Roberto Guzmán

En el año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNODC 2004) con sus protocolos de Tráfico Ilícito de Migrantes como de la Trata de Personas, “marcó” la estructura criminal de los grupos delincuenciales con una transposición de estos temas que ya eran tratados con anterioridad, durante convenciones internacionales sobre derechos humanos y trabajo sexual.

Conforme a la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, las describe como el ejercicio del derecho humano que tiene toda persona a migrar, incluyendo sus transformaciones positivas a las que de manera certera deberán de disminuir sus desigualdades, inquietudes y discriminación, e indica que no se deberá identificar ni reconocer a ningún ser humano como “ilegal” solo por su condición de migrante.

Entre los conceptos relacionados con la movilidad humana que en los últimos años ha adquirido mayor importancia y preocupación en el estado de Quintana Roo, resaltan la “trata de personas” y el “tráfico ilícito de migrantes”; la primera desde los años 80 era un tema abordado en el debate como una preocupación emergente de grupos solamente de mujeres, al relacionárseles con el turismo sexual. Hoy, por el arribo en toda la geografía del estado de cada vez más visitantes en busca de oportunidades laborales, deberán de establecerse nuevos vínculos pues, dada su importancia tanto por la trata como por la migración, juntas deben ser fortalecidas en el mismo ámbito de la seguridad, que deberá garantizarse no sólo a todas ellas que afrontan riesgos y peligros por su condición, sino también a otras poblaciones en vulnerabilidad y que con mayor frecuencia están viéndose atrapadas por los grupos delincuenciales como por la corrupción institucional, como todos aquellos indígenas mayas y chiapanecos y las personas trans. Por ello, considero que diferenciar estos fenómenos que cada vez son más frecuentes contribuiría a mejorar la detección y la protección de estas posibles víctimas.

En Quintana Roo nadie busca el descrédito de las políticas de nuestra gobernadora, quien aseguró que existen campañas amarillistas que están tratando de dañar el turismo, los destinos de playa y a ella misma, preocupación que dio a conocer durante una entrevista publicada en medios hace unos días. Nadie quiere que le vaya mal a Quintana Roo, pero tampoco victimizarse resulta una buena estrategia de salida ante la realidad que genera la falta de respuestas por la inseguridad que vivimos todos los quintanarroenses, como aquellos migrantes en torno a su movilidad, como a su posible explotación sexual y laboral, ya que existe una interconexión entre trata de personas con fines de explotación y el tráfico ilícito de migrantes que no se quiere ver.

Pienso que trabajar en coordinación bajo el nuevo Acuerdo del Bienestar sería colaborar, en primera instancia, aceptando las realidades que hoy genera la movilidad por el aumento de la migración en nuestros destinos turísticos y que están poniendo en situaciones de trata a todo aquel que no le queda más qué hacer durante su tránsito por el estado que acudir, por falta de oportunidades, a las redes de tráfico ilícito de migrantes y enfrentar posibles violencias física y emocional por violaciones a su integridad, robos, secuestro o extorsiones por los grupos delincuenciales que los ponen a todos ellos  a merced tanto de la “trata” como de la “venta con fines de explotación”, realidades ambas que les está costando trabajo reconocer a nuestras  autoridades federales y de Quintana Roo, y que enfrentan muchos migrantes.

Por ello considero, mi estimado lector, que cuando nuestras autoridades hablen de la importancia adquirida por los temas de la trata de personas y tráfico de migrantes, tanto en México como en otros destinos turísticos, deberán tener en cuenta que hay que establecer políticas de seguridad con modelos de gobernabilidad migratoria, con las que seguramente simplificarán la realidad de transformar a cualquier ciudadano en víctima pasiva.