.

Aquí, la ocupación ilegal de suelos ha llegado a un punto crítico que genera una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente, la infraestructura y la calidad de vida de sus habitantes, que van desde la contaminación al manto freático hasta afectaciones a la salud de quienes ahí viven.

Otro punto de consideración es que, muchas veces, detrás de estas acciones de invasión existen grupos que se aprovechan de la necesidad de mucha gente y son quienes promueven, dirigen o incitan invasiones para su beneficio económico o político, bajo la promesa de una pronta regularización sin que esto implique que cuenten legalmente con los servicios de agua, drenaje y energía eléctrica.

Ante este panorama, en el 2008 –durante la gestión de Félix González Canto–, la XII Legislatura del Congreso local aprobó por unanimidad que las invasiones sean tipificadas como delito grave, lo que implicó modificar el Código Penal, para que los autores intelectuales reciban penas de hasta de nueve años de prisión sin derecho a libertad bajo fianza; sin embargo, hasta la fecha dicha ley permanece como letra muerta, porque estas prácticas continúan de manera impune. 

Los cambios fueron en el capítulo IX del apartado “Despojo”, particularmente en los artículos 158 y 159, en donde se establece la pena de prisión de tres años a siete años y de 300 a 600 días multa y reparación de los daños y perjuicios en contra de personas físicas o jurídicas que, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o engañando a este, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca y prisión de seis años a doce años y de 300 a 600 días multa y reparación de los daños y perjuicios a quien cometa el delito de despojo calificado, respectivamente. 

60 mil familias viven en la irregularidad: Alday

Una columna periodística publicada por el portal Grupo Pirámide, escrita por el diputado de la XVII Legislatura de Quintana Roo Hugo Alday Nieto, que se puede consultar en el link https://acortar.link/IlzAAf, cita el más reciente libro de la doctora en Desarrollo Económico Regional y Sectorial Christine Mccoy Cador, del Programa Educativo de Economía y Negocios de la Universidad del Caribe, titulado «¿Quién responde por los invisibles en una ciudad?», presentado el pasado 7 de mayo del presente año. Allí, la investigadora expone que, de acuerdo con el Plan Maestro de 1982, en un crecimiento ordenado y planeado conforme al Desarrollo Urbano y Turístico de Cancún, la ciudad debería contar en la actualidad con 305 mil 894 habitantes.

Sin embargo –añade–, con base en las cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, hoy Cancún tiene cerca de un millón de habitantes, el triple de lo previsto, lo que deja en claro que las administraciones municipales de las últimas décadas han sido incapaces de sostener un crecimiento urbano ordenado y dentro del marco de la legalidad.

El legislador refiere que son aproximadamente 60 mil familias, integradas por alrededor de 240 mil personas –cerca del 30% de la población de Cancún–, quienes se encuentran viviendo en zonas no regularizadas.

Es decir que tres de cada 10 personas en el municipio de Benito Juárez habitan en un asentamiento irregular, de acuerdo con los datos que la Secretaría Técnica del Ayuntamiento de Benito Juárez aportó a la Sedetus entre 2019 y 2020.

No obstante, Alday Nieto subraya que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021 y la subsecuente en Benito Juárez, se comenzó con un intenso trabajo documental de zonas irregulares en los distintos ejidos que rodean a la ciudad turística más importante de México, como un primer paso para atender esta situación.

Megalópolis entre Cancún e Isla Mujeres, amenaza ambiental

A finales del 2021 se gestó en Cancún una de las mayores invasiones de terrenos, cuando más de cuatro mil personas irrumpieron, lotificaron y se acapararon de toda una superficie de más de cinco hectáreas colindante con el antiguo relleno sanitario ubicado en la llamada parcela 1113, que fue clausurado en el 2013.

A pesar de que, en su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) intentó hacer valer la ley a petición del banco Banorte, que se adjudicó la propiedad del predio y pretendió desalojar a los invasores, estos se atrincheraron y con base en manifestaciones y cierres de avenidas, obligaron a las autoridades a que les permitiesen quedarse.

En un sobrevuelo con el dron del equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo por esa invasión que está divida en al menos tres colonias, una de ellas nombrada La Roca, que están en las inmediaciones del antiguo basurero y el Arco Vial, pudimos captar imágenes que demuestran que la realidad supera cualquier expectativa sobre las condiciones en que se encuentra ese vasto asentamiento irregular, pues por su tamaño es prácticamente como otra ciudad dentro de Cancún.

De entrada se pudo observar, por la presencia de varios vehículos cargados con desechos, que el basurero todavía se mantiene en uso y hay al menos dos “lagunas” de lixiviados que colindan a pocos metros de algunas de las casas.

En los montículos de basura existen miles de llantas amontonadas que representan un grave riesgo en caso de algún incendio, aunado a que son un enorme criadero de moscos.

Con respecto a la zona de la invasión, resulta sorprendente apreciar desde las alturas la enorme extensión que abarca, y si bien muchas casas han dejado de ser las frágiles palapas y edificaciones de madera y lámina originales, pues se trata ya de construcciones levantadas con bloques, la condición natural de su ubicación contrasta con los fraccionamientos aledaños legalmente establecidos, como Aloha, que está a unos cuantos metros de la zona irregular.

Se pudo distinguir un enorme cenote con agua de color verde, producto de la fuerte contaminación del lugar y a donde seguramente están conectados los tubos para la expulsión de las aguas residuales de las casas, ante la falta de drenaje sanitario.

En un recorrido a bordo de un automóvil, posterior al sobrevuelo del dron, pudo constatarse a nivel de tierra la gravedad de la contaminación ambiental en dicha invasión, al observar que si bien muchas de las familias cuentan con tinacos que cada determinado tiempo llenan con agua que les venden, y que es trasladada en pipas, también hay casas en las que se abrieron pozos para extraerla de ahí, sin tratamiento alguno, por lo que no es apta para consumo humano y ni siquiera para bañarse, pues además en algunos casos puede verse que junto a la tubería de los pozos se ubican otros caños, por donde pasan las aguas residuales conectadas al manto freático.

Gobiernos actuales clausuran lotes sin drenaje y buscan dar atención

Las administraciones municipales de 2018-2021 y 2021-2024 en Benito Juárez han realizado diversas acciones de contención de la especulación comercial, al clausurar más de 14 mil 800 lotes sin drenaje ni permiso en 11 desarrollos irregulares.

A la par, mediante procedimientos municipales encabezados desde el Cabildo y otros procesos de forma conjunta con el Instituto Nacional Del Suelo Sustentable (Insus), se comenzó la regularización de lotes, con la finalidad de poder otorgarles a los habitantes certeza jurídica de su patrimonio y la posibilidad de contar con agua, drenaje y electricidad con la municipalización de sus calles.

El Gobierno del Estado anunció la semana pasada que se inició con la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio en Playa del Carmen, la cual beneficiará a casi cuatro mil familias, quienes tendrán justicia social y seguridad en su patrimonio. 

Es de destacar que El Despertador de Quintana Roo le dado seguimiento al tema de las amplias problemáticas aunadas a las invasiones en dos reportajes previos, uno publicado en noviembre del 2020 bajo el título: “Invasiones, negocio impune e interminable” que se puede consultar aquí: https://acortar.link/Sn5I5E.

Mientras que el otro se presentó en septiembre del 2022 con el título: “Invasiones, el gran reto” que se puede leer en este link: https://acortar.link/5YfXGB.

Los problemas que generan las invasiones 

• Contaminación del manto freático: Las invasiones provocan daño al agua y al manto freático debido a la falta de infraestructura de drenaje, lo que genera filtraciones directas al suelo y contamina el agua subterránea.
• Deforestación y pérdida de biodiversidad: Las invasiones suelen resultar en la deforestación de áreas verdes, lo que contribuye a la pérdida de biodiversidad y al deterioro del paisaje natural.
• Deterioro ambiental: El modelo urbano practicado en Cancún ha fomentado la polaridad, la segregación y la exclusión social, además del deterioro ambiental.
• Rezago social: El crecimiento poblacional ha rebasado a las autoridades, lo que ha llevado al surgimiento de invasiones que forman zonas irregulares y anillos de pobreza, donde la gente vive sin servicios y con inseguridad en todos los sentidos.
• Falta de servicios públicos: Carecen de servicios públicos básicos, como recolección de basura, suministro de agua potable y gestión adecuada de aguas residuales, lo que provoca acumulación de desechos, proliferación de enfermedades y escasez de recursos hídricos.
• Riesgos para la salud: La contaminación ambiental y la falta de servicios públicos generan riesgos para la salud de los habitantes, incluyendo enfermedades transmitidas por vectores y problemas respiratorios.

Para frenar las invasiones y la creación de más asentamientos humanos irregulares, es imperativo:

1. Establecer políticas de suelo y vivienda claras, coherentes y efectivas que regulen el uso del suelo y promuevan el desarrollo urbano sostenible.
2. Realizar planes de desarrollo urbano que consideren la expansión de la población y la necesidad de vivienda, infraestructura y servicios básicos.
3. Garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra para los propietarios legítimos y evitar la ocupación ilegal.
4. Realizar un seguimiento constante y fiscalizar las áreas vulnerables a invasiones para prevenir y detener la ocupación ilegal.
5. Promover la educación y conciencia sobre la importancia de la planificación urbana y la vivienda sostenible entre la población.
6. Coordinar esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno, instituciones y organizaciones para abordar el problema de manera integral.
7. Invertir en infraestructura y servicios básicos para satisfacer las necesidades de la población y reducir la presión sobre áreas vulnerables.
8. Aplicar la ley de manera efectiva y sancionar a quienes promuevan o participen en invasiones y asentamientos irregulares.
9. Fomentar la participación ciudadana en la planificación urbana y la toma de decisiones para garantizar que las soluciones sean inclusivas y respondan a las necesidades de la comunidad.
10. Brindar asistencia social y alternativas de vivienda a las personas que habitan en asentamientos irregulares, para ayudarles a mejorar su calidad de vida y a integrarse en la sociedad de manera formal.