CANCÚN.- El arrendamiento de 162 patrullas por parte del Gobierno del Estado, en septiembre de 2017, está inmerso en irregularidades, porque presuntamente se entregaron unidades de años anteriores, no nuevas, denunció Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo.

En rueda de prensa junto con Antonio Ramos, integrante de esta agrupación, dieron a conocer que, de acuerdo con información que solicitaron vía transparencia a cada municipio, detectaron que entre las patrullas arrendadas hay unidades de 2010, 2012, 2013 y 2014, cuando el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que eran vehículos de 2017.

Antonio Ramos comentó que, de acuerdo con datos que solicitaron a cada municipio, sólo Cozumel y Bacalar recibieron unidades del año 2017, con sus respectivos contratos de comodato, lo que no sucedió con los nueve municipios restantes.

Añadió que conforme a lo anunciado por el Gobierno del Estado, la inversión por el arrendamiento de patrullas fue de 250 millones de pesos.

El caso más grave de opacidad es el de Benito Juárez, pues al solicitar la documentación relativa a las unidades que recibieron, se les respondió que se trata de “información reservada”, por lo que se carece de datos sobre las 40 patrullas que se destinaron al municipio “y eso se presta a generar dudas”, expuso.

El reporte forma parte de una investigación más extensa sobre seguridad pública, impartición de justicia y la situación de impunidad en este estado, la cual se realiza mediante un financiamiento otorgado por el gobierno de Estados Unidos y será presentada en agosto próximo, dijo Cortés Miranda.

A través de este trabajo se evaluará el gasto público y su distribución, de acuerdo al presupuesto de egresos 2018, para saber cuánto y cómo gasta el Gobierno de Quintana Roo en los rubros mencionados; por otra parte, se ubicarán las áreas en las que se ejerce un dispendio de recursos públicos, sobrecostos y gastos injustificables para así determinar cuántos recursos se podrían destinar a los rubros de seguridad pública, impartición de justicia y combate a la impunidad, añadió.

Más irregularidades

Fabiola Cortés explicó que otra irregularidad se relaciona con el domicilio de la empresa encargada del arrendamiento, que se creó dos meses después que comenzó la actual administración estatal en Quintana Roo y su sede, de acuerdo a datos que investigaron, se encuentra en el Estado de México, en el Cerro de las Campanas 119, colonia Los Pirules, Tlanepantla.

“Hicimos la verificación física y en ese domicilio se ubica un negocio que se dedica a gestionar servicios de licencias federales y no al arrendamiento de patrullas”, expresó.

Añadió que en el contrato se estableció otro domicilio, en el Estado de México, y tampoco hay coincidencia con el nombre ni el giro de renta de patrullas.

En la empresa hay dos socios, uno es quien firma el contrato, José Vicente Villanueva Miranda, y el otro es Genaro Moreno Romero, exfuncionario de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México.

Hay otros nombres en la empresa que, en conjunto, crearon distintas empresas para arrendar vehículos a diversos municipios de la coalición PAN-PRD.

“No es la primera vez que el gobierno hace un contrato con empresas que no tienen un domicilio fiscal

comprobable”, citó.

Polémico arrendamiento

El anuncio del oneroso arrendamiento de patrullas generó una polémica que obligó al entonces titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, a salir al paso; en octubre del año pasado, durante una rueda de prensa dio a conocer un desglose de cada uno de los vehículos adquiridos así como el costo total por el arrendamiento de las 162 unidades, previsto por un lapso de tres años.

Juan Vergara señaló que el pago mensual por el arrendamiento de las 162 unidades sería de 6 millones 802 mil 872 pesos, aunque en aquel momento no especificó a qué empresa. “Es una recomendación de la Presidencia de la República, por medio de la Secretaría de Gobernación, porque las patrullas trabajan 24 horas y entonces el desgaste es mayor y al final los vehículos son obsoletos, entonces mejor el arrendamiento que permite regresar al proveedor los vehículos y tener uno nuevo por el mismo precio, no hay incremento”, justificó.

Añadió que en caso de haber pagado de contado todas las unidades hubieran tenido que desembolsar más de 113 millones de pesos, “además el contrato señala que la empresa proveedora de los vehículos se comprometió a entregar las patrullas con radios matra, equipamiento, seguro de cobertura amplia, servicios de mantenimiento, radio localizadores GPS y cambio automático de la unidad por desgaste”.

Las 162 patrullas fueron distribuidas en las 11 municipios de Quintana Roo con el objetivo de reforzar la seguridad.