PARQUE DE LA EQUIDAD, MONUMENTAL CORRUPCIÓN

Cuestiona AC opacidad e irregularidades en el manejo de millonario recurso en dólares entregado a ONU-Habitat para la asesoría del proyecto, hoy inconcluso y en el abandono, de cuyo mantenimiento se deslinda el Ayuntamiento de Cancún

SALVADOR CANTO

La construcción del proyecto del Parque de la Equidad y la ciclovía a lo largo de 16 kilómetros lineales que cruzan las avenidas Cancún —mejor conocida como Las Torres—, Chac Mool y 20 de Noviembre, no sólo tuvo un costo de ejecución de poco más de 250 millones de pesos para el Gobierno del Estado, sino que además, la administración que encabezó Carlos Joaquín González, a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) a cargo en ese entonces del arquitecto Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, desembolsó un millón 200 mil dólares etiquetados como aportación y/o contribución por asesoría del proyecto a manera de asistencia técnica para el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

Dicho recurso que no ha sido transparentado y que podría ser parte del gran endeudamiento en que dejó a la entidad el hoy embajador de México en Canadá, incluyó además asesoría en otros proyectos “estratégicos” como el Puente Vehicular y algunos polígonos de actuación alrededor de las estaciones del Tren Maya en el tramo que compete a Quintana Roo.

Lo anterior se desprende del contrato firmado entre la Agepro y ONU-Habitat, obtenido por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) y proporcionado a El Despertador de Quintana Roo, en virtud de una inquietud ciudadana debido a posibles irregularidades en el manejo de los recursos y el abandono de varios tramos de la obra del Parque de la Equidad y otros que muestran un evidente deterioro, además de espacios inoperantes por falta de mobiliario y electricidad, abandono del cual se deslinda el Ayuntamiento de Benito Juárez con el argumento de que “no es una obra municipalizada”, pese a la importancia que reviste para la ciudad.

Por lo que al ser recursos entregables, DMAS que encabeza la abogada Antonella Vázquez, ya solicitó a la plataforma de Transparencia un informe pormenorizado de todo ese dinero entregado a ONU-Habitat, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.

Cabe destacar que el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) con sede en Nairobi, es el organismo de las Naciones Unidas que apoya la urbanización sostenible en todo el mundo mediante proyectos y actividades, pero el costo de su labor no es económico, sino que cobran demasiado dinero, que muchas veces procede del erario como en el caso de Quintana Roo, solamente por asesoría y que la obra tenga el sello de dicho organismo internacional para que cuente con aceptación ante la opinión pública.

La entrega de los recursos públicos en dos pagos

Con base en el contrato entre la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) y el Programa de Las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos para el Desarrollo (ONU-Habitat), firmado en la Ciudad de México el día 7 de octubre de 2019, se trató de un “acuerdo de contribución a cambio de apoyo sustantivo y técnico en la definición de los parámetros y estrategias necesarias para el desarrollo de proyectos integrales en la entidad”.

Dicho apoyo es ofertado por el organismo internacional como una forma de “contribuir en la reducción de desigualdades y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, bajo la premisa fundamental de preservar el patrimonio natural y cultural”, se lee en parte del documento.

Además, se establece que cuentan con una experiencia de 40 años, tanto normativa como operacional, así como de investigación especializada, que cuentan con base de datos y buenas prácticas internacionales para ejecutar el proyecto a través de una estrategia de intervención que incluye dos componentes: la asistencia técnica para el Parque de la Equidad y asistencia técnica para polígonos de actuación vinculadas al proyecto Puente Vehicular Nichupté y estaciones ferroviarias que se convertirán en centros urbanos de diferente funcionalidad, magnitud y escala del Tren Maya.

En ese contexto, ya en la parte medular del contrato se plasma una serie de artículos; el primero de ellos aclara que el acuerdo es con base en una propuesta de asistencia técnica.

Para ello, en el artículo dos de forma directa y clara se explica que para la ejecución del proyecto, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) tuvo que realizar una contribución a ONU-Habitat por un monto de USD $1,200,000.00 (un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América).

Además, se explica que la contribución se hizo en dólares y que el depósito se efectuó al banco JP Morgan Chase International Agencies Banking, localizado en 277 Park Avenue, 23 rd Floor New York, NY 10172, USA, al número de cuenta 485-000261 a nombre de United Nations Human Settlements Programme.

También se detalla que otra alternativa pudo haber sido mediante transferencia directa a la cuenta 021 000 021, con código de verificación BIC.CHASUS33; or CHIPS participant number 0002 y recurrencia 1-212-93-2086.

Asimismo, la Agepro se compromete —en ese contrato— a notificar a ONU-Habitat sobre el depósito a través de un correo electrónico dirigido a amrita.jaidkav@un.org y a cesar.vega@un.org, para que dicho organismo internacional pueda administrar la contribución de conformidad con sus reglas, reglamentos, regulaciones, políticas y procedimientos financieros.

Incluso, le piden a la Agepro que la contribución se la depositaran en dos ministraciones, la primera fue en el año 2019 por la cantidad de USD $250,000.00 (doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), misma que se habría hecho a más tardar 60 días naturales después de la firma del acuerdo.

En tanto que segunda ministración fue por USD $950,000.00 (novecientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) prevista para el mes de marzo de 2020 con base en la disponibilidad presupuestal de la Agepro.

Cobro adicional por costos de gastos de administración

Dicho contrato que comprende 29 hojas, detalla además que dentro del calendario de ministraciones se tomó en consideración de acuerdo con la ejecución de las actividades planificadas, que la contribución estuvo sujeta a la recuperación de costos por parte de ONU-Habitat, en dos distintas categorías relacionadas con la provisión de asistencia técnica.

La primera de ellas por costos indirectos incurridos por ONU-Habitat al brindar asistencia técnica para el desarrollo del proyecto y para cubrir dichos costos, se cargó a la contribución un equivalente al trece por ciento (13%) por concepto de gastos de administración y/o equivalentes.

Dichos costos directos incurridos en la implementación de la asistencia técnica proporcionada por el ONU-Habitat y/o entidad o socio de implementación, fueron en base al presupuesto del proyecto en la línea presupuestaria correspondiente y en caso de transacciones claramente identificables, se cargó al proyecto de acuerdo con las tarifas estándar, lo que hace suponer que el Gobierno del Estado hizo pagos demás a dicho organismo internacional.

En uno de los apartados del acuerdo, se establece además que ONU-Habitat proporcionaría a la Agepro los informes financieros y los documentos física y digitalmente, para que sean revisados por su personal técnico, mismo que evidenciará los avances del proyecto, aunado a un reporte sustantivo intermedio y uno final, a los tres meses del cierre del proyecto, pero sin embargo, esta información jamás ha sido dada a conocer por el gobierno del estado.

Combate al terrorismo, argumento del uso de recursos

Según los informes que emite ONU-Habitat sobre el uso del recurso que cobran por sus asesorías, es para trabajos en contra del terrorismo y para ello plasmaron en el contrato tres documentos en formato PDF en donde indica parte de la labor que puede ser localizada en estas ligas:

S/RES/1269 (1999) (https://www.undemocracy.com/S-RES-1269(1999).pdf)

S/RES/1368 (2001) (http://www.undemocracy.com/S-RES-1368(2001).pdf)

S/RES/1373 (2001) (http://www.undemocracy.com/S-RES-1373(2001).pdf)

Sin embargo, esto es poco transparente en virtud de que el recurso que el Gobierno de Quintana Roo les entregó pudo haber sido objeto del endeudamiento en que la administración de Carlos Joaquín González, hoy oficialmente el nuevo embajador de México en Canadá, dejó al estado al concluir su gestión.

Lo anterior, porque en el contrato hay cláusulas en donde se establece que: “las partes se abstendrán de cualquier acción que pueda afectar adversamente los intereses de la otra parte, y deberán cumplir con sus compromisos, velando en todo momento por los términos y condiciones de este acuerdo”.

No obstante, en un apartado se menciona que ambas partes podrán dar por terminado este acuerdo sin causa y en cualquier momento, mediante una notificación previa con 30 días naturales de anticipación a la otra parte y que en dicho caso, la porción no utilizada/no gastada de la contribución, será reembolsada a la Agepro, pero de esto tampoco se ha informado nada.

Cabe decir que en el documento firmado en la Ciudad de México el día 7 de octubre de 2019, aparecen las rúbricas de la Secretaria General Adjunta de la Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif y de Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, entonces director de la Agepro, además de Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como testigo de honor.

No hay claridad en la entrega de recursos a ONU-Habitat: DMAS

Para la abogada Antonella Vázquez, directora de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), el hecho de que se le entregase demasiado dinero a ONU-Habitat, genera mucha suspicacia porque las autoridades en aquel entonces no informaron ni transparentaron nada de ello.

“Es increíble que un organismo internacional se embolse dinero de proyectos ilegales y estamos hablando de los proyectos ‘estratégicos’ del puente vehicular de la Nichupté, el Tren Maya y el Parque Equidad por los que la Agepro les entregó un millón doscientos mil dólares”, explicó.

Dijo que el puente por sí mismo es totalmente contrario a la Agenda 2030, pues se trata de un proyecto que promueve más y más vehículos, cuando lo acorde con la agenda 2030 sería un transporte público de calidad.

“Si por lo menos el puente fuera para sólo bicicletas y transporte público, tendría más argumentos, pero está diseñado de una forma peligrosa con una curva que da miedo, carriles de ambos lados y para meter más coches a una misma zona donde no se han preguntado dónde se piensan estacionar todos esos vehículos”, mencionó.

Añadió que luego está el Tren Maya, que se ha brincado todas las leyes ambientales y que no tiene ni un estudio de movilidad y finalmente el Parque de la Equidad, que aunque se agradece ver algo de verde, “no creo que esté tan bien planeado por lo que escucho y entiendo”.

Insistió que al emplear el término ‘entregables’ no existe claridad y por eso “ya pedimos por transparencia que nos digan qué son los entregables respecto a ese parque porque si bien está padre en algunas secciones, hemos visto que hay errores de movilidad y de peligro para niños que después adecuaron y por lo que se les pagó un millón 200 mil dólares, la verdad que un urbanista o experto en movilidad no hubiera cobrado eso e incluso lo habrían hecho mejor”.

La abogada y directora de DMAS expuso que como asociación civil, “el tema de ONU-Habitat nos hace mucho ruido, pues por qué se va mucho dinero a dicho organismo y aparte, recuerdo que con el tema del Tren Maya, antes de que iniciaran los trabajos en el 2019, se le pagaron adicionalmente tres millones de dólares al mismo ONU-Habitat y eso nos genera inquietud, por qué se les está dando mucho dinero”, acotó.

Por proyecto similar en NL, ONU-Habitat cobró 500 mil dólares

A la par del Plan Maestro del Parque de la Equidad en Cancún, ONU-Habitat también trabajó y cobró por un proyecto denominado Visión de Ciudad de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León y por el que por las mismas circunstancias de asesoramiento, recibió una contribución por 500 mil dólares.

El procedimiento fue el mismo, es decir, el depósito se hizo en dólares americanos al mismo banco y misma cuenta bancaria en dos ministraciones, según consta en un contrato similar hecho entre ONU-Habitad y el gobierno de San Nicolás de los Garza.

El primer pago fue por 75 mil dólares equivalente al 15% del total y el segundo pago por la cantidad de 425 mil dólares correspondiente al otro 85% del total del proyecto.

Dicho contrato se puede encontrar en la siguiente liga: https://portales.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/images/stories/documentos_gobiernos/rai/nle/nl004.pdf.

En ambos casos, ONU-Habitat presume que se trata de proyectos reconocidos como buenas prácticas globales por la implementación de la Agenda 2030, resultado de la segunda convocatoria abierta de casos de éxito y lecciones aprendidas de los ODS efectuada el 14 de marzo del 2021.

En todo momento se ocultó aportación para ONU-Habitat

Incluso en la presentación del proyecto del Parque de la Equidad “Una oportunidad para la integración social de Cancún”, que encabezó el entonces gobernador del estado, Carlos Joaquín González, el 17 de septiembre del 2020, se omitió hablar que toda la asesoría y colaboración de ONU-Habitat tendría un costo de un millón 200 mil dólares.

Lo único que se planteó es la importancia de consolidar proyectos y que en particular, el Parque de la Equidad y la ciclovía lo coordinaría la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

Se insistió en que dicho parque era el proyecto de espacio público más importante de Cancún porque incluía el desarrollo de un parque lineal en más de 16 kilómetros que beneficiaría directamente a más de 200 mil personas.

Incluso se vendió la idea de que el Parque de la Equidad revertiría la falta de espacios públicos y áreas verdes en la ciudad, y reduciría las condiciones de segregación urbana y desigualdad social de la ciudad.

Lo cual es diametralmente opuesto, porque en la actualidad el gobierno verde de Cancún ha optado por cerrar y desmantelar espacios públicos que realmente eran de mucha utilidad para los ciudadanos, como el parque El Mar que estaba en la región 94.

El Despertador de Quintana Roo buscó el actual titular de la Agepro, José Alberto Alonso Ovando que asumió el cargo desde enero del 2022, casi un año antes de que terminara la administración Carlos Joaquín González pero que se mantiene en el cargo con el nuevo gobierno, pero no hubo respuesta para aclarar el tema de la millonaria aportación que hicieron a ONU-Habitat.

De la misma manera, se trató de localizar a Eduardo Ortiz Jasso, pero también fue infructuosa su búsqueda, pues él ya no forma parte del gobierno actual, ya que menos de un año fungió solamente como titular del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin), a donde fue enviado tras su paso por la Agepro en donde estuvo muchos años.

Ayuntamiento verde se lava las manos

Cuestionada por El Despertador de Quintana Roo sobre el estado de deterioro y abandono en el que se encuentran varios tramos de la vía de 16 kilómetros que integra el Parque de la Unidad, la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento Benito Juárez, Indhira Carrillo Domani, vía telefónica deslindó a la administración municipal que preside Ana Patricia Peralta de la Peña de la responsabilidad de darle mantenimiento, aduciendo que se trata de una obra que no está municipalizada, aunque ocasionalmente hacen trabajos de desyerbe y limpieza en algunas zonas “a petición de los vecinos”, un deslinde inusitado e incomprensible dada la relevancia del proyecto, no sólo por la superficie que ocupa, sino por su pretendida vocación de que constituiría un elemento integrador de gran importancia para la comunidad, el esparcimiento familiar y el mejoramiento de su calidad de vida.