Los rellenos sanitarios han operado por años en franca violación a las normas ambientales, en contubernio con las autoridades federales, estatales y municipales, una grave problemática que no puede ser soslayada por el gobierno que hoy encabeza Mara Lezama Espinosa

SALVADOR CANTO

Quintana Roo enfrenta grandes retos en el manejo de sus residuos sólidos urbanos (RSU) conocidos coloquialmente como basura, pues la mayoría de los rellenos sanitarios de sus municipios operan en franca violación a las normas ambientales, lo que demuestra la indolencia e irresponsabilidad de las últimas administraciones que no han hecho nada al respecto.

En la actualidad, el municipio de mayor complicación es Benito Juárez que comparte su basurero denominado “Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos” con Isla Mujeres y Puerto Morelos, el cual opera mediante concesión desde el 9 de junio del 2013 la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual.

Desde los primeros años, dicha empresa ha incumplido con los acuerdos establecidos dentro de la NOM 083 Semarnat 2003 así como de sus obligaciones contractuales, lo que ha derivado que la última celda (la cuarta) puesta en operación hace nueve meses, hoy esté al límite de sufrir un colapso ambiental con una saturación de más del 90% debido al mal manejo que le han dado bajo la complicidad de los gobiernos en turno y en donde la presencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido evidente, al ser partícipes en la entrega de las concesiones.

Para Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo Ciudadano, el tema de la basura, “es el cuento de nunca acabar, porque a los gobiernos no les interesa darle solución de fondo, sino que ven el gran negocio que ese servicio significa y por eso es que todo ha sido concesionado”.

Tanto edafólogos —especialistas en el estudio de los suelos— como geólogos, microbiólogos e ingenieros ambientales de la UNAM consideran que los rellenos sanitarios deben desaparecer en un futuro cercano y ser sustituidos por centros integrales de residuos sólidos urbanos y plantas de reciclaje, pero en el caso de Quintana Roo, pese a los intentos, esto no ha funcionado por la enorme corrupción que existe diversas dependencias de los gobiernos.

Entre ellas, la Secretaría de Ecología del Medio Ambiente (Sema), así como la Procuraduría de Protección Ambiental (PPA) del estado, que se han convertido en los últimos años en instancias cómplices del manejo de los rellenos sanitarios de los municipios, pues han permitido que las contaminaciones al medio ambiente crezcan cada vez más.

El actual relleno sanitario viola todos los instrumentos de regulación y control ambiental, llámese Ordenamiento Ecológico, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Normas Oficiales Mexicanas 059 que regula las especies en estatus de protección, NOM-022 que protege los manglares, Ley de Vida Silvestre que prohíbe el deterioro de los manglares, Ley de Aguas Nacionales que prohíbe la contaminación por aguas residuales, Reglamento de Gestión Municipal que prohíbe tiraderos a cielo abierto y vertimiento de aguas residuales al suelo, decretos de área naturales protegidas creadas para hacer un manejo efectivo con una buena administración, entre otras cosas.

Inicia procedimiento para retiro de concesiones

Desde hace varios años, Promotora Inmobiliaria Majahual SA de CV (Pimsa) que tiene la concesión del procesamiento de basura desde el 2013 por un plazo de 20 años y que en esencia concluirá en 2033, ha incumplido con su responsabilidad en cuanto a la operación del Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos por el que ha cobrado alrededor de siete millones de pesos mensuales por recibir, separar y valorizar; lo que incluye la comercialización, compactación, traslado a la celda, estiba, conformación y cobertura de los residuos sólidos urbanos confinados.

Para impresionar, dicha empresa presentó ante las autoridades en ese momento (Paul Carrillo como presidente municipal de Benito Juárez y Roberto Borge como gobernador), que operaría una nave industrial techada, área de tiro, instalación de dos líneas de separación, bandas de alimentación, criba rotatoria, banda de selección y sistemas de compactación, las cuales funcionaron durante unos años pero después lo dejaron de hacer.

Es decir, se volvió a la clásica operación de un basurero a cielo abierto sin control sanitario ni de los lixiviados, violando la NOM 083 Semarnat 2003, entre muchas más.

En este contexto y ante la evidente falla que ha provocado que la celda más nueva esté a punto del colapso, el gobierno municipal anunció que comenzó un procedimiento de retiro de la concesión por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Lo anterior se establece en un acuerdo publicado el pasado 7 de octubre en el Periódico Oficial de Quintana Roo, en el cual se refiere primero a la concesionaria del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Intermunicipal, es decir, la Promotora Inmobiliaria Majahual, la cual no logró subsanar un total de 19 incumplimientos a la NOM 083 Semarnat 2003 en una primera auditoría realizada a la empresa el 18 de febrero de 2022.

“Se hizo notificación a la empresa concesionaria que la unidad verificadora encontró 19-diecinueve puntos de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que se detectaron como “No Conformes”, es decir, que dichos puntos no cumplen con los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003, requiriendo a la concesionaria Promotora Inmobiliaria Majahual,S.A de C.V., para que realizara todos los actos necesarios dentro del plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del oficio, de conformidad con lo previsto en la cláusula Decima Cuarta del contrato de concesión, para que solventara todas y cada una de las inconsistencias de los puntos de la NOM-083-SEMARNAT-2003”, se lee en el acuerdo del Periódico Oficial. 

Se añade que al realizarse una segunda verificación el 31 de marzo de 2022, se concluyó que de las 19 observaciones detectadas en la primera visita, 15 no fueron subsanadas, con lo que se incumple con la citada norma oficial mexicana.

Una de las irregularidades más graves —se añade—, es que se encontró contaminación en los afluentes de agua subterránea debajo el relleno sanitario, luego de que se tomaron muestras en pozos de aguas cercanos a la celda, los cuales arrojaron que “el agua analizada no es apta para consumo humano”.

En el caso de Intelligencia México, que es negocio familiar de Carlos Canabal, exalcalde de Cancún y beneficiado por la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra, quien en 2017 consiguió irregularmente el contrato para la recolección y traslado de los residuos sólidos generados en este destino turístico, el acuerdo publicado cita los procedimientos legales en su contra, así como la intervención por parte del ayuntamiento para continuar prestando el servicio cuando la compañía dejó de hacerlo.

Benito Juárez frente a una catástrofe ambiental

A casi nueve meses de ponerse en operación de manera oficial la cuarta celda del actual relleno sanitario denominado “Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos”, su saturación ya está por encima del 90 por ciento, debido al mal manejo que se la ha dado al tema de la disposición de la basura.

El Despertador de Quintana Roo obtuvo imágenes actuales de las condiciones en que se encuentra la cuarta celda y a decir de los propios trabajadores de los camiones recolectores, la basura ya se echa en cualquier lugar del montículo porque no hay control ni vigilancia.

“Es un caos lo que pasa en el basurero, hay días en donde trabajan dos o hasta tres máquinas que estiban y compactan los desechos, pero hay otros en donde están las máquinas pero no tienen quién las operen y en cuestión de dos o tres horas, hasta moverse con los camiones en un problema y más si está lloviendo porque se hace lodo con los mismos lixiviados que escurren”, platicó uno de los operadores.

Si bien dicho basurero se encuentra adentro de tierras que pertenecen a Isla Mujeres, por acuerdo municipal el control operativo corresponde a Benito Juárez, y en él también deposita sus desechos Puerto Morelos, que a pesar de ser municipio independiente todavía no cuenta con su propio basurero.

En la actualidad, Cancún genera al día poco más de 1.5 toneladas de basura, a las que se suman 300 que junta diariamente Isla Mujeres y unas 400 que traen desde Puerto Morelos.

Por otra parte, a poco más de dos meses de que Red Ambiental concluya la “miniconcesión” que le otorgó el gobierno de Benito Juárez, la recolección de la basura ha comenzado a ser deficiente en muchas zonas y en cualquier momento la situación podría salirse de control.

Contaminación, con daños irreversibles

De acuerdo con el Colegio de Biólogos de Quintana Roo, desde hace muchos años los servicios municipales más básicos como el manejo de los residuos sólidos y líquidos urbanos han quedado rebasados y esto se observa con mayor claridad en Benito Juárez.

Con base en un diagnóstico integral hecho respecto al tema del Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos, se establece que hoy todos los residuos recolectados en el municipio van a dar al relleno sanitario cuyas celdas (las tres primeras) están saturadas y las lagunas de lixivados presentan constantes rebosamientos.

“Cuando llueve, las lagunas de lixiviados se desbordan. Y no hablamos de una lluvia torrencial, sino de casi cualquier lluvia”, explican los expertos ambientales.

Añaden que el vertimiento de lixiviados está causando daños ambientales significativos y aún sin calcular. Las autoridades y empresas han negado información sobre la calidad del agua subterránea del lugar.

Injerencia del PVEM en concesiones

La presencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desde la administración de Paul Carrillo, Remberto Estrada, Mara Lezama en su primer periodo y ahora con Ana Patricia Peralta de la Peña, más que dar solución a un tema que tanto han enarbolado en sus campañas, como el cuidado al medio ambiente, han complicado aún más las condiciones relacionadas con cuestiones de la basura, pues han sido partícipes en el entramado de las concesiones leoninas que les han otorgado a diversas empresas.

Desde la administración de Paul Carrillo, emanado del PRI pero aliado en ese entonces del PVEM, se dio la llegada de Promotora Inmobiliaria Majahual para la operación por 20 años del Centro Intermunicipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Benito Juárez e Isla Mujeres.

Con Remberto Estrada Barba se hizo lo propio al entregar una concesión de manera irregular por 20 años para la recolección de la basura a la empresa Intelligencia México, propiedad de Carlos Canabal y publicada extrañamente apenas el 23 de abril del presente año en el Periódico Oficial de Quintana Roo, es decir, cinco años después de su aprobación mediante sesión de Cabildo. Ante esta situación, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo exigió una investigación sobre ese tema pues es necesario aclarar por qué el ayuntamiento de Benito Juárez lo mandó a publicar casi cinco años después de su firma.

“Es evidente que para el (Partido) Verde, Quintana Roo representa un botín político y económico”, explicó Eduardo Galaviz Ibarra, también exsecretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Añadió que cuando alguien siente que tiene el poder “piensa que puede hacer lo que se le venga en gana, más si tiene el control del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial”.

Comentó que le han preguntado su opinión respecto a por qué el PVEM puso los ojos en Quintana Roo, a lo que ha respondido: “la familia de Jorge Emilio González y él mismo encontraron en la entidad las condiciones para asentarse entre una población joven, en un territorio en constante crecimiento urbano, en donde existe la posibilidad de hacer negocios con licencias de construcción, cambios de uso del suelo, PDU y de servicios públicos”, como la recolección de basura o atracciones como los casinos.

Con la administración morenista, pero con el PVEM de aliado y sin un juicio de lesividad (medio legal que tienen las autoridades administrativas para revertir una resolución emitida por ellas mismas a favor de un particular, que considera contraria a la ley y causa perjuicio al estado), se dio la entrada de la empresa Red Ambiental para recolectar la basura debido a la incapacidad que mostró Intelligencia México.

Dependencias ambientales, cómplices de irregularidades 

De acuerdo a miembros del Comité de Vigilancia y Educación Ambiental “Río Chacmuchuch”, desde el 2018 han interpuesto demandas ante dependencias ambientales tanto federales como estatales por las irregularidades en los rellenos sanitarios, además del escurrimiento constante de lixiviados, pero todas han hecho caso omiso pese a la gravedad del asunto.

“A nosotros nos preocupa que todos estos lixiviados se dirigen de manera directa a los ríos subterráneos y desembocan de manera concreta en la laguna Chachmuchuch que forma parte del Área Natural Protegida Laguna Manatí, adherida a la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano”, explicaron.

Pero dentro de esta falta de atención de las autoridades, existe también otro grave problema que afecta a los ejidatarios de Isla Mujeres que a consecuencia de la presencia de los basureros y sobre todo su mal manejo, les ha provocado además de afectaciones a la salud de muchas familias, la pérdida del valor real de sus tierras.

Algunos comuneros señalan que hasta hoy el ejido no tiene una compensación (saneamiento ambiental) por la afectación a las parcelas aledañas a causa de los basureros, aunado que unas 10 mil hectáreas están condenadas a quedar degradadas de su valor por el impacto negativo de todos los rellenos sanitarios como El Porvenir, Sufre y Calla, parcela 1113 (enfrente de Villas Otoch) y el actual localizado en la parcela 196.

Más municipios con problemas de sus basureros

En Othón P. Blanco, la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, emanada del partido Morena, declaró recientemente que la capacidad de operación del relleno sanitario de la capital del estado ha sido rebasada y el tiradero a cielo abierto está totalmente colapsado.

Añadió que si bien este problema que se viene arrastrando desde hace algunos años atrás y que genera afectaciones a quienes habitan en las zonas aledañas, no ha podido ser atendido debido a que la comuna no cuenta con los 120 millones de pesos que se requieren para darle continuidad a los trabajos.

Al igual que en Cancún, el gobierno othonense han emprendido una batalla legal para revocar la concesión que se le dio a la empresa Intrasiso en el 2018, debido a que no cumplió con los acuerdos establecidos en el convenio, por lo que han comenzado las acciones jurídicas correspondientes, a fin de que el actual gobierno municipal pueda recuperar la licencia de operación y brindársela a otra empresa, ya que es la salida más viable para solucionar de manera apremiante la problemática.

En tanto que en septiembre pasado en Kantunilkín, inspectores de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) impusieron recientemente sellos de clausura en el relleno sanitario de esa ciudad, luego de detectar que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas incumplía con los procedimientos de ley para la disposición final de residuos sólidos, además de carecer el sitio de los debidos estudios.

Mientras que en Cozumel en marzo pasado se anunció la saturación de la novena celda del basurero municipal y con ello, la urgente necesidad de aperturas una décima sin que existan estudios ambientales al respecto.

Lo mismo pasa en Tulum en donde el actual basurero está colapsado, sin una atención urgente de las autoridades de los tres niveles de gobierno.