Inosente Alcudia Sánchez

La reforma al Poder Judicial y, en específico, la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces ha alcanzado un nivel de confrontación que, de no contenerse, provocará la crisis más grave que hayamos conocido.

Las posiciones políticas irreductibles no son las que fomentan una sociedad con aspiraciones democráticas. Al contrario, negociar, ceder, reconfigurar, modificar, son conceptos del día a día en cualquier régimen de libertades democráticas. Por ello, la terquedad, la cerrazón y la sordera que ha mostrado el oficialismo a los opositores a la reforma y a quienes lo previenen de los riesgos que implica para la economía del país, parecen responder a un interés que va más allá de lo sensato: o se trata de cumplir el vengativo capricho del presidente contra el único contrapeso que cuestionó o contuvo algunas de sus decisiones más atrabiliarias (“regalo de despedida al presidente”, dijo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena), o, en efecto, se trata de una acción indispensable para concretar el proyecto de un régimen autoritario. El subcomandante Marcos propone otra razón, ciertamente más vulgar: “Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quién maneja el negocio de la compraventa de la justicia”. Con la reforma, dicen otros, el presidente busca que él y sus cercanos queden a salvo de cualquier acción de la justicia.

El hecho es que, de ninguna manera, la elección de los jueces hará más eficiente y honesto al Poder Judicial; y sí acabará con su autonomía e independencia. Los juzgadores no están para irradiar simpatías o seducir a los ciudadanos con su carisma o habilidades discursivas. Los jueces deben ser expertos en el conocimiento de las leyes y tener rectitud para aplicarlas con imparcialidad y justicia. Convertir en políticos a los impartidores de justicia es desnaturalizar sus funciones. Y, no tengan dudas, quienes ganarán las elecciones serán los candidatos que indiquen los dirigentes de Morena. No triunfarán ni los más capacitados, ni los más simpáticos, ni el de las mejores propuestas: los nuevos juzgadores serán aquellos que reciban el respaldo del partido guinda, el cual, subrepticia o descaradamente, movilizará su militancia a favor del candidato que le convenga.

La necedad es uno de los atributos más celebrados del presidente, quien, ante los obstáculos, radicaliza sus posiciones y dobla las apuestas frente al desafío a sus decisiones. Los costos de este modo de actuar están a la vista de todos. La gravedad radica, ahora, en que no se trata de violar leyes ambientales, desmantelar el sistema de salud o dilapidar recursos públicos en ocurrencias, sino de capturar el poder y los órganos que aún no están totalmente alineados a la voluntad presidencial y, con ello, dinamitar el régimen republicano de democracia constitucional.

Sin embargo, enfrente, no están dispuestos a dejar pasar esta cúspide de la necedad. No aludo, desde luego, a los partidos de oposición que, como dice AMLO, siguen en shock. Me refiero a quienes tienen el poder real para enfrentar la retórica y las medidas populistas/autoritarias del obradorismo: los mercados financieros, el gobierno americano, las calificadoras, los organismos globales, la justicia internacional, los tratados comerciales, los fondos de inversión. Y es que no somos una autarquía, sino miembros de la comunidad internacional que comparte los valores y las reglas básicas de la democracia, entre las que destaca lo que llaman “certeza jurídica”.

El presidente debería tener claro que hay gobiernos y organismos a quienes les causa recelo la posibilidad –por más lejana que parezca– de que una neo Venezuela les amanezca en el vecindario de América del Norte. El Estado de Derecho, la independencia judicial, las elecciones libres, la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos son principios que deberían ser irrenunciables para el vecino, el socio, el primo hermano de los campeones de la democracia, de las libertades y de la economía mundial. Aunque aún no levanta la voz, en su momento, la Unión Europea también reclamará el cumplimiento de la Cláusula Democrática.

El presidente es un “baby boomer” y, según Murakami (After Dark), los de esta generación “saben detenerse a tiempo en el borde del abismo”. Empero, en su búsqueda de trascendencia, el presidente más necio de la historia parece dispuesto a envolverse en la bandera y arrojarse al precipicio con todo y país. No quiere entender que, con el Poder Judicial que tenemos, medianamente independiente, podría seguir su gradual ruta transformadora y continuar con sus caprichos ideológicos, como violar el embargo a Cuba al suministrarle petróleo y dólares, invitar a desfilar al ejército ruso en una fecha patria, abrazar a los dictadores populistas del continente, o poner a Silvio Rodríguez en la pantalla de las mañaneras. Al fin y al cabo, son excentricidades inocuas que pueden permitírsele al amigo “socialista”, mientras no afecten los pilares del sistema político y económico.

Con el paquete de modificaciones constitucionales y, sobre todo, con la elección de los jueces, el presidente está jugando con fuego y corremos el riesgo de que los dueños del dinero y nuestros socios comerciales dejen de vernos como un país confiable. Si se aprueba la elección para renovar a los juzgadores y, con ello, el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación, no se soltarán los famosos tigres con que alguna vez amenazó AMLO a los banqueros, sino que probablemente serán los jinetes del apocalipsis financiero quienes galopen sobre nuestra economía. Y, entonces sí, a todos nos caerán encima las ruinas del segundo piso de la cuarta transformación, viviremos el peor México de la historia, y quién sabe cuántas generaciones no podrán hacer realidad sus sueños.

La catástrofe es inminente: jueces electos e insaculados, politizados y sin carrera judicial, junto con la desaparición de órganos autónomos, son el repelente ideal para ahuyentar el “nearshoring”, la inversión extranjera, el crecimiento económico y hasta la justicia social. Sobre el país se cierne la noche más oscura. Parafraseo a Viri Ríos: el poder del dinero es suficiente para hundir el barco. El naufragio de la Prosperidad Compartida.