A dos años de que Heyden Cebada Rivas asumió la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, persisten la escasa efectividad y transparencia en la resolución de controversias jurídicas, la corrupción, los conflictos de intereses y nombramientos a modo de funcionarios como pago de favores

SALVADOR CANTO

Ni pronta ni expedita ni gratuita, como se consagra en el Artículo 17 Constitucional, el Poder Judicial del Estado –que recibió para este 2024 un presupuesto de operación anual de 985 millones de pesos y que tiene magistrados con sueldos mensuales que superan los 186 mil pesos que percibe el presidente de la República–, opera la justicia en Quintana Roo, en donde impera la corrupción bajo la complicidad de un Consejo de la Judicatura que, entre sus funciones, debe garantizar el buen desempeño de magistrados y jueces.

Además, para nadie es un secreto que la lentitud tanto de la impartición de justicia (que le compete al Poder Judicial) como de su procuración (que le corresponde a la Fiscalía General del Estado), con un rezago de expedientes descomunal y siempre creciente, es un mal presente al que se le debe encontrar una solución de carácter urgente.  

Bajo estas circunstancias, el cumplimiento de la ley en la entidad resulta ser una utopía muy lejana de concretarse, lo que ha constituido un factor clave que obstaculiza el avance del Estado de Derecho.

Abogados y especialistas en diversas ramas del derecho como la penal, familiar y laboral en Quintana Roo, consultados por El Despertador de Quintana Roo, coinciden en que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJQROO) mantiene una enorme deuda con los quintanarroenses con respecto a la impartición de justicia.

Es de recordarse que la designación de Heyden José Cebada Rivas como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo fue aprobada por el Congreso del Estado el 5 de agosto de 2022, en medio de fuertes polémicas por la violación de varios apartados del Artículo 101 de la Constitución Política de Quintana Roo, entre ellos, que los nombramientos de las personas titulares de las Magistraturas se realizarán con apego al principio de paridad de género y que deberán recaer preferentemente en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

En ese sentido, la única experiencia curricular y mérito que poseía Cebada Rivas cuando el gobierno de Carlos Joaquín González lo propuso, fue haber sido titular de la Notaría Pública 62 y síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez. 

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo revisó documentos oficiales del plan de trabajo que presentó en su momento el hoy Magistrado Presidente denominado “árbol de problemas” que encontró dentro del TSJQROO a su llegada, como herencia de su antecesor, José Antonio León Ruiz.

Entre los problemas enumerados por Cebada Rivas destacan la existencia de un deteriorado Estado de Derecho, un impacto negativo en la calidad de impartición de justicia, desconfianza de la ciudadanía en la impartición de justicia transparente y expedita, violación a los Derechos Humanos de los justiciables, una legislación lacerada, escepticismo en la rendición de cuentas, además de una baja efectividad en la resolución de controversias jurídicas.

También hizo referencia a una débil cultura de la legalidad en la ciudadanía, falta de actualización tecnológica e innovación jurisdiccional y un bajo nivel de adopción del marco normativo de los Derechos Humanos, aunado a un sistema de archivo documental obsoleto, escasa planificación de los procesos jurídicos, sobrecargas de audiencias jurisdiccionales orales presenciales, insuficiente actualización y especialización profesional, protocolos de atención desactualizados, ausencia de inventario y registro de expedientes homologados.

Sin embargo, a decir de los especialistas consultados por El Despertador de Quintana Roo, al cumplirse exactamente dos años desde su asunción al cargo, precisamente este lunes 5 de agosto del 2024, cuando Heyden Cebada Rivas presentará su segundo informe de labores, nada ha cambiado adentro del Poder Judicial del Estado; es decir, todo se encuentra igual y, peor aún, la carga de trabajo para los escasos jueces sigue siendo alta.

Presupuesto a modo y onerosos sueldos, superiores al de AMLO

Con base en el Artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Consejo de la Judicatura tiene también el encargo de elaborar el anteproyecto del presupuesto de egresos anual del Poder Judicial y su validación le corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en tanto que su aprobación ya le compete al Poder Legislativo, que para el ejercicio fiscal de este 2024 le otorgó la cantidad de 985 millones de pesos –equivalentes a 82 millones de pesos al mes–, 270 millones 368 mil 733 pesos más que el año pasado, cuando se le autorizó 714 millones 631 mil 268 pesos.

En ese contexto, en la aprobación y designación del presupuesto, se incluyen los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciben sus servidores públicos que, de acuerdo con el Artículo 100 de la Constitución Estatal, deben representar una cifra “digna, decorosa e irrenunciable, que no podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo”.

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo hizo una revisión exhaustiva, tanto del presupuesto anual asignado al Poder Judicial como de los sueldos que perciben los funcionarios, en donde llama la atención que son varios quienes ganan más que el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que según el Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2024 tiene un salario de 186 mil 093 pesos mensuales.

Por ejemplo, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas, gana al mes 265 mil 109 pesos, que equivalen a tres millones 181 mil 308 pesos al año, es decir, 66 mil 277.25 pesos a la semana u ocho mil 836 pesos diarios.

Destacan también los elevados sueldos de los Magistrados Numerarios, que cada mes ganan 213 mil 088 pesos (dos millones 557.056 pesos al año, 49 mil 720 pesos semanales o 7 mil 102.93 diarios).

Por su parte, los Magistrados Supernumerarios, que son los auxiliares de los Numerarios, obtienen 192 mil 734 pesos mensuales, que representan 2 millones 312 mil 808 pesos al año, 44 mil 971.22 pesos semanales o seis mil 424.46 pesos diarios.

En tanto que el secretario particular titular del Magistrado Presidente gana 49 mil 626 pesos al mes, que son un mil 654 pesos diarios; además, sus otros secretarios particulares que laboran en la zona norte y en la zona sur –como está plasmado en el documento de la ley de egresos– ganan 43 mil 198 pesos, que son un mil 439 pesos diarios.

Todos estos sueldos son contrarios a la pregonada Austeridad Republicana del actual Gobierno Federal, según la cual ningún funcionario o servidor público de cualquier esfera debería ganar más que el Presidente de la República.

Magistrado, con aval para permanecer hasta el 2037 

El 22 de diciembre del 2023, en un “albazo navideño”, el Congreso de Quintana Roo aprobó, tras una sorpresiva convocatoria a un periodo extraordinario, un dictamen que permite la reelección de Heyden José Cebada Rivas como Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el año 2027 para permanecer hasta el 2032 e incluso más allá, puesto que la reforma también establece que las magistradas y magistrados del TSJQROO podrán durar en el cargo un periodo de quince años, lo que en su caso extiende la posibilidad de su permanencia hasta el 2037.

El periodista Jorge Martínez Lugo, en una columna publicada en el portal Noticaribe, que se puede leer en el link https://acortar.link/OlbEJX, considera que dicha medida convierte a Cebada Rivas en una especie de “magistrado imperial” sin vigilancia ni contrapeso, bajo cuya jurisdicción estarán las sucesiones gubernamentales del 2027 y del 2033.

El columnista acusa que los diputados de la actual XVII Legislatura dieron al Magistrado Presidente manga ancha para crear y operar a discreción fideicomisos como si fueran privados con recursos públicos, por multas, fianzas, cauciones, depósitos en dinero, bienes y valores que no se reclaman, entre otros ingresos propios de los cuales no se informa.

Menciona que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de agosto de 2023 plantea en su Artículo 34 que este “podrá invertir y crear fideicomisos del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia” y señala que, mediante esta “argucia legaloide”, Heyden Cebada tiene facultades plenipotenciarias para crear y operar fideicomisos opacos a través de la Oficina del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, adjunta a su propio despacho, como presidente del Consejo de la Judicatura, que, por cierto, redujo el número de sus integrantes de cinco a tres magistrados/as, “para que haya menos testigos o cómplices”. 

Martínez Lugo añade que, inexplicablemente, el Congreso estatal también eximió a Cebada Rivas de la política de austeridad prevista en el artículo 67 de la Constitución federal, “con el pretexto de ‘aumentar los salarios de los trabajadores del Poder Judicial que no se habían incrementado en seis años y expedir una justicia pronta y expedita’. Ya hubo incremento salarial, pero ¿y la justicia pronta y expedita?”, cuestiona.

Con la reforma aprobada por la XVII Legislatura, expone, Quintana Roo se convirtió en la entidad del país donde más tardan en sus cargos los magistrados y magistradas; el promedio nacional es de ocho a 12 años y este es el único estado con 15, “casi la mitad del tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz”.

Nombramientos por consigna y sin carrera judicial

Unos problemas serios que ven tanto las Barras como los Colegios de Abogados en torno al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia el Estado de Quintana Roo es que se siguen haciendo nombramientos a modo de funcionarios sin una carrera judicial.

Ejemplo de ello es que el pasado 6 de junio, en un escueto boletín de prensa, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo informó que “atendiendo a las facultades constitucionales para la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial; el Magistrado Presidente Heyden Cebada Rivas y los integrantes del Consejo de la Judicatura llevaron a cabo la Sesión de Pleno en la que rindieron protesta los vencedores del Octavo Concurso de Oposición Libre para acceder al Cargo de Jueza o Juez”.

Y se añade: “en dicha sesión, celebrada en el Distrito Judicial de Chetumal, el Magistrado Heyden Cebada reconoció el esfuerzo y la perseverancia del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; quienes a través de su vocación por el servicio público, consolidan una base de conocimiento y experiencia, sobre la cual proyectan su carrera al interior de esta Honorable Institución y logran desempeñar sus funciones con los más altos estándares profesionales (sic)”.

Finalmente, y sin proporcionar los nombres, se informó que los nuevos jueces rindieron protesta de Ley y tuvo que ser mediante el Acuerdo General 4/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el 24 de mayo, donde se corroboró lo que se sospechaba: nombramientos a modo.

En ese sentido, en el documento oficial se expone que el nuevo Juez Cuarto Civil es Marco Antonio Torres Constantino, de quien se pudo investigar que su único mérito es haber sido suplente general de la vocalía general del Comité de Transparencia del municipio de Benito Juárez y posteriormente Subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la Zona Sur. 

En tanto que un segundo nombramiento como Juez de Ejecución fue la de Omar Yael Landeros Rosado, quien había fungido desde su llegada al Poder Judicial como Secretario Particular de la Presidencia que encabeza Heyden José Cebada Rivas.

Lo anterior exhibe que basta con ser amigo del Magistrado en turno o de altos funcionarios del gobierno para ocupar cargos importantes, como ocurrió igual en su momento con el anterior Magistrado Presidente del TSJQROO, José Antonio León Ruiz, quien fue electo para el periodo del 8 de agosto del 2017 al 31 de agosto de 2022 en un claro abuso de poder y autoritarismo, como pago por haber sido secretario particular de la también exmagistrada Presidenta Lizbeth Loy Song Encalada.

Cabe recordar que el próximo año vence el periodo de dos magistrados quienes, por ley, deberán ser sustituidos de forma transparente, proceso de elección del cual El Despertador de Quintana Roo estará al pendiente.

Conflicto de interés de Magistrado con radiodifusora 

Si bien para la difusión de los trabajos que pueda desarrollar cualquier instancia de gobierno es legal la contratación de los medios legalmente establecidos, dentro de la página de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se pudo tener acceso no solo a lo que paga el Poder Judicial, sino también a quiénes beneficia con pagos de publicidad.

En ese sentido, llama la atención que una la empresa denominada Corpulenta Operadora, S.A. de C.V., que obtuvo en el 2018 concesiones para dos estaciones de radio en Quintana Roo, XHPJMM-FM en José María Morelos y XHPMAH-FM en Mahahual, sea uno de los medios beneficiados con un contrato de 120 mil pesos.

Pero el problema no es el tema del convenio, pues es válido y legal que se haga, además de que todo sea transparente, sino el hecho de que entre los accionistas de esa empresa de comunicación se encuentran la exmagistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Loy Song Encalada y su hija Lizbeth Loy Gamboa Song, exdiputada local y federal, quien funge como apoderada legal.

El detalle es que esta empresa tiene uno de sus registros en la Notaria Pública 62 y quien avaló el protocolo para su constitución es el hoy Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Heyden José Cebada Rivas.

Como este caso son muchos más lo que se pudieron encontrar, aunado a una serie de contratos de obras y servicios de personajes conocidos que en este momento no exhibimos, pero que sí nos obligan a preparar una próxima segunda entrega, como seguimiento a este reportaje.  

Gratuidad de la justicia, una falacia 

Recientemente, la Presidenta de la República electa, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en un discurso relacionado al tema de la Reforma al Poder Judicial Federal, dejó en claro que la justicia en México seguirá siendo gratuita, pronta y expedita. 

Cabe apuntar que en la actualidad la gratuidad es una completa falacia en México, a pesar de que la Constitución Política estipula que también la educación y la salud no tienen costo, pues en las escuelas públicas los padres tienen que pagar las cuotas escolares y todo lo que exigen los maestros y directores, mientras que, en el rubro médico, se tiene que adquirir el medicamento y muchas veces tener que pagar la atención, sobre todo en lo que respecta a especialidades, de las cuales carecen los hospitales y clínicas de gobierno.

De entrada, para decir que la justicia es gratuita, el gobierno debería fortalecer las Defensorías Públicas, pero no lo hacen porque todo es un gran negocio.

Si bien los magistrados y jueces no cobran por sus servicios, todo lo que conlleva un juicio se tiene que pagar, desde un edicto, una prueba pericial, si se requieren copias de documentos e incluso una certificación de firmas.

En medio de este panorama, y a propósito de lo comentado por la Presidenta electa en torno al tema de la justicia gratuita, se pudo constatar que existe una Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación con registro digital 2006793 de la Primera Sala, relacionado a un análisis que se revisó en torno a si es o no procedente la entrega gratuita de copias certificadas de documentos o constancias, que en los autos del juicio de amparo ante los Magistrados federales llegaron a la conclusión de que sí, algo que en la práctica no se cumple.

Cabe destacar que una Jurisprudencia tiene validez en todo país y en todas las instancias relacionadas con la procuración e impartición de justicia y en ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que la gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado.

Además, se indica que este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental.

Denuncian “jineteo” de laudos 

El equipo de investigación de El Despertador de Quintana Roo tuvo conocimiento, por el testimonio de un abogado que ganó una demanda laboral, que cuando se procedió a que la parte demandada cumpliera con el pago, esta lo hizo a la cuenta bancaria donde el Poder Judicial del Estado administra el Fondo para el Mejoramiento de la Administración e Impartición de Justicia.

“El Derecho del Trabajo pertenece a una rama del derecho que es especial, no es como el Derecho Civil o el Derecho Familiar, es derecho social y entonces, cuando los trabajadores ganan un juicio, este es el sustento de familias porque ahí viene el pago de liquidaciones, de salarios caídos, de vacaciones, de aguinaldos y hemos detectado que cuando se hace el cobro resulta que el dinero ya fue a parar a la cuenta del Poder Judicial y eso coloquialmente es ‘jineteo’ del dinero”, expuso el abogado.

Comentó que a pesar de que esto no está establecido en la Ley Federal del Trabajo, desde el Centro de Conciliación Laboral Estatal (CCLE) obligan a los patrones y/o demandados y condenados a que depositen a la cuenta del Fondo.

“Ese dinero obviamente entra a la cuenta de este Fondo y de aquí a que le entregan el dinero al trabajador ya pasaron cuatro días, 15 días o un mes y mientras, ese dinero lo están jineteando”, insistió.

Cuestionamientos al Poder Judicial y dudas que se deben aclarar:

• ¿Por qué, a pesar de la gran cantidad de recursos económicos asignados para este año, todavía existen serias carencias dentro del Poder Judicial del Estado, donde impera la corrupción?
• ¿Ya está preparado el Poder Judicial la aplicación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en Materia Civil y Familiar?
• ¿En dónde o en qué rubros se está aplicando el Fondo para el Mejoramiento de la Impartición de Justicia?
• ¿Quién respalda a Heyden Cebada para acumular en una sola persona tanto poder político y económico?
• ¿A qué grupo político le beneficia que se pueda relegir un periodo más, para que del año 2027 se extienda hasta el 2032?
• Si uno de los graves problemas al interior del Poder Judicial es el enorme rezago de expedientes en todas las áreas tanto penal como laboral, civil y familiar, ¿por qué no se atienden ni se resuelven con la prontitud que marca la ley, ni como quieren los actores, porque existen plazos legales que no se cumplen?
• Con tanto presupuesto que maneja el Poder Judicial, ¿por qué no hay clínicas de atención para que las personas sujetas a un proceso penal puedan llevar a cabo la reinserción social de la que tanto se habla?
• ¿Por qué en Quintana Roo sigue imperando la ley de exhibir a las personas detenidas, quienes son sometidas al escarnio público antes de ser juzgadas, haciendo de lado el principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario?