El aseguramiento de 51 migrantes hindúes en las inmediaciones del Aeropuerto de Cancún se debió a la ruptura de uno de los eslabones en una compleja cadena de complicidades, donde persiste el involucramiento de autoridades del  Instituto Nacional de Migración, pese a que se encuentra bajo control de la Sedena desde el 2020

SALVADOR CANTO

El aseguramiento de 51 ciudadanos de origen hindú acontecido la semana pasada, atrás del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), dejó al descubierto la reactivación de una de las rutas más redituables para el tráfico de indocumentados operada por el crimen organizado, que obtiene ganancias por alrededor de 40 mil dólares semanales y que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos a elementos de la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, dependencia que se encuentra bajo control militar desde el 2020, cuando llegó el general Demetrio Aristeo Taboada, quien apenas en enero del presente año fue sustituido por el almirante Carlos Manuel Bandala González.

Lo anterior refleja que el Caribe Mexicano se mantiene como una enorme puerta de entrada para el tráfico de personas de diversas nacionalidades como cubanos, centroamericanos, haitianos y sudamericanos, así como asiáticos que son movilizados vía carretera, aérea e incluso marítima por grupos delictivos que tienen su centro de logística desde Cancún, en donde cuentan con una red de casas de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

De hecho, esta situación obligó al gobierno del Estado a través de la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México, a sostener una reunión de trabajo para fortalecer los lazos de colaboración para combatir la trata de personas y la tráfico ilegal de migrantes en Quintana Roo, debido a que las rutas ilícitas se mantienen activas.

Con base en información aportada por trabajadores del AIC, con quienes El Despertador de Quintana Roo tiene constante comunicación, con respecto al caso de los 51 hindúes asegurados atrás del aeropuerto, pudo haberse dado porque el pago no les llegó a los oficiales de la Guardia Nacional, que fueron quienes al final hicieron el aseguramiento en la carretera, pues es un secreto a voces que ellos también están coludidos con los grupos delictivos que operan en la terminal aérea.

Pero el movimiento de migrantes ilegales no sólo es en la zona norte, sino también en el sur y ejemplo de ello es que en noviembre pasado, en menos de 72 horas, fueron asegurados alrededor de 400 indocumentados procedentes en su mayoría de Centroamérica, quienes suelen ser distribuidos entre Tulum, Playa del Carmen y Cancún, en donde son objeto de explotación laboral.

Para el académico e investigador en Relaciones Internacionales Baltazar Rodríguez Valencia, el aseguramiento de estos indocumentados en Chetumal a finales del año pasado apenas representaba la “punta del iceberg” de una enorme madeja de corrupción operada por cárteles del crimen organizado, con la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Desarticulan ruta en 2019; hoy se mantiene activa

En septiembre del 2019 el gobierno federal anunció, mediante un boletín oficial, la detención de presuntos coordinadores de una organización delictiva dedicada al tráfico de indocumentados, con presencia en las terminales aéreas de la Ciudad de México y de Cancún.

De acuerdo con información de inteligencia, los detenidos encabezaban un grupo delictivo que recibía en promedio a 25 extranjeros por semana, en su mayoría ecuatorianos y peruanos, además de indocumentados de origen hindú.

Los migrantes centroamericanos arribaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mientras que los migrantes de origen asiático lo hacían en el Aeropuerto Internacional de Cancún, para ser trasladados posteriormente por vía terrestre a la Ciudad de México.

En el caso de la operación Cancún, tras reunir a la mayoría de indocumentados en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), eran trasladados en autobuses para ser hospedados durante uno o dos días en hoteles del centro de la ciudad, hasta en tanto sus familiares hacían los pagos acordados, de entre mil 500 y dos mil 500 dólares americanos, que incluían la obtención de documentos y su posterior traslado a la frontera con Estados Unidos, sin enfrentar inconveniente alguno.

Con la desarticulación de esta organización delictiva, el gobierno federal anunció que quedaba deshabilitada una de las rutas más lucrativas por los grupos delincuenciales, que usaba a Cancún como uno de los puntos clave de operatividad.

Sin embargo, ahora en pleno 2023 se ha visto que dicha ruta permanece activa, bajo la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos el propio Instituto Nacional de Migración (INM).

Cabe recordar que en el 2010 al menos 20 agentes del INM, siete de ellos asignados a la delegación regional de Jalisco y 13 de Quintana Roo, fueron destituidos y sujetos a un proceso penal por tráfico de personas.

Aseguramiento de hindúes no fue fortuito

El reciente aseguramiento de los 51 ciudadanos de nacionalidad hindú dejó al descubierto que la operación de los grupos delictivos que involucra a diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas a agentes migratorios sigue activa en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), con ganancias que oscilan en alrededor de 40 mil dólares americanos por semana.

El Despertador de Quintana Roo pudo conocer que este grupo de indocumentados hindúes, entre los cuales se encontraba un menor de siete años, ingresó el sábado 18 en un vuelo chárter desde Sudamérica a la terminal 2 del AIC.

Al ser un gran número de personas, inmediatamente recibieron atención de algunos agentes del INM, quienes incluso los pasaron sin que fueran inspeccionados en los filtros migratorios, lo que llamó la atención de elementos de la Guardia Nacional, quienes reportaron los hechos a sus superiores para recibir instrucciones al respecto.

Esto propició que los elementos migratorios aceleraran el movimiento en el AIC y, contrario a como siempre lo hacen, con el apoyo de unidades de transportación turística que los esperan en la salida, en esa ocasión los indocumentados fueron conducidos caminando hacia la parte de atrás del AIC, en donde los esperarían camiones para trasladarlos a casas de seguridad en la ciudad de Cancún.

Ante tal acción, los elementos de la Guardia Nacional, que ya habían reportado los hechos a sus superiores y a sabiendas de que no les había llegado el pago acordado, desplegaron un operativo en las inmediaciones del AIC y fue ahí en donde localizaron al grupo de hindúes, quienes fueron interceptados justo antes de que pudieran abordar los camiones.

Para ese entonces ya habían emitido un reporte al teléfono de atención de llamadas de emergencia 911 y por esa razón arribaron también elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, instancia que, mediante el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo, emitió un boletín de prensa anunciando “el rescate de 51 personas de origen extranjero varadas en la carretera”.

Para dicho operativo se solicitó también el apoyo de elementos de la delegación del INM, pero estos jamás llegaron y por ese motivo los indocumentados fueron subidos a las propias patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía y trasladados a sus instalaciones, en donde se les certificó médicamente como marcan los procedimientos, para posteriormente ponerlos a disposición de la autoridad migratoria.

INM solapa corrupción y guarda silencio cómplice

Ante dichas acciones que derivaron en el aseguramiento de los 51 ciudadanos hindúes, El Despertador de Quintana Roo acudió a las oficinas de la delegación regional del INM para solicitar una entrevista con el titular de la dependencia, almirante Carlos Manuel Bandala González, pero la respuesta fue que toda solicitud de información se tiene que hacer por escrito dirigida al departamento de Comunicación Social en la Ciudad de México y desde allá se atendería a la petición, pues a nivel local “no se da información a la prensa”.

Lo que la delegación regional del INM quiere evadir son los cuestionamientos por los constantes abusos en contra de extranjeros de nacionalidad cubana y colombiana que han sido evidenciados en los últimos meses en las instalaciones del AIC.

Pero además, que se les pregunte sobre la infiltración de miembros del crimen organizado en la dependencia, o al menos la colaboración evidente de algunos elementos en el tráfico de indocumentados y la expedición de documentos apócrifos, irregularidades que supuestamente ya no deberían existir tras la militarización del INM.

Se pudo conocer que una de las funciones de los elementos del INM al servicio de los grupos delictivos es facilitar la llegada de extranjeros, ya sea vía aérea marítima o terrestre, para quienes elaboran documentos falsos a fin de que puedan justificar su estancia legal en el país, trasladarse a otra entidad e incluso trabajar en hoteles, restaurantes o centros nocturnos de Quintana Roo.

Es de señalar que apenas en enero pasado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, tomó protesta de ley al nuevo titular de la Oficina de Representación del instituto en Quintana Roo, almirante Carlos Manuel Bandala González en sustitución del general Demetrio Aristeo Taboada, quien estaba a cargo desde agosto del 2020, y que a su vez reemplazó al abogado Ángel Ramírez Florescano, destituido y sujeto a un proceso de investigación por presunta corrupción, relacionada con el tráfico de indocumentados, venta clandestina de documentos, permisos y estadías para ciudadanos no mexicanos y extorsión, hechos denunciados en diversos medios locales a lo largo de ese año.

Pese a la militarización del INM la corrupción no ha cesado, pues persiste una cascada de problemáticas y señalamientos por el mal funcionamiento de la dependencia, como la denuncia hecha en diciembre del 2022 por el abogado Gerardo Solís Barreto, ante los abusos cometidos contra una familia de nacionalidad cubana, a la cual las autoridades migratorias le negaron el ingreso al país, a pesar de contar con la documentación necesaria.

Ante tal abuso, además de que procedió una demanda de amparo cuya resolución salió favorable para los extranjeros ante el Juzgado Séptimo de Distrito, el Consejo Independiente para los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo AC, organización que preside el abogado Roberto Martínez Aragón que atendió el caso, interpuso también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fue resuelta el pasado 1 de marzo del presente año, como consta en el comunicado DGDDH/050/2023, en donde se informa que emitió la recomendación 11/2023 al INM.

La misma CNDH emitió dos días después otra recomendación al INM, la número 13/2023, por vulnerar los derechos de ciudadanos de origen venezolano que habían arribado legalmente al país mediante el Aeropuerto Internacional de Cancún.

A estas irregularidades perpetradas por el INM se les suman otras más, como la denuncia de un turista procedente de España, pero de nacionalidad rumana que expuso haber sido objeto de extorsión por agentes migratorios en Cancún.

Caso similar ha ocurrido constantemente con turistas de nacionalidad colombiana a quienes el INM les ha impedido el ingreso, lo que propició la intervención del Consulado de Colombia en Cancún que encabeza María Fernanda Grueso Lugo, quien denunció públicamente el maltrato  por parte de autoridades migratorias del que son objeto sus paisanos al intentar ingresar a México.

Zona Sur también es una “papa caliente”

El incremento de hechos delictivos en la zona sur de la entidad refleja también la existencia de una estela en el tráfico de indocumentados, principalmente procedentes de Centroamérica, pues tan sólo en el pasado mes de noviembre y en menos de 48 horas, alrededor de 400 indocumentados fueron asegurados en Chetumal.

El primer aseguramiento fue de 193 personas en dos autobuses en las afueras de la capital quintanarroense, hecho que llevó a las autoridades policiacas hasta un predio en la comunidad de Ucum en donde descubrieron al menos otras 200 personas extranjeras, todas ellas igualmente indocumentadas, oriundas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

De acuerdo con Baltazar Rodríguez Valencia, profesor en Relaciones Internacionales, estos aseguramientos de Centroamericanos sólo son la “punta del iceberg” que refleja que desde hace más de cinco años los cárteles de la droga tienen ahí uno de sus centros de operaciones de inmigrantes, desde Centroamérica hasta Cancún principalmente.

En declaraciones a medios locales, el investigador refiere que hasta el 2015 la zona limítrofe sur de Quintana Roo era utilizada sólo como una zona de paso de los migrantes rumbo a su camino hacia Estados Unidos.

Pero en los últimos años la dinámica cambió y el objetivo es llevarlos hasta la Riviera Maya o Cancún, a donde las organizaciones criminales los llevan con fines de explotación laboral, ya sea en labores de construcción o como vendedores de dulces en los semáforos o simplemente para pedir dinero a las familias o automovilistas.

Pero además, hay denuncias de que las mujeres son usadas dentro de las redes de explotación sexual como prostitutas para los turistas que llegan al destino.

Es de señalar que hoy el sur de Quintana Roo es la frontera mexicana que más fácil de cruzar resulta para los migrantes, debido a la existencia de ríos y una frondosa selva que permite ocultar sus traslados, así como numerosas zonas aisladas para resguardarlos, con escasa presencia de las autoridades.

Camiones foráneos sin regulación, los más usados

El Despertador de Quintana Roo ha denunciado en reiteradas ocasiones que grupos delictivos tienen como uno de sus modus operandi el empleo de camiones de segunda clase, conocidos también como “piratas”, que usan como terminales céntricas calles de las supermanzanas 63 y 66 en la ciudad de Cancún, así como otros puntos del municipio a donde dichas empresas también se han expandido.

En septiembre pasado, alrededor de 70 personas indocumentadas de origen extranjero, principalmente de Centroamérica, fueron halladas en dos autobuses cerca del cruce de las avenidas Comalcalco y José López Portillo.

En aquella ocasión el operativo lo implementaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Policía Quintana Roo, quienes tras el aseguramiento trasladaron a los migrantes a la Secretaría de Seguridad Pública para ser certificados por un médico y posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria.

En ese contexto, este medio también denunció públicamente que un grupo de traficantes de migrantes procedentes de Centroamérica y Cuba continúa operando en total impunidad y con la complicidad de autoridades policiacas, que además se encargan de custodiar los vehículos en los que son trasladados para evitar cualquier sorpresa con alguna otra autoridad que no esté “invitada” al “negocio”.

Se ha conocido que dichos grupos delictivos cuentan con una compleja red logística de trata que incluye el traslado de ilegales desde los puntos de alto impacto en Chiapas y Tabasco, principalmente de las áreas fronterizas con Guatemala, por donde además llegan hondureños y salvadoreños, para abordar los autobuses de segunda clase con destino a Cancún en donde son trasladados a casas de seguridad que están en la misma zona centro o en diferentes regiones de la ciudad.

Incluso utilizan hoteles pequeños como una forma de intentar pasar desapercibidos, pues los hospedan como turistas por dos o tres días, hasta que les entreguen los documentos falsos que les permitan seguir su camino rumbo a la frontera norte o, de plano, quedarse a trabajar en Quintana Roo, pero ya como “ciudadanos mexicanos”, sin que realmente lo sean.

De hecho, en las obras de construcción, en donde ni el INM ni alguna otra autoridad realizan operativos, hay evidencias de que muchos de los trabajadores son indocumentados que además no cuentan con las prestaciones laborales de ley, lo que representa un doble riesgo porque se han dado casos de accidentes mortales en donde los cuerpos terminan en la fosa común porque no hay quien los reclame.

Benevolencia del gobierno federal abrió las puertas

La propuesta que hizo en julio de 2022 el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, de contratar centroamericanos ante la escasez de mano de obra en Cancún, abrió de par en par la puerta para que se incremente el tráfico de indocumentados hacia el Caribe Mexicano.

“Representantes de la industria restaurantera me dijeron ya que la falta de mano de obra es de más de 20%”, expuso el canciller en aquella ocasión, durante el encuentro con la prensa, luego de sostener una reunión denominada “Futuros y Retos internacionales para Quintana Roo”.

Y aunque hubo grupos empresariales que apoyaron dicha propuesta, para otros se trató simplemente de un acto populista que no llegaría a solucionar en nada lo que realmente requiere Cancún: una mano de obra que debe de ser certificada, para garantizar estándares de calidad mundial.

Entre las organizaciones que criticaron la propuesta figuró la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), la cual, a través de su presidenta ejecutiva Miriam Cortés, consideró que el otorgamiento de visas de trabajo para la contratación de trabajadores centroamericanos no era la solución que se necesita para cubrir las vacantes en restaurantes y hoteles.

Por el contrario, opinó que la propuesta planteada por Marcelo Ebrard no era correcta, pues la llegada de personas de Centroamérica propiciaría mayor inseguridad, problemas de movilidad y de vivienda.

“En el Caribe mexicano existen familias en situación de pobreza. Con capacitación y acceso eficiente a los centros de trabajo se podría resolver el déficit de trabajadores que padecen las empresas de hasta el 30 por ciento”, afirmó en su momento Miriam Cortés.

Invasión de extranjeros por todo Cancún

En los últimos años, la presencia de ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades por distintos puntos de la ciudad de Cancún se ha multiplicado y ahora no sólo se les puede observar en zonas residenciales, sino también en fraccionamientos populares e incluso áreas de invasión, lo que indica que podría tratarse de personas indocumentadas que ya se quedaron a radicar en la ciudad.

En fraccionamientos como Villas Otoch Paraíso, Prado Norte, Ciudad Natura, Paseos del Mar, Paseos Nikté, La Joya, entre otros, existen decenas de personas indocumentadas de Guetamala, Honduras, El Salvador, Haití entre otras nacionalidades más, sin documentos migratorios, pero que ya viven en la ciudad sin complicación alguna.

Su presencia es notoria porque se les ve en grupos de tres o más personas caminando y en muchos casos, tanto hombres como mujeres ya se han “enrolado” con personas locales, es decir, de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán e incluso nativos de Quintana Roo, con quienes han establecido relaciones sentimentales como una forma de asegurar su permanencia en México sin la necesidad de preocuparse por documentos migratorios.

Anuncia gobierno combate al tráfico de migrantes

Ante el panorama de la reactivación de las rutas para el tráfico de indocumentados, que además es la antesala para la trata de personas, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México acordaron fortalecer los lazos de colaboración para combatir dichos delitos.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Gobierno a cargo de Cristina Torres Gómez, dio a conocer que el pasado 23 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo con la jefa de misión de la OIM México, Dana Graber Ladek; el especialista senior de Proyecto en Monitoreo y Evaluación, Héctor Bezares, y la titular de la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Vannesa Foronda.

Se resaltó que, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo y la instrucción puntual de la gobernadora Mara Lezama, serán integrales los procesos para la atención de estas problemáticas.

Dejó en claro a los representantes de la OIM México que en Quintana Roo se han sentado las bases para establecer políticas públicas que garanticen pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

En este marco, la Jefa de Misión de la OIM México informó que ya se realiza un diagnóstico, precisamente, sobre la situación de ambas problemáticas en Quintana Roo a fin de establecer nuevas áreas de oportunidad para su combate.

Se anticipó la posibilidad de que, con el apoyo interinstitucional, se concrete, en el corto plazo, la apertura de una oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en la capital quintanarroense.

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Aseguramientos y liberación de indocumentados

• El 9 de marzo del 2022, la Fiscalía General de Quintana Roo aseguró a 23 indocumentados cubanos que se encontraban en un hotel de Cancún denominado Ruta 7, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la Supermanzana 75, a dos cuadras de la Bonampak.
• En diciembre del 2022, sin dar mayores explicaciones, el Instituto Nacional de Migración liberó a 256 de los 475 indocumentados de diferentes nacionalidades que fueron detenidos en la zona sur de Quintana Roo en el mes de noviembre del mismo año y en donde el único argumento es que se carecía de un espacio con la capacidad suficiente para albergar a un número tan grande de personas.