El servicio se ha convertido en un ente sumamente lucrativo que, pese al proceso de regularización que se lleva a cabo, persiste plagado de intereses, corrupción e impunidad entre sindicatos y autoridades de vialidad

SALVADOR CANTO

El servicio de mototaxis ha rebasado los límites de la tolerancia y se ha convertido en un ente lucrativo, de intereses, corrupción e impunidad entre sindicatos y autoridades de vialidad en el estado y en municipios como Benito Juárez, en donde se redondea un completo andamiaje de anarquía que existe en el transporte público en general desde hace varios años.

Incluso, durante mucho tiempo este segmento del transporte tolerado que ya supera las más de ocho mil unidades en la entidad, de las que el 70% operan entre Cancún e Isla Mujeres (parte continental y la zona conurbada con Benito Juárez), ha sido utilizado como botín político en procesos electorales, durante los cuales numerosos candidatos les han ofrecido una y otra vez la regularización del servicio.

De hecho, se corre el riesgo de que en poco tiempo puedan tener incluso la misma fuerza política con la cual llegó a contar el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, con la diferencia de que no serán un solo gremio, sino muchos más.

Y hoy, frente a lo que ya busca el Gobierno del Estado a través del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) tras las recientes modificaciones a la ley aprobadas por la XVII Legislatura del Estado, salen a relucir más cochupos que involucran a funcionarios municipales y estatales, pero sobre todo a representantes de los mismos sindicatos, quienes exigen pagos de entre 20, 30 y hasta 40 mil pesos a los dueños de unidades para poder ser incluidos en el programa de regularización que ya está en proceso.

Entre las agrupaciones que más han lucrado con este servicio se encuentran la Federación Sindical de Obreros y Campesinos (Fesoc), la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) e incluso la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que han cobrado en 10, 15 y hasta 20 mil pesos la asignación de un número (permiso de operación) para poder  trabajar en la zona que el solicitante requiera.

En algunos casos los propios agremiados han denunciado fraudes, como ocurrió al interior de la Fesoc hace dos años, cuando uno de los líderes de dicho sindicato, identificado como Enrique Sotelo, fue acusado de perpetrar fraudes a nombre del organismo por 4.5 millones de pesos, según dio a conocer en su momento Eriselda Vázquez Maldonado, subsecretaria del Trabajo de dicha organización.

De acuerdo con miembros de la Barra de Abogados de Quintana Roo, la misma autoridad ha permitido el crecimiento de grupos a través del amparo de sindicatos, y el apoderamiento de un servicio que es necesario en algunas zonas de la ciudad, y que originalmente inició con unidades adaptadas que permitía trabajar a personas con discapacidad que no podían laborar en otra cosa.

Se trata de un tema que rebasó durante muchos años a las autoridades y que fue en franco crecimiento por la ambición de los dirigentes de los sindicatos de mototaxis que operan en Quintana Roo, lo que terminó inundando las calles de un transporte inseguro e ineficaz.

Imoveqroo hace censo, pero niega información

Luego de que el Congreso de Quintana Roo aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad para legalizar el servicio de mototaxi, desde la segunda quincena de enero de este año el Imoveqroo, que dirige Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, quien antes fue director de Transporte y Vialidad en Benito Juárez y también director de Tránsito Municipal, inició un programa de censo estatal de unidades mototaxi para conocer la cantidad precisa que opera en los 11 municipios y de esta manera contar con un padrón oficial que permita la expedición de los permisos bajo las condiciones de la ley en vigor.

Las cifras oficiales hablan de alrededor de cuatro mil 500 motaxis en la entidad, pero de manera extraoficial se sabe que son más de ocho mil y que el 70% de ellas estaría en la zona norte, particularmente en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

Pero además se pudo conocer que dentro de este proceso de censo, que oficialmente concluyó a finales del pasado mes de febrero, se dio una serie de irregularidades que involucra a funcionarios del Imoveqroo, quienes estuvieron cobrando hasta cinco mil pesos para validar el registro, así como a dirigentes de los diversos sindicatos que han controlado a los mototaxis todo el tiempo y que por su lado estuvieron exigiendo pagos en efectivo desde 20, 30 y hasta 40 mil pesos por cada dueño de unidad.

Ante ello, El Despertador de Quintana Roo acudió a la delegación en Benito Juárez de dicha dependencia estatal, localizada en la supermanzana 22, para gestionar una entrevista con el responsable en Cancún, Manuel Jesús Puerto Castillo, pero se dio a conocer que no había atención a la prensa y que toda solicitud de información se tendría que hacer a través de la responsable de comunicación social Paygan Miranda a través del número telefónico 5536073541, lo cual se hizo, y aunque se comprometió a proporcionar lo solicitado hasta el cierre de la edición no había cumplido con ello, pese a la nueva insistencia de que se pretendía aportar la versión oficial del Imoveqroo.

La idea era que la dependencia explicara cuál fue el mecanismo empleado para el desarrollo del censo, diera las cifras reales de mototaxis y, sobre todo, las condiciones en que ya pueden operar de acuerdo a las reglas de la nueva ley, que establece que dicho servicio estaría limitado a colonias populares, comunidades rurales, a través de vías locales o terciarias que la autoridad determine, de acuerdo con los instrumentos de planeación urbana vigentes en cada municipio.

Además, por qué se planteó la prohibición estricta para la circulación de cualquiera de estos vehículos en las zonas catalogadas como hoteleras o turísticas, insulares o avenidas primarias que en el caso de Cancún serían la José López Portillo, Arco Vial, Tulum, Andrés Quintana Roo, Kabah, entre otras.

Sin control ni mucho menos un tarifario oficial

Como un claro ejemplo del lucrativo negocio que representa para algunos cuantos el tema del mototaxi, hoy las liquidaciones son tan altas incluso como las de un taxi, pues al día el operador tiene que pagar de 300 y hasta 450 pesos (dependiendo del modelo de la unidad y zona de operación) por jornada laboral que inicia desde las cinco de la mañana hasta las 22 o 23 horas.

No obstante, hay zonas de la ciudad en donde se ejerce el pirataje y operan fuera del horario “autorizado” hasta después de la medianoche, sobre todo en áreas donde hay paraderos de transporte público a donde llega personal de la zona hotelera que requiere ir a su domicilio.

Todo esto ocurre bajo la protección de los sindicatos que los dirigen y la complicidad de las propias autoridades, pues el servicio de mototaxis que inició con cobros de 10 pesos y una máxima de 20 pesos, actualmente cuesta en promedio entre 40 y 50 pesos, incluso igualando la tarifa de los taxis y en algunos casos hasta superándola.

Por ejemplo, de Paraíso Maya al Colegio de Bachilleres Plantel Cuatro que está en Prado Norte, los mototaxis cobran desde 60 y hasta 70 pesos, cuando un taxi pide mínimo 50 pesos.

Además, no existe un orden en cuanto a su operatividad pues mientras algunos se niegan a llevar pasaje de un fraccionamiento a otro, por muy cerca que esté, otros sí aceptan pero elevan sus costos, pues tan sólo de Kusamil a la plaza Arco Norte piden de 90 a 100 pesos.

Seguros, una completa incógnita

A diferencia del seguro que se le exige a los demás servicios de transporte público que como mínimo debe de cubrir daños a terceros, la mayoría de los mototaxis carecen de este documento, lo que no garantiza la seguridad ni de los operadores y ni mucho menos de los usuarios.

En sus inicios, Santiago Martínez Tenorio, entonces dirigente de la COR en Quintana Roo, reconoció en entrevista con este reportero que hasta en tanto el servicio de mototaxi no estuviese regulado no iban a poder contar con un seguro como los demás medios de transporte.

Por ello, explicó que la única manera era la obtención de un seguro comunitario, solicitado mediante el sindicato, pero en realidad este no garantiza la seguridad ni de los operadores y ni mucho menos de los pasajeros.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), no existe hasta el momento una póliza de seguro específica para este medio de transporte, utilizado hoy en muchas ciudades del país y que en Quintana Roo ha sido objeto de turbios intereses entre sindicatos y autoridades.

Por ello, las frágiles estructuras de estos vehículos y la voluntad de los dueños para reparar daños es lo único que protege a los pasajeros durante los trayectos.

Con base en información de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, durante 2022 se reportaron 74 incidentes con mototaxis, pero los meses con la mayor cantidad de choques fueron durante el segundo semestre del año, en septiembre y diciembre, con 10 casos cada uno, lo que deja en evidencia que cada vez se vuelve más inseguro viajar en ellos.

Según Quálitas, una reconocida empresa de seguros, es primordial tomar en cuenta que, si una moto tiene una póliza de vehículo particular y es utilizada como servicio público de pasaje, al momento de un incidente no se cubrirán los daños ya que se requiere una protección específica.

Es de destacar que algunas zonas donde más se reportan este tipo de incidentes están en la zona norte de la ciudad, como son los casos de la colonia Tres Reyes, la supermanzana 251, la región 107 que abarca los fraccionamientos Paraíso Maya, Urbi y parte de Kusamil, así como los conjuntos habitacionales Paseos del Mar, Cielo Nuevo y Villas del mar.

Las áreas en donde más mototaxis hay es en la zona norponiente y toda la periferia de Cancún, en donde el crecimiento poblacional es explosivo, como el Arco Norte desde la Universidad del Caribe hasta la carretera a Mérida, donde hay unidades habitacionales como Villas del Mar, Ciudad Natura, Arcos Paraíso, Privadas Sacbé, Casas del Mar, Nicté Ha, La Victoria, Cenote Azul, Prado Norte, entre otras, en donde además por el perfil de los habitantes y la conectividad de la zona, la actividad se convierte en un jugoso negocio para los involucrados.

Diputados reconocen tintes electoreros

Un grupo de legisladores encabezados por Hugo Alday Nieto, Guillermo Brahms y Ricardo Velazco, que forman parte del autollamado “bloque plural” del Congreso del Estado, quienes votaron a favor de la regulación del servicio de mototaxis, olvidaron establecer medidas para obligar al Imoveqroo a que se haga cumplir la ley.

Además, reconocen que durante muchos años los mototaxistas han sido utilizados con tintes electorales por el gran número que ya son en la entidad, sobre todo en la parte norte de Quintana Roo, como Benito Juárez.

“Durante décadas fueron usados fines electorales pero nunca se dio el paso de reconocerlos y permitirles estar de manera legal, es decir, se conocía la existencia, pero no estaba normada”, expresó Hugo Alday.

Al mismo tiempo, Ricardo Velazco sostiene que ahora, con la ley modificada, “el gran reto de Imoveqroo es aplicar la ley y derivado de eso el ordenamiento del transporte”.

Reconoció que el servicio de mototaxis surge por una necesidad de transporte en la periferia de la ciudad en donde los concesionarios no daban cobertura a esas zonas.

“En ese río revuelto, ganancia de pescadores, surgieron los vivales a través del clásico sindicalismo que ha habido durante muchos años en el estado, armaron cooperativas sin ningún objeto más que del lucro”, afirmó.

En tanto que Guillermo Brahms destacó que hoy los mototaxis están en proceso de ser permisionarios del transporte de personas, más no son concesionarios, ni municipales ni del gobierno del estado, y “deben de prestar el servicio en las zonas en donde se requieran, pues para mí ni es seguro ni para los conductores ni para las personas en ciertas zonas”.

Vivales desplazaron a discapacitados

Los mototaxis surgieron ante la necesidad de apoyar en su economía a personas discapacitadas para que prestaran este servicio en las inmediaciones de las colonias de nueva creación, ubicadas en la periferia de la ciudad.

En un principio fueron motos adaptadas y toleradas, es decir, unidades acondicionadas con herrería que les permite colocar sus sillas de ruedas y poder manejar el vehículo con espacio suficiente para llevar pasaje.

Sin embargo, al poco tiempo ingresaron grupos de vivales que vieron en este sector un gran negocio y para ello trajeron unidades que en el estado de Tabasco son conocidas como “Pochimóviles” y al cabo de unos meses se multiplicaron como plaga por toda la ciudad.

En días pasados, El Despertador de Quintana Roo platicó con algunos operadores de los grupos de discapacitados que operan mototaxis en un sitio de la avenida Tules, en la Región 248, quienes denunciaron que sus ingresos bajaron hasta en un 70% con la entrada de las nuevas unidades.

Luis Arturo Morales Orama, fundador y miembro de la sociedad “Libertad y Superación Sobre Ruedas”, explicó que con el tema del censo y la nueva Ley de Movilidad, tienen la esperanza de ser regulados, pero lamentó que a diferencia de las otras agrupaciones, a ellos les pongan más restricciones.

“La verdad es que nos han desplazado, nos han defraudado, teníamos un líder que nos abandonó y se fue con los otros porque allá vio que hay más dinero y nos invadieron el área de trabajo”, explicó.

Sostuvo que si las autoridades hablan de justicia social, “esta debe de ser para nosotros que no podemos trabajar en otro lado por nuestra condición física, nosotros comenzamos estos servicios y hoy ya nos han hecho a un lado, nos han desplazado del exterior de las plazas y supermercados, incluso de las escuelas en donde los otros han hecho sitio y no nos dejan levantar pasaje, han invadido todos los espacios”.

Negocio redondo de sindicatos; juez y parte

Miembros de diferentes sindicatos de mototaxis que operan en Quintana Roo han acusado que sus líderes gremiales los han estado obligando a pagar desde 30 mil  hasta 40 mil pesos por concepto de “membresía” por cada vehículo que quieran empadronar para su regularización, a pesar de que el Imoveqroo ya haya concluido con el proceso.

El Despertador de Quintana Roo pudo dialogar con algunos mototaxistas adheridos a la Fesoc, quienes acusaron que Leopoldo Arias, quien además es el delegado de movilidad, los presiona para pagar las cuotas y que si quieren asegurar su regularización ante el Imoveqroo tendrán que desembolsar hasta 20 mil pesos.

Del mismo modo, lo señalaron de estar aprovechándose de su nombramiento como delegado de movilidad, pues ha emprendido además un gran negocio al ser proveedor de mototaxis que trae de Tabasco constantemente, algunas nuevas y otras ya usadas.

Leopoldo Arias es un claro ejemplo del oportunismo en el tema del transporte tolerado, pues hace algunos años lideró un grupo de transportistas de pasaje de los que operan en la zona de El Crucero.

Y si bien existe un “acuerdo” entre todos los gremios de mototaxis, sobre todo en esta etapa en la que están en proceso de regularización para que no haya agresiones ni conflictos, entre los operadores continúan las pugnas para no invadir sus territorios.
Por eso, hoy los mototaxis operan de diferentes colores, es decir hay unidades amarillas, otras moradas, rosadas, rojas, verdes, azules, anaranjadas, plateadas, doradas, que los distinguen de acuerdo con su respectiva zona y gremio.      

Delincuencia ya está incrustada en el mototaxi

Al igual que ha pasado con los taxistas y otros rubros del transporte público, el mototaxi también ha sido penetrado por grupos delictivos que usan las unidades para hacer de las suyas.

Tan solo en noviembre pasado, tres mototaxistas fueron ejecutados a balazos en una sola semana e incluso en julio del 2022 fue asesinada una dirigente de esos transportistas frente a su casa en el fraccionamiento Tierra Maya, cuando civiles armados abordo de una motocicleta le dispararon en ocho ocasiones.

Ante todo lo anterior, un grupo de mototaxistas hizo una manifestación en las afueras de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado, en exigencia a que se esclarecieran los hechos y que además, las autoridades los apoyaran con más vigilancia en sus áreas de operaciones.