Promovida por el PVEM y aprobada en junio de 2019, la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos en Quintana Roo es una muestra más de cómo se suele legislar al vapor, sin estructuras jurídicas y administrativas sólidas, ajena a la realidad de su aplicación práctica

SALVADOR CANTO

Desde su concepción, la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos en Quintana Roo, mejor conocida como “Ley Plásticos o Ley Popote”, quedó destinada al fracaso por la forma en que los diputados de la XV Legislatura (2016-2019) la diseñaron, al dejar enormes lagunas jurídicas que permitieron que grandes empresas fabricantes de botellas de tereftalato de polietileno conocidas comúnmente como PET, como el caso de Bepensa, se ampararan y terminaran por derribarla.

Y a pesar de estar vigente, las modificaciones hechas por diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la siguiente legislatura, la XVI (2019-2022), encabezados por José de la Peña Ruiz de Chávez, que terminaron por reformar el artículo 8 para diferenciar los tipos de plástico que no se pueden comercializar en la entidad, dicha ley hoy es letra muerta, porque jamás cumplió el objetivo para el cual fue aprobada.

Por si fuera poco, en 2022 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio una estocada más a dicha ley, tras resolver una serie de amparos promovidos por empresas de Oaxaca, pero cuyo efecto legal tiene alcance en todo el país, al considerar que las entidades no tienen la facultad de definir qué se puede vender y qué no.

Lo anterior da muestra, una vez más, de la falta de capacidad y conocimiento de los diputados que sólo hacen leyes por conveniencia, capricho o encargo, que es como operan particularmente los del Partido Verde, quienes son los principales promoventes de este tipo de leyes en donde jamás toman en cuenta la realidad, y tan es así que ese mismo camino lo llevan otras iniciativas más, que han demostrado ser igual de inservibles, como la de Bienestar Animal, que es de relumbrón pero en realidad está al garete y llena de vacíos jurídicos.

Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, confirmó a El Despertador de Quintana Roo que en la entidad varias empresas interpusieron demandas de amparo para promover la inconstitucionalidad de la Ley Plástico que prohibía el uso de popotes, artículos de unicel, bolsas de un solo uso para el traslado de mercancía, anillos plásticos para sujetar envases, además de que pretendía motivar su reciclaje y comercialización para prevenir la contaminación.

Se pudo conocer que una de ellas fue Bepensa, el emporio refresquero más grande de la Península de Yucatán, que no solo derrotó a la ley por la vía jurídica, sino que al final de cuentas se salió con la suya porque nunca dejó de producir las botellas de PET, en las cuales comercializa sus productos, que son de los más consumidos en la región.

La diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la actual XVII Legislatura, Andrea González Loría, confirmó recientemente a medios locales que la prohibición de utilizar plásticos o recipientes de un solo uso quedó revocada por la Suprema Corte desde el año pasado.

Sin embargo, la representante popular, quien fue buscada afanosamente por este medio de comunicación para saber qué acciones legales han tomado o si harán nuevas modificaciones a la ley para atender el grave problema de la venta de plásticos de un solo uso y de esta manera velar para que se haga cumplir una ley que ha sido agenda pública de muchos gobiernos en torno al cuidado del medio ambiente, se negó a darnos una entrevista al respecto, pues a decir de su asistente personal se encontraba “muy ocupada”.

Ley revocada por la SCJN

Tras revisar una serie de amparos en contra de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, entre ellos uno interpuesto por la cadena comercial Oxxo y otra por Propimex, que se encarga de manufacturar y distribuir bebidas embotelladas en varias partes del país, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que las reformas de las entidades no pueden invadir competencias de la federación. 

Si bien dichos recursos legales fueron por casos del estado de Oaxaca, a decir de Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, su resolución es de alcance nacional, debido a que las leyes estatales relacionadas con el tema de plástico invadieron esferas federales.

Es decir, una de las alusiones es hacia la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR),cuyo artículo 100establecede manera expresaqué actividades son las que las entidades federativas podrán prohibir con motivo de la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

A partir de la ahí, la Suprema Corte explica que justo en tal disposición no aparece una facultad concedida a los estados para prohibir la distribución de productos en botellas de PET.

Incluso se refiere también a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, derivada también de la LGPGIR, en la cual tampoco encuentra facultad alguna de prohibición concedida a las entidades federativas para este tema.

Por ello, la SCJN declaró inconstitucionales las leyes estatales, y en palabras de Andrea González Loría, diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, la prohibición de utilizar plásticos o recipientes de un solo uso fue a una parte de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del estado de Quintana Roo.

Esta ley prohibía desde el año 2019 el uso de popotes, artículos de unicel, bolsas de un solo uso para el traslado de mercancía, anillos plásticos para sujetar envases, entre otros productos, y tenía como objetivo motivar el reciclaje para prevenir la contaminación y para que la población viviera en un entorno saludable.

Sin embargo, comenzaron a darse prórrogas a los establecimientos comerciales, los cuales aducían que no estaban preparados para el cambio, que no había suficientes recipientes que pudieran sustituir a los que se utilizaban y por entonces llegó la pandemia de Covid-19, lo que retrasó todo nuevamente, hasta que ahora se da a conocer sobre esta revocación.

“Esa parte de la ley la Suprema Corte nos la revoca porque a nivel estado no tenemos la facultad de decir qué se puede vender y qué no. El tema de comercio le corresponde a la Federación, entonces en todo caso los diputados federales tendrían que prohibir eso; a nosotros nos toca la parte de regular la separación de los residuos, que se tenga un buen manejo para la disposición final y hacer más conciencia en el tema de la reducción”, compartió a medios de comunicación.

Esa resolución se dio en el 2022, luego del amparo de un gran número de hoteles, comercios y restaurantes, incluso con el apoyo de cámaras empresariales.

A nivel local, se pudo conocer que fue mediante la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito en Quintana Roo que resolvió en definitiva dar marcha atrás a la negativa de un amparo que había propinado el Juez Quinto de Distrito en primera instancia a grupo Bepensa, que nunca ha dejado de producir, comercializar y distribuir envases para productos de más de 35 marcas de Coca-Cola Company.

Quien hace la ley, hace la trampa

La falta de compromiso, evidencia de que proponen leyes al vapor sin una estructura jurídica sólida, quedó demostrada con la aprobación que hicieron diputados de la XV Legislatura en torno a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo en el 2019, pues al dejar lagunas jurídicas quedaron puertas abiertas que permitieron que empresarios se ampararan en contra de dicha reforma.

Ante esta circunstancia, tres años después los diputados de la XVI Legislatura, a sabiendas de la existencia de una cascada de amparos, buscaron la forma de relajar las medidas establecidas originalmente para permitir que se siguieran utilizando materiales considerados contaminantes y que tardan demasiados años en degradarse.

Graciela Saldaña Fraire, quien actualmente es consultora y asesora ambiental, pero que fungió como subsecretaria de política ambiental dentro de la Secretaría del Medio Ambiente (Sema) en la administración estatal pasada, comentó que el tema de la Ley de Plásticos es muy complicado, porque desde antes de la pandemia hubo un grupo de empresarios que se ampararon.

“No estaba en mi área, pero lo que sé es que se hizo una consultoría en la Ciudad de México con la idea de homologar criterios como allá, pero para ese entonces ya había algunos amparos en proceso”, recordó.

Mencionó que, en los primeros meses, la ley se comenzó a aplicar con base en el propio reglamento que se emitió al respecto y prueba de ello es que hubo sanciones a negocios y empresas que incumplían con la ley; sin embargo, los amparos fueron avanzando y al continuar aplicándola muchos artículos quedaron ambiguos.

“Lo puedes revisar, hay notas de eso en donde los diputados anteriores hicieron modificaciones ponderando a los empresarios”, comentó.

Y en efecto, se pudo conocer que en comisiones, la XVI Legislatura inició el análisis de una iniciativa presentada por el entonces diputado del Partido Verde Ecologista de México, José de la Peña Ruiz de Chávez, donde uno de los principales puntos era modificar el artículo 8, que se puede consultar en el siguiente link: https://sipse.com/novedades/ley-antiplasticos-medidas-422347.html; se establece que dicha medida abrió las puertas para liberar 288 productos plásticos (desde vasos, popotes, charolas, bolsas) que estaban prohibidos inicialmente y dejar la lista en 22 artículos que ya no podrían comercializarse.

De la misma manera, se planteó que habría modificaciones en el artículo 22, el cual puntualizaba que, si bien en el estado estaba prohibida la comercialización de plástico de un solo uso, ahora se exceptuarían aquellos que, por motivos de salud, uso médico, cosmético, preservación de alimentos, higiene o inocuidad, no podrían ser sustituidos por otros materiales por no contar con otra alternativa ambientalmente viable.

En la misma nota se habla de que la también exdiputada del PVEM Tyara Schleske de Ariño, quien por entonces fungía como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, fue la encargada del análisis de esa propuesta, al reconocer además que cuando la Ley Antiplásticos surgió en la Legislatura anterior “se veía muy bonita en papel, pero a la hora de ponerla en la práctica había muchos temas involucrados que hicieron difícil aplicarla y terminaron afectado a muchos sectores, incluyendo a los pequeños comerciantes y empresarios”.

Nacida muerta; supermercados se aprovechan

La ley contra uso de plástico fue aprobada en Quintana Roo en junio de 2019 y entró en vigor un año después, en plena pandemia, por lo que las autoridades de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de ese entonces concedió una prórroga para su utilización, a sugerencia de la Secretaría de Salud, siempre y cuando se tratara de materiales biodegradables.

En febrero del 2021 la propia Sema informó que el periodo de gracia se daba por concluido, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) iniciaría con operativos para dar cumplimiento a las nuevas normas.

Sin embargo, a pesar de que hubo sanciones a varios negocios, la realidad es que los productos de plástico jamás se han dejado de vender, tanto en establecimientos formales como en la vía pública.

La realidad es que los diputados nunca consideraron el andamiaje administrativo para instrumentar ésta ni las demás leyes de relumbrón que han aprobado, es decir, un presupuesto para supervisión de su cumplimiento, unidades para acopio y reciclado, así como un reglamento para su uso y destino final, en cada caso.

Tampoco se establecieron acuerdos complementarios elementales, como la separación de la basura en residuos orgánicos e inorgánicos, que representa una de las acciones más importantes que hubiese contribuido a lo que ellos presentaron como una ley ecológica para proteger el medio ambiente, a pesar de que nació muerta como la mayoría de las leyes que se presentan al vapor.

De la misma forma, no se pensó en un órgano supervisor y otro sancionador, pues a pesar de que de cierta forma la responsabilidad recayó en la Sema, ésta solo hizo su trabajo unos meses con la aplicación de algunas sanciones económicas, pero luego llegaron la pandemia y la cascada de amparos y la dependencia estatal dejó de hacer su trabajo.

De hecho, la actual titular de dicha dependencia, Josefina Huguette Hernández Gómez, desconoce cuál es el estatus actual de dicha Ley Antiplásticos e incluso se comprometió con El Despertador de Quintana Roo a dar mayores detalles al respecto en el transcurso de la semana, pero hasta el cierre de esta edición, esto no había sucedido.

Y es que, desde su aprobación y posterior puesta en funcionamiento en el 2019 por la administración del exgobernador Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá, la ley de plásticos se convirtió en un gran negocio para los supermercados, pues si bien dejaron de dar bolsas a los clientes en las líneas de caja, también comenzaron a negarles cajas de cartón gratuitas para trasladar sus compras, como hacían tradicionalmente, lo cual se puede corroborar en establecimientos como Soriana, en donde  inclusive tienen personal asignado para la recoja y guarda de las cajas de mercancía vacías, para que los usuarios no las tomen.

En otras tiendas, como Chedraui, tampoco dejan que la gente saque libremente los carritos hacia los estacionamientos para que acomoden la mercancía en sus automóviles. 

Lo que han hecho estas grandes cadenas comerciales es vender las bosas de plásticos a sus clientes, a pesar de la existencia de la ley, pues saben que las autoridades nunca les harán nada y ante eso, mucha gente se ve obligada a adquirirlas para poder llevarse su mercancía.

Pero, además, en todos los supermercados y tiendas de conveniencia jamás se dejaron de comercializar artículos con plástico, tanto de un solo uso como reutilizables, es decir, refrescos de todas las marcas, jabones líquidos, aromatizantes y un sinfín de productos en botellas de plástico PET.

Asimismo, se venden productos embolsados como arroz, frijol, jabones y también se usan mucho los embalajes con plástico, lo que demuestra que, desde su conformación hasta la puesta en operaciones, la mencionada ley no funcionó, a pesar de que algunos productos cambiaron sus etiquetas para asegurar que sus materiales son compostables, reusables y biodegradables, pero que no dejan de ser plásticos, muchos de ellos de fabricación china.

También, para surtirse de frutas y verduras, la gente en los supermercados puede tomar las bolsas que quiera, aunado a que las charolas de carnes las venden en platos de unicel embaladas con plástico.

De igual forma, los negocios de comida no dejaron de usar platos de unicel y empaques plásticos para vender el alimento para llevar y para las aguas frescas emplean botellas PET, que compran por docenas.

“La prohibición del uso de desechables de plástico y unicel se refiere a aquellos que son biodegradables, pero las tiendas y autoservicios lo han tomado como pretexto para hacer negocio”, comentó la señora Rosaura Durán, quien lamentó que las autoridades hayan permitido que estas cadenas comerciales hicieran un gran negocio con el tema de las bolsas.

Lamenta Greenpeace México que ley antiplásticos no cumpla su objetivo

De acuerdo con Sofía Castellanos, encargada del tema de Océanos y Plásticos en Greenpeace México, lamentablemente en muchos estados del país la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos ha sido combatida fácilmente por las grandes empresas fabricantes de plástico y en muchos casos han ganado.

Entrevistada por El Despertador de Quintana Roo, consideró que los Congresos estatales, como el caso del de Quintana Roo, deben retomar la ley y hacer las adecuaciones jurídicas con base en la legislación federal y buscar la forma de que se pueda contener la fabricación de productos plásticos.

Recordó que la contaminación por plásticos de un solo uso es un problema que afecta gravemente nuestro planeta y a todos los que habitamos en él.

Cada año se vierten 13 millones de toneladas de basura plástica en nuestros océanos, afectando a más de 700 especies marinas y provocando daños ambientales y económicos y México no es la excepción, expuso.

Un reciente estudio de Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica encontró microplásticos en los estómagos del 20% de los peces muestreados en el Golfo de California, el Golfo de México y el Caribe mexicano, un dato relevante considerando que se trata de peces de importancia comercial que consumimos las y los mexicanos.

En México se producen siete millones de toneladas de plástico al año, 48% de las cuales se utiliza para la producción de envases y embalajes de un solo uso, es decir, que se utilizarán únicamente por un par de minutos o un par de veces y son desechados.

Muchos de ellos son reciclables, pero no necesariamente serán reciclados, dado que la capacidad real de reciclaje en México del total de los residuos valorizables llega apenas al 6.07%.

Además, Greenpeace México considera que el reciclaje es una falsa solución, dado que el 90% de los plásticos producidos desde 1950 no ha sido reciclado y se proyecta que la producción de plásticos crecerá en un 40% en la próxima década.

Esto quiere decir que los sistemas de reciclaje en la actualidad no tienen la capacidad para reciclar todo el plástico que se produce, además de que algunos empaques o envases son hechos de tal forma que tecnológicamente son imposibles de reciclar, aseveró.