Los programas insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, destinados a disminuir la desigualdad en la población, irónicamente han resultado ser excluyentes con una mayoría de personas trabajadoras y desocupadas, e incluso el 60% de la población en situación de pobreza no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias

JENNIFER AGUILERA / GALO BURGOS

Algo más letal que la pandemia del Coronavis (COVID-19) es la problemática asociada a la debacle económica que conlleva, y es que la emergencia sanitaria ocasionó la pérdida de 195 millones de empleos en tan solo tres meses en América Latina, de acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el daño más pronunciado que se ha tenido después de la segunda guerra mundial.

De acuerdo a la OIT, la recuperación de la crisis después del COVID-19 dependerá dos factores: la evolución de la pandemia y las medidas políticas que efectúe cada país, para ayudar a las empresas desde estímulos económicos, ingresos y preservar los empleos.

En México el presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho la promesa de crear programas sociales para disminuir la desigualdad en la población, concretando 17 de ellos; sin embargo, en estos dos años la estrategia ha demostrado ser insuficiente, a lo que se sumó la pandemia del COVID-19.

La distribución de apoyos económicos no ha logrado acabar con esa desigualdad en la población, además que algunos de los programas sociales se encuentran en riesgo a desaparecer, por la falta de reglas claras.

De hecho, poco han hecho por la reducción de la pobreza: según datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), durante 2019 cayeron en situación de pobreza más de 10 millones de mexicanos, y como consecuencia de la pandemia y la caída de la economía esta cifra puede duplicarse.

Por otra parte, de manera irónica, la política social de apoyos del presidente López Obrador ha resultado excluyente: eliminó programas sociales mediante el cual el Estado mexicano ofrecía ayuda y servicios de calidad a grupos vulnerables y, en cambio, privilegió la entrega de dinero como herramienta para provocar el incremento en el consumo de los pobres.

De los 150 programas vigentes hasta el 2018, 93 eran considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como que sí contribuyeron a reducir la pobreza, o bien para mejorar el acceso efectivo a los derechos.

De esos 93 que habían probado ser exitosos, sólo quedan 81, porque el presidente López Obrador decidió eliminar 12; de 45 programas vinculados con pobreza, 36 permanecen, pero redujeron su presupuesto en 4.4 por ciento.

De los eliminados y que estaba comprobado, mediante evaluaciones de política pública, que eran relevantes por su contribución en la disminución de la pobreza, se encuentran el de Apoyo a la Vivienda, operado por Sedatu; el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Bienestar; el de Empleo Temporal, de Bienestar, SCT y Semarnat; el de Comedores Comunitarios, de Bienestar, el de Apoyo a la Comercialización, de SADER; el de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias, de la SEP; el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, de Salud y el de Consolidación de reservas Urbanas, de Sedatu.

Ideas loables, malos procesos

Especialistas, como la analista política y experta en desarrollo económico Viridiana Ríos, profesora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, considera que el gobierno, a pesar de que cuenta con ciertas ideas que son positivas, incluyendo la universalización de los apoyos, no está teniendo la capacidad para volver esas ideas en una realidad.

Hay malos procesos, hay una forma equivocada de asignar los recursos, están destinando a partir de los censos que están creando los llamados “siervos de la nación”, que no necesariamente tienen las mejores herramientas para identificar a personas que lo necesitan más, sino que a veces son más bien motivaciones partidistas las que los mueven.

Destacó que hay una falta de monitoreo y entendimiento de la necesidad de utilizar la estadística y la técnica para poder mejorar el impacto de los programas, además, muchos no tienen reglas de operación completas y, no tienen mecanismos de evaluación completos.

Se implementaron sin haber creado un sistema o programa piloto que permitiera saber cuál era la forma más eficaz de lograr el objetivo.

Para la analista, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un excelente diagnóstico de la economía nacional y tiene un proyecto muy claro al respecto. Su plan para hacer crecer la economía es aumentar la capacidad de consumo de los más pobres.

Sin embargo, considera que tiene malas herramientas para atacar el problema. En su opinión, el método empleado por el presidente de transferir dinero directamente a los beneficiarios de programas sociales es un método equivocado porque está desmantelando servicios provistos por el Estado, como el que proporcionaban a través de las estancias infantiles.

En los medios de comunicación se han dado a conocer casos como los de los adultos mayores que han denunciado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), que los burócratas del gobierno les llegan a quitar hasta el 20% de sus recursos.

Otro caso, derivado de una auditoría interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) detectó empresas fantasma, que no reunían los requisitos o que funcionaron ilegalmente como centros de capacitación en otro de los programas estrella de la administración federal: “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Programas excluyentes

Por si fuera poco, en un análisis de la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam México se concluye que el 60% de todas las personas en situación de pobreza no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de los proyectos prioritarios del gobierno.

Uno de los problemas, de acuerdo con el análisis, es que el diseño de la política social actual se enfoca en cubrir a las personas antes y después de entrar al mercado laboral y deja sin protección a una mayoría de personas trabajadoras y desocupadas.

“Son 19 millones de ellas personas trabajadoras ocupadas, casi 900,000 desocupadas, y 7.2 millones de población no económicamente activa. El promedio de ingresos por hogar de este grupo es de 7,173 pesos al mes”, indicaron.

Aunado a esto, es una población predominantemente urbana la que se queda sin apoyos. “Mientras que 21.5 millones viven en localidades urbanas, solo 10.4 en rurales (2 de cada 3). Esto quiere decir que los apoyos de programas como Sembrando Vida podrían beneficiar a una parte relativamente pequeña de esta población”, alertaron.

La mayoría de las personas en esta situación son mujeres (52%), tal como la composición

Además, la mayoría de las personas que no reciben programas sociales (el 88.6%, o 28.3 millones) no tienen acceso directo a la seguridad social. “Muy probablemente son personas en situación de informalidad laboral”, detallaron.

Por último, una de cada tres de estas personas se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, tiene tres o más carencias sociales y sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. De entre ellas, 3.4 millones hablan una lengua indígena.

Es importante mencionar que el análisis se basó exclusivamente en tres de los programas: el programa universal para personas de la tercera edad, las becas Benito Juárez para estudiantes de educación Media Superior y el programa para Personas con Discapacidad; no se seleccionaron otros programas que, al igual que estos, dan transferencias monetarias como Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar o Sembrando vida, toda vez que sus objetivos van más allá de la protección social y no se cuenta con suficiente información para analizar dichas transferencias, aclaró Oxfam.

Cunden desempleo e inseguridad

Con la pandemia se elevó a niveles exorbitantes el desempleo y en menos de tres meses el 51.5 % de los empleos en México estaban en riesgo de perderse derivado a los cierres por la pandemia, y que la Organización Internacional del Trabajo (OIY) identificó en áreas susceptibles como son el turismo, alimentación, inmobiliario, administración, fábricas, comercios, área de negocios y artístico.

La OIT también identificó que en América Latina y el Caribe, alrededor de 140 millones de personas laboran en la informalidad lo que es igual al 54% de los trabajadores, en México esa cifra es mayor son el 57% de empleados están sin ningún tipo de protección.

En Quintana Roo, y particularmente en Cancún, la pandemia le ha dado un fuerte golpe a la economía enviándola por los suelos, al ser una entidad y municipio totalmente turístico se perdieron empresas y empleos, de acuerdo a datos a nivel nacional Quintana Roo, fue el segundo estado con más pérdidas de fuentes de trabajo.

Ante el confinamiento, la economista Graciela Teruel, hizo una investigación por medio de una encuesta vía telefónica en distintos estados del país en donde el 64% de las personas mayores de 18 años o más manifestaron no poder cumplir con las normas de aislamiento ni distanciamiento ya que necesitaban salir a trabajar o buscar un empleo.

Por otra parte, en estos meses de aislamiento la percepción de inseguridad en la población en México es de un 70% y la impunidad es de un 90% para castigar a los delincuentes, de acuerdo con Carlos Alverde Lanzagorta, presidente de la Asociación de Industriales Unidos por México.

En ese mismo sentido, el pasado 20 de abril en el país se batió el récord anual de asesinatos en el año, mientras que en otras naciones del mundo la delincuencia bajó por el aislamiento en México se elevó.

El centro de investigación en economía y negocios (CIEN), del Tec de Monterrey, documentó una vinculación directa de más del 70% entre los casos de violencia y el desempleo, aumentando las denuncias por delitos del fuero común y la falta de trabajo, la pobreza, la informalidad y la precariedad laboral.

Criminalidad a la alza

En diversas colonias de Cancún se viven situaciones de inseguridad que nunca antes se habían tenido, tan solo en la región 96 en el lapso de la pandemia se vieron obligados varios negocios a bajar sus cortinas, al no querer pagar un derecho de piso, afectado a verdulerías, panaderías, estéticas y las tienditas de la esquina, tanto se han elevado que se sabe que degollaron a un joven por quererle robar sus pertenencias y le dieron un disparo en la pierna a un empleado de la verdulería.

Asimismo, en muchos rumbos de la ciudad se sabe de personas a quienes les han robado su automóvil, al emparejarse motociclistas en los semáforos, al encañonarlos con armas de fuego golpearlos y amenazarlos si ponen alguna denuncia, o bien el video que hace un par de días circuló en redes sociales, en una casa de la región 103 en donde le roban el automóvil al salir del garaje y al mismo tiempo intentaban entrar a robar al domicilio.

Ahora los cubrebocas son una excelente forma para que los delincuentes ocultan sus rostros y no puedan ser identificados, personas asaltadas al momento de retirar dinero de los cajeros automáticos manifestaron que los ladrones se encontraban en las filas del banco, sentados en la banqueta y en un descuido aprovechaban para robarles sin poderlos reconocer al tapar su rostro.

Ante esta situación, varios comercios han optado por colocar cámaras de vigilancia y despechar a la gente detrás de unas rejas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Algunos trabajadores del hotelería que han regresado a sus actividades, manifiestan que es difícil conseguir transporte público, después de las 10 de la noche y el riesgo de ser asaltados es aún mayor y el abordar un taxi no les brinda más seguridad, ni siquiera los policías, tanto que ya no saben de quien cuidarse.

Propietarios de restaurantes, como Armando Pezzotti, consideran que resulta complicado solicitarles a los trabajadores que se queden después de las 10 de la noche, porque es como arriesgarlos a que sean víctimas de la inseguridad o que vayan con demasiada gente en el transporte público y se enfermen de COVID-19.

La situación del incremento de la delincuencia en el municipio, coloca a su población muy vulnerable de ser víctima de los amantes de los ajeno los cuales se han modernizado y cambiado sus giros de ventas de drogas por exigir derechos de piso a las micro y pequeñas empresas.

De acuerdo al semáforo delictivo queda claro que el desempleo, el trabajo mal remunerado, la informalidad y la violencia en los hogares, están relacionados con los crímenes de alto impacto como homicidio, violación, secuestro y extorsiones, de acuerdo al estudio del tecnológico de Monterrey.

En lo que respecta a la violencia en el seno de los hogares, no es un problema menor: el director de prevención al delito y seguridad pública en el municipio de Benito Juárez, Julio Góngora, declaró que durante la pandemia las denuncias por violencia doméstica se elevaron en un 30%, en la mayoría de los casos son los vecinos quienes denuncian.