A dos años de concluida la cuestionada administración encabezada por Laura Fernández Piña ––cuyos saqueos permanecen impunes–, con Blanca Merari Tziu Muñoz las problemáticas que enfrenta el municipio no solo persisten, sino que se han agravado

SALVADOR CANTO

A casi ocho años de la promulgación del Decreto 342 por la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo –que entró en vigor el 6 de enero del 2016 para crear el undécimo municipio del Estado–, Puerto Morelos aún no tiene un rumbo definido en materia política para salir de las severas problemáticas que enfrenta. Por el contrario, tras haber sido víctima del mal gobierno que encabezó Laura Fernández Piña, quien lo saqueó impunemente durante los dos periodos que gobernó (2016-2021) y aunque la actual administración (2021-2024) que dirige Blanca Merari Tziu Muñoz intenta revertir esa situación, su inexperiencia la ha orillado a complicar aún más la situación financiera, al grado de comprometer parte de los recursos de la partida presupuestal federal para el 2024, ya que pidió por adelantado 20 millones de pesos para solventar pagos pendientes con el SAT.

Además, la falta de infraestructura pública es evidente, se carece de un basurero propio y trasladar los desperdicios que diariamente se generan hacia el relleno sanitario que comparte con Cancún e Isla Mujeres representa un millonario gasto para el erario, aunado a que con ello se propicia la existencia de tiraderos a cielo abierto.

Aunado a ello, existe un deficiente sistema de alcantarillado, se carece de una clínica pública para cualquier tipo de emergencia, no hay escuelas suficientes, ni mucho menos una universidad, por lo que muchos jóvenes tienen que trasladarse a Cancún o Playa del Carmen a continuar con sus estudios, además de que muchas calles del municipio están intransitables, sobre todo en temporadas de lluvias.

De igual manera, el crecimiento disparado de la inseguridad es preocupante, al grado de que ya se le considera como un epicentro de la delincuencia organizada en la zona norte, por el incremento de los hechos delictivos como ejecuciones, cuyas víctimas son arrojadas a lo largo de la Ruta de los Cenotes, además de que en Puerto Morelos se mueven grupos criminales que operan tanto en Playa del Carmen como en Cancún.

No obstante que su gobierno es emanado del Partido Verde, el cuidado al medio ambiente ha pasado a segundo término; baste señalar que no se ha insistido en que se proceda legalmente en contra de los responsables del buque Melody que fue empleado por el gobierno federal para transportar una carga de 20 mil toneladas de porfirita (un tipo de roca) procedente de Cuba que sirve para los balastos del el Tren Maya y que causó un importante daño a una sección de corales protegidos en Puerto Morelos.

También ha omitido poner orden en la zona de la Ruta de los Cenotes, donde se ha violentado sistemáticamente el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) e incluso se planean proyectos como “Ciudad Aurum” que promueven los ejidatarios de Leona Vicario con el aval del propio ayuntamiento, a pesar de que carece de estudios de factibilidad, entre otros requeridos.

Recursos del 2024, comprometidos

Durante la presentación de su segundo informe de gobierno, el pasado jueves, la actual alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, puso en evidencia su incapacidad para resolver problemas a los que, si bien le fueron heredados por la administración pasada, le corresponde a ella resolver, sin comprometer la partida presupuestaria federal del municipio para el año próximo.

“Para poder saldar adeudos con el SAT tocamos la puerta de la Sefiplan (Secretaría de Finanzas y Planeación) que dirige Eugenio Segura Vázquez para que nos adelantara 20 millones de pesos de las participaciones federales del 2024 y solventar el adeudo que se tenía”, explicó.

Y aunque trató de maquillar dicha solicitud que sí le fue aceptada e incluso ya se aportó el dinero, expuso que se obtuvo mediante la firma de un acuerdo en donde se hizo el compromiso de pagar dicho adelanto este mismo año, con la intención de poder recibir enteras las participaciones en el 2024, aunque en realidad se trata de una posibilidad muy remota porque, hoy por hoy, Puerto Morelos tiene más deudas con proveedores, además de ajustes de salario pendientes con elementos de la policía municipal, quienes en febrero pasado hicieron un paro de labores, sin contar que existen todavía muchas obras inconclusas en el municipio.

La alcaldesa portomorelense destacó también que parte de los recursos recaudados por impuesto predial en lo que va del 2023 ha sido utilizada para solventar otras deudas “que se heredaron del gobierno pasado y que asfixiaban las finanzas municipales”.

Mencionó que se firmó un convenio con el IMSS para pagar las cuotas que desde la administración anterior llegaron a ser 33 millones 517 mil 242 pesos y que se acordó pagar en 62 mensualidades de alrededor de 540 mil 600 pesos cada una. 0

Otro convenio firmado –añadió–, fue por concepto de retiro y vejez por la cantidad de 30 millones 928 mil 819 pesos, a cubrir desde este año hasta el 2027 en 10 pagos periódicos al mismo IMSS que serían de alrededor de tres millones 900 mil pesos cada uno.

Con respecto al SAT Quintana Roo, mencionó que el anterior gobierno dejó de pagar el Impuesto Sobre la Nómina por la cantidad de 17 millones 219 mil 423 pesos y expuso que con recursos propios han cubierto 10 millones 685 mil 709 pesos y el resto del adeudo lo cubrirán en pagos que no rebasarán el periodo de la presente administración.

De igual manera, explicó que con el SAT Federal el gobierno anterior también omitió el pago por la cantidad de 33 millones 121 mil 417 pesos y ante ello, se hizo ya un pago con recursos propios por la cantidad de 13 millones 121 mil 471 pesos.

Negocios de Laura Fernández se niegan a morir

Luego de que en junio pasado la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo rechazara la ratificación de los contratos firmados por la administración encabezada por la entonces alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña (CMPM/CON/APP/01/2021 y CMPM/CON/APP/02/2021), para la construcción del nuevo palacio municipal y el mejoramiento del servicio de alumbrado público a través del esquema de Asociación Público Privada (APP), que endeudaría al ayuntamiento durante 30 años, la empresa Inocaribe S.A. de C.V. recurrió a la justicia federal e interpuso una demanda de amparo para tratar de rescatar el jugoso negocio. 

Primero interpuso ante el Juzgado Noveno de Distrito un recurso en donde el acto reclamado era en contra de la determinación de la XVII Legislatura, misma que quedó radicada en el expediente 764/2023 en donde se le negó la suspensión.

Ante ello, procedió ante el Tercer Tribunal Colegiado para solicitar un recurso de revisión de la negativa del Juzgado antes mencionado y aunque de igual manera la autoridad judicial determinó la negativa de amparar al quejoso, nuevamente el caso se turnó a otro Juzgado que en este caso es el Cuarto de Distrito, el cual abrió el expediente 875/2023 donde nuevamente avaló la ordenanza del Congreso y del mismo Ayuntamiento de Puerto Morelos en el sentido de la no ratificación de dichos contratos y por los cuales la empresa ligada a Laura Fernández Piña a través de su esposo Carlos Alberto Moyano Menchaca dejaría de percibir un monto de hasta 264 millones 848 mil 279 pesos por un contrato y por el otro hasta 384 millones de pesos.

Jurídicamente, dicha empresa mantiene actividad en los juzgados federales, pues insiste en querer demostrar que sus contratos están en regla.

Sin avance, denuncias contra la pasada administración

Desde el inicio de su gestión, Blanca Merari anunció que el Ayuntamiento se encontraba en una situación de quiebra técnica económica por tantos adeudos, además del saqueo de las arcas municipales por parte del gobierno de Laura Fernández, y ante la presión social se vio obligada a interponer una serie de demandas penales ante la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Justicia y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo).

Sin embargo, dichas demandas permanecen frenadas ante las mencionadas instancias, a pesar de que en su segundo informe de gobierno Tziu Muñoz aseguró que se le está dando seguimiento a los recursos judiciales que promovieron “contra quienes incurrieron en mal manejo del dinero de los portomorelenses y empeñaban el presente y el futuro de todos”.

“Es momento de exigir justicia contra aquellos que desfalcaron a Puerto Morelos”, insistió, aunque no dio los nombres, pero a todas luces la responsable es la aún legisladora federal Laura Fernández Piña y parte de su gabinete.

Como se ha informado, la expresidenta municipal de Puerto Morelos y actual diputada por Quintana Roo con fuero constitucional enfrenta varias denuncias, pero todas están paralizadas, a pesar de que durante los dos periodos que estuvo al frente del Ayuntamiento se cometió un sinnúmero de irregularidades desde las diversas secretarías, como el otorgamiento de concesiones sin licitación, las nóminas “infladas”, la existencia de incontables aviadores, como ocurrió en el área de Comunicación Social y muchas veces se benefició a negocios familiares de la entonces alcaldesa, como el contrato por 830 millones de pesos otorgado de manera directa a su esposo para trabajos de alumbrado público, a poco de concluir su gobierno.

Terrible daño ambiental, impune

A pesar de sus incomparables bellezas naturales, uno de los puntos que lo han catapultado como un destino de aventuras, ya que además cuenta con el Gran Arrecife Maya que pertenece al Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerada como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, el daño ambiental a esta barrera natural ha sido constante, sin que existan sanciones a los responsables.

Apenas en marzo pasado, el buzo y ambientalista Alberto Friscione, quien realizaba una expedición cerca del buque Melody, contratado por el gobierno federal para transportar una carga de 20 mil toneladas de porfirita procedentes de Cuba, para su uso en los balastos de las rieles por las que pasará el Tren Maya, detectó que dicha embarcación habría dañado una importante sección de corales protegidos en Puerto Morelos y a pesar de las denuncias formales, hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha resuelto en torno a la responsabilidad del daño infligido a los arrecifes.

El daño fue dentro del polígono de la Mega Reserva Caribe Mexicano, adyacente a otra Área Natural Protegida (ANP) denominada Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos en donde, entre las afectaciones provocadas por el ancla del carguero cubano se incluye el daño a cientos de colonias de corales blandos, como Octocorales o Gorgonáceas, de las especies Gorgonia ventanila, Psueopterogorgoria bipinnata, Pseudoplexaura spp, Gorgonia sp y Plexaura homomalla.

Este solo ejemplo da muestra del vacío de poder que adolece Puerto Morelos en muchos temas, pero particularmente en materia ambiental, debido que son constantes las afectaciones sin que las autoridades pongan orden.

De hecho, el crecimiento poblacional y hotelero se ha dado de forma desmedida, en algunos casos destruyendo espacios protegidos como la denominada Milla de Oro –como se conoce al corredor entre el Aeropuerto Internacional de Cancún y Puerto Morelos– y la zona de la Ruta de los Cenotes, donde hay en proceso diversos proyectos, algunos incluso relacionados con el Tren Maya que fueron permitidos, pese a no tener Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Uno de estos proyectos, si bien está frenado por la presión social, es “Ciudad Aurum” que pretende un grupo de ejidatarios de Leona Vicario, pero que es tolerado por el propio Ayuntamiento de Puerto Morelos, a pesar de que no se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

Puerto Morelos, sin lugar viable para su basura

Pese a que la Secretaría del Medio Ambiente (Sema) proyecta que Puerto Morelos tenga en un mediano plazo su propio relleno sanitario, para que ya no tenga que gastar tanto en el traslado de sus residuos sólidos hasta el basurero que se ubica en la zona continental de Isla Mujeres, la realidad es que carece de un espacio para dicha finalidad porque todo está rodeado de cenotes.

Ni en la parte de Leona Vicario ni mucho menos en la zona del pueblo existen predios adecuados para que Puerto Morelos cuente con su propio relleno sanitario, por el tipo de terreno que tienen.

Recientemente, Josefina Huguette Hernández, titular de la Sema, refirió que existe un plan donde Puerto Morelos está incluido, como parte del Programa de Ordenamiento Ecológico y Urbano, para que cuente con su propio basurero y no tener que seguir dependiendo de Benito Juárez e Isla Mujeres que ya comenzaron a tener diferencias por el tema de la disposición final de los residuos sólidos,

No obstante que la generación de basura en Puerto Morelos es relativamente poca, en comparación con los otros dos municipios citados, el manejo que le han venido dando en los últimos años ha propiciado controversias con grupos de activistas y ecologistas que se oponen a la apertura de un relleno sanitario en el municipio por la afectación que representaría para los cenotes y al manto acuífero.

Entre tanto, Puerto Morelos continúa con el traslado de entre 35 y 40 toneladas de desperdicios diariamente, volumen que aumenta hasta 70 toneladas en temporadas vacacionales, de acuerdo con la estimación de Leonel Salazar Trejo, director general de Servicios Públicos.

El servicio de recolección y el traslado de la basura está a cargo de la empresa Red Ambiental, la misma compañía regiomontana que presta el servicio en Benito Juárez, cuya llegada a Puerto Morelos fue también en medio de muchas polémicas porque el gobierno de Blanca Merari hizo una asignación directa, sin licitación alguna, bajo el argumento de que se tenía que poner solución al “cochinero que dejó Laura Fernández”.

A pesar de ello, en Puerto Morelos existen decenas de basureros clandestinos a cielo abierto, aunado a que también hay espacios en donde se deposita el sargazo sin las medidas de prevención correspondientes para evitar contaminación al manto acuífero, disfrazados como centros de acopio.  

Oficial Mayor, con facultades para hacer negocios

Desde noviembre del año pasado y con la confirmación en la publicación del Periódico Oficial del Estado, el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Jonathan Yong Mendoza, cuenta con facultades que por ley le eran únicamente conferidas a la presidente municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz.

Yong Mendoza tiene desde entonces, “manga ancha” para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos, en lugar de la presidente municipal.

De acuerdo con algunos regidores, este tema ya se ha planteado en algunas reuniones, pero no se ha insistido porque “hasta el momento no se han registrado mayores inconvenientes”.

Esta situación habla de la inexperiencia de la presidenta y del gran negocio que significa el municipio de Puerto Morelos para el Partido Verde. Cabe señalar que en el 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Yong Mendoza, como parte de una amplia investigación a diversos funcionarios como parte del proceso que se sigue a integrantes de la llamada “mafia rumana”.

Entre algunas de las asignaciones de contrato que ya ha hecho Yong Mendoza está el entregado este año a la empresa Flayer Constructores, S.A. de C.V. con número de identificación CPM-LP-SER-010-2023 para el “Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado”, por un monto de inversión de 400 mil pesos, aunque en el documento del “acuerdo” que entró en vigor en mayo pasado y que vence en diciembre próximo se establece que el costo de todos los servicios que prestará sería por alrededor de un millón 193 mil pesos aproximadamente.

Crisis de vivienda, botín político

Desde hace varios años, Puerto Morelos padece una seria crisis de vivienda, un tema que se ha politizado, según denuncian muchos habitantes de la localidad.

“Se ha encarecido el alquiler con el propósito de que no podamos pagarlo y además esas casas hoy se rentan mediante la plataforma Airbnb porque para los dueños les resulta más redituable”, explicó la señora Martha Figueroa, quien además afirma que ha acudido en varias ocasiones al palacio municipal a buscar apoyo y que le dan largas al tema.

Añade que otros afectados tienen la esperanza de que ahora que comiencen las campañas electorales, en donde seguramente la alcaldesa, Blanca Merari seguramente buscará la reelección, finalmente puedan ser escuchados.

Dicen que lo más viable en estos momentos, al no haber casas o cuartos para renta, es la invasión de predios, pero las autoridades advierten que esto es un delito, además de que no hay espacios disponibles en estos momentos para hacer casas y los únicos terrenos son propiedad de desarrolladoras que tienen proyecciones de viviendas de interés social pero a largo plazo.

Como se sabe, Puerto Morelos fue declarado municipio en enero de 2016 por el Congreso del Estado de Quintana Roo, abarcando desde el Ejido de Leona Vicario –colindante con Cancún Jonathan Yong Mendoza hasta los límites con los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad.

Según datos del INEGI, hasta el 2010 se contabilizaban nueve mil 188 habitantes y para 2021 se contaron 26 mil 921, es decir, la población creció en 293% en ese lapso y con este aumento también se elevaron las necesidades de servicios de sus habitantes, sin contar con la población flotante, producto del turismo. 

Tan sólo en 2022, la Secretaría de Turismo del Estado reportó que Puerto Morelos recibió 950 mil turistas, lo que genera una necesidad mayor de cuartos de hotel e incide en que las rentas vacacionales a través de las aplicaciones hayan ido en aumento, como ocurre casi en todo el territorio. 

Este fenómeno ha tenido repercusiones en la población nativa o que lleva muchos años habitando Puerto Morelos, pues muchas familias han sido desalojadas; desde hace unos cinco años éstas se están quedando sin las viviendas que regularmente rentaban.

Los propietarios están pidiendo rentas más altas, de hasta siete u ocho mil pesos en promedio o las ocupan para ofertarlas como rentas vacacionales por día o mes; y, por otra parte, las nuevas zonas habitacionales se dirigen a personas de alto poder adquisitivo.

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Algunas preguntas:

• ¿Qué avances hay de las denuncias contra Laura Fernández piña y otros exfuncionarios de Puerto Morelos por los delitos posibles de fraude procesal y peculado?
• ¿Dónde se está depositando la basura de la ciudad y de la zona hotelera de Puerto Morelos?
• ¿Quién responde por el daño al arrecife ocasionado por el buque Melody?
• ¿Quién supervisa la correcta disposición de sargazo en predios ubicados al sur de Puerto Morelos para evitar filtraciones de lixiviados al subsuelo?
• ¿Por qué la alcaldesa Blanca Merari Tziu cedió a su oficial mayor, Jonathan Yong Mendoza, facultades que eran exclusivas de ella?