Sin que el Cabildo haya expuesto públicamente todas las modificaciones que se harán, es inminente la reimplementación del programa, con medidas que hacen suponer un afán recaudatorio, como multas más onerosas y una reducción extrema de los límites de alcohol permitidos

SALVADOR CANTO

Desde hace varias semanas, el gobierno de Benito Juárez anunció el reinicio de operaciones del programa Alcoholimetría, con medidas modificadas a los reglamentos de Tránsito, Juzgados Cívicos y Bando de Gobierno y Policía, las cuales ya están en la mesa de negociaciones de Comisiones Unidas del Cabildo y así como sucedió con el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), en cualquier momento y “en lo oscurito” podría aprobarse, con características que inducen a sospechar que sus fines son meramente recaudatorios, peor incluso que en la versión anterior, que dejó de funcionar durante el 2020 a causa de la pandemia.

Y es que aunque los miembros del Ayuntamiento aseguran que ese no es el objetivo, no explican el motivo por el cual dentro de los cambios a la reglamentación se consideran multas de 100 a 200 UMA (Unidades de Medida y Actualización), dependiendo del grado de alcohol, lo que equivaldría a entre 10 mil 374 y 20 mil 748 pesos, más el costo que tendría el servicio de grúa y la estadía del vehículo en el corralón.

Aunque argumentan que podría elegirse obviar el pago de la multa a cambio de 36 horas bajo arresto o trabajo comunitario, adicionales a una plática sobre alcoholismo en el Instituto Municipal contra las Adicciones, en cualquiera de los casos lo que no se exenta es el arrastre del auto por una empresa particular de grúas y es ahí donde podría estar el gran negocio.

Entre otras modificaciones, figura la reducción de los límites de alcohol en aire permitidos a conductores de vehículos en general, que pasará de 0.40 miligramos (como lo establece el reglamento vigente) a sólo 0.25 miligramos sobre litro, equivalente prácticamente a ¡media cerveza!

Ante todo lo anterior, el maestro en Derecho y presidente de Legem Abogados Colegiados S.C., Carlos Grajales Bertancourt, advirtió que habría estar atentos a todos estos cambios que pretende la autoridad, donde “podría haber trampa”, además de que su operación estaría a cargo de los mismos elementos de Tránsito, dependencia que es severamente cuestionada por actos de corrupción.

No obstante, dejó en claro que en su opinión este programa de alcoholímetro es positivo, pero siempre ha sido mal empleado.

“La buena intención existe porque es para prevenir accidentes, cuidar a la ciudadanía de los excesos de quienes no tienen esa precaución; sin embargo, también lo veo como una forma de obtener recursos económicos y de que la policía ejerza actos de corrupción. En pocas palabras, lo veo como una forma de negocio, tanto para particulares como para el gobierno”, explicó.

De igual forma, sostuvo que jurídicamente el hecho de llevarse a una persona arrestada por esta falta administrativa podría considerarse un delito, porque se comete una privación de la libertad, además de que los ciudadanos son obligados al pago de una doble multa, una para quedar en libertad y otra para la liberación de su automóvil.

Cabe recordar que el programa del alcoholímetro operó desde el 2012 hasta marzo del 2020 y se suspendió a causa de la pandemia por COVID-19, pero a lo largo de su operación hubo constantes señalamientos de que fomentaba la corrupción y de que siempre se empleó con fines recaudatorios.

Alcoholímetro, tufo a corrupción: abogado

De acuerdo con el abogado Grajales Betancourt, el programa de alcoholímetro es una buena intención mal empleada, pues recordó que desde su implementación siempre se ha visto como una forma de negocio, tanto para particulares como para gobierno.

“Si hablo de particulares es porque hay grúas metidas ahí e incluso hay abogados que manejan los amparos para sacar a la gente. Inclusive tengo conocimiento de que son los tinterillos que además trabajan con los policías que les avisan en dónde va a estar el alcoholímetro y cuando detienen a una persona que no pasó la prueba, los canalizan con ellos con cobros de tres mil pesos y los mismos policías se prestan a ese tema de la corrupción porque los dejan salir posteriormente”, comentó.

Refirió que incluso el hecho de que los infractores lleguen al Centro de Retención Municipal —mejor conocido como “Torito”— no garantiza nada, porque “sabemos que hay historias en donde pueden salir con un pago bajo la mesa y por eso insisto, es una buena intención, pero mal empleada”.

Dejó en claro que por la manera en que se han conducido todas las autoridades por cuyas manos ha pasado el programa, es imposible que se le puedan poner candados porque “al final de cuentas es operado por humanos y no estamos hablando por ejemplo de una dependencia a la que se le asigna cierta cantidad de dinero a la cual se le pueden poner candados para que no sean mal empleados, esto se implementa al cien por ciento con humanos, así que el hecho de que pongan a otras personas —los visores ciudadanos— para cuidar que no se corrompa no garantiza su buen funcionamiento”.

Mencionó que incluso con los cambios que harían o no los miembros del Cabildo a los reglamentos que puedan regir el funcionamiento del programa, es muy probable que la corrupción continúe, porque quien tendrá bajo su mando la operatividad es la Dirección de Tránsito.

“Sabemos que tristemente está plagada de gente que pide dinero a sus subalternos y las pruebas ahí están, para que se les asigne una moto los elementos tienen que pagar, para una patrulla lo mismo, hay dos cuotas diarias, eso es sabido por todos y no se puede tapar el sol con un dedo; y en ese contexto, el director de la misma dependencia será el jefe de los del alcoholímetro y éstos tendrán que reportarle”, denunció el abogado.

Mencionó que “he leído que las mismas autoridades han comentado que existe la posibilidad de suspender hasta seis meses la licencia de conducir y posteriormente hasta 12 y esto se escucha interesante, pero habría que ver cuánta gente conduce sin tener licencia”.

Liberación por amparo confirma ilegalidad de las detenciones

El abogado Carlos Grajales puntualizó que es tan evidente la ilegalidad por detener a alguien en el alcoholímetro, que al interponer un amparo se otorga la suspensión y el conductor es liberado de inmediato.

“Yo siempre he considerado que esa es una privación ilegal de la libertad, porque no es la forma, sobre todo porque si a mí me agarran y tengo una sanción y me vas a quitar mi libertad por unas horas, tú estás obligado como autoridad a custodiar mi vehículo y si lo llevas a un corralón yo no tengo por qué pagar el corralón, yo no tengo por qué pagar grúas, yo pago mi multa y tú me tienes que entregar mi vehículo”, describió.

Además, destacó que nunca se ha enterado de que alguien haya interpuesto una denuncia por esta razón, lo cual “sería interesante, porque tampoco hay una controversia sobre esa reglamentación”.

Abundó sobre el caso: “pongamos que se pueda justificar la detención de una persona por su condición etílica, pero ¿y el vehículo?, ¿por qué lo tienen que asegurar?, ¿por qué tiene que pagar doble, la multa y el corralón? Aparte, si no tiene el dinero para pagar de inmediato y transcurren cinco seis o más días, se tiene que pagar más por la estadía del vehículo en el corralón y por eso insisto que los que se aprovechan son los particulares”.

Aprueba Cabildo revisión de cambios en reglamentos

En el marco de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez, particularmente de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos y de la Seguridad Pública y Tránsito que encabezan Jorge Arturo Sanen Cervantes y Alma Elena Reynoso Zambrano respectivamente, presentaron las iniciativas para reformar el Bando de Gobierno y Policía, el Reglamento de Tránsito Municipal y el Reglamento de Justicia Cívica que servirán para crear los lineamientos e implementación del programa de alcoholimetría.

Sin embargo y pese a la importancia de estas modificaciones, se dispensaron las lecturas públicas de las propuestas y por unanimidad aprobaron el darle paso a los proyectos de cambios en todos los reglamentos para que sea analizada en Comisiones Unidas, lo que significa que de validarse en la próxima sesión de Cabildo, eso implicaría el reinicio de las operaciones del alcoholímetro con nuevas reglas, incluso desconocidas por los ciudadanos.

En el transcurso de la semana, El Despertador de Quintana Roo acudió al Ayuntamiento para conocer un poco más sobre dichos cambios que se avizoran, pero ninguno de los regidores involucrados ni el secretario general de la comuna, Jorge Carlos Aguilar Osorio, quisieron explicar esas modificaciones, bajo el argumento de que todavía estaban en análisis.

Tampoco quisieron decir para qué será usado el recurso que se recaude y si tienen contempladas medidas estrictas para evitar que haya corrupción, como siempre ha sido con este programa.

Sin embargo, todos coincidieron en que no se trata de un tema recaudatorio, pero no explicaron el motivo por el cual se mantiene la sanción económica que va de 100 a 200 UMA.

Jorge Sanen fue el único que abundó un poco e incluso adelantó que harán todo lo posible para que se agilicen estas modificaciones y una vez que se apruebe la reforma para reglamentar el regreso del programa, éste comience a aplicarse antes de la Semana Santa.

“Me encantaría, si logramos ponernos todos los regidores de acuerdo con nuestras aportaciones, que sea antes de que empiece la Semana Santa, porque es una época en la que repuntan los accidentes”, comentó el concejal.

Dijo que en parte lo que se busca con estas modificaciones, es adecuar dichos marcos normativos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, misma que fue publicada en mayo de 2022.

Adelantó que uno de los cambios es la reducción en los límites de alcohol en aire a conductores de vehículos en general, que se recomienda en la Ley General de 0.25 miligramos sobre litro, pues el reglamento vigente de tránsito establece que es de 0.40 miligramos, aunado a que no habría tolerancia para conductores prestadores de servicios de transporte público.

De igual manera, en lo que respecta a la adquisición de los aparatos para hacer las pruebas, las autoridades afirman que ya tienen el acuerdo con una empresa proveedora, pero tampoco dieron a conocer el costo de cada una de ellas.

Exalcalde admite que el programa se corrompió

Para el diputado local Julián Ricalde Magaña, quien como presidente municipal en el periodo 2011-2013 puso en marcha el programa de alcoholemia en Benito Juárez, éste se dejó de supervisar y su operatividad comenzó  a tener fallas, al grado de que con la llegada de la administración de Paul Carrillo y posteriormente con Remberto Estrada, todo se corrompió y se plagó de corrupción.

Ricalde Magaña, quien ha emitido posturas respecto al reinicio de este programa en sus redes sociales, afirmó que la diferencia entre el alcoholímetro que se implementó en su administración y el que operó hasta el 2020, es que le quitaron la parte nodal y lo volvieron recaudatorio y hasta discriminatorio, porque quien tiene para pagar sale.

“Es un error que se cometió y lo he dicho siempre, creo que tendría que regresar a lo que era, a ser revisado por la sociedad civil porque en tiempos de Paul Carrillo y de Beto Borge hicieron que se vaya la sociedad civil y se volvió un programa de extorsión”, acotó.

En otra de sus publicaciones el hoy legislador acusó al Cabildo de Benito Juárez, enarbolado como de la cuarta transformación, de haber modificado un reglamento que para él era justo y lo convirtió en un ente benéfico para los “fifís”, porque dijo: “sólo quien tenga dinero podrá evitar el arresto, quienes no tengan dinero serán arrestados”.

De hecho, fue el 5 de diciembre del 2019 cuando el Ayuntamiento de Benito Juárez anunció que con el voto unánime de todos los regidores del Cabildo de ese entonces se modificaba el reglamento de tránsito para cambiar la sanción corporal de quienes conducían bajo los influjos del alcohol por una pena pecuniaria y desde entonces se plasmó el pago de una multa de hasta 12 mil pesos, dejando el vehículo para poder retirarse.

Por su parte, el diputado Guillermo Andrés Brahms González consideró que si las cosas se quieren hacer bien con el tema del alcoholímetro, debe verse la forma en que este asunto deje de ser una falta administrativa y se convierta en un delito, incluso grave, como homicidio en grado de tentativa.

“Para mí el hecho de conducir bajo los influjos del alcohol es un delito y debe de considerarse como un homicidio en grado de tentativa, porque si la gente sale con un amparo, quiere decir que las cosas se están haciendo mal y eso es lo que se debe de modificar”, explicó.

El programa se frenó en el 2020 a consecuencia de la pandemia por COVID-19, aunque antes la entonces alcaldesa, Mara Lezama salió a las calles a verificar que el procedimiento se hiciera en un marco legal y con el uso de pipetas, dado que anteriormente se en condiciones muy precarias y hasta antihigénicas, con los conductores soplando directamente en las manos cerradas de los policías en busca de percibir el olor a alcohol en su aliento.

En marzo de 2020, cuando era presidenta municipal de Benito Juárez, durante una supervisión en una jornada del alcoholímetro, Mara Lezama presentó en un video en redes sociales los aparatos alcoholectores con los que se harían las pruebas a los conductores y, sobre todo, se posicionó con respecto a la necesidad de aplicar correctamente el programa, con respeto a los derechos humanos y sin corrupción de por medio.

Grúas, el gran negocio de unos cuantos

Uno de los negocios más beneficiados con el reinicio del programa del alcoholímetro es, sin duda, el servicio de grúas, concesionado a empresas que operan como gángsters, fuera de toda normatividad y perpetrando impunemente abusos contra los conductores que incurren en una falta al reglamento de tránsito, pues están solapadas por las mismas autoridades.

En los últimos años han surgido nuevas empresas dedicadas al arrastre y rescate de vehículos, pues han entendido que se trata de un pingüe negocio para aliarse a los elementos de tránsito, seguridad pública y en otros casos hasta con las autoridades federales, en perjuicio de los ciudadanos.

Los antecedentes son claros, pues durante el tiempo que operó el alcoholímetro sólo algunas empresas se veían beneficiadas, como Grúas Cardona, propiedad de la familia de la actual primera regidora Lourdes Latife Cardona Muza, así como Triple A, Figueroa y hasta Abimerhi, que se repartían el jugoso negocio.

El Despertador de Quintana Roo cotizó con dos de estas empresas un servicio de arrastre desde la zona centro, a espaldas del palacio municipal, hasta un taller mecánico de la región 103 y el cobro en ambos casos era de entre 400 y 450 pesos en caso de que el vehículo estuviera descompuesto, pues de tratarse de un hecho de tránsito el costo sería con base en lo que determinase la autoridad, además de que el auto sería depositado en su corralón con un costo adicional, con lo que aproximadamente quedaría entre mil 500 y dos mil pesos.

Sin embargo, ese ejemplo es apenas por hechos menores, pues al tratarse del tema del alcoholímetro hay denuncias de que esas mismas empresas tan sólo por el arrastre cobraban hasta siete mil pesos, dado que no existe una tabulación al respecto, o al menos las autoridades no se han preocupado por hacerlo y obligar a dichas empresas a que se regularicen.

Muchas administraciones han pasado y ningún gobierno municipal ha querido entrarle al tema de la reglamentación de las grúas, que cada vez tienen más trabajo y por ende, las ganancias y la corrupción de estas empresas también se incrementan con medidas como el alcoholímetro, con el que multiplican su lucro.

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