El enorme poder político y económico que el Gobierno Federal le está entregando a las fuerzas castrenses más allá de los límites impuestos por la Constitución, desplazando a las instituciones civiles, representa un peligroso paso del que podría no haber marcha atrás

SALVADOR CANTO

México se ha convertido no sólo en un caso ejemplar de las múltiples acciones y definiciones asociadas con la militarización a escala global, sino en un laboratorio en donde se puede observar lo que pasa cuando se retiran los límites impuestos por la Constitución, las leyes secundarias y las obligaciones internacionales signadas por el país en materia de derechos humanos.

La militarización del país ha comenzado a tomar forma para el Gobierno de la República y aunque desde la misma Presidencia se nieguen los hechos, la percepción es clara, con tanto poder y control que la actual administración le ha cedido a las Fuerzas Armadas en los últimos años, pues hoy no sólo son los responsables de la seguridad del país sino que también ya realizan operaciones civiles, lo cual, de acuerdo a críticos y analistas, podría poner a México en la antesala de una dictadura.

Para el catedrático y maestro en Derecho Miguel Ángel Pech Cen, adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, implica eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarización de México.

Y es que la militarización progresiva sin reversa por la que se atraviesa coloca a México en la vitrina comparativa con países como Venezuela, Ecuador, Bolivia o Cuba, cuyo régimen socialista no ha sido nada bueno.

En un análisis de la información que ha surgido en torno a este tema y revisado por El Despertador de Quintana Roo para este reportaje, es evidente que en el marco de una crisis de violencia que ha costado la vida de cientos de miles de personas en México, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la Presidencia en 2018 con el compromiso de transformar la fallida estrategia de seguridad de los dos gobiernos anteriores, basada en gran parte en el despliegue de las fuerzas armadas, ahora ha profundizado en la militarización tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad.

Así, en un cambio drástico de discurso, ha cedido un poder enorme a las Fuerzas Armadas con la asignación de tareas que van desde la construcción y operación de aeropuertos, carreteras, aduanas, bancos, traslado de valores, recolección de sargazo, combate al huachicoleo, manejo de entrega de vacunas para COVID-19, las obras de varios tramos del Tren Maya, entre otras acciones.

Desplaza Ejército a las instituciones civiles

La participación del Ejército y la Marina ha rebasado los límites operacionales dentro de la llamada guerra contra el narcotráfico, cuyos resultados no han sido los esperados, pero ahora en la presente administración los soldados también han ido sustituyendo a las instituciones civiles en varios proyectos del Estado mexicano.

Desde la administración de Felipe Calderón, la Sedena, que asumió un rol importante en materia de seguridad, comenzó a tener muchas bajas, no sólo con el fallecimiento de personal dentro de la lucha contra el narcotráfico, sino también un desgaste de equipos, unidades e instalaciones, pero sobre todo, aumentó en gran medida el proceso de jubilación y por ende la pensión de centenares de militares, aunado a un incremento de pago de incapacidades para quienes enferman o resultan lesionados, derivado de las múltiples actividades que realizan.

Con Andrés Manuel López Obrador el tema es mayúsculo, porque ante la incapacidad económica para que el gobierno asuma todos esos gastos que implica la operatividad de las Fuerzas Armadas, se llegó al acuerdo de incrementar sus responsabilidades a cambio de que puedan allegarse recursos, principalmente para el tema de las pensiones de los militares, que es lo que más les preocupa.

En ese contexto, se acordó la creación de una empresa denominada AIFA S.A de CV y de ella se desprenden otras más de participación estatal mayoritaria, que la Sedena agrupó este 2022 en un consorcio llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica SA de CV.

Las causas más comunes de bajas en la Sedena son la rescisión de contrato y el retiro y la frecuencia de ambas se ha disparado desde 2016, lo que implica una importante carga para el sistema de pensiones militares que es operado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que durante el cuarto trimestre de 2021 distribuyó dos mil 123 millones de pesos a 134 mil 125 militares pensionistas cada mes; un incremento de 40% sobre el primer trimestre de 2016 en términos reales, cuando había 100 mil 249 personas en el padrón.

Por ello, ante la necesidad de mantener el incremento de los recursos destinados a las fuerzas armadas, el gobierno actual le cedió control y poder, sobre todo en acciones civiles como la construcción de nuevos proyectos de infraestructura, operadas por las empresas militares a cambio de mantener el 75% de sus utilidades.

Además, contrario a como tendría que ocurrir con cualquier empresa civil, las operadas por la Sedena no están sujetas a los mismos requisitos de transparencia y fiscalización; más bien al contrario: mediante un decreto presidencial se declaró que toda obra pública construida por los militares es un tema de seguridad nacional y por eso jamás van a rendir cuentas.

Todo lo anterior explica el camino de la militarización y la razón por lo cual los secretarios de la Defensa y de la Marina, en vez de guardar la neutralidad política que caracterizaba a esas instituciones, se han declarado a favor de un proyecto de gobierno que les ha ampliado sus responsabilidades más allá de la defensa nacional del territorio, a cambio de pingües ganancias. 

Políticos de corta memoria

Desde el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta funcionarios de su gabinete como Manuel Bartlett Díaz, titular de la CFE, en campaña y desde otras trincheras estaban en contra de la militarización del país en épocas de Felipe Calderón y posteriormente con Enrique Peña Nieto, pero hoy en el poder han cambiado el discurso y avalan lo que ellos llamaron, en su momento, actos de inconstitucionalidad y de alto riesgo para el país.

López Obrador afirmó en 2012 que, en caso de ser presidente de México, sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia.

Además repitió: “la mejor manera de enfrentar la inseguridad y la violencia, es cambiando la política económica y trabajar con la gente para que haya esperanzas y alternativas; que no haya pobreza y marginación y para eso no se necesita al ejército en las calles, lo que se necesita es que haya obras en las calles”.

También rechazó la pretensión en la Cámara de Diputados de darle más facultades al Ejército y dijo que hablaría con legisladores de su movimiento integrado en ese entonces por el PRD, Convergencia, PT para que no se otorgaran facultades excesivas a las Fuerzas Armadas, pues insistió que era evidente la forma en que estaban violando los derechos humanos y recalcó que no se podía aceptar un gobierno militarista.

En abril de 2017, Manuel Bartlett Díaz, quien fungía como coordinador del Partido del Trabajo en el Senado de la República, advertía sobre el riesgo que se corría al permitir que los militares participaran en tareas de seguridad pública.

“Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina menos nosotros porque se logró un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas”, dijo ante el pleno del Senado el 23 de abril de 2017.

La promesa de desmilitarizar la vida pública en México acompañó a López Obrador durante gran parte de su trayecto a la Presidencia; tanto durante las campañas de 2012 y 2018, insistió en que el Ejército debía regresar a los cuarteles en un plazo no mayor a seis meses. Al día de hoy, la realidad es muy distinta.

Sedena, SA de CV

De acuerdo a informes de la organización civil México Cómo Vamos (MCV), AIFA S.A de CV, es una de las varias nuevas empresas de participación estatal mayoritaria que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agrupó este 2022 en un consorcio llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca, Maya, Mexica SA de CV.

De acuerdo con un reporte de dicha agrupación ciudadana, el nuevo grupo aeroportuario y ferroviario del Ejército tiene un valor en activos que podría superar los 305 mil 677 millones de pesos, resumiéndose la cantidad en unos 15 mil millones de dólares.

Se afirma que el grupo militar, en un hecho inédito por su magnitud y forma de asociarse, próximamente también tendrá presencia con otros tres aeropuertos en los estados de Chiapas, frontera con Guatemala, y Quintana Roo, el mayor polo turístico nacional en donde se construirá el nuevo aeropuerto de Tulum.

El objetivo del consorcio empresarial es ejecutar y mantener las obras emblemáticas del presidente López Obrador, al tiempo que se mejoran las finanzas del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada con recursos económicos para su sistema de seguridad social y pensiones.

Según la proyección realizada por los economistas de la organización MCV, una obra como el Tren Maya no recuperará su inversión sino hasta dentro de 17 años.

Cabe señalar que la vasta asignación de tareas a las fuerzas armadas, que rebasa a su capacidad para ejercerlas todas, ha derivado en la subcontratación de empresas civiles sin licitaciones de por medio, con asignaciones directas en total opacidad, lo que ha derivado en casos de corrupción, algunos de los cuales han sido detectados y, de acuerdo con fuertes cercanas enteradas del tema, llevado a procesos contra militares involucrados que se mantienen en completo sigilo.

Más de tres décadas de impunidad

Desde hace más de 30 años se ha documentado y denunciado la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía relativa de la que ha gozado el sector castrense, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la lógica contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.

En  su más reciente informe, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) establece que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) tiene entre los servidores públicos investigados a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina con mil 609 y 780 investigaciones penales respectivamente.

Las Fuerzas Armadas cometen más violaciones graves a los Derechos Humanos en las detenciones y prueba de ello es que dos de cada tres recomendaciones de la CNDH, son para los militares.

La Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT),  señala que entre los servidores públicos más investigados se encuentra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina con mil 609 y 780 investigaciones penales respectivamente.

El actor Damián Alcázar, quien hoy defiende la militarización encaminada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2017  lanzó un video criticando las acciones similares que buscaba el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el cual, afirmó que los militares nunca han respetado los Derechos Humanos.

Otro patrón ampliamente documentado ha sido la detención arbitraria y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas por delitos que no cometieron.

También existen numerosos casos documentados en los que las fuerzas armadas han privado de la vida a personas civiles que se encontraban sometidas y/o que no participaban en acto delictivo alguno, configurando así ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias.

En reiteradas ocasiones, los elementos militares han alterado las escenas de estos crímenes, por ejemplo, sembrando armas a las víctimas, como ocurrió en la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010. Otro ejemplo de alteración de escenas es el caso Tlatlaya de 2014, en el que se reveló que los soldados operaban bajo la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El más reciente reporte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa destaca, entre los agentes de las Fuerzas Armadas señalados de conocer lo que realmente ocurrió en septiembre del 2014, a Alejandro Saavedra Hernández, quien se desempeñaba como comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancingo, quien hoy cuenta con el grado de General de División y hasta donde se sabe, en proceso de retiro.

A contracorriente, México va por la militarización

Para Ricardo Raphael, periodista, académico y escritor mexicano, cuyo último libro es “Hijo de la guerra”, es lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador, insista en militarizar al país y que un paso grande para ello sea la emisión de un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a depender de la Sedena.

De hecho, comparó que mientras AMLO hizo dicho anuncio, el gobierno de Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, expuso que separaría a la policía de su país del ministerio de Defensa para reasignarla al ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad.

“Mientras Petro decidió poner un alto a las violaciones de derechos humanos que por décadas han impuesto los uniformados en Colombia, López Obrador quiere perpetuar el enfoque militarista, iniciado hace casi 15 años en el gobierno de Felipe Calderón, cuya herencia ha sido muy perjudicial para México”, destacó en una de sus más recientes columnas que difunden diarios de Estados Unidos.

En este proceso, analistas se preguntan incluso si retornarán los tiempos de las “cuotas” extraoficiales de gobernadores que el PRI concedía al Ejército Mexicano durante sus años de hegemonía, aun cuando constitucionalmente este no podía tener participación política. Es de recordarse que Quintana Roo ya ha tenido un gobernador salido de las fuerzas armadas, es el caso de Joaquín Hendricks Díaz quien tiene el rango de teniente coronel, aunque en una entrevista realizada por El Despertador de Quintana Roo en diciembre de 2020 negó haber formado parte de dichas “cuotas”.

La profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa, señala que la militarización no es compatible con un sistema democrático porque no hay rendición de cuentas, transparencia ni objetivos medibles, pero también porque no hay una participación de todas y todos en la construcción de una estrategia de seguridad.

Y añade que es urgente desmilitarizar la seguridad pública, pero también la procuración de justicia, las políticas públicas, las obras públicas, las aduanas, pues cuando uno militariza, “no hay vuelta atrás”.