Cerca ya de cumplirse el primer mes del nuevo gobierno estatal, aún no se da a conocer la estrategia en materia de seguridad pública, a pesar de que las cifras de criminalidad continúan a la alza; temen especialistas que se repita la historia: dejar hacer, dejar pasar

SALVADOR CANTO

A tres semanas del inicio de la administración estatal, hasta el momento no se ha presentado el plan estratégico en materia de seguridad pública para la entidad, mientras los hechos delictivos continúan a la alza en los principales municipios de Quintana Roo, como ocurre en Cancún, en donde se mantiene en jaque no sólo a los ciudadanos y empresarios en general, sino que también se pone en riesgo a la industria turística al vulnerarse la única economía de la que todos dependemos.

Las extorsiones, robos a comercios y casa habitación, desapariciones forzadas, así como las ejecuciones —en las cuales han resultado afectadas personas inocentes, como la menor de ocho años que fue alcanzada por una bala perdida el pasado 4 de octubre en Villas Otoch Paraíso y cuyo estado de salud es aún delicado— ocurren todos los días en el Caribe Mexicano, en donde el mapa geodelictivo se ha ampliado hasta colonias irregulares que carecen de alumbrado público y por ende, las coberturas de las cámaras del C5 no llegan allí.

El Despertador de Quintana Roo estuvo infructuosamente buscando al recién nombrado Secretario Estatal de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide Pedrero, para conocer su postura al respecto, pero no tuvimos ninguna respuesta e incluso se hizo lo propio con la coordinadora de Comunicación Social, Briget Ortega Aviña, y aunque si bien como siempre sugirió que se le enviase a ella el cuestionario con las preguntas para el jefe policiaco, no hubo la respuesta esperada ni mucho menos un posicionamiento respecto al tema de la inseguridad.

Cabe aclarar que la joya turística de México lleva ya tiempo sumergida en una violencia incontrolable y la ola de inseguridad impuesta por el crimen organizado ha colocado a este paraíso en la mira de la preocupación internacional, por lo que es urgente que la nueva administración estatal que encabeza Mara Lezama Espinosa presente su plan estratégico de seguridad y que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno comience a dar resultados, porque de lo contrario la situación podría empeorar, aunado a que padecemos una Fiscalía General de Justicia que no investiga y un Poder Judicial que tampoco imparte justicia.

Los hechos delictivos se han ampliado a otros municipios como Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, aunque es en Benito Juárez en donde se concentra la mayor cantidad de los ilícitos y en ese contexto, el exalcalde de Cancún Juan Ignacio García Zalvidea comentó que la violencia cruel a diario, inseguridad, miedo y zozobra no se detendrán “con abrazos” como pretende el gobierno federal. Consideró que el presidente es responsable de todo lo que pasa en el país en materia de seguridad y particularmente en Quintana Roo, por tener una política equivocada y por no enfrentar a los delincuentes con la ley en la mano, como está obligado.

Incluso, afirmó que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son exhibidos y humillados por los criminales violentos que se sienten protegidos por el propio gobierno federal, que ha optado por mantener a los jerarcas militares en negocios y empresas, descuidando sus funciones principales de proteger a los ciudadanos.

Por ello, urgió al gobierno del estado a presentar urgentemente su estrategia de seguridad para darles certeza a los ciudadanos, a los empresarios y sobre todo a los miles de visitantes que diariamente llegan a los destinos turísticos de la entidad.

Con base en reportes de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, que abarca hasta el segundo trimestre del 2022, el 80.2% de las empresas que operan en el estado consideraron que Quintana Roo es un lugar inseguro para realizar sus actividades económicas, derivado de las múltiples extorsiones que reciben con el aumento de la violencia en la entidad.

Organizaciones civiles en temas de seguridad, comparsas

Durante las últimas administraciones estatales, tanto el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública que actualmente encabeza Jorge Escudero Buerba como la Mesa de Seguridad y Justicia que ha dirigido James Tobin Cunningham, pese a tener información real de la inseguridad y saber que la situación cada vez es más complicada, han optado por aplaudir todas y cada una de las acciones de los gobiernos.

Recientemente, Escudero Buerba aceptó que Quintana Roo está mal en Seguridad Pública y no de ahora, sino de hace varios sexenios y dijo que hay confianza en que con el nuevo gobierno “las cosas serán diferentes”.

“Hay que entender que en cada cambio de gobierno hay mucha pelea por las plazas, la delincuencia organizada tiene mucho reacomodo y todo eso viene hacer que haya una percepción más difícil, pero todo es ponerse a trabajar (sic)”, señaló en una reciente entrevista a medios locales.

Aceptó que hay mucha extorsión a empresarios, problemática de robo a habitación y transeúntes y asalto a comercios, pero insistió: “estamos con muchas complicaciones, necesitamos que las autoridades den el 200 por ciento en seguridad y más recursos. Necesitamos una Fiscalía con mayor presupuesto para que de atención en todo el estado”, dijo.

En tanto, James Tobin Cunningham, quien desde el sexenio de Carlos Joaquín González se ha mantenido como presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en Quintana Roo e incluso como Consejero Nacional en la materia, ha hecho algunas críticas respecto a lo que ocurre en la entidad, pero siempre se ha escudado que se trata de un problema de todo el país.

Y es que, pese a que su presencia en las mesas de seguridad con las autoridades de los tres niveles de gobierno ha sido permanente y en donde como representante de la sociedad civil informa lo que realmente ocurre, nunca presionó a las autoridades de seguridad para que se atienda la grave problemática, por lo que ejerció un papel cómplice ante la pasividad de los cuerpos policiacos, que se demuestra con sus pobres resultados.

Existe el registro oficial, recientemente exhibido a través de documentos confidenciales de la Sedena hackeados por el Grupo Guacamaya, de que en la entidad ya operan siete cárteles del crimen organizado que en los últimos años han sembrado el terror y han dejado una estela de muertes y cierre masivo de negocios, por el cobro de derecho de piso.

Repunta Quintana Roo en robo a negocio

Con base en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por medio de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022, Quintana Roo es una de las primeras entidades del país en las que el robo a un negocio representa mayores pérdidas para el propietario, tanto en el costo de lo que se llevan los delincuentes como para la prevención futura.

Dicho reporte establece que la entidad ocupa el sexto lugar del Top 10, con un costo del delito de 65 mil 929 pesos, mientras que ese mismo delito en Oaxaca representa 22 mil 542 pesos de pérdidas para un negocio, es decir, tres veces menos en comparación con Quintana Roo.

El primer lugar de la lista de los 10 estados lo ocupa Baja California con un costo del delito de 95 mil 631 pesos, seguido por la Ciudad de México, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Querétaro, Nuevo León, Estado de México y San Luis Potosí.

Cabe mencionar que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este año en Quintana Roo se han registrado mil 187 robos a negocios, 784 de éstos con violencia y 403 sin violencia, y las pérdidas económicas, con base en las cifras del Inegi, representarían 78 millones 257 mil 723 pesos.

Extorsiones pegan duro a los negocios

Las extorsiones presenciales a negocios en Quintana Roo continúan en aumento, lo que ha propiciado que decenas de establecimientos cierren sus puertas, sobre todo en Cancún y en la Riviera Maya.

De acuerdo a informes del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), tan sólo en el último año y a pesar de la paulatina recuperación tras el tema de la pandemia, este delito creció un 10% en la entidad.

Los delitos de extorsión por la delincuencia organizada y los actos de corrupción consumen a los negocios en Quintana Roo al grado de que al menos ocho de cada diez empresarios perciben que la entidad es insegura para sus comercios.

De acuerdo con el último reporte del Inegi, que ofrece información sobre la victimización y delincuencia que afecta las unidades económicas del sector privado, tan sólo en el 2021 dos mil 343 empresas en Quintana Roo fueron víctimas de delitos, principalmente de extorsión y corrupción, pero en lo que va del presente año la cifra ha aumentado hasta un 10%.

La mayoría de los casos han ocurrido en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, en donde los dueños de los negocios o pagan las exigencias de los grupos delictivos o definitivamente optan por cerrar sus establecimientos.

En Cancún hay bares de los que ya fueron despojados sus propietarios y hoy son operados por integrantes del crimen organizado bajo el amparo de la impunidad y con la protección de los cuerpos de seguridad, pues abren toda la semana hasta altas horas de la madrugada, pese a la existencia de una regulación de horarios para este tipo de negocios, que además son conocidos puntos de venta de drogas.

“La iglesia en manos de Lutero”

A pesar de que las difíciles condiciones en materia de seguridad Quintana Roo, en municipios en donde los índices delictivos se mantienen a la alza como Benito Juárez, es realmente preocupante que funcionarios que encabezan las comisiones de seguridad no conozcan la ciudad y otros más tengan antecedentes cuestionables dentro de la función pública.

En el caso de la regiduría de Cancún, la comisión de Seguridad Pública recayó en Alma Elena Reynoso Zambrano, quien llegó por la vía de representación proporcional sin tener el contexto local ni conocer la ciudad, pues vino procedente de Torreón en donde también fue concejal.

Mientras que en el Congreso del Estado la Comisión de Seguridad Pública está en manos del polémico Issac Janix Alanís, el candidato independiente que detestaba a los partidos, a los que al final se unió en su búsqueda del poder.

Tras llegar al Cabildo de Benito Juárez como regidor independiente, pidió licencia para ser nombrado Secretario General del Ayuntamiento en junio de 2020 donde, como responsable de la política interna, tenía a su mando el tema de la seguridad guiada en ese entonces bajo el esquema de Mando Único cuando el 9 de noviembre de ese año, mientras se llevaba a cabo una protesta feminista en la Plaza de la Reforma, la policía dispersó a los manifestantes a balazos, hiriendo a varias personas, entre ellas dos periodistas.

Buscando deslindarse de los hechos —cuyos culpables siguen sin ser castigados—, a pesar de que formaba parte de su esfera de responsabilidad, Isaac Janix abandonó el cargo argumentando que “no se me dio la oportunidad de hacer el trabajo que era importante en su momento” y que “no era tomado en cuenta como secretario general”.

El mismo Janix Alanís, que presentó una denuncia penal contra Mara Lezama durante el proceso electoral por la presidencia municipal en mayo de 2021, antes de convertirse en su aliado para llegar al Congreso del Estado bajo el cobijo del Partido del Trabajo (PT), al que renunció como buen “chapulín” de la política para unirse a la bancada del Partido Verde, logró ser nombrado presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la XVII Legislatura, a pesar de su penoso antecedente en la represión de la Plaza de la Reforma, lo que complica aún más el panorama en un rubro tan delicado, que merece la pronta atención de alguien que sí esté comprometido con el tema.

La disputa de los cárteles con protección policiaca

El hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el autodenominado grupo de activistas cibernéticos Guacamaya, evidenció que actualmente siete cárteles de la droga tienen presencia en Quintana Roo.

El reporte establece que en Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, existe presencia del Cártel del Pacífico, bajo los liderazgos regionales de Francisco Alberto López, Paco y Héctor Elías, el 15.

Otra organización delictiva de alto impacto que opera en la entidad es el Cártel de Caborca, fundado por Rafel Caro Quintero y que a través de su sobrino, José Gil Quintero, alias Pelo Chino, mantiene una disputa con el Cártel de Sinaloa (Los Pelones) por el control de la frontera entre los municipios de Bacalar y Othón. P. Blanco.

No obstante, en los últimos años se notó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Cancún, Isla Mujeres, Tulum, Bacalar, Othón P. Blanco y Playa del Carmen, y es justamente en este último punto donde mantiene una violenta disputa con el Cártel del Pacífico y su brazo armado, Los Pelones.

Por otra parte, el Cártel Independientes se extiende por Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Cozumel.

Es de señalar que en Cancún todavía hay parte operativa de un grupo local que tiene su centro de operaciones tanto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) como en Bonfil, que mantiene una alianza con los cárteles “grandes” para el tema de la venta y distribución de droga en la zona hotelera y algunas regiones de la ciudad.

De acuerdo con miembros de la Barra de Abogados, la única manera de que estos grupos tengan tanta impunidad para su operatividad, es en base a la corrupción de los propios cuerpos de seguridad pública, además de las mismas fuerzas armadas que han permitido el ingreso de todo tipo de armas y drogas.

Ejecuciones y feminicidios, con aumento alarmante

En lo que va de octubre, cuatro mujeres han sido asesinadas en el municipio de Benito Juárez de diversas formas brutales.

De acuerdo a los propios reportes oficiales y de los que han dado parte medios de comunicación local, estos homicidios de mujeres han ocurrido entre el 5 y el 11 de este mes de octubre, sin que las autoridades correspondientes hayan dado a conocer la detención de ningún sospechoso o responsable.

El primero de los feminicidios se dio el 5 de octubre, cuando una mujer que regresaba a su casa en motocicleta fue asesinada a balazos en la Región 221, por sujetos que también estaban en moto y que huyeron sin ser detenidos.

El segundo caso fue el pasado 8 de octubre, cuando fue hallado el cuerpo de una mujer envuelta en una cobija en la colonia El Esfuerzo, en la Región 243, cerca de la Avenida Rancho Viejo en los límites entre Cancún y la zona continental de Isla Mujeres.

Dos días después, es decir, el 10 de octubre se dio el descubrimiento de una caja de plástico, presuntamente con el cuerpo descuartizado de una mujer en su interior, tirada en la vía pública en la Región 227 cerca del campo “Los Gemelos”, movilizó a las autoridades.

El último asesinato de una mujer se reportó la madrugada del martes 11 de octubre en una calle de terracería en la colonia irregular El Trébol.

Pero a la par de estos feminicidios han ocurrido otros asesinatos de hombres, llamados en el argot policiaco como ejecuciones que en lo que va de la presente administración gubernamental, que ya suman más de 20 casos en toda la entidad.

Actualizan mapa geodelictivo; más zonas inseguras

Recientemente la la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez dio a conocer que fueron agregadas algunas colonias irregulares al mapa geodelictivo, debido a que en esos sitios se cometen varios ilícitos de alto impacto.

De acuerdo con Juan Pablo Mathey Cruz, encargado de despacho de la dependencia policial en Cancún, tras la salida de Rubén Oyarvide Pedrero, quien fue nombrado secretario estatal de Seguridad Pública tras la sorpresiva renuncia de Manelich Castilla Craviotto a sólo cinco días de asumir el cargo, el aumento de homicidios, balaceras, entre otros hechos vinculados a la delincuencia organizada que se cometen en esas colonias, se hizo una modificación al mapa geodelictivo de la ciudad.

“Por la incidencia de situaciones que han tenido de alto impacto, las colonias Avante, Tres Reyes, Valle Verde y la entrada de Gas Auto, que no están municipalizadas, pero donde ha crecido los delitos en los últimos años, es que les estamos poniendo especial atención, porque hemos tenido varios eventos y reportes de que la delincuencia está tomando espacios en dichas colonias”, aseguró a medios locales.

Dijo que estas zonas irregulares no estaban consideradas dentro del mapa geodelictivo, porque “no teníamos tanta incidencia; la que más tenía era la (Región) 247, donde había más conflictos, pero a medida que ha crecido la población ahí, se han concentrado los conflictos”.

El Despertador de Quintana Roo ha dado cuenta que uno de los factores que inciden en el aumento de los hechos delictivos es la carencia de alumbrado público en muchas zonas de la ciudad, lo que complica que las cámaras del C5 (Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación de Quintana Roo) funcionen correctamente.

De hecho, las autoridades reconocen que no cubren la totalidad de las colonias irregulares, por no estar municipalizadas.

Llegada de la Guardia Nacional no ha funcionado

Apenas el 15 de septiembre pasado, con bombos y platillos se anunció la llegada de 500 elementos más de la Guardia Nacional para sumar un total de 2 mil 500 distribuidos en todo Quintana Roo, pero a pesar de ese “importante” número, más los militares, marinos y policías estatales y de los municipios, la inseguridad sigue a la alza.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la X Región Militar y 34/a. Zona Militar, informaron que la llegada de estos elementos se hace en el marco del “Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano”, con el objetivo de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y atender la problemática de seguridad en el estado de Quintana Roo.

Sin embargo, la realidad supera a la ficción, pues ni con los elementos federales se ha podido frenar la ola de violencia que hoy tiene sumido a Quintana Roo en una terrible crisis que, no de frenarse, podría tener consecuencias en materia turística, pues el gobierno de Estados Unidos que es el principal proveedor de turismo, no está del todo contento con la seguridad del Caribe Mexicano porque muchos de sus connacionales han visto con sus propios ojos la realidad.

Actualmente hay dos elementos de la misma Guardia Nacional dependiente de la Sedena, que están bajo investigación por disparar al aire un arma de fuego en un recorrido por la ciudad de Cancún.

Además, es más que evidente que la presencia militar no inhibe los hechos delictivos; por el contrario, ha propiciado más gastos al erario y en algunos casos ni siquiera han cumplido los objetivos para el cual el gobierno federal invierte en ellos, como es el caso del tan sonado Batallón Turístico que jamás se concretó en Quintana Roo.

Militarización avanza: mandos castrenses en las policías estatales

La estrategia de la 4T para darle cada vez más poder a las Fuerzas Armadas, principalmente al Ejército Mexicano durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo ha incluido atribuirles temas de construcción de obra pública y coordinar el reparto de vacunas contra el Covid-19, sino también abarcar el tema de la seguridad pública de los estados.

En ese contexto es que ha intervenido en el nombramiento de los nuevos encargados de la seguridad en los estados, concretamente en Guerrero, Sinaloa, Colima, Baja California Sur, Tlaxcala, San Luis Potosí, Michoacán y Quintana Roo.

Los gobernadores electos que apenas tomaron posesión, Mara Lezama (Quintana Roo) y Américo Villarreal (Tamaulipas), habían anunciado en sus gabinetes a secretarios de seguridad pública de carrera policíaca; sin embargo, hoy despachan en esos cargos dos perfiles militares: el contralmirante Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de Marina, Rubén Oyarvide y el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, Sergio Hernando Chávez García, respectivamente.

De acuerdo a la organización civil Causa en Común, que dirige María Elena Morera, se tienen contabilizados alrededor de 53 mandos militares que tienen el control de policías estatales y municipales en prácticamente todas las entidades y desplazan a los responsables de la seguridad con formación y capacitación policíaca y civil.

Entre ellos, destaca que a la fecha son 11 los estados de gobiernos morenistas y aliados, en donde sus secretarios de Seguridad son de perfil militar; además, en al menos cuatro de ellas ha habido mandos militares destituidos por falta de resultados o debido a la ola de violencia, ejecuciones o desapariciones en esos territorios, aunque en dos de éstos, nuevamente castrenses han vuelto asumir el control.

Los estados en donde sus mandos son militares son Baja California Sur, Colima, Puebla, Baja California, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas y Tlaxcala.

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(Recuadro)

Secretarios de Seguridad Pública de Quintana Roo en los últimos años:

* Pedro Flota Alcocer

* Miguel Angel Ramos Leal

* Juan Pedro Mercader Rodríguez

* Salvador Rocha Vargas

* Carlos Bibiano Villa Castillo

* Jesús Alberto Capella Ibarra

* Lucio Hernández Gutiérrez

* Rubén Oyarvide Pedrero