Roberto Guzmán

De nuestros miedos salen nuestros corajes y en nuestras

 dudas viven nuestras certezas.

Si hubiera que responder a la pregunta qué es un “Defensor de Derechos Humanos”, por mi experiencia podría responder que es aquella persona que actúa en favor de un individuo o de un grupo focal promoviendo y protegiendo sus derechos tanto civiles, políticos y culturales mediante el abordaje de cualquier problema que estuviera atentando contra su dignidad, comprendiendo desde una posible ejecución hasta una infame tortura.

Con su actuar, un defensor o defensora puede atender desde una detención arbitraria o una prisión a la libertad, como hasta una mutilación genital de las mujeres o actos de discriminación por orientación e identidad sexual distinta a la heteronormada de los Colectivos LGBT, que por cuestiones laborales o por expulsiones familiares podrían estar viéndose a ser forzados a emigrar.

Los defensores y defensoras actuamos en favor de los Derechos Humanos tan diversos como los son el derecho a la vida, a la alimentación,  a la salud, a la igualdad por una vivienda adecuada, o por el nombre o la nacionalidad o la educación de una persona que tiene la libertad de circulación o de cualquier grupo o etnia en toda la geografía del país. Así mismo, en algunas ocasiones defendemos los derechos por categorías como son los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, como de los indígenas, de los refugiados, así como de los desplazados, pero también los de las minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.

De aquí que no todas las actividades a favor de los derechos humanos suponen un riesgo para los defensores y periodistas, ya que en algunas entidades de la república estos generalmente están bien protegidos pero no así en Quintana Roo, donde a partir de la abrogación de una Ley hace unos años por el Ejecutivo estatal y que había sido revisada, pero sobre todo actualizada por instituciones judiciales, dejó desde entonces en indefensión a quienes hoy respondemos en defensa de las causas como a quienes escriben y ventilan el incierto actuar de servidores públicos y autoridades, colocándonos a todos nosotros en riesgo de ser privados de nuestra libertad o de sufrir amenazas de muerte, incluso atentados contra nuestra vida y nuestra dignidad o la de algún familiar, utilizando la extorsión o cobros por derecho de piso y por nuestro actuar, el cual amenaza con callarnos.

En el caso de los grupos de diversidad sexual, hasta el día de hoy los estados están obligados, en virtud del derecho internacional, a proteger el derecho de las personas LGBT a la vida, a la seguridad de la persona y a quienes el Estado tiene la responsabilidad especial de adoptar medidas para prevenir un asesinato posible motivado por el odio, las agresiones violentas como la tortura, al igual de investigar estos mismos de manera rápida y con conciencia, llevando a los responsables ante la justicia.

Hace unos días, durante la décima cuarta sesión ordinaria de la Comisión edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana en el municipio de Solidaridad, compañeros activistas acudieron a pedir que se respetara el artículo 72 fracción XX de la Ley de los Municipios y que se creara una Comisión de diversidad sexual en el órgano de las regidurías, pero en vez de recibir una respuesta favorable o constructiva fueron amenazados vía celular señalándoles que sus vidas podrían correr peligro si no callaban y si continuaban metiéndose en asuntos que, aseguran, ya no representan ante una ciudadanía como personas diversas.

Ante esta gravedad sin antecedente alguno, el Gobierno de la señora Mara Lezama debe activar de manera inmediata el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos como de periodistas ya que en el estado que ha comenzado a gobernar simplemente éste no opera, de aquí la gravedad y la escala de represalias que podrían seguir dándose y volverse una amenaza y razón de inminentes atentados, si no actúa por omisión.

No sé qué opinión tenga usted, estimado lector, acerca de que las agresiones contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género suelen estar motivadas por el deseo de castigar a quienes se considere que desafiamos las normas sobre el género catalogadas como actos de violencia por motivos del mismo; de aquí que considero que uno no tiene que ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero para ser atacado, pues considero que la mera percepción de la homosexualidad o de la identidad transgénero que se tiene son suficientes para ponernos en peligro.