Roberto Guzmán

Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer

no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuándo quiere ser madre.

Mientras las leyes tienen la función de instruir y la de restringir, la mayoría de ellas ayudan a mantenernos dentro de los límites de un comportamiento moral, por lo que en el momento que un flamante y recién votado diputado de la actual Legislatura en el Congreso desee legislar, los límites de su comportamiento, como de su haber, no tendrían ya por qué considerarlos bajo su propia moralidad, como de sus propios principios mal fundamentados, ya que las leyes se decretan para el beneficio de todos nosotros.

Esperemos que los veinticinco inexpertos diputados que han comenzado a legislar no continúen haciéndolo partiendo del principio de su moralidad como de sus propios prejuicios, como fue el caso de tres de ellos que rechazaron votar por la iniciativa de despenalizar el aborto, ya que no solo violentaron el principio por persona o “pro personae” de toda mujer quintanarroense, sino que también demostraron su poco conocimiento del ejercicio pleno de los derechos constitucionales de todas las mujeres del estado, pues al haber sido su regla ética, su conducta justiciable la de no establecer el derecho procesal como un deber a su moralidad, ninguno de los tres precisó el alcance del principio de la misma.

El voto en contra de los tres legisladores reafirmó su negativa por una Ley Provida antepuesta y que, para ellos, estaba por encima de la naturaleza propia como de ella misma, pues se trataba de una Ley que para ellos debía seguir rigiendo a los seres humanos; por lo que al haberla votado a favor, se hubieran traicionado a sí mismos al negar el mandato de su Dios supremo.

Considero que el misterio a la libertad que debieron apoyar y reconocer a las mujeres de estado fue a partir de la necesidad de establecer las ideas que predecían la conducta de cada uno de los tres, pues su votación fue entendible al querer solo cumplir con su propia moral enraizada en el cristianismo y no haber querido comprender que los derechos humanos hoy la han reemplazado.

En México la trascendencia de la salud reproductiva sigue generando gran cantidad de textos legales en el Derecho Internacional, encaminados muchos de ellos en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y a partir de la plataforma para la acción de Beijing de 1995 que establecieron parte de éstos, en México hoy se comprende mejor que ciertos de estos derechos, ya reconocidos en leyes nacionales y en algunos documentos internacionales, son la base para el  reconocimiento del Derecho básico para toda mujer y de sus parejas, pues son ellas y ellos con libertad quienes deciden libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, contando con información y medios para hacerlo, con la finalidad de que logren alcanzar los mejores estándares de calidad para su salud sexual y para su estado reproductivo, sin sufrimientos, discriminación, sin coacciones ni violencias a pesar de que en el estado muchas mujeres siguen siendo perseguidas y espiadas por defender sus derechos, al ser coartada su libertad para ejercerlos, incluso en ocasiones privándoles de su libertad.

Considero, mi estimado lector, que la moral no debe seguir intentando en Quintana Roo dictarle a las mujeres y a los hombres a quién besar, a quién podemos amar y cómo debemos vestirnos; incluso el tener el número de hijos que una pareja quiera, ya que el cuidado de la salud sexual como el de la reproducción son temas demandantes de los derechos y no de algunos prejuicios. Al igual que la información de los servicios de planificación familiar, que deberán reconocerse no solo como una intervención clave que mejore la salud de todas y todos, sino también que reconozcan sus Derechos Humanos.