DE VIVA VOZ

En medio de un panorama de atrocidades crecientes en todo el país, el gobierno federal implementó una reclasificación de delitos, lo que posibilita la manipulación de datos para aparentar que están a la baja: abogado Luis Carlos Sánchez Díaz

SALVADOR CANTO

“La incidencia delictiva se debe combatir con buenas políticas y una verdadera estrategia de seguridad”, destacó el investigador de la asociación civil Causa en Común, abogado Luis Carlos Sánchez Díaz.

En breve entrevista con El Despertador de Quintana Roo, el también licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, explicó que el saber que en México solo siete de cada 100 delitos se denuncian y que de estos una proporción muy baja llega a carpeta de investigación, habrá un proceso, una persona detenida y posteriormente sentenciada, “es una situación grave porque refleja el alto grado de impunidad”.

De Viva Voz, reconoció que hoy en día existen casos desafortunados de víctimas de desaparición y “no hay investigaciones, pese a que sabemos que las primeras horas son cruciales para saber cuál es el paradero de una persona desaparecida en este país, lo que refleja una clara omisión de las autoridades ante el problema de seguridad”.

Destacó que la militarización que se tiene en México desde hace 16 años es algo que no debe de seguir porque “hemos visto que no han dado resultados y a pesar de ello se les sigue dando facultades e incluso más presupuesto”.

Sánchez Díaz lamentó que, como una forma de hacer creer que los delitos están a la baja en el país, el gobierno haya implementado una reclasificación de estos, lo que les permite una probable manipulación de datos que cada semana presentan en las “mañaneras”.

—¿Cuál es el panorama que tiene Causa en Común en esta recta final del año en materia de seguridad pública en el país?

—Estamos viviendo tiempos en los que desafortunadamente la violencia se sigue incrementando en algunas regiones del país, en donde pese a una supuesta estrategia —que creo que se debería de seguir cuestionando si en verdad una estrategia como la de “abrazos y no balazos” del gobierno federal funciona—, la sociedad lo que ha recibido es desafortunadamente más violencia, más criminalidad en muchas de las regiones del país. Entonces, esto también es una invitación a ver cómo mejorar la situación que atravesamos; vemos, por ejemplo, el reporte del INEGI que planteaba al año pasado que en México habían ocurrido poco más de 27.6 millones de delitos, esto representa un gran costo, pues al final del día casi un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) que es alrededor de 278 mil millones de pesos, se dedican —y se pierden— en esta cuestión de la delincuencia. Aquí, el mismo INEGI nos ha demostrado que la población se siente insegura en muchas de las regiones; a nivel nacional, el 67% de la población considera vivir insegura en la ciudad en donde radica, pero tenemos casos muy específicos, como por ejemplo Fresnillo en Zacatecas y Tijuana en Baja California, en donde estos niveles de percepción de inseguridad se han incrementado a más del 90%, lo cual también se contrapone a que hay una disminución en la confianza de sus autoridades, ya sea policías locales, estatales o la misma Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas.

—¿Cómo se encuentra Quintana Roo dentro de sus estadísticas?

—El año pasado vimos, desafortunadamente, un aumento sustancial en la violencia y este año al parecer se ha estabilizado pero no se ha reducido. Tenemos un informe que se llama “Galería del horror, atrocidades y delitos de alto impacto publicados en medios”, en donde se hace un trabajo y se retoman aquellas notas que podrían ser consideradas como atroces. Entonces vemos casos en Quintana Roo, por ejemplo, de algunas categorías que son masacres, fosas clandestinas, hacinamiento, tortura, asesinatos de mujeres, asesinatos de niños. Justo sacamos hace un par de semanas un informe del período enero-octubre del 2022 en donde vemos que en Quintana Roo han ocurrido 173 atrocidades (consideradas estas como “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”). Algunos de los ejemplos son que al menos ocho masacres han ocurrido en Quintana Roo; de lo que podemos tener registro, al menos 32 casos de mutilación, descuartizamientos, destrucción de cadáveres, 75 casos de tortura, que hemos podido contabilizar por medio de la prensa, el lamentable asesinato de al menos seis mujeres con crueldad… Entonces, estos son indicadores que nos dan un panorama de cómo está la situación de violencia en esa entidad. Aunque creo que, también, en Quintana Roo tendríamos que tener una pista para entender cuál es la criminalidad que está sucediendo en la entidad; de acuerdo a las categorías del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vemos que en entidades como Quintana Roo se ha visto un incremento de la extorsión y de la trata; entonces, creo que podríamos señalar que ahí está el problema, no se ha reducido y la incidencia delictiva creo que se debe de combatir con buenas políticas y una verdadera estrategia de seguridad.

—¿Cree que la impunidad sigue siendo uno de los graves problemas que impiden mejorar el tema de la seguridad?

—La cuestión aquí —y creo que el principal problema de que la inseguridad y la violencia se siga arraigando en nuestro país— es la impunidad; el que sepamos que a nivel nacional solamente siete de cada 100 delitos se denuncian, eso contraviene un efecto de impunidad. El saber que de esos siete que se denuncian, solamente una proporción muy baja se va a abrir una carpeta de investigación, habrá un proceso, una persona detenida y posteriormente sentenciada en caso de que se corrobore su delito, es mínima. Entonces, lo que esto refleja es que parecería ser que en México hay tanta impunidad que no se persigue ningún delito y eso es algo gravísimo. Porque si tú mandas el mensaje a la delincuencia de que la probabilidad de que te detengamos y enjuiciemos es mínima, pues resulta muy rentable para los delincuentes; entonces ese no debería de ser el mensaje, el mensaje debería decir: “habrá cero impunidad y vamos a perseguir y a castigar a aquellos que cometan cualquier delitos en México”. Tenemos casos desafortunadamente de víctimas de desaparición y no hay investigaciones y sabemos que las primeras horas son cruciales para saber cuál es el paradero de una persona desaparecida en este país, y que también las autoridades han sido omisas ante el problema de seguridad y la ciudadanía eso lo resiente, al no confiar en las autoridades, pues no denuncian porque tienen temor a que haya algún tipo de represalia.

—Desde su perspectiva, ¿cuál es la condición actual de las corporaciones policiacas del país, en donde una de las complicaciones que se han dado es la falta de capacitación y de presupuesto, como en el propio Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la seguridad)?

—El Fortaseg tenía el sentido de ser un fondo para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, darles capacitación, equipamiento, mejores condiciones laborales a los policías, pero lo que hemos visto es que se refuerza la militarización y contrario a eso, se deprecia a las policías locales, a las que les quitan recursos y por lo tanto no queda otra opción más que tener a los militares. Entonces, hoy los municipios ya no tienen los recursos suficientes para mejorar a su policía y por eso hemos visto muchos municipios donde las policías han renunciado, ya sea por amenazas o porque no hay condiciones dignas para laborar.

—¿Considera que la militarización del país ayudará a resolver el tema de la inseguridad?

—Nosotros vemos que el proceso de militarización se sigue reforzando; no es un proceso que inició en este sexenio, hay que ser claro en eso, llevamos más de 16 años con una estrategia de militarización que no ha funcionado, que no ha dado frutos. La cuestión aquí es: ¿Por qué seguir haciendo lo mismo, si después de 16 años no ha rendido frutos? ¿Qué te hace pensar que las cosas cambiarían cuando estás efectuando la misma fórmula? Y creo que esa es la cuestión sustancial, el presidente antes de tomar posesión fue muy crítico hacia el papel de las Fuerzas Armadas y más hacia el papel que tenían en las labores de seguridad y afirmaba constantemente que el resolver la crisis de inseguridad, no debería de pasar por seguir manteniendo a las Fuerzas Armadas en las calles, pero ¿qué ha pasado con las recientes reformas que hemos visto en estos últimos meses? Pues que se les están ampliando las atribuciones y también el periodo para estar en el espacio público. Entonces, este proceso de militarización con la creación de la Guardia Nacional, que en su sustento casi el 85% proviene de las Fuerzas Armadas, entonces este tipo de reformas lo que hace es que se les está dando más presupuesto a pesar de que no han dado los resultados; es decir, ¿por qué incrementarles los ingresos y los montos a la Sedena, a la Semar y a la misma Guardia Nacional cuando no te están dando resultados?, lo cual consideramos que es un grave riesgo porque esa es una opacidad en el manejo de los recursos, de los cuales no sabemos realmente su destino. También este tipo de cuestiones resultan muy ambiguas, en el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización que realizamos y coordinamos desde Causa en Común, vimos estas cifras que constantemente dan del desarrollo de la Guardia Nacional y nos encontramos conque en abril del 2022 tenían aproximadamente 104 mil elementos en su corporación y para el 7 de noviembre de este año, es decir, casi ocho meses después, plantean que los miembros son 118 mil; es decir, en estos meses incrementaron 13 mil elementos, cuando no hay corporación en el mundo que haga eso, que pueda reclutar a 13 mil personas en tan poco tiempo.  

—Platíquenos respecto al reporte que dio Causa en Común en torno a la probable manipulación de cifras de delitos, ¿de qué se trata realmente?   

—Nosotros hemos visto en el ejercicio de probable manipulación de datos que algunos delitos están reclasificados en otras categorías, principalmente en el caso de secuestros, en el caso de homicidios dolosos, están reclasificando en otros cajones que tiene el Secretariado Ejecutivo, principalmente en categorías que se anuncian como otros delitos contra la libertad u otros delitos que atentan contra la vida. Entonces, lo que vemos es esta correlación, sí está bajando la estadística de la clasificación de homicidios dolosos, pero ahora resulta que está incrementándose otra categoría que se llama otros delitos contra la vida. Creo que debemos tener claridad de lo que significan estos otros delitos y si en verdad las fiscalías y secretarías de seguridad pública, tanto estatales como la federal, están haciendo lo correcto para la clasificación y la investigación, pues sabemos que también existe una crisis de investigación en nuestro país en donde los ministerios públicos y las fiscalías se encuentran saturadas y eso que solamente están recibiendo siete de cada 100 casos; entonces, imagínate si el porcentaje de denuncias se incrementara, en los próximos meses se verían más rebasados y habría una crisis en los ministerios públicos. Entonces, hay que hacer ese llamado a que las autoridades hagan bien su trabajo.

—¿Algo más que nos quiera comentar?

—Creo que como cada año, y lo ha dicho el mismo presidente, es de sabios recomponer caminos y aceptar que nos equivocamos; entonces, creo que estamos en un momento álgido en donde debemos entender que el proceso de militarización no ha funcionado sino que, contrario a ello, tendríamos que hacer un fortalecimiento de las policías locales, de los mandos civiles, a fin de que las policías locales puedan fortalecerse y por lo tanto consigan tener un mejor desarrollo y una cercanía a la ciudadanía para que vuelva a tener la confianza, que al final del día es parte importante para que además la impunidad se erradique de este país.

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CAUSA EN COMÚN

Causa en Común es una organización ciudadana fundada en 2010 por su actual presidenta María Elena Morera Mitre; tiene como misión lograr un México más justo mediante la defensa de las libertades, las garantías y los derechos humanos; el fortalecimiento de las instituciones democráticas, con especial énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la justicia; así como la generación de propuestas enfocadas a la atención de víctimas. Para este fin desarrolla mecanismos de participación social, realiza investigaciones y genera programas para impulsar el desarrollo de políticas públicas efectivas, eficientes y basadas en evidencia. Ha realizado evaluaciones del desarrollo institucional de las 32 policías estatales y de la policía federal, emitiendo e impulsando recomendaciones para su mejora, así como diversos análisis alrededor de las condiciones laborales de los policías en el país, resaltando las problemáticas a las que se enfrentan día a día en su labor y abogando por la necesidad de que sean mejoradas.

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Luis Carlos Sánchez Díaz

Es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha colaborado en proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Se ha especializado en investigación metodológica, análisis de datos y planeación estratégica de proyectos sociales y políticos.