Pese a las declaraciones triunfalistas de combate a la corrupción, desde las direcciones de Comercio en la Vía Pública y Fiscalización de Cancún persiste la recaudación “bajo el agua” de millonarias sumas mensuales

SALVADOR CANTO

El gobierno verde ecologista de Benito Juárez que encabeza Ana Patricia Peralta de la Peña ha mantenido y hasta multiplicado el gran negocio que representa, desde muchas administraciones municipales atrás, la invasión de espacios y áreas públicas en distintos puntos de la ciudad de Cancún, que se mueve desde las direcciones de Comercio en la Vía Pública y Fiscalización, a cargo de Jesús Alberto Ayuso Magaña y Gustavo Fernández Hernández respectivamente, por medio de sus jefes de inspectores.

Lo anterior, mediante el cobro de “cuotas” a los comerciantes informales, porque se trata de recursos que no ingresan oficialmente a las arcas municipales, sino que llegan de manera directa a los altos funcionarios que los manejan y distribuyen a su conveniencia.

Incluso, han optado por esta acción en lugar de hacer valer la ley y reglamentaciones vigentes para que regularizar todo tipo de negocio en la vía pública, fijo o semifijos, lo que ha derivado en que las invasiones de los espacios públicos cada vez se multipliquen más.

De manera oficial, en el municipio de Benito Juárez existen empadronados aproximadamente cinco mil vendedores ambulantes y semifijos que pagan sus derechos que van desde los 300, 450 y hasta los mil pesos trimestrales, y ese recurso que se estima entre 2.5 y 5 millones de pesos se va directo a la tesorería municipal.

Pero se sabe que existe una lista informal que duplica el número de comerciantes que laboran en la ilegalidad total y que pagan “bajo el agua” desde 100 hasta 300 pesos semanales a inspectores de Comercio en la Vía Pública por carecer de permisos, lo que refleja en montos que estarían rebasando hasta 5 millones de pesos mensuales, recurso que no llega oficialmente a la tesorería.

Lo mismo pasa con Fiscalización, pues de acuerdo a su titular hay alrededor de 40 mil negocios de todo giro registrados en la ciudad y que en estos momentos están en proceso de renovación de sus licencias de funcionamiento, cuya prórroga vence este próximo 15 de marzo y sus pagos se reflejan en las arcas del municipio.

De igual forma, detrás de esta cifra hay un número igual o mayor de comercios no registrados formalmente que carecen de sus permisos y que operan en total irregularidad gracias al pago mensual que les exigen inspectores de esa dependencia, quienes manejan desde hace varios años una lista de “apoyo” con una tarifa establecida de 300 pesos para negocios que están dentro del catálogo de bajo riesgo y de dos mil o más para los de alto riesgo, pero de todo ese recurso no existe registro alguno porque es repartido entre los involucrados.

Es decir, un gran número del comercio formal, fijo y semifijo opera de manera descontrolada y en total anarquía, pues las autoridades que deberían ordenarlos no hacen nada por aplicar las reglamentaciones vigentes.

Comercio en la Vía Pública, el gran negocio

El Despertador de Quintana Roo buscó al director de Comercio en la Vía Pública, Jesús Alberto Ayuso Magaña, desde el pasado martes 28 de febrero, pero a pesar de estar en su oficina, su asistente dijo que sólo atendía a la prensa mediante cita, la cual se gestionó ese mismo día y se comprometió al día siguiente a darnos respuesta, pero hasta el cierre de la edición no había ocurrido.

La idea de entrevistarlo era conocer el motivo por el cual la dependencia a su cargo permite que camellones, banquetas e incluso áreas de uso común en los nueve sectores en los cuales tienen divida la ciudad estén invadidos por vendedores ambulantes, fijos y semifijos, a pesar de que existe un reglamento que lo prohíbe.

De hecho, la ordenanza vigente restringe esta actividad informal en la zona hotelera, los parques de las Palapas, 23, 28, inmediaciones del Crucero, de plaza Las Américas, del ADO, Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), zona residencial Polígono Sur e incluso camellones y esquinas de las avenidas, como la Tankah, las rutas 4 y 5, Talleres, Leona Vicario, Niños Héroes, Centenario… Y sin embargo, son algunas de las áreas en donde más existen vendedores ambulantes y acaparamiento de espacios públicos.

La ley estipula también que no se debe dejar anclado a la vía pública o encadenado a la infraestructura municipal el puesto, estructura ni cualquier instrumento que usen para el comercio informal, pero todo esto sucede sin ningún problema y ante los ojos de todo mundo.

Del mismo modo, se establece que para abrir un negocio en la vía pública se requiere de la anuencia de vecinos, del cual carece la mayoría y que los puestos no deben superar la dimensión de dos metros cuadrados, en tanto que en el caso de manejo de alimentos deberán tener un tanque de gas de máximo 10 kg, con regulador y manguera de uso rudo, extintor, botiquín de primeros auxilios, así como indumentaria para asegurar el manejo e higiene de alimentos, tarjeta de salud y licencia sanitaria.

Al hacer un recorrido por la ciudad se pudo constatar la transgresión de todo lo anteriormente citado y que, por si fuera poco, se han multiplicado los negocios informales, muchos de ellos hasta con construcciones fijas con pisos de cemento, algunos bardeados con bloques, herrería y láminas en plenos camellones y estacionamientos comunes, como en Villas Otoch Paraíso, lo que demuestra una falta de ordenamiento por parte del gobierno municipal que involucra incluso a Desarrollo Urbano, que tampoco aplica la ley para mejorar la imagen urbana.

Este medio de comunicación pudo platicar con algunos vendedores ambulantes y comerciantes de distintos puntos de la ciudad, quienes confirmaron que son muchos los requisitos que les piden para que les puedan otorgar permisos de manera formal y ante ello prefieren laborar en la informalidad, porque “tenemos la necesidad de trabajar”.

Sin embargo, dijeron que nada es gratis, porque semanalmente les pagan a los inspectores de Comercio en la Vía Pública entre 100 y hasta 400 pesos, dependiendo del tipo de negocio, sin recibir comprobante alguno, aunque lo único que les garantizan es que van a poder laborar sin problemas.

Lo anterior confirma que durante muchos años la dirección de Comercio en la Vía Pública ha persistido como una especie de caja chica para los gobernantes en turno y más aún  cuando se avecinan procesos electorales, a pesar de las repetidas promesas de cero corrupción.

El punto más importante es que todos lo saben, el Ayuntamiento lo permite, lo tolera y así se hace de recursos que opera sin una fiscalización oficial. Existe también complicidad de las autoridades que deberían supervisar como la Contraloria, la Auditoría Superior del Estado, los propios regidores, que cobran su silencio con “pagos por acuerdo autorizado”. Su apatía y complicidad muchas veces se debe a que inclusive tienen puestos semifijos operados por familiares. El Despertador de Quintana Roo prepara, en una próxima edición, una investigación con el listado de los funcionarios y regidores que tienen a sus familiares agrupados bajo este concepto, quiénes los controlan y cómo operan el recurso y luego, en tiempos electorales, los votos.

Antecedentes delictivos de Comercio en la Vía Pública

Una reciente constancia de los graves problemas de corrupción que imperan dentro de la Dirección de Comercio en la Vía Pública, y que da cuenta de la infiltración del crimen organizado, data de 2018, justo en la recta final de la administración de Remberto Estrada Barba, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la detención, por el delito de lavado de dinero, de José Francisco Pool Cupul, alias “Chalpa”, quien fungía como coordinador vespertino de inspectores de dicha dirección.

La Segob precisó que la detención corrió en ese entonces a cargo de las fuerzas federales, en el cruce de las avenidas Nichupté e Industrial, justo frente al salón de eventos ‘Nichupté’, un sábado 24 de febrero.

Se detalló que “El Chalpa” fue identificado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Quintana Roo y encargado de lavar dinero a través de empresas fantasma.

Junto con él, también fueron aprehendidos José Francisco Pool Cupul, de 32 años de edad, originario del estado de Yucatán, e Higinio Ruiz Pablo, de 27 años, quien trabajaba como su escolta.

Vienen cambios recaudatorios y seguirá la corrupción

Recientemente el gobierno municipal de Benito Juárez anunció que vienen cambios en lo que respecta a permisos para los vendedores en vía pública de Cancún, a fin de tener mayor control y sancionar a los irregulares, y que se estaría en condiciones de iniciar a partir de abril próximo.

Sin embargo, eso no va a garantizar que el descontrol y corrupción continúen, pues serán los mismos inspectores los que lleven a cabo las verificaciones para la exigencia de las nuevas reglas; por el contrario, eso abonará a que los cobros ilegales se puedan elevar, con la amenaza de que ahora sí podrían sancionarlos.

Medios locales dieron cuenta de que, en lo que va del 2023, la dirección de Comercio en la Vía Pública ha sancionado de siete a 10 establecimientos, con multas de entre tres a 50 Unidad de Medida y Actualización (UMA) —es decir, de 311.22 a 5,187.00 pesos—, principalmente a fruterías por invadir la banqueta, razón por la que se levanta un acta de verificación y se les exhorta a exhibir sus productos en el espacio permitido, aunque también se han retirado establecimientos irregulares.

Sin embargo, no se informó en qué zonas de la ciudad se dieron estos operativos pues en realidad las fruterías que han acaparado espacios públicos, incluidos banquetas y estacionamientos (además de que algunas operan las 24 horas), lo siguen haciendo sin ningún problema en fraccionamientos como Villas Otoch, Villas Otoch Paraíso, Paseos del Mar, Paraíso Mara, Urbi, Kusamil, entre otros.

Cabe señalar que el proceso para conseguir algún permiso para comercio en la vía pública no sólo incluye presentar credencial de elector, comprobante de domicilio, fotos de tamaño infantil, fotos de sus materiales de trabajo y del lugar donde quieren vender, sino también la anuencia vecinal y un croquis, además de que la autorización la otorga un comité dictaminador integrado por varios regidores encabezados por el de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Luis Alberto Pech y otras dependencias, que autorizan o niegan los permisos.

Complican arrendamientos en mercados nuevos

Si bien el gobierno municipal busca, como una medida para regular el comercio informal, arrendar los locales de los mercados nuevos construidos recientemente en la supermanzana 259, fraccionamiento Villas Otoch Paraíso y región 101, las trabas y decenas de requisitos que exigen propiciarán que la informalidad continúe.

De acuerdo a las convocatorias MBJ/OM/DPM/ALC/001/2023 y MBJ/OM/DPM/ALC/002/2023, emitidas por la Oficialía Mayor a cargo de Rosa Gabriela Ek Canché para el arrendamiento de 90 locales de ambos mercados propiedad del municipio, el proceso concluyó el pasado 1 de marzo.

Ramón Valdiviezo, director de Patrimonio Municipal, dependencia que forma parte de la organización para concretar el arrendamiento de los locales, explicó que ya concluyó la junta de aclaraciones de los interesados y se entró a una etapa para recibir de manera física la documentación que presentaron en la plataforma respectiva y que se empiecen a asignar los locales, bajo el principio y reglas establecidas.

El regidor de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Luis Alberto Pech, reveló que los costos de la renta de los locales sería de entre 3 y 5 mil pesos mensuales, dinero que de acuerdo a comerciantes informales de la periferia de los mercados, no están dispuestos a pagar, pues en los lugares que actualmente ocupan, que es la vía pública, no pagan renta ni servicios como energía eléctrica, agua y recoja de basura, mas solo la “cuota” semanal que les exigen los inspectores de Comercio en la Vía Pública.

Cabe decir que el mercado de Villas Otoch Paraíso tiene 36 locales y 54 el de la región 101 y en ambos casos, entre los requisitos que se exigen a los interesados, quienes además deben residir en la misma zona con una antigüedad de por lo menos tres años, tienen que acreditar capacidad económica y técnica, comprobar calidad de comerciante bajo cualquier modalidad, ya sea formal o informal en la misma zona y, si logran acceder al arrendamiento de algún local, deberán cubrir a la administración una cantidad mensual adicional por el 10% calculado sobre el monto de la renta por concepto de cuota de mantenimiento y operación del mercado y sus áreas comunes.

Hoy, ambos mercados están cerrados y aunque hay vigilancia policiaca permanente, en algunos casos se ha descuidado y ya son utilizados como baño público y refugio de indigentes.

Vence prórroga para renovar licencias de funcionamiento

Otra de las dependencias sumidas en la corrupción es la Dirección de Fiscalización a cargo de Gustavo Fernández Hernández, quien si bien tiene buenas intenciones para cambiar la mala imagen de la dependencia, hay inspectores o jefes de áreas que hacen completamente lo contrario.

En breve entrevista con El Despertador de Quintana Roo, el funcionario municipal dijo que existen alrededor de 40 mil negocios registrados en Benito Juárez hasta el último padrón y reveló que el próximo 15 de marzo vence la prórroga para renovación de licencias de funcionamiento que inició el 1 de enero.

Dijo que existe un trabajo permanente para el combate a la corrupción y describió que su personal debe acudir a las inspecciones de los negocios completamente identificado con gafete y chaleco de la dependencia y que ellos en ningún momento están facultados para hacer cobros, ni mucho menos establecer montos de posibles sanciones.

“Ellos solamente tienen la obligación de inspeccionar el establecimiento, ver que cuenten con todos los permisos en regla y en caso contrario, exhortar al comerciante a que se regularicen y dejar como evidencia una copia del acta de inspección”, explicó.

Dijo que el trámite de la licencia de funcionamiento es un requisito para operar al día y sostuvo que hasta la fecha y antes del vencimiento de la prórroga para la renovación de las mismas, más del 70% de los negocios ya ha cumplido.

No obstante, en lo que El Despertador de Quintana Roo hacía antesala para la entrevista, en la parte exterior del edificio de la oficina de Fiscalización, al menos dos comerciantes llegaron molestos porque inspectores de la dependencia les estaban pidiendo dinero a cambio de no clausurarles el negocio, a pesar de que la prórroga para la renovación del permiso vencía hasta el día 15.

Inmediatamente el personal que estaba afuera de la dependencia los conminó a que hicieran caso omiso y que no les dieran dinero y que, de ser posible, grabaran o tomaran fotos de los responsables, para poder comprobar sus acusaciones y que se pueda proceder en consecuencia.

Una de las personas fue abordada por este medio de comunicación no quiso hablar más del  tema porque, afirmó, “no quiero tener problemas, yo estoy al corriente con mis pagos, sólo estoy en proceso de la renovación que ya debe de quedar estos días (sic)”.

“Negocio” en la Zona Hotelera, bajo control de Zofemat

Otra de las dependencias municipales que cierran el círculo de corrupción y que por su recaudación forman parte de la caja chica de los gobernantes en turno, es la dirección de Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), a cargo actualmente de Justo Román Miranda Rocha.

El punto medular de esta dependencia es que existen señalamientos de inspectores que permiten el funcionamiento de negocios para la renta de mesas, sombrillas y camastros en las diversas playas, pese a no tener permisos para esa actividad.

De hecho, mediante operativos federales se ha retirado a decenas de estos negocios a lo largo de las costas de Cancún, pero al poco tiempo regresan nuevamente porque reciben protección del personal de Zofemat.

“La verdad yo les pago 300 pesos a la semana y me permiten vender frutas con chile en las playas, pero ellos mismos nos avisan cuando hay operativo para que nos retiremos y en algunos casos nos han pedido dejarles algunas cajas con mercancía para hacer creer que hubo aseguramiento de productos”, platicó uno de los comerciantes consultados por este medio.

Dijo que, de plano, sacar un permiso para lo que hacen es difícil, porque definitivamente les dicen que no hay autorización formal para ejercer el ambulantaje en la zona hotelera, pero por debajo de la mesa les dejan trabajar, aunque únicamente en ciertas playas como Delfines, Ballenas, Chac Mool, Caracol, Tortugas y Langosta.

GALERÍA