CONCESIÓN DE AGUAKAN: LA TORMENTA QUE VIENE

De confirmarse la posibilidad de su cancelación en los cuatro municipios donde presta servicios, el panorama es complicado e incierto sobre los siguientes pasos a tomar, que terminarán como una “papa caliente” en manos de las autoridades entrantes

SALVADOR CANTO

Retirarle la concesión a la empresa Aguakan (Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V.) como es el deseo de miles de familias de los municipios en donde presta el servicio —Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad— por el cúmulo de problemas e irregularidades en su funcionamiento, no sería tarea fácil para la próxima administración del Gobierno del Estado, a pesar de que el Instituto Estatal Electoral (Ieqroo) dio a conocer el miércoles pasado el cómputo total y emitió la declaración de validez de la Consulta Popular realizada en la pasada jornada electoral, conforme a la cual los resultados sí son vinculantes en tres de los cuatro municipios.

El diputado plurinominal electo Humberto Aldana Navarro, quien formará parte de la XVII Legislatura a partir del 3 de septiembre próximo, consideró que el panorama para retirar la concesión de Aguakan es muy complicado en estos momentos, porque no se trata solo de hacer el trámite e invalidar el permiso que tienen, sino hay que revisar las cláusulas que existen y lo que podría representar la indemnización que tendría que pagarse a la empresa.

“Definitivamente la gente se pronunció en la Consulta, solo que hay que ver qué mecanismos existen en cuando se proceda a la vinculación, pues además está también el asunto de que si se lleva a cabo la acción derivada de la Consulta (que no sigan prestando el servicio), pues se tienen que asumir las consecuencias del contrato y creo que ese es el punto medular”, explicó.

Lo anterior coincide con lo expresado por el actual diputado en funciones y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, quien dijo que pese que la Consulta sea vinculante, no existe posibilidad de revertir el contrato-concesión a Aguakan por dos razones: la indemnización a la empresa y los costos de operación que ello implicaría para el Gobierno del Estado.

Cabe señalar que la vinculación de los resultados le tocará recibirla a los actuales diputados, pero por la premura del tiempo, todo el expediente y su resolución recaerá en la próxima legislatura electa el pasado 5 de junio.

En ese contexto, el empresario y presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, consideró que con los resultados de la Consulta ya en mano es oportuno revisar el proceso de concesión y la solución a un problema complejo y de gran reclamo social.

“Hay que ser realistas, cancelar la concesión de Aguakan implicaría un gasto que lesionaría las finanzas del estado y los municipios, por lo que considero que hay que ver el problema con mayor seriedad para saber qué hacer para mejorar el servicio que brinda esta empresa”, comentó.

Mano negra detrás de la operación de Aguakan

Desde 1993, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, opera como la dueña absoluta del agua en Quintana Roo, bajo la protección federal desde el gobierno de Ernesto Zedillo y la época de Mario Villanueva Madrid en la entidad.

De hecho, en un entrevista con El Despertador de Quintana Roo realizada en septiembre de 2020, el propio Mario Villanueva Madrid justificó que se concesionó el servicio de agua potable inicialmente en Cancún e Isla Mujeres porque el Gobierno del Estado no tenía dinero para pagar la expropiación de mil 700 hectáreas de lo que hoy se le conoce como la Franja Ejidal.

“No teníamos dinero para ello y tampoco para hacer las obras de agua, drenaje y las plantas de tratamiento; no había capacidad de endeudamiento, pues la que me había dejado el gobernador Miguel Borge fue muy bajita y aunque esto no era problema, la situación era que no podíamos endeudarnos por todo lo que necesitaba Cancún en ese entonces”, explicó.

Por ello —dijo— es que se recurrió a concesionar estos servicios y te puedo decir que desde sus inicios la empresa no quería cumplir y “eso me originó algunos problemas con el entones presidente Ernesto Zedillo porque la empresa no quería poner las plantas de tratamientos y todas las aguas residuales se tiraban a un cielo abierto y en los acuíferos subterráneos se estaban escurriendo esas aguas hacia el mar con el riesgo de contaminar”.

Agregó que “lo que se hizo fue una concesión modelo y aquí quiero decir una cosa muy importante, Aguakan se convirtió en el ‘ogro’ en Cancún y tiene razón la gente en quejarse, pero yo no me siento culpable por una razón: porque la concesión quedó muy amarrada en que todo el control de las tarifas sería a través del Gobierno del Estado con la CAPA como los municipales, tanto de Isla Mujeres como de Benito Juárez”.

Entonces, ¿qué ha pasado ahí?, “pues con todo respeto que las diferentes autoridades municipales no han metido en cintura a Aguakan. Yo lo hice después de la concesión, porque no querían hacer la planta y nos peleamos, se ampararon en contra de nosotros y se armó un pleito jurídico muy fuerte que no se me olvida porque un día me citaron en Gobernación y ahí estaba el jurídico de Gobernación defendiendo al empresario en contra del gobierno del Estado”.

“Yo le dije al entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet ¿de qué se trata? y fue cuando tuve conflictos con el presidente porque le dije que el único problema es que estos señores (de Aguakan) no quieren poner la planta de tratamientos de aguas y ahí nos fuimos al pleito jurídico, bueno, nos llevaron ellos y se los gané en marzo de 1999, no se me olvida y ahí en el salón de Cabildos del Ayuntamiento de Benito Juárez se firmó con la empresa por 25 millones de dólares para poner la planta de tratamiento, o sea, ¿qué ha pasado?, ¿quién tiene el control de la empresa concesionaria?, son dos personas morales, el Gobierno del Estado a través de la CAPA y los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres y si la empresa hace sus mañosidades, lo único que hay que hacer es jalarle las riendas porque las concesiones tienen característica de ser una ley que autorizó el Congreso del Estado, el gobierno concesiona pero lo tiene que mandar el Congreso por una razón, cualquier compromiso que haga un gobierno municipal o el estado solo vale durante el periodo de esa administración y para que se pueda ir más años, tiene que autorizarlo el Congreso”.

Cabe decir que después de concluir la administración de Mario Villanueva los gobernadores siguientes, partiendo de Joaquín Hendricks Díaz, son quienes han tenido injerencia en cuanto a la operación de Aguakan, o al menos tienen intereses en virtud de que son millones de pesos anuales lo que dicha empresa mueve.

Administración de Roberto Borge amplió concesión

Sin licitación de por medio para determinar la mejor opción y por solo mil 055 millones de pesos, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), cuenta desde las últimas semanas antes de que concluyera la administración de Roberto Borge Angulo con un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en donde ya operaba desde 1993 y de Solidaridad a partir del 2015.

Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justifica que desde la década de los noventa la “escasez” de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dio lugar a nuevos esquemas para “resolver el grave rezago” en algunos municipios de Quintana Roo.

Es por ello que en 1991, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaron un primer proyecto de coinversión en infraestructura y el 20 de octubre de 1993, ya durante el mandato de Mario Villanueva, se otorgó la primera concesión, ampliada posteriormente por 30 años más en el 2014 durante la gestión estatal de Roberto Borge Angulo,

Para ser exactos, el 10 de noviembre de 2014 los entonces apoderados de la empresa José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley solicitaron al gobierno estatal, así como a los gobiernos municipales de Benito Juárez (desde 2015 también Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un único título de concesión para los municipios y que abarcase también Solidaridad, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2053.

Vinculación de resultados de Consulta no facilita nada

Contrario a lo que se cree, la vinculación de los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral y que de acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) procede en tres de los cuatros municipios en donde Aguakan presta el servicio (Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos), no significa que se le vaya a retirar la concesión fácilmente.

El Despertador de Quintana Roo buscó de diversas formas a la hoy diputada plurinominal electa, Marybel Villegas Canché en calidad de promotora de la Consulta y férrea impulsora para que se le retire la concesión a Aguakan, pero no contestó ni las llamadas ni los mensajes, pues la idea era conocer su postura y el compromiso que asumirá respecto a dicho tema.

Sin embargo, quien sí habló de ello es Humberto Aldana Navarro, también diputado plurinominal electo, quien explicó: “nosotros estuvimos discutiendo el tema hace unos días con los compañeros que estaremos en la próxima legislatura y coincidimos en que necesitamos meternos a la ley de participación ciudadana, es decir, a la ley de la Consulta Pública, porque aun cuando son vinculatorios los resultados, hay candados jurídicos que se tienen que revisar”.

Añadió que “definitivamente la gente se pronunció, solo que hay que ver qué mecanismos hay para que una vez que sea vinculante la Consulta, se sepa qué hacer al respecto porque cuando se cancela una concesión, la misma compañía va a querer hacer válida su cláusula de rescisión y ese el punto medular”.

Mencionó que es probable que los actuales diputados tampoco puedan hacer algo al respecto y “por eso digo, lo que tenemos que hacer es analizar, ver qué contempla como mecanismos de seguimiento la vinculación a la ley o qué ya no contempla, para que en todo caso se genere y cuáles son los efectos en lo presupuestario, en el costo financiero que eso causaría”.

A pregunta concreta de que si llegara a darse la rescisión del contrato, sostuvo que en todo caso está CAPA y lo más sencillo es que ellos se podrían hacer cargo, pero insistió, “hay que ver la indemnización porque Aguakan tiene una estructura y tiene una cláusula de rescisión que se tendría que ver en qué condiciones está para ver si contempla la liquidación de la empresa ya instalada o hay un añadido, por eso insisto, es un tema que hay que analizar porque lo que no queremos es que salga más caro el caldo que los frijoles”.

Recientemente el todavía presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila, comentó que no existen las condiciones para retirarle la concesión en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen a la empresa Aguakan.

El legislador que funge como responsable de la Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura sostuvo que independientemente del resultado de la Consulta realizada el 5 de junio no hay posibilidad alguna para revertir el contrato-concesión porque no está sujeto a ninguna consulta o resultado.

Explicó que hay dos problemas que no fueron tomados en consideración en la consulta y que el primero tiene que ver con la indemnización a la empresa, y el segundo, los costos de operación, pues “no hay quien los absorba al día siguiente de que deje de operar la concesionaria”.

“Incluso —agregó—, aunque todos los ciudadanos hubieran votado a favor de que se revirtiera la concesión, el problema es económico ya que habría que indemnizar a la empresa con mil 599 millones de pesos que en este momento el estado no tiene”, comentó.

En ese contexto, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, consideró que a pesar de que la mayoría de los ciudadanos votó por retirarle la concesión a la empresa Aguakan con resultados legalmente vinculantes en tres de los cuatro municipios en los que hubo consulta, las autoridades de gobierno deben buscar que la empresa mejore su servicio.

Para el empresario, cancelar la concesión de Aguakan implicaría un gasto que lesionaría las finanzas del estado y los municipios, por lo que instó a ver el problema con mayor seriedad, “para saber qué hacer para mejorar el servicio que brinda esta empresa”.

Sostuvo que se tienen que revisar los términos de la concesión y ver si ha cumplido con la retribución que le ha dado el estado, es decir, si dicha inversión se aterrizó realmente y en qué se ha aplicado el recurso.

“No es un tema tan simple de decir que se van o se quedan, sino por el contrario, hay que aprovechar esta coyuntura para hacer una revisión completa”, reiteró.

Autoridades, cómplices de Aguakan

Desde que lograron obtener su primera concesión, Aguakan ha gozado de impunidad e incluso de privilegios, porque desde el mismo Congreso del Estado que es quien fija las tarifas del consumo de agua potable, les han tolerado el incumplimiento de todos los acuerdos establecidos en el permiso de operación.

De hecho, eso provoca que de los cuatro estados que confirman la Península de Yucatán, en donde se concentra el 67% de la reserva del agua dulce renovable de México, Quintana Roo sea en donde se cobra las tarifas más altas por consumo.

La Dirección Quintana Roo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostiene que el vital líquido que se suministra a la población como agua potable solo está desinfectada mediante la aplicación de cloro en cualquiera de sus presentaciones, gas, líquido o pastillas, por lo que su consumo en esas condiciones podría ser de alto riesgo.

La calidad del agua es un término usado para describir las características químicas, físicas y biológicas, y en ese sentido, es claro que el agua potable que se suministra en Quintana Roo, particularmente en los municipios donde opera la concesionaria Aguakan, no es apta para consumo humano de manera directa, incluso en los municipios donde el prestador del servicio es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

De acuerdo al departamento de difusión de la Conagua, el agua dura no es apta para el consumo humano, ni animal e incluso la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

El criterio principal para que el agua se considere apta para el consumo humano no solo es que esté limpia y sea salubre, sino además que no contenga microorganismos o parásitos que supongan un riesgo para la salud de las personas.

Con base en datos aportados por la doctora Micaela Pérez, cuyo consultorio se localiza en la avenida Nichupté, el consumo de agua no tratada, mejor conocida como agua bruta o cruda, puede causar enfermedades como irritación de estómago, gastrointestinales, problemas cardíacos, y en el peor de los casos infertilidad y aborto en las mujeres.

Platicó que esto ocurre porque las bacterias se desarrollan fácilmente en el agua y la contaminación puede darse por la ingestión de agua no potable, por el contacto directo con el agua de las alcantarillas o a través del consumo de alimentos no esterilizados.

“Desde mi punto de vista, el agua que llega de las tomas directas a la casa no se debe consumir de forma directa, tiene que pasar por otros filtros y lo más recomendable es la purificación”, explicó.

Aguakan cobra lo que le autoriza el Congreso Estatal

En medio de todos los reclamos que con justa razón emiten ciudadanos por un mal servicio y además caro por el consumo de agua potable (que solo es clorada), alcantarillado y saneamiento en los municipios donde opera la concesionaria Aguakan, cuyo tema central es abordado en cada campaña electoral, la realidad es que dicha empresa lo único que hace es cobrar lo que el mismo Congreso del Estado y la CAPA les autoriza mes con mes.

El expresidente municipal de Benito Juárez, Carlos Cardín Pérez, quien recordó que en su administración se dio la primera concesión a favor de Aguakan, sostuvo que este tema siempre despierta polémica política, pero en realidad las tarifas que cobran son impuestas por el mismo Congreso del Estado y la CAPA en base a la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.

“Si Aguakan no estuviera, la CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado) no tendría la capacidad de hacer obra, ni de inversión y aquí hay que ser claros, las tarifas de Aguakan no las imponen ellos como concesionaria, sino que las aprueba el Congreso del Estado y a ellos a quienes se les debe de cuestionar parte de la problemática que existe. Pero lo que sí tiene que hacer la autoridad, es regular el contrato y ver que se cumplan en todas sus partes y que mejoren el servicio”.

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Infraestructura de agua potable